Se completa el equipamiento para tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos

 

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El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.

Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.

El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.

No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras. 

Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.

Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».

Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.

Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.

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Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.

El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.

Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras. 

En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc,  dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.

En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.

Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.

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«Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.

Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.

El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?

Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para  una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.

Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.

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En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.

El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.

–¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.

–Acá no hay encargados– responden los comuneros.

–¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.

Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.

En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.

–No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.

En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.

–Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.

–Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.

–Nadie tiene que venir a hacer aquí.

–Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.

–Somos indígenas, estamos defendiendo nuestro derecho.

–Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.

–¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.

Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.

–Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!

Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.

–¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.

La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.

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En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.

Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.

“Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.

Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.

—¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.

Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.

Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.

Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso. 

Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen. 

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¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?

La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.

El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra.  “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.

Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.

A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.

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Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.

En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.

—¿Por qué estaban ahí?

—Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.

—¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?

—Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.

—¿Qué edad tiene usted?

—46 años.

—¿Hace 46 años que cuidan las tierras?

—No, de más antes.

El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.

Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.

La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.

Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:

–Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…

Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:

– Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.

Y al final agrega, como una confesión de parte:

–El Estado me entrenó para hacer esto.

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Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.

Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.

La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.

La entrada Lucrecia Martel en la tierra de Chocobar se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Karina Milei se metió con la designación de los jueces para cubrir las más de 200 vacantes de los juzgados federales y los gobernadores que habían acordado sus candidatos con Santiago Caputo entraron en estado de deliberación.

La preocupación se expandió después que trascendió lo que la secretaria General de la Presidencia dijo en la reunión que mantuvo el martes con los presidentes del partido de La Libertad Avanza en las provincias. Una de las autoridades partidarias presentes le comentó a LPO que Karina les ordenó a los dirigentes libertarios que «no tengan ningún acercamiento con gobernadores, ni aunque parezcan aliados».

En la reunión, la hermana de Javier Milei simuló un estado de armonía con Caputo. «Santiago, Javier y yo somos uno solo», afirmó sin ponerse colorado y llamó a «evitar conflictos entre los distintos espacios en las provincias». «Tenemos clarísimo el escenario y estamos laburando juntos», fue el mensaje que dejó.

Sin embargo, menos de 24 horas después barrió con los cargos que tenía Caputo en la cartera de Justicia a través de sus delegados, como el caso de Sebastián Amerio. Karina dijo una cosa pero hizo otra.

Mahiques echó a los jefes de los organismos que investigan a la AFA 

Por eso, los gobernadores empezaron a preguntarse si Milei respetará los acuerdos por las vacantes judiciales que tejieron con Caputo o si todo vuelve a fojas cero con el cambio de autoridades que implicó el desembarco de Juan Bautista Mahiques. Un gobernador aliado de la Casa Rosada manifestó que en la terna para una de las vacantes en su provincia había cerrado el nombre del primero de los candidatos pero sabía que el gobierno pretendía al tercero: «¿Van a mandar el pliego del mío al Senado?», se preguuntaba con preocupación.

No tengan ningún acercamiento con gobernadores, ni aunque parezcan aliados.

LPO reveló que en provincias aliadas, como Tucumán, la elección de los candidatos para los juzgados federales vacantes ya estaba muy avanzada. El trámite está en manos del Presidente, igual que otros tantos pliegos de magistrados para cubrir vacantes, después de la aprobación de las ternas por parte del Consejo de la Magistratura. Milei solo debe definir el nombre en cada caso y remitirlo para que lo trate la comisión de Acuerdos, presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto, y que luego se apruebe en recinto.

El senador libertario Juan Carlos Pagotto.

El problema es que Karina tiene ahora la fuerza para alterar lo que hubiera acordado Caputo con los gobernadores y tejer otro tipo de estrategia para el Poder Judicial. Por más que uno de los caminos posibles sea trabar entendimientos con las provincias para garantizarse el apoyo de diputados y senadores aliados para votaciones legislativas, también se evalúa la chance de que la hermana presdiencial y los Menem capitalicen las aptitudes del clan Mahiques para retomar las postergadas negociaciones con el peronismo.

Aunque la tropa parlamentaria del peronismo quedó reducida a 25 senadores tras la ruptura de Carolina Moisés, el kirchnerismo retiene todavía un tercio más uno para bloquear el nombramiento de ministros de la Corte y el procurador general de la Nación. Pero bajo la conducción de Karina Milei avanza la idea de avanzar con la designación de los jueces federales y postergar la negociación por la Corte y el Procurador.

Karina Milei por ahora avanza con la idea de avanzar con la designación de los jueces federales y postergar la negociación por la Corte y el Procurador..

El origen mercedino de la dinastía Mahiques, liderada por el juez de la Casación Carlos «Coco» Mahiques y el ascendente Juan Bautista, abre la chance de que se aceiten las conversaciones con el cristinismo vía Eduardo Wado de Pedro, amigo de los Mahiques desde sus épocas de vecinos de Mercedes.

Desde el entorno del exministro del Interior negaron q-como hacen siempre con casi todo lo que existee- que exista la cercanía que se le atribuye con los Mahiques y afirmaron «no conocemos las intenciones del gobierno, si buscarán proponer algo o negociar y, en ese caso, con quién. Perono parecen muy predispuestos a negociar nada con el kirchnerismo».

El senador kirchnerista Wado De Pedro.

En efectoo, la llegada de los Mahiques al gobierno, que sugiere un acuerdo entre Karina Milei y el tano Angelici, encierra el riesgo para el kirchnerismo de quedar afuera de la negociación por los jueces federales, que la Casa Rosada parece meas cómoda conversando directamente con los gobernadores.

Aún cuando el clan Mahiques haya sido parte delas causas contra Cristina, según las denuncias de sus defensores, un dirigente peronista le contó a LPO que Máximo Kirchner, Juan Martín Mena y De Pedro, una semana antes que Cristina recibiera Miguel Pichetto, conversaron sobre la situación legal de la expresidenta. «Bajemos un cambio, hay que encontrar la forma de aliviar las condiciones de detención de Cristina», habría sido el pedido de Máximo.  

 

 

 La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.

La fiscal

Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y

en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».

Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».

«Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.

Raúl «Tato» Cereseto

En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.

Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.