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Reunión con la Mesa de Turismo Rural

La Directora de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina Katerina Iogna se reunió esta mañana con integrantes de la Mesa de Turismo Rural.

En el encuentro se realizó un balance de las actividades desarrolladas durante el verano y se planificaron las propuestas para llevar adelante en lo que resta del año.

Entre otros temas se abordó la posible participación de emprendedores rurales en la comisión de la organización de la Fiesta de la Sidra.

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  • Libertarios acusan que Susbielles pone trabas en la investigación del fentanilo desaparecido en Bahía

     

    La semana pasada se desató un fuerte escándalo en Bahia Blanca a partir de la desaparición del hospital municipal de 25 ampollas de fentanilo, un potente analgésico aplicado solo en intervenciones complejas o situaciones de dolor intenso, por lo que su circulación es estrictamente controlada.

    Días después, encontraron 25 ampollas vacías en el quirófano donde se denunció el faltante.

    Eso abrió interrogantes sobre cómo se vulneraron los controles en un sector de acceso restringido donde, tres días antes de la denuncia, se había realizado con normalidad el conteo semanal de medicamentos.

    Frente a eso, en el bloque de concejales de La Libertad Avanza pidieron citar a las autoridades del hospital municipal Leónidas Lucero (director, jefa de Compras y jefa de Farmacia) para que den explicaciones de lo sucedido y enfrentarse a las preguntas de los ediles.

    Sin embargo, ese proyecto fue rechazado por los concejales del oficialismo y aliados, por lo que fuentes de la bancada libertaria señalaron a LPO que esa actitud de los concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles apunta a «blindar» a las autoridades del hospital ante el escándalo.

     La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación. 

    Así, en La Libertad Avanza de Bahía sostienen que la actitud del municipio refuerza las sospechas de «un entramado de desmanejos políticos, incompatibilidades y manejos espurios».

    Actualmente, la investigación por la desaparición de fentanilo la lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 a cargo de Mauricio Del Cero. La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación de parte del fiscal.

    El 29 de diciembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca había aprobado por mayoría el presupuesto 2026, pero rechazó los recursos asignados al Hospital Leónidas Lucero (votaron en contra los 9 concejales de La Libertad Avanza y los dos de Somos Bahía), en medio de acusaciones contra el intendente Susbielles por la falta de una planificación integrada de salud pública.

    Cerca de la bancada libertaria sostienen que el rechazo oficialista a citar a las autoridades del hospital responde al objetivo de la gestión de Susbielles de «blindar» a esos funcionarios frente al escándalo. 

    «Pusimos la lupa en los cargos jerárquicos. Nos preguntamos por qué pasaron de 12 jerárquicos a 27 en los últimos diez años; y no encontramos ninguna respuesta. Esos cargos jerárquicos están de más, sobran, ni siquiera son médicos», dijo por aquel entonces el concejal Martín Salaberry.

    En la oposición a Susbielles señalan que en el último tiempo se reformó el estatuto del centro médico con el objetivo de designar a Facundo Arnaudo, a quien atribuyen un vínculo estrecho con el director de Ciencia, Tecnología y Educación del hospital.

    «El aumento exponencial del gasto en cargos jerárquicos en los últimos años contrasta con las políticas del Poder Ejecutivo cuya Secretaria de Salud tiene unidades sanitarias sin médicos o que sólo funcionan unas pocas horas al día; despidos de personal; reducción de las prestaciones y políticas preventivas casi inexistentes», acusan cerca de LLA.

    En la oposición también se preguntan por el vínculo entre el director del hospital, Gustavo Carestía, y la jefa de Compras, Silvina Gerardi y el impacto que esto podría tener en las licitaciones y el control de insumos hospitalarios.

     

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  • El jury a fiscales del caso Dalmasso asoma como un correctivo al resto del ministerio público

     

    «El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.

    Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.

    Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.

    En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.

    Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.

    Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.

    Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.

    Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.

    De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.

    Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.

    Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.

    No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.

     

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