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 Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.

La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.

El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.

El gobierno importó electricidad carísima de Uruguay, que se produce con el gas barato de Vaca Muerta

Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.

El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso. 

La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares. 

Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.

El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.

El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González. 

Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay. 

Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos. 

 

 

Con la imposición de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, Karina Milei le cerró en la cara a Guillermo Montenegro el acceso al gabinete, algo que -como contó LPO- ya daba por descontado con beneplácito una porción gravitante del poder judicial.

La frustrada incorporación no solo generó desconcierto y malestar en los pasillos de Comodoro Py, también disparó reacciones en el plano político que empiezan a jugar en el particular microclima interno del gobierno municipal de Mar del Plata.

De ser uno de los principales promotores de la alianza con los libertarios dentro del PRO -algo que lo llevó a liderar la boleta de La Libertad Avanza en la Quinta sección-, Montenegro ahora vuelve a mostrarse fuertemente alineado a Mauricio Macri y esta semana dio algunas señales en esa línea.

Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO.

La decisión se notificó en el Concejo Deliberante al día siguiente de la cumbre del PRO bonaerense en la sede de Balcarce en la que participó Mauricio Macri y se planteó una «reconstrucción» del partido amarillo y delinear una estrategia al 27.

«Los jueces querían a Montenegro de ministro y ahora no están amigos del gobierno»

La disputa del año que viene ya empieza a generar fricciones. Hay sectores de la interna del PRO marplatense que quieren que el candidato sea el actual intendente interino, Agustín Neme.

Como base para eso, resulta imprescindible que Neme llegue al año electoral al frente del municipio, algo que no tiene garantizado ya que Montenegro no renunció a su cargo de intendente, solo está en uso de licencia a partir de haber asumido en el Senado. Además, todos los concejales del ahora bloque PRO, le responden.

Consumada su frustrada designación en Justicia, circularon versiones que hablaban de un regreso de Montenegro al municipio.

 Un dato que parece menor pero que en la escena política marplatense no pasó de largo fue la orden de Montenegro de cambiarle el nombre a su bloque de concejales, que pasó de «Vamos Juntos» a PRO. 

Por entonces, ante la consulta de LPO, en el entorno del hoy senador provincial negaron esa posibilidad y se limitaron a señalar que trabajarán por la candidatura bonaerense de Diego Santilli que vaya atada de «una propuesta para Mar del Plata».

Lo que omiten señalar es qué persona encarnará esa propuesta. En un primer momento, había quienes veían a Neme como el candidato natural a bendecir por Montenegro. Pero las cosas cambiaron.

Fuentes que recorren los pasillos del municipio marplatense sostienen que Montenegro ahora «está buscando abrazar al PRO cuando nunca le interesó», al ver que del lado libertario «no es el elegido».

Y si de predilecciones se trata, en La Libertad Avanza se muestra un fuerte respaldo a la gestión de Neme, que sumó a los libertarios al gabinete, algunos en organismos municipales clave, como Obras Sanitarias.

Hay quienes observan que está creciendo un vínculo político entre Neme y los libertarios por fuera de Montenegro.

«Hablamos con los libertarios desde hace dos años pero no nos pusimos el buzo violeta», dijo una fuente cercana al municipio que trazó con esa mención una diferencia con Montenegro que, en campaña hacia las legislativas de septiembre pasado, posó con el buzo violeta con el resto de los candidatos seccionales.

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Cerca del interino se apuran a ratificar su pertenencia PRO y, en redes, Neme sostiene un perfil alineado con Montenegro. En la interna leen ese posicionamiento como un movimiento lógico de alguien que puede llegar a salir eyectado del sillón municipal de un día para el otro si Montenegro define volver.

Más allá de quien sea el candidato, en Mar del Plata sostienen que Montenegro no le entregará el municipio a los libertarios y recuerdan los cortocircuitos que, antaño, tuvo con el actual referente de LLA en el distrito, el diputado Alejandro Carrancio, quien, en su etapa de concejal, supo romper con el bloque de Montenegro.

Abad presiona para que los hoteles de Chapadmalal que quiere concesionar Milei pasen a la universidad

Ahora, en el Concejo también existen tensiones dentro del amplio espectro oficialista. Como contó LPO, los radicales alineados a Maximiliano Abad presentaron un proyecto para presionar al Gobierno a que pase los hoteles de Chapadmalal a la órbita de la Universidad de Mar del Plata.

Ese proyecto fue tildado de «demagogia» por los concejales de Milei y lo definieron como un «ataque al gobierno nacional». «No le encuentro a esta comunicación ningún tipo de oscuridad o conspiración», dijo el radical Ariel Bordaisco. Como fuere, la iniciativa abrió un foco de tensión a la interna oficialista que entró en un proceso de fuerte discusión hacia 2027. 

 

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