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DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

La semana pasada se llevó a cabo una asamblea para elegir integrantes provisorios del Consejo de Administración y síndicos de la cooperativa La Reginense con la presencia de algunos de los nuevos socios, el interventor José Perez, el subsecretario y la directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Héctor Ressel y Patricia Rodríguez Sábato, respectivamente. Los que no asistieron fueron los 9 socios más antiguos de la cooperativa.

 Esta es la segunda reunión que llevan adelante sin ellos, en la anterior no fueron anoticiados y en ésta última al ser presencial argumentaron no poder asistir por ser grupo de riesgo frente a la pandemia, ya sea por enfermedades preexistentes o por su edad. En estas condiciones se conformó el nuevo Consejo, sin la participación de un grueso de socios.

Esta asamblea fue impugnada vía judicial por los socios de mayor antigüedad y está a la espera de la resolución a cargo de la jueza civil Dra. Paola Santarelli. La asamblea presencial, prohibida por decretos, fue avalada el ejecutivo de la ciudad. Eso sí, a vos no te dejan juntarte a almorzar en el rio con los pocos amigos/as que tenés. Cuando quieren, pueden. Las prohibiciones no son para todos por igual.

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Vamos un poco para atrás…

El interventor José Perez fue designado en el cargo por el director de la Dirección de Cooperativas de la  provincia hace un año. Previo a la intervención se intimó a que se realice un sumario y se analice documentación, ya que la cooperativa venía a los tumbos y a pérdida hace muchos años. El frío y el empaque es, según los socios, lo que genera pérdida constante y requiere de una fuerte inversión para generar productividad, mucho caudal de fruta y reestructuración edilicia profunda.
Tal es así que en su momento se había decidido vender el frío y el empaque, tenían todo acordado con una empresa de renombre local para realizar la venta, indemnizar a los trabajadores, pagar una deuda con AFIP generada por un 3ro y quedarse solo con la sidrera llevando adelante el proyecto del museo del vino y la sidra en conjunto con FUNDESUR.
¿Por qué no se hizo si estaba todo acordado? Apareció la provincia con Weretilneck en campaña ofreciendo las requeridas soluciones económicas para poner la nave a punto, pero la nave no alcanzó ni a carretear. En ese momento, hasta la mayoría de los obreros estaban de acuerdo en percibir su indemnización y liberarse del problema recurrente de trabajar pero no saber cuándo ni cómo cobrar.  

En esa intimación la Dirección de Cooperativas encontró un recuso legal para intervenir la cooperativa La Reginense. El mínimo obligatorio de socios que demanda el estatuto  es de 10 y al momento La Reginense funcionaba con 9 (varios socios antiguos  fallecieron), de este modo se usó esa ilegalidad como causal grave y así es como se solicitó una intervención judicial para normalizar la cooperativa. Días antes de ser designado como interventor, José Perez debió renunciar  a la presidencia de la Cooperativa vitivinícola La Balsa de Valle Azul para tomar el nuevo cargo. La intervención inicial era por 6 meses.

Un año lleva la intervención que debe finalizar para que los nuevos socios accedan al Consejo de Administración y Sindicatura legalmente, se presume que pase en 30 días, aunque los nuevos cargos ya se autorizaron en el expediente judicial formalizándolos y también fueron notificados los trabajadores permanentes. Contradictorio pero cierto.

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¿Dejarías que derriben el Indio Comahue?…

Ahora hay un apuro por terminar la intervención, parece que los conflictos eran solo nominales. Dentro de esta nueva nómina de socios existen empresarios locales con juicios laborales abiertos, empresarios ligados a dirigentes políticos y miembros de la cooperativa vitivinícola de Valle Azul; gente que hace más de un año merodea las instalaciones sin tener cargos formales. Ahora ya está adentro y se acomoda la servilleta. El proceso es largo, pero empezó hace más de un año.

Asimismo en dicha asamblea, se aprobó que el nuevo Consejo analice un proyecto de financiación denominado “La Reginense Ltda. Siglo 21”. Lo cierto es que la cooperativa da pérdida constante hace tiempo y requiere de una inversión que nadie está dispuesto a hacer y tampoco la van a realizar los nuevos socios, de hecho esta última temporada la financiación bajó desde el gobierno provincial mediante aportes no reintegrables (el desfasaje económico de la administración lo pagaste vos y la cooperativa no debe devolver el dinero).

Pero esos aportes se usaron solo para pagar el sueldo a los trabajadores temporarios (50 familias), pero que  al día de la fecha no recibieron sus aportes ni el pago de sus obras sociales. A los permanentes (unas 20 familias) se les adeuda cuatro meses  en el mejor de los casos.

Resumen de situación previsional, empleado temporario La Reginense

Muchas irregularidades  a las que fue sometida la cooperativa y principalmente sus trabajadores.

En la última partida de sidra, que fue promocionada como un producto de alta calidad, ni siquiera se lo dejó participar el ingeniero Alejandro La Fourniere contratado como responsable técnico  de la sidrera y de la calidad de la misma, terminando por ser un producto de bajísima calidad. El ingeniero también se expresó mediante comunicado “quiero aclarar que no tengo ninguna responsabilidad en las mencionadas falencias de la calidad, dado que fui desplazado por el interventor quien ante mi reclamo de restitución  de mi puesto me mandó a realizar tareas de arrancado de yuyos en el predio de la empresa. Lo que motivó mi desvinculación de la empresa por despido indirecto y tampoco abonó mis sueldos atrasados…”. En el mismo comunicado expresó que el interventor Perez trabajó afanosamente en separar y maltratar a los socios de la cooperativa.

Comunicado de prensa del Ingeniero Agrónomo Alejandro de la Fourniere

Se presume que próximamente se entre en juicio por la pérdida de un gran caudal de fruta (alrededor  de 150mil dólares)  que se quemó por una pérdida de amoníaco, los accidentes pasan, lo que no puede pasar es que no contrates el seguro que cubre esas fallas. Esa misma pérdida afectó la salud de trabajadores que debieron seguir trabajando en esas condiciones insalubres y peligrosas.

La selección del delegado de los trabajadores se hizo de manera ilícita mediante planillas incompletas presentadas por Perez, y ante el empate de los dos candidatos el interventor designó a dedo a su conveniencia.

En este largo tiempo los trabajadorxs reclamaron también por la desaparición de maquinaria del predio, manejos despóticos, maltrato y autoritarismo puesto en práctica por el interventor, como también las irregularidades ya mencionadas, estos reclamos siempre fueron autoconvocados sin el apoyo del sindicato.

Sin fuerza de trabajo no hay negocio…

La utilización de la infraestructura y el recurso humano en beneficio de privados es uno de los principales activos que moviliza a los empresarios, como también la bodega y la sidrera; mientras tanto se menoscaba la historia de la icónica sidrera de casi 90 años, mediante la vieja estrategia de desgastar y presionar a los trabajadores, endeudar esperando salvavidas mientras se trabaja la fruta. Vender, comprar, quedarse con lo que sirve, cerrar un negocio “redondo en boca” para pocos, agrio para muchos.

En el medio de esta puja de empresarios con la connivencia política local/provincial están los mismos de siempre: los trabajadores. Explotados, ponen el lomo para trabajar una fruta ajena a la producción de la sidra sin tener convicción alguna de cuando van a cobrar. Ya olfatean otra temporada de miseria.

Habrá que ver si los trabajadores se prestan para brindar su fuerza de producción a sabiendas que nuevamente tendrán complicaciones para cobrar o deciden tomar otras determinaciones, ellos más que nadie saben qué es lo que pasa y qué es lo que va a volver a pasar. El Loop de La Reginense.

Negocio y puja que hace tambalear una parte de la historia de nuestra ciudad, el último ícono productivo, social y cultural, pero como suele ocurrir en Regina pareciera que a nadie le interesa, menos aún a los actores políticos que saben, saben mucho, pero no actúan. Eso los convierte en cómplices de este “regalito”.

El característico conservadurismo pseudo fascista heredado en Regina como buen pueblo de inmigrantes que es solo aplica para señalar y juzgar los actos de las clases populares, de los que se criaron del otro lado del salado, hasta ahí llega su moral. Entre ellos no se señalan. Entre ellos se toman un “feca” y se palmean la espalda mientras miran a un 3ro con cara de… «este es un boludo».

Se arrimaron de a poquito, deambularon por calle Los Nogales con los cubiertos en la gaveta de la «chata», la mesa estaba servida y el vino obvio que no les va a faltar. Faltaba que los inviten a entrar. Ya entraron.

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  • Advertencia de Rosatti a la Justicia Federal de Rosario: «Que definan de qué lado están»

     

    El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.

    Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.

    Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.

    En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir «de qué lado está».

    Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. «Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia».

    Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. «Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces». Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están «el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces» y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.

    Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice

    El problema del narcotráfico, siguió Rosatti, es básicamente el tema del lavado de activos y de la trazabilidad del dinero que produce. Y reiteró que el Poder Judicial está echando luz «sobre influyentes, operadores, y ciertos servicios que no quiero llamar de inteligencia, servicios de información, todo mezclado ahí».

    La trama de investigaciones que se acrecentó desde noviembre de 2024 dejó ver que el ex juez Bailaque tenía el mismo contador que algunas empresas del narcotraficante Esteban Alvarado al que él mismo investigaba. Las acciones omisivas de Bailaque hacia Alvarado fueron denunciadas por fiscales santafesinos al Consejo de la Magistratura en 2020 pero el órgano que investiga el proceder de los jueces tuvo cuatro años congelado ese expediente. 

    En una de las causas de Bailaque está imputado Santiago Busaniche, un lobista muy conocido en Comodoro Py. Según el ex jefe de la AFIP Vaudagna, también imputado, el que estaba interesado en concretar el chantaje contra el agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias era Sergio Marchi, administrador general de la Corte. Ante la pregunta de si podían estar implicados en estas tramas actores de afuera de Santa Fe, Rosatti dijo: «puede ser».

    La Justicia acorrala a Salmain: le imputan un nuevo delito y mandan el caso a Magistratura

    El Consejo de la Magistratura ahora avanza contra Salmain en varios expedientes. La medida de hoy la resolvió la Comisión de Acusación que preside Luis Juez, que es el instructor del caso. Salmain fue imputado además este martes por abuso de autoridad ya que cuando en octubre fue requisado por orden judicial y le secuestraron su teléfono celular utilizó su condición de magistrado para pedir de modo oficial información detallada sobre quién ordenaba la medida, quiénes la concretaban y quién fue el juez interviniente.

    Además Salmain tiene un expediente en la Comisión de Disciplina del Consejo que instruye la jueza Alejandra Provítola. Ahí lo investigan por haber omitido en su currículum para juez en 2016 que la Corte Suprema por unanimidad lo había echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado, por ofrecer una coima a una funcionaria para eludir el sorteo de un expediente laboral y direccionarlo al juzgado donde él trabajaba.

    Pese a estar imputado e investigado en varias causas por el órgano que examina el comportamiento de jueces, actualmente Salmain está a cargo de uno de los dos juzgados que hay en Rosario del fuero civil y comercial en la Justicia Federal.

     

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  • El fondo para despidos que propone Milei le cuesta a la Anses USD 3000 millones

     

    El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

    La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

    PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

    En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

    El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

    Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

    Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

    Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

    Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

    Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

    Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

    Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

    Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

    Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.

     

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    PAUTA OFICIAL: Silencios que cuestan millones

    La pauta publicitaria es el dinero que un gobierno le paga a un medio para difundir las acciones del Estado. Al no estar regulado, el reparto de la pauta oficial es utilizado como un sistema de premios y castigos. La provincia de Río Negro es un caso paradigmático. ¿Por qué es un problema? Principalmente porque…

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