La gorra sabe lo que puede. Siempre pudo y ahora sabe que puede un poco más, justo ahora que ni lo esperaba. Sabe cómo hacer que las pibitas se caguen de miedo cuando vuelven de noche, sabe cómo hacer que los guachos trabajen para ellos, sabe lo que puede un fierro. Saben descansar, verduguear, hacer crecer el miedo, mirar para otro lado. Saben qué calles esquivar cuando es necesario. Saben qué decirle a la novia linda del preso nuevo cuando llora toda triste en la comisaría. Saben hacer desaparecer.
La gorra sabe de política. ¿Cómo no saberlo? Sabe cuándo atacar, cuándo correrse, que decir, cuándo pueden ir un poco más allá. Saben del odio y desprecio de la política a lo que vagabundea, a lo que no obedece, a lo que se escapa, a lo joven, a la vagancia. La gorra sabe que los necesitan, saben que ciertos territorios hostiles ellos caminan para que no los caminen otros. Saben qué hacer, entienden las consignas, las interpretan, las patrullan. Sabe el valor de la política sobre la vida y la diferencia entre un militante y un guacho.
La gorra sabe y si se la banca sabe más. Sabe que mañana, cuando Facundo sea olvido, cuando el ministro siga ahí boqueando sin filtro, cuando las panelistas griten otra cosa, sabe que pueden dar unos pares de trompadas más. Apretar más tranquilos, verduguear lo más piola, disparar sin armar tanta escena, romper la noche en la lancha por la Rivadavia levantando a las chicas del cementerio de Morón, patear puertas, seguir despreciando madres que preguntan por sus hijos. También saben que ahora en el patrullero no están solos, los acompaña el miedo de Axel, la prepotencia de Berni, el silencio de la militancia, la complicidad de la justicia y ese odio bien manija y visceral de todos los que nacieron así, con el corazón ortiba.
El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas.
Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras.
Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años.
Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial.
Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026».
«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.
La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto.
Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape.
La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.
Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.
Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».
En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años.
Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI.
La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera.
El campamento de Vicuña en San Juan.
No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.
Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país.
Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.
Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».
Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho.
Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década.
Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio.
Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen.
El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.
Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). También…
«Nos reuniremos con Sand cuando regrese de Corrientes -donde está cumpliendo con la cuarentena por la pandemia de coronavirus- para explicarle porqué se le ofrecen seis meses más de contrato y no hasta diciembre de 2021 como quiere él», señaló Russo en diálogo con Télam. «Conversé con (su representante Juan Cruz) Oller para acordar un…
La tensión entre la industria y el gobierno de Javier Milei terminó abriendo una interna feroz dentro de la propia central fabril. En pocas horas, Guillermo Moretti acusó a Luis Caputo de ser un «trader que no sabe lo que es un torno», Martín Rappallini reclamó por la caída de la actividad y el costo de la energía, Caputo respondió que no gobierna para «determinados empresarios» y, cuando todavía quedaba humo sobre el campo de batalla, el presidente de la UIA salió a desautorizar a su vicepresidente.
La secuencia arrancó apenas una hora antes del acto oficial por el Día de la Industria. Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA y referente industrial de Santa Fe, decidió romper todos los diques. «Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea», afirmó en una entrevista concedida a El Destape. Y apuntó directamente contra Caputo: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». También cuestionó el crecimiento del patrimonio del ministro y sostuvo que sus finanzas personales habían aumentado «un 37% en dólares» mientras la Argentina se endeudaba.
Moretti fue bastante más lejos que la posición institucional que venía preparando la UIA. Habló directamente de «una política de desindustrialización» y vinculó la supervivencia fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI. También puso el foco sobre la diferencia entre los sectores beneficiados por el modelo. «Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo», dijo, mientras describió a la industria manufacturera en una situación «muy difícil».
El clima ya venía cargado desde la víspera. Rappallini había anticipado que preparaba un discurso duro para el Día de la Industria y el Gobierno respondió vaciando políticamente el encuentro. El acto se hizo en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 industriales y sin funcionarios nacionales de primera línea.
Sin embargo, cuando Rappallini subió al escenario, su discurso terminó pareciendo moderado al lado de la descarga de Moretti. El presidente de la UIA presentó números muy duros: la producción industrial está 10% por debajo de 2022, hay ramas con caídas de entre 25% y 30% y desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados. «La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad», afirmó.Ese punto toca uno de los nervios del programa económico de Caputo.
Rappallini destacó que durante los últimos dos años los precios industriales subieron alrededor de 140%, contra un incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% en los servicios. «La industria le está poniendo el hombro en la estabilización», dijo.
Guillermo Moretti
El reclamo más concreto apareció con la energía. Rappallini denunció que numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. La UIA atribuye parte del salto a la decisión oficial de trasladar a los industriales el diferencial generado por el costo de importación de energía y viene reclamando un mecanismo de compensación. «Seguimos aguardando una respuesta», lanzó.
Al mismo tiempo pidió que Vaca Muerta no sea únicamente una plataforma para exportar hidrocarburos sino también una palanca para exportar producción industrial argentina.
La central fabril desplegó además una agenda de siete puntos: recuperación de actividad y crédito, reducción del costo argentino, defensa frente a la competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. Rappallini pidió un «puente» entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que pretende construir Milei.
También reclamó un pacto fiscal industrial para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales y advirtió que en algunos sectores los productos ingresados por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. «Esto lejos está de ser libre mercado», afirmó.
Caputo no dejó pasar el desafío. Horas después, durante el foro Vientos de Cambio, defendió el programa económico y rechazó el diagnóstico industrial. «El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión», afirmó. Después trazó la frontera política de la discusión: «El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular».
El ministro endureció todavía más la respuesta. Dijo que el modelo anterior había protegido empresarios mediante subsidios en energía, tipo de cambio y precios, y aseguró que la economía ahora crecerá «en dos velocidades». Sobre Moretti fue tajante: «El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA». Según Caputo, muchos empresarios entienden que llegó el momento de «reconvertirse» e invertir. «Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras», resumió.
Milei completó la pinza esa misma tarde. En el mismo foro descartó cualquier flexibilización del programa por razones electorales. «El resultado fiscal no se negocia», afirmó. Y agregó: «No vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación». El Presidente condensó su posición en una frase que dejó poco margen para las demandas industriales: «Las buenas políticas no se negocian».
Pero cuando parecía que la historia quedaba reducida al choque entre el Gobierno y los industriales, apareció el capítulo más incómodo para la UIA. Rappallini salió públicamente a despegarse de Moretti. Y lo hizo con una dureza que llamó la atención.
Después llegó la estocada. En LN+, Rappallini buscó bajar la temperatura y se mostró mucho más conciliador con el Gobierno. «Nosotros estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con bajar la inflación», afirmó. Y aclaró que la discusión con Caputo pasa por la economía real: «Lo que planteamos es que ahora tenemos que crecer».
También buscó quitarle amortiguar el choque: «No estamos en contra del Gobierno, estamos planteando una agenda industrial». Rappallini defendió además el rumbo general y sostuvo que «hay muchas cosas que se hicieron bien», aunque advirtió que «la actividad está claramente amesetada».
Rappallini sostuvo que Moretti «puede tener su propia mirada», pero aclaró que sus declaraciones representan «una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA». Incluso recordó que la entidad tiene ámbitos internos para procesar las diferencias antes de expresarlas hacia afuera. El presidente de la central fabril terminó marcándole los límites a su vicepresidente en público.
El contraste con Moretti quedó expuesto. El presidente de la UIA se preocupó por dejar un puente tendido hacia Economía.
Hay además un dato que vuelve más delicada la posición de Rappallini frente al Gobierno. El empresario es inversor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la mina de cobre y oro de Uspallata que ingresó al RIGI. El proyecto había sido presentado inicialmente por unos 630 millones de dólares y finalmente fue aprobado con una inversión total proyectada de 891 millones de dólares
La pelea con Caputo dejó así una grieta expuesta dentro de la principal organización industrial del país. Moretti pateó el tablero, Rappallini trató de ordenar las piezas y el Gobierno aprovechó para reafirmar que no piensa modificar el rumbo.
La Unidad Procesal de Familia Nº 7 de Viedma, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Río Negro, impulsa una convocatoria pública a personas de todo el país interesadas en conformar una familia adoptiva con dos hermanas de 13 y 9 años de edad. Si bien en el Registro…
Leo Nardini recibió en Malvinas Argentinas al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, en una actividad de la que también participó el diputado provincial Luis Vivona.
Los dirigentes recorrieron la obra del Teatro Municipal, actualmente en etapas avanzadas de construcción.
El encuentro reafirmó la coincidencia política entre ambos dirigentes, quienes comparten la visión de que la obra pública y la generación de empleo son pilares para el desarrollo social y económico.
Nardini destacó la trayectoria de Uñac: «Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país», manifestó.
Por su parte, Uñac elogió la gestión local y el impacto cultural del proyecto: «Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas. Este polo de desarrollo cultural va a significar un antes y un después», dijo.
Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro
Y agregó: «El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor».
Durante la recorrida, el intendente subrayó que la identificación entre ambos responde a la posibilidad de dar continuidad a las obras a partir de una administración responsable.
«Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro», dijo.
Ambos dirigentes coincidieron en señalar la difícil situación que atraviesan las familias argentinas, marcada por la caída de salarios, la morosidad y la falta de empleo, con consecuencias sociales y de salud mental.
También remarcaron la necesidad de retomar políticas públicas duraderas que impulsen infraestructura y desarrollo comunitario.
«Eso es lo que Sergio puede ver de primera mano, y que muchos desarrollan a lo largo del país. Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas», sostuvo Nardini.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
