DOS OPCIONES, MUCHOS INCIERTOS

Mañana lunes el Concejo Deliberante (CD) definirá que hace con la renuncia del intendente suspendido Daniel Fioretti. La acepta o da continuidad al juicio político. El pasado viernes se conoció la dimisión en la mismísima sesión del CD, lo más llamativo es que al parecer el asado aún no estaba cocinado, es decir, los negociados entre nuestros representantes no están definidos, aunque antes del inicio del proceso de destitución ya se estaban negociando los candidatos.

No tuvieron otra opción que estirar un poco más la agonía de quien quiere la eutanasia, como si aceptar una renuncia de quien no se quiere que prosiga en su función fuese un conflicto y no una solución inmediata, como un regalo caído del cielo. En definitiva, aceptar su renuncia es determinar que el pueblo vuelva a expresarse en las urnas. Y en la inmediatez, es un trastorno inoportuno para muchos.

La renuncia de Daniel Fioretti no peca de inocencia, si el proceso de destitución sigue su curso legal algunos suponen que  puede caer el tiempo de llamar a elecciones y así perdurar, el gobierno interino, en el mandato hasta 2019. Que inconveniente elegir nuevos representantes, es que de este modo, corren riesgo los actuales de quedarse sin laburo. Lo realmente paradójico es que todos los actores políticos son cómplices, hasta el absurdo Fioretti es factor directo en todo esto.

El peronismo tiene la carta marcada y es posible que decida continuar con el juicio político, ya que es un apuro tener que definir candidatos a la brevedad. Hay demasiadas posturas dentro del partido y la fragmentación interna no los beneficia ni les permite dar una opción clara al ciudadano. Es que hoy en día en el cuartel, no hay un general. Y para el que está acostumbrado a acatar, es de suma complejidad decidir.

El radicalismo trabaja sobre todos sus gestos políticos para ser parte de cambiemos, durante el simposio fioretista adoptó una posición moralista, democrática y victimaria, que le permite de manera desapercibida, como quien no quiere la cosa, posicionarse donde se siente más cómodo, en esa dualidad oficialista de la post-verdad que tanto les gusta jugar a los aficionados durambarbistas.

Atravesando diametralmente la decisión que deberá tomar el CD este lunes, es osado creer que nuestros representantes piensen más allá de sus bolsillos y logren generar empatía con el ciudadano a pie, con el votante. Aunque quizás estemos divagando en una hipotética profundidad política inexistente que demanda  de grandes liderazgos y, en perspectiva real, la dirigencia local expresa una acefalia política reinante donde en Villa Regina no existen operadores políticos con tanta lucidez.

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • | |

    DE REVERSA PAPI

    Sobre la designación y la no designación de Martín Betancour como responsable del área de cultura en Villa Regina. El intendente reginense Marcelo Orazi confirmó mediante un posteo en redes que Martin Betancour no iba a asumir el cargo de Secretario de Cultura de la ciudad, luego de corroborar la sentencia firma del Ministerio de…

    Difunde esta nota
  • |

    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

    Difunde esta nota
  • |

    Agrestis Nature Rosé

    El Agrestis Nature Rosé es uno de mis espumosos favoritos de la Bodega y proviene del emprendimiento del Ing. Norberto Ghirardelli ubicado en Gral. Roca, la chacra cuenta con 12 hectáreas de viñas implantadas en 1994 y el Pinot Noir utiliza conducción Guyot Doble. Este vino cosecha 2019 se elabora mediante método tradicional de fermentación…

    Difunde esta nota