53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
La mejora de la calificación de los bancos argentinos por parte de Fitch Ratings no alcanzó para despertar entusiasmo entre los inversores. Aunque la decisión de la agencia representó una señal positiva para el sistema financiero local, las principales acciones bancarias argentinas cerraron la jornada con bajas en Wall Street y dejaron expuesta la persistente cautela del mercado frente a los problemas estructurales del sector.
Fitch elevó las calificaciones de varias entidades financieras luego de la reciente mejora de la nota soberana argentina a «B-» desde «CCC+». La agencia también revisó al alza el entorno operativo del sistema bancario local y destacó una mejora del marco macroeconómico.
Los ADR de los principales bancos argentinos operaron en terreno negativo durante la rueda. Banco Macro cayó 2,42 por ciento y BBVA Argentina retrocedió 3,28 por ciento, pese a la noticia favorable de la calificadora.
En el mercado explican que la mejora de Fitch estuvo fuertemente asociada al upgrade soberano de la deuda argentina y no necesariamente a una mejora específica en la situación financiera de los bancos. De hecho, varios operadores remarcan que buena parte de la reacción positiva ya se había adelantado la semana pasada, cuando Fitch elevó la nota del país.
«El cambio de calificación es en principio una buena noticia para los bancos, pero no impactó directamente en la cotización de las acciones», explicó un operador financiero consultado por este medio. Según señaló, el mercado entiende que la decisión de Fitch responde principalmente al nuevo escenario macroeconómico y no tanto a una transformación estructural del negocio bancario.
El operador recordó además que los ADR bancarios habían reaccionado positivamente tras la mejora de la nota soberana, pero luego volvieron a corregir parte de esas ganancias. «Pasó algo parecido con el riesgo país: bajó inicialmente después del anuncio, pero después empezó a subir nuevamente en los últimos días», sostuvo.
Pasó algo parecido con el riesgo país: bajó inicialmente después del anuncio, pero después empezó a subir nuevamente en los últimos días. Hoy la mora tiene más peso para los inversores que la mejora en la calificación.
La cautela de los inversores también está vinculada a la situación puntual del sistema financiero local. En el mercado existe preocupación por el aumento de la mora y el deterioro de algunos indicadores crediticios, un fenómeno que empieza a ganar peso entre quienes siguen de cerca el comportamiento del sector.
«Hoy la mora tiene más peso para los inversores que la mejora en la calificación», explicó el operador. Según señaló, el mercado empieza a mirar con más atención el deterioro de la cartera de préstamos y el posible impacto que eso podría tener sobre la rentabilidad futura de las entidades financieras.
En su informe, Fitch reconoció que los bancos argentinos continúan mostrando buenos niveles de capitalización y lograron atravesar episodios de fuerte volatilidad financiera durante los últimos meses. Pero al mismo tiempo advirtió que el aumento de los costos de financiamiento y del riesgo crediticio seguirá presionando los resultados del sistema durante la primera mitad de 2026.
Dentro de las mejoras anunciadas, Banco Macro fue una de las entidades más beneficiadas. Fitch elevó sus calificaciones de largo plazo en moneda extranjera y local a «B-» desde «CCC+», mientras que las notas de corto plazo subieron a «B» desde «C». También mejoró su calificación de viabilidad.
En el caso de Santander Argentina y BBVA Argentina, la agencia mantuvo las notas en moneda extranjera pero mejoró las calificaciones en moneda local y las evaluaciones de viabilidad. Banco Supervielle, en cambio, fue el único de los grandes bancos privados que no recibió mejoras y mantuvo sus notas en niveles de «CCC+».
La situación dejó una dinámica similar a la que había mostrado el mercado tras la mejora de la deuda soberana argentina. En aquel momento, los bonos tuvieron una reacción positiva pero moderada y el riesgo país apenas retrocedió algunos puntos, reflejando que los inversores todavía mantienen dudas sobre la sostenibilidad del programa económico.
En el mercado sostienen que el principal interrogante sigue siendo político y financiero al mismo tiempo. Si bien la mejora de Fitch representa una validación parcial del rumbo económico del Gobierno, los inversores continúan observando con atención la evolución de la actividad, la capacidad de acumular reservas y el impacto del deterioro crediticio sobre bancos y empresas.
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El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Si, y si tiene botas, más mejor. La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos. Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente…
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