PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina comenzó la semana pasada con trabajos de limpieza general del tramo de la ruta nacional 22, comprendido entre calle Pioneros hasta Moño Azul. Las tareas abarcan tanto el sector norte como el sur.
El cronograma de trabajo establece que una vez realizada la limpieza se pintará el tramo de amarillo.
La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante en estos días un intenso trabajo en las calles rurales. En principio se ejecutan tareas previas a la repavimentación del kilómetro de Nardini. Para ello se coloca calcáreo y ripio. Recordemos que el próximo 13 de enero se abrirán los sobres con…
A través del decreto municipal 047/20, la Municipalidad de Villa Regina habilita a partir del lunes 11 de mayo al ejercicio de las profesiones liberales, obra privada, las actividades económicas vinculadas a comercios minoristas o mayoristas de venta de productos no esenciales, trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico,…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a los vecinos a visitar la Escuela Abierta en Plaza de los Próceres el próximo domingo a partir de las 19 horas. Se trata de un espacio en el que se dan a conocer las distintas propuestas de la Escuela Municipal de Arte, en…
Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.
La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.
El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.
Uribelarrea consiguió USD 400 millones en medio de la pulseada por Metrogas
Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.
La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.
Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.
No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas.
La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.
Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.
En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.
El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.
En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico.
Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial autoriza la participación de tropas argentinas en PANAMAX 2026, un ejercicio militar comandado por el Comando Sur de Estados Unidos. Crecen las críticas por el alineamiento servil de Milei con Donald Trump.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Milei dio un nuevo paso en su política de alineamiento estratégico con Estados Unidos al autorizar la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, una maniobra organizada bajo la conducción del Comando Sur estadounidense. La medida quedó oficializada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y vuelve a poner en debate el rumbo de la política exterior y de defensa adoptado por la Casa Rosada.
Más allá de la presentación oficial como una instancia de cooperación militar regional, el documento deja en claro que el operativo responde a una invitación formulada por la Embajada de Estados Unidos y que toda la estructura del ejercicio se desarrolla bajo el liderazgo del Comando Sur, uno de los principales instrumentos de proyección militar de Washington en América Latina.
El decreto autoriza la salida de hasta 56 efectivos argentinos entre el 27 de julio y el 15 de agosto para participar en PANAMAX 2026, un entrenamiento que tendrá lugar en la República de Panamá.
Según el propio anexo oficial, el objetivo consiste en fortalecer la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas del continente mediante operaciones conjuntas frente a amenazas que podrían afectar el Canal de Panamá, uno de los principales corredores estratégicos del comercio mundial.
La documentación oficial señala expresamente que el ejercicio se encuentra «enmarcado en las acciones de cooperación militar dentro del Continente Americano bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América», un dato que resume el esquema de conducción política y militar del operativo.
La Argentina aportará un Comando Conjunto de Operaciones Especiales, personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea especializado en operaciones especiales, planificación y ciberdefensa.
Desde su llegada al poder, Milei convirtió el alineamiento con Washington en uno de los pilares de su política exterior.
El Presidente rompió con la histórica tradición diplomática argentina de mantener márgenes de autonomía entre las grandes potencias y pasó a exhibir un respaldo prácticamente irrestricto a la agenda impulsada por Estados Unidos, primero con la administración de Joe Biden y luego con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En ese contexto, la autorización para participar de un ejercicio comandado por el Comando Sur aparece como un nuevo gesto político que excede el plano estrictamente militar.
Para distintos especialistas en relaciones internacionales, el fortalecimiento de estos vínculos supone un cambio profundo respecto de la doctrina histórica de defensa argentina, que desde el retorno democrático procuró preservar la autonomía estratégica del país y limitar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios definidos por intereses de potencias extranjeras.
El propio anexo del decreto explica que PANAMAX 2026 simula un conflicto en el que una fuerza hostil intenta bloquear o sabotear el Canal de Panamá.
La hipótesis contempla operaciones militares multinacionales para garantizar el funcionamiento de esa vía marítima mediante una fuerza integrada por países del continente, bajo un esquema coordinado por Estados Unidos.
Aunque el documento sostiene que la situación ficticia estaría respaldada por una eventual resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la planificación, organización y conducción general del ejercicio permanecen bajo la estructura operativa del Comando Sur.
La participación argentina demandará un gasto estimado de 51 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Mientras el Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre universidades, hospitales, ciencia, jubilaciones y programas sociales, destinar fondos públicos para integrar maniobras militares encabezadas por Estados Unidos vuelve a alimentar las críticas sobre las prioridades presupuestarias de la administración libertaria.
La decisión se suma a una serie de movimientos diplomáticos y militares que durante los últimos meses consolidaron el acercamiento de la Argentina al esquema de seguridad promovido por Washington. Para los sectores críticos, el decreto representa una nueva muestra de una política exterior que abandona la tradición de autonomía nacional para ubicarse dentro del dispositivo geopolítico impulsado por la administración de Donald Trump.
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
