53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
La lamentable actualidad política en su máxima expresión.
Por Tomás Palazzo para NLI
El inicio del 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina quedó marcado por un espectáculo impropio de la investidura presidencial: gritos, insultos, descalificaciones permanentes y una puesta en escena que convirtió el mensaje institucional en una tribuna de confrontación personal. Lejos de presentar un balance serio de gestión, Milei protagonizó una noche de tensión constante con la oposición, a la que atacó de manera reiterada mientras balbuceaba partes de un discurso que evidenció improvisación, furcios y afirmaciones políticamente explosivas.
Desde el inicio mismo de su intervención, el mandatario abandonó la lectura para responder a viva voz a legisladores opositores, en un clima de máxima tensión dentro del recinto. El tono fue subiendo rápidamente hasta derivar en insultos directos: trató a diputados y referentes del campo nacional como “delincuentes”, “ignorantes” y “manga de ladrones”, en medio de interrupciones y gritos cruzados que desnaturalizaron por completo el carácter institucional de la ceremonia .
Un discurso a los gritos y contra la oposición
Lejos de limitarse a defender su programa, Milei convirtió la apertura legislativa en un escenario de combate verbal. Interrumpió en múltiples ocasiones su propio texto para girar hacia las bancas opositoras y responder con agravios personales.
En uno de los momentos más tensos, desafió a los legisladores que no lo aplaudían: aseguró que “no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”, profundizando un intercambio que escaló rápidamente en tono y virulencia .
El clima se volvió aún más áspero cuando, ante cuestionamientos desde las bancas, redobló la apuesta con insultos directos, calificando a la oposición como “manga de ladrones” y “chorros”, en una secuencia que obligó a pausas reiteradas en la lectura formal del discurso .
La escena dejó una imagen inquietante: un Presidente que abandonó la institucionalidad del mensaje a la Asamblea Legislativa para responder con gritos desde el estrado, transformando el acto republicano en una confrontación personal.
Intromisión judicial y persecución política
El momento más grave llegó cuando Milei cruzó una línea institucional peligrosa: anticipó —sin disimulo— el futuro judicial de Cristina Kirchner.
En medio de su diatriba contra el kirchnerismo, afirmó que la ex presidenta “va a seguir presa” y enumeró causas en las que, según su propia visión, sería condenada .
No se trató de un análisis político ni de una opinión abstracta: fue una intervención directa sobre procesos judiciales en curso, enunciada desde el Poder Ejecutivo y ante la Asamblea Legislativa. La afirmación implicó una presión institucional explícita sobre el Poder Judicial, en abierta contradicción con el principio republicano de división de poderes.
El modelo que propone: del país industrial al extractivismo
En otro tramo del mensaje, Milei dejó en claro el rumbo estructural que pretende imponer: un giro definitivo hacia un modelo primario.
Anunció reformas destinadas a construir un “marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos” . Traducido en términos económicos: el abandono del proyecto de industrialización para regresar a una lógica extractiva basada en recursos naturales y apertura comercial irrestricta.
La definición no fue menor. Implicó asumir públicamente que el horizonte del gobierno no es el fortalecimiento del aparato productivo nacional sino la profundización de un esquema dependiente.
Furcios, cifras dudosas y un discurso deshilachado
A lo largo de la exposición, Milei también evidenció dificultades para sostener el hilo argumental del texto que leía. La sucesión de pausas, interrupciones y respuestas improvisadas dejó al descubierto inconsistencias y errores.
El Presidente interrumpió varias veces la lectura para responder a gritos, lo que desordenó la exposición y derivó en afirmaciones poco claras, datos discutibles y comparaciones económicas simplificadas, como al cuestionar los precios del acero o de productos industriales sin contextualización productiva .
Lejos de consolidar una narrativa coherente, el mensaje terminó exhibiendo un tono errático que alternó entre la agresión política y la improvisación técnica.
Una apertura que degradó la institucionalidad
La apertura de sesiones ordinarias es, por definición, el momento en que el Poder Ejecutivo rinde cuentas y presenta su agenda ante el Parlamento . Sin embargo, lo ocurrido este 1° de marzo distó de ese espíritu.
Entre insultos, descalificaciones, anticipos judiciales y definiciones estructurales sobre el abandono del desarrollo industrial, Milei convirtió un acto republicano en un show de confrontación.
El saldo político fue tan claro como preocupante: una inauguración del año legislativo dominada por el grito, la agresión y la desmesura presidencial.
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