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DEMOCRACIA EN DEUDA

                Sin duda el 24 de marzo de 1976 comenzó uno de los períodos más tristes y macabros de nuestra historia. Aquel día la democracia quedaba trunca, una vez más, pero esta vez las consecuencias iban a ser todavía más trágicas que cualquier golpe de Estado anterior. Aún hoy nuestra sociedad acarrea cargas de aquellos años.


                La historia es conocida, persecución ideológica, secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebes y todo lo que implicó el terrorismo de Estado. Con semejante accionar, cuesta creer como hay quiénes aún hoy justifican la dictadura cívico-militar. El facilismo de abonar a la teoría de los dos demonios demuestra que la posverdad no es algo tan reciente, o simplemente que la inoculación ideológica fue muy eficiente. Pero no vale la pena detenerse en aquellos que niegan lo innegable, sería más valioso preguntarse ¿qué deudas mantiene nuestra democracia desde su restauración?


                Para comenzar, es posible afirmar que la deuda social es la más grande de todas. La dictadura se encargó de instalar un sistema económico pensado en favorecer los intereses de un pequeño sector de la sociedad, la oligarquía terrateniente principalmente, aquella misma que insultó a Raúl Alfonsín en la Rural. La inmensa exclusión y marginación social fueron resultado de ese modelo. El mismo modelo que se mantuvo hasta el 2001 y que el gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a instalar, el neoliberalismo. No hemos podido, como sociedad, reconocer las características de un modelo económico que hunde en la miseria a las clases populares y concentra las riquezas en pocas manos argentinas y extranjeras.


                Por otro lado, la institucionalidad también está en deuda. Uno de los pilares del contrato social es la justicia, pero ¿quién cree en la justicia en este país? Jueces y fiscales corruptos, que encubren atentados, desvían o inventan causas según su conveniencia. Ese poder, el menos democrático de los poderes republicanos, es visto ante los ojos de la sociedad como un nido de corruptos privilegiados, corporativistas, que llevan vidas lujosas y hasta se niegan a abonar un impuesto. Son contados los miembros del Poder Judicial que hoy son reconocidos y respetados por la sociedad que paga sus abultados sueldos.


                Por último, pero no menos importante, la clase política. Los dirigentes políticos han sabido perpetuarse en el poder, aferrados a esa adictiva teta del Estado. Pero eso no es lo más preocupante, sino el hecho de que han conseguido desprestigiar a la política, herramienta fundamental para el bienestar general. Han convertido a la política en una mala palabra para gran parte de la ciudadanía, favoreciendo sus propios intereses por sobre los del pueblo. Muchos se llenaron de plata mal habida, como si las fortunas que cobran no les alcanzaran. Otros se han callado para mantener su “kiosquito”. Por supuesto, hay casos excepcionales, pero la casta política en complicidad con los oligopolios, saben manejar los hilos para que esos dirigentes siempre corran de atrás.


                Para finalizar vale destacar que todavía en estos días se está juzgando a aquellos cómplices civiles del terror militar, como los empresarios de Ford condenados el año pasado.

También enorgullece la recuperación de 128 nietos, gracias a la incansable labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero eso no alcanza, es vital para el desarrollo de una verdadera democracia que nos hagamos cargo de nuestro rol como ciudadanos, que le saquemos provecho a ese pedacito de poder que nos da la democracia, no sólo a través del voto, sino de la activa participación política, del debate público, del análisis profundo y crítico de la realidad. Es importante involucrarse, para no dejar que otros piensen y elijan por nosotros.

Foto portada:  http://alasbarricadas.org/noticias/ 
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    Milei puso al frente de la ANMAT al CEO de OSDE

     

    El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.

    La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.

    El Estado regulador en manos del mercado

    Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.

    La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.

    OSDE, negocios cruzados y causas judiciales

    El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.

    Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.

    En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.

    Un mensaje político claro

    El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.

    Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.

     

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