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Orazi visitó instituciones junto a los Ministros Buteler y Deco

El Intendente Marcelo Orazi junto a los Ministros de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y de Desarrollo Humano y Articulación Comunitaria Juan José Deco realizaron durante este lunes una serie de visitas por distintas instituciones de Villa Regina, como parte de la agenda de trabajo conjunta entre el Municipio y la Provincia de Río Negro.

En primer lugar estuvieron en Amuchen, donde se interiorizaron de los proyectos y talleres que lleva adelante esta institución que trabaja para brindar un espacio de contención y recreación a niños con discapacidad.

También recorrieron el Centro de Día, de los pastores Evelyn y Alfredo Weber, espacio donde se realizan terapias integrales y se acompaña a quienes tienen problemas de adicción y también a sus familias. Visitaron también la Fundación Vida en Familia.

El recorrido incluyó durante la mañana la Escuela Agraria, oportunidad en la que visitaron junto a sus directivos las diferentes propuestas que ofrece la institución en materia educativa.

Durante la tarde, se hicieron presentes en la Cooperativa La Reginense, APANDI, la Cámara de Transporte y el predio deportivo del Club Banco Nación.

“Nuestro diálogo y presencia en las diferentes instituciones es permanente, como parte del trabajo coordinado. Los Ministros Buteler y Deco pudieron dialogar con sus referentes, intercambiar ideas e inquietudes, además de delinear acciones en conjunto con el Gobierno Provincial”, manifestó el Intendente Orazi.

Agregó que “Regina es reconocida en toda la Provincia por la fuerza y el trabajo incansable de sus entidades intermedias y poder articular proyectos con Provincia es más que significativo”.

Durante las visitas, el Intendente Orazi estuvo acompañado por los Secretarios de Gobierno y de Coordinación, Guillermo Carricavur y Ariel Oliveros respectivamente; las legisladoras Marcela Ávila y Silvia Morales; el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y la concejal Agustina Fernández.

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  • Mahiques toma al pliego de Ponte como rehén para negociar con Lijo

     

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.

    Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.

    La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.

    Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.

    El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

    En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.

    No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.

    «No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.

    El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.

    El juez federal Ariel Lijo.

    Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.

    Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.

    La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.

    Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.

    No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.

     

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    Lluvia de huevos para diputado libertario votar la ley de glaciares

     

    El clima político que rodea la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo episodio de tensión en la Patagonia: el diputado libertario Jairo Guzmán fue escrachado en El Calafate luego de lanzar declaraciones ofensivas contra quienes se movilizan en defensa del ambiente. La escena —huevazos, insultos y repudio popular— expone no solo el rechazo a sus palabras, sino el creciente malestar frente a una política que muchos sectores identifican como un retroceso ambiental.

    Por Roque Pñerez para NLI

    Un insulto que encendió la mecha

    El detonante del conflicto fue una frase que sintetiza el tono con el que sectores del oficialismo vienen abordando el debate. Guzmán se refirió a quienes participaron de un abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno asegurando que “no desarrollaron mucho conocimiento o les faltó ácido fólico cuando eran chiquitos”, un comentario que fue rápidamente repudiado por amplios sectores sociales.

    La respuesta no tardó en llegar. Vecinos autoconvocados, junto a organizaciones sindicales y culturales, se concentraron frente a un local partidario en El Calafate, donde el legislador tenía previsto participar de una actividad. Allí, el rechazo se expresó con insultos, cánticos y el lanzamiento de huevos, obligando al dirigente a esquivar la protesta en un contexto de fuerte tensión.

    Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la manifestación concreta de un conflicto político más profundo: el choque entre un modelo de desarrollo basado en la expansión minera y una sociedad que percibe esa avanzada como una amenaza directa sobre recursos estratégicos como el agua.

    La ley de glaciares, entre el negocio y el agua

    El trasfondo del episodio es la reciente modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Milei, que fue aprobada en Diputados tras una sesión marcada por insultos, cruces y una fuerte polarización política.

    La reforma redefine la protección de las zonas periglaciares, habilitando actividades productivas —principalmente mineras— en áreas que antes estaban restringidas. El argumento oficial gira en torno al “desarrollo” y al “federalismo”, pero desde la oposición, el ámbito científico y organizaciones ambientales advierten que se trata de un retroceso en la protección de reservas hídricas clave para millones de argentinos.

    No es menor el dato de que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas, en una muestra clara del interés social que despierta el tema, aunque con mecanismos de participación fuertemente limitados por el oficialismo.

    En ese contexto, las declaraciones de Guzmán no solo resultan ofensivas, sino también reveladoras de una lógica política: deslegitimar la protesta social y minimizar la preocupación ambiental.

    Un conflicto que recién empieza

    El escrache en El Calafate anticipa lo que puede venir. La reforma ya enfrenta cuestionamientos judiciales y, en algunas provincias, incluso fue frenada de manera provisoria.

    Pero más allá de lo institucional, lo que está en juego es un debate estructural: quién decide sobre los bienes comunes y en función de qué intereses. La reacción social frente a Guzmán muestra que, lejos de apagarse, el conflicto por la Ley de Glaciares está entrando en una nueva fase, donde la disputa ya no es solo parlamentaria, sino también territorial.

    Porque cuando la política responde con insultos a una demanda social masiva, lo que se profundiza no es el consenso, sino la crisis. Y en ese terreno, el oficialismo empieza a mostrar una dificultad creciente para sostener su relato frente a una realidad que —como quedó claro en El Calafate— ya no está dispuesta a callarse.

     

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