53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron su rechazo por «insuficiente» a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y acordaron un paro de actividades con gremios estatales.
Es una decisión importante, toda vez que los judiciales de la provincia están alineados con el líder del Suteba, Roberto Baradel, y forman parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Este lunes se desarrollaron las asambleas en las 20 departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el gobierno, el viernes.
Esas asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, «por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025».
Luego «se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada.
En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima».
LPO contó que Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.
Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.
El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación dibujada de Caputo había dado 2,9%.
Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%.
En tanto, los trabajadores estatales de ATE le pidieron a Kicillof una convocatoria urgente para retomar la negociación salarial tras la última oferta de un 3% rechazada por todos los gremios.
Apremiado por el descontento de las bases, los líderes de ATE debieron endurecer su postura frente a Kicillof y salieron a reclamar un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.
A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio que conduce Claudio Arévalo pidió reabrir la discusión salarial e «iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo».
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El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.
Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.
Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.
El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.
A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.
Carolina Moisés y Flavia Royón.
En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.
Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».
Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.
El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.
En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.
Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.
La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.
En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.
A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.
Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.
El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones. La rúbrica se concretó en la…
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