Pese al aumento de los casos, Arabia Saudíta finaliza el toque de queda y reabre comercios y mezquitas

Arabia Saudíta puso este domingo punto final al toque de queda que aún regía por la pandemia de coronavirus y permitió la reapertura de mezquitas en la ciudad sagrada de La Meca, pese a que el número de casos aumenta a un ritmo de 3.000 contagios diarios en el país más afectado de Medio Oriente.

La monarquía petrolera, que registra 157.612, aunque solo 1.267 decesos, entró en la tercera y última fase de la reducción de las restricciones que comenzó el 28 de mayo.

Desde hoy reabrieron todas las actividades económicas y comerciales y se puede circular libremente entre provincias, mientras que el 75% de los empleados públicos regresarán a sus puestos de trabajo, informó la agencia EFE.

No obstante, los portavoces de los ministerios Salud, Interior y Trabajo saudíes aseguraron que «la vuelta a la vida normal no significa la desaparición del virus» por lo que se hará «una evaluación continua y se aplicarán medidas especiales contra el que no cumpla los protocolos preventivos contra el virus».

Arabia Saudita registró durante las últimas semanas un aumento significativo de casos, llegando a alcanzar los 4.000 contagios en un día, aunque en los últimos días la cifra se estabilizado en alrededor de los 3.000, igual un elevado número.

Con la fase tres, las autoridades pretenden que todas las regiones vuelvan a «situaciones normales» previas a las del toque de queda.

El plan era de aplicación en todo el país salvo en la ciudad sagrada de La Meca, principal lugar de peregrinación para el islam en el mundo y segunda localidad saudí en número de contagios.

Sin embargo, alrededor de 1.500 mezquitas de La Meca reabrieron hoy tras casi tres meses cerradas entre medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de la mascarilla y pantallas electrónicas para concientiziar a los fieles.

Las otras 90.000 mezquitas del país ya acogían a los fieles desde el pasado 31 de mayo,

Pero todavía las autoridades no se han pronunciado sobre la posible cancelación de la peregrinación anual a La Meca, que cada año atrae a millones de musulmanes, y que ya fue postergada por la pandemia.

Por otra parte, el emirato de Dubái, centro económico de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció hoy que a partir del próximo 7 de julio aceptará a turistas extranjeros siempre y cuando presenten los resultados de un test para demostrar que no tienen coronavirus.

El Comité Supremo de Gestión de Crisis y Desastres informó en un comunicado que todos los visitantes internacionales que deseen entrar en Dubái deberán cumplir con los requisitos de ingreso en EAU, como la descarga de una aplicación móvil, tener un seguro sanitario válido y presentar los resultados de un test de Covid-19.

El texto detalló que los turistas deben presentar la prueba 96 horas antes de la fecha de salida con dirección a Dubái o, de lo contrario, tendrán que someterse a un test en el mismo aeropuerto de la ciudad. Si dan positivo, deberán permanecer en cuarentena catorce días en sus casas.

Dubái, uno de los principales nodos de conexión entre Asia, África, Medio Oriente y Europa, interrumpió los vuelos a mediados de marzo como consecuencia de la pandemia.

Hasta el momento, Emiratos registra 44.925 casos de coronavirus y 302 fallecimientos.

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    Un manual para gobernar sin culpa con la “ética” libertaria que absuelve coimas, narcos y criptomonedas

     

    En Defendiendo lo indefendible, Walter Block propone un experimento intelectual tan provocador como peligrosamente infantil: tomar a los personajes más odiados del capitalismo —usureros, proxenetas, chantajistas, traficantes— y presentarlos no solo como agentes económicos legítimos, sino como benefactores sociales injustamente perseguidos. Textualmente dice Block: “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” El truco es simple, elegante y brutal: reducir toda la moral social a una sola regla, la no agresión física directa.

    Por Walter Onorato para NLI

    Para Block, si no hay violencia explícita —golpes, balas, cuchillos— entonces no hay crimen. Todo lo demás es sentimentalismo, prejuicio o histeria colectiva. La explotación, la miseria, la dependencia económica, el abuso estructural o la desigualdad extrema quedan mágicamente fuera del análisis. No existen como problema moral. No entran en el “radar” libertario. Block lo dice de esta manera: “La premisa básica de esta filosofía es que la agresión frente a no agresores es ilegítima” (…) “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” Después, todo lo demás, vale.

    Desde esta lógica, el mercado aparece como una fuerza casi sagrada: todo intercambio voluntario es beneficioso por definición. Si alguien acepta pagar intereses usurarios, vender su cuerpo, consumir drogas destructivas o trabajar por un salario miserable, el sistema queda absuelto. No importa el contexto, la necesidad ni la asimetría de poder: si hubo consentimiento formal, hubo justicia.

    Después de esta brevísima interpretación de la introducción del libro de Walter Block descubrimos el “truco” del mago circense. Esta ética (para algunos sería la falta de ética) que se encuentra encerrada en este libro marginal queda liberada y sale de la oscuridad para convertirse increíblemente en una práctica de gobierno. No es casual que el presidente argentino haya reunido a su círculo más cercano de funcionarios y les haya regalado Defendiendo lo indefendible. No fue un gesto cultural, un estimula a la producción de libros o una simple provocación cultural: fue una bajada de línea ideológica. Un manual moral para gobernar sin culpa.

    Vayamos a lo concreto, a los datos duros, al deleite de todo historiador. Mencionemos sólo cuatro ejemplos:

    Caso 1. Las denuncias por el cobro de coimas del 3 % en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, que involucran a la hermana del Presidente, no representarían ningún problema moral bajo la lógica de Block. Nadie fue encañonado. Hubo un trámite, un intermediario y una aceptación forzada por la necesidad. Para el libertarismo radical, no hay corrupción: hay un incentivo dentro de una transacción “voluntaria”. El discapacitado no es una víctima; es un consumidor sin alternativas.

    Caso 2. La frustrada candidatura de José Luis Espert, tras confirmarse su vinculación con el narcotráfico, tampoco colisiona con este marco teórico. Para el autor, el narcotráfico, mientras no medie violencia física directa en el intercambio, es apenas un mercado prohibido por el Estado. El problema no es el dinero sucio, sino que el Estado lo persiga. El narco no es un criminal: es un empresario ilegalizado.

    Caso 3. La situación de la senadora Lorena Villaverde, a quien la Justicia le embargó sueldo y aguinaldo por haber vendido terrenos que nunca entregó, tampoco constituye una estafa desde esta ética. Walter Block diría que hubo contratos, firmas y compradores “voluntarios”. Si alguien confió, perdió y quedó sin nada, el mercado ya emitió su veredicto. La política y la justicia sobran.

    Caso 4. El escándalo de la estafa con criptomonedas conocido como $LIBRA termina de cerrar el círculo. Según denuncias e investigaciones periodísticas, la participación del propio presidente fue un elemento imprescindible para que el esquema pudiera desplegarse: sin su aval político, simbólico y comunicacional, la operatoria no habría tenido ni alcance ni credibilidad. Sin embargo, bajo la lógica de Block, el problema vuelve a disolverse. Nadie fue obligado a invertir. Si alguien perdió sus ahorros, no fue estafado: fue un mal inversor. El daño desaparece. La responsabilidad política también.

    Y es recién acá donde el gesto del libro cobra su verdadero sentido.

    Primero: es una señal ideológica interna, no un chiste ni una provocación pública. Un presidente no regala libros al azar. Menos aún a su gabinete. Ese libro funciona como un manual doctrinario: no está pensado para convencer a la sociedad, sino para ordenar moralmente a quienes gobiernan. Es una bajada de línea: esto que hacemos no es un error, es teoría.

    Segundo: redefine qué entiende el gobierno por corrupción. Block no niega la existencia de prácticas desagradables; las despenaliza moralmente. Si el único límite es la violencia física directa, entonces la corrupción administrativa, las coimas, las estafas contractuales, el tráfico de influencias o el dinero narco dejan de ser un problema ético. Pueden ser feos, pero no ilegítimos. El regalo del libro es un mensaje claro: no se sientan culpables.

    Tercero: convierte los escándalos en coherencia. Cuando aparecen casos como coimas en medicamentos, candidatos ligados al narcotráfico o estafas inmobiliarias, el gobierno no los vive como contradicciones de su discurso, sino como daños colaterales aceptables. El libro explica por qué: si hubo consentimiento, firma o necesidad aceptada, entonces el mercado ya habló. La política no tiene nada que corregir.

    Cuarto: es una pedagogía del poder. El libro enseña a gobernar sin culpa. A mirar a la víctima como “cliente”. A pensar al Estado como agresor y al poderoso como héroe incomprendido. Regalar ese texto es formar subjetividades de gobierno capaces de administrar el ajuste, la exclusión y la impunidad con una sonrisa tecnocrática.

    En síntesis, ese regalo no es simbólico.

    Es una confesión ideológica.

    Es decirle al gabinete: si algo huele mal, tranquilos, no es corrupción; es mercado.

    Y por eso Defendiendo lo indefendible no es solo un libro provocador: es un manual de anestesia moral, es un manual de gobierno, ideal para un capitalismo que necesita convencernos de que la crueldad es libertad y que la miseria ajena es, en el fondo, una elección personal.

    Pd. Recuerden, que para ser libertario, hay que ser millonario o ignorante.

     

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    A través del ENACOM, Milei le perdona deudas millonarias a las empresas de telecomunicaciones

     

    El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.


    Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

    Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

    La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

    El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.


    El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

    Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

    Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

    No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.


    Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

    La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

    No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

    La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.


    Un mensaje claro: incumplir paga

    Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

    Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

     

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