53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal…
Hoy miércoles 24 se da inicio a las muestras de los talleres que se dictan en la Escuela Municipal de Arte. Las mismas comenzarán con el Taller de Batería a cargo de Rubén Fuentes. Será a las 20 horas en el Galpón de las Artes. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina…
Mientras Javier Milei mantiene altos niveles de apoyo en Córdoba y conserva en Santa Fe uno de los núcleos electorales más sólidos de La Libertad Avanza, los indicadores económicos empiezan a mostrar una paradoja: las dos provincias que más respaldaron el cambio libertario aparecen entre las más golpeadas por la destrucción de empresas y la caída industrial.
Un informe con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que en marzo desaparecieron 14.044 empresas empleadoras en comparación con el mismo mes del año pasado. El número de firmas activas cayó a 481.635 y acumuló así veinticinco meses consecutivos de retroceso interanual.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se analiza el período completo de gestión libertaria. Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, según el estudio, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país, una contracción del 5,2%.
La provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida en términos absolutos con 4.311 firmas menos, pero el dato que genera preocupación en el interior productivo es el de Córdoba. La provincia gobernada por Martín Llaryora perdió 2.187 empresas en apenas un año, convirtiéndose en el segundo distrito más afectado del país.
Aunque Buenos Aires lideró la destrucción de empresas en términos absolutos, Córdoba aparece entre las provincias más afectadas entre los grandes distritos productivos, con una caída proporcional que habría sido significativamente mayor a la bonaerense. Ocurre que Buenos Aires tendría aproximadamente entre 170.000 y 190.000 empresas. Una pérdida de 4.311 equivaldría a alrededor de -2,5%. Córdoba tendría aproximadamente entre 40.000 y 50.000 empresas. Una pérdida de 2.187 equivaldría a alrededor de -5,5%.
La situación expone una de las principales debilidades del esquema económico de Milei: la recuperación se concentra en sectores financieros y vinculados a la energía, mientras que buena parte del entramado industrial y pyme continúa mostrando señales de deterioro.
Córdoba y Santa Fe, las dos provincias que más respaldaron el cambio libertario, aparecen entre las más golpeadas por la destrucción de empresas y la caída industrial
El problema se vuelve más evidente al observar el desempeño de la industria metalúrgica, uno de los motores históricos de Córdoba y Santa Fe.
Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad metalúrgica cordobesa cayó 4,1% interanual en mayo y profundizó una tendencia descendente que ya se extiende durante buena parte del año.
La explicación está en dos sectores clave para la economía provincial: autopartes y maquinaria agrícola. Las autopartes retrocedieron 2,9%, mientras que la maquinaria agrícola registró una caída de 8,6%, la primera baja del año para una actividad que venía funcionando como uno de los pocos refugios frente a la crisis.
Los números reflejan además una fuerte contracción en las cadenas de valor asociadas al agro, donde las empresas vinculadas al sector registraron un desplome del 9,5%.
El panorama no es mucho mejor en Santa Fe, otro de los bastiones libertarios. Allí la actividad metalúrgica cayó 5,1% interanual, ubicándose apenas por detrás de Buenos Aires, que registró la peor performance con un retroceso de 5,9%.
La fotografía resulta especialmente sensible para el Gobierno nacional porque Córdoba y Santa Fe fueron dos de las provincias que aportaron las diferencias más amplias a favor de Milei en el balotaje y continúan siendo territorios donde La Libertad Avanza conserva competitividad electoral.
En ese marco, la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica cayó al 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años. El dato revela que más de la mitad de la capacidad productiva permanece ociosa y explica por qué el empleo comenzó a resentirse.
ADIMRA informó una caída interanual del 2,2% en la dotación de personal del sector, mientras que la comparación mensual también mostró números negativos.
El presidente de la entidad, Elio Del Re, admitió que la recuperación enfrenta obstáculos significativos y reconoció que la demanda sigue siendo insuficiente en buena parte de los segmentos industriales.
La preocupación empresarial se refleja también en las expectativas. Siete de cada diez compañías metalúrgicas consideran que no habrá mejoras en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.
En ese contexto, Córdoba aparece como uno de los casos más emblemáticos del impacto del ajuste libertario. La provincia que aportó algunos de los márgenes electorales más contundentes para Milei se transformó al mismo tiempo en uno de los territorios donde más empresas desaparecen y donde la actividad industrial muestra mayores dificultades para encontrar un piso.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a la confirmación de casos positivos de Covid-19 y de manera preventiva las oficinas ubicadas en Uspallata Sur 169 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
Escala la conflictividad laboral en la cadena de supermercados Toledo, que cuenta con más de 40 sucursales en Mar del Plata y su región de influencia. Al momento, la empresa canceló el 70% de sus más de 1.400 trabajadores y preocupa el pago del aguinaldo.
La situación generó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por parte del gremio de Comercio, que se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar la posibilidad de medidas de fuerza de no cancelarse la totalidad de los salarios durante la semana.
En el gremio expresaron preocupación por el escenario financiero de la empresa de cara a los próximos meses.
«El argumento de la empresa es el contexto nacional de la caída del consumo, pero el gran problema es que los trabajadores están en una situación complicada porque el salario actual ya es insuficiente para afrontar el costo de vida», dijo el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Esteban Fraysse.
Con base en Mar del Plata, Toledo es una cadena tradicional en la región, con sucursales en Miramar, Pinamar, Necochea, Mar Chiquita y Tres Arroyos.
«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.
Se trata de la segunda crisis de Toledo en la última década. Hacia finales del macrismo, fue el propio fundador de la cadena, Antonio Toledo, el que se había quejado: «La situación no da para más», dijo, aunque sus expresiones trascendieron al afirmar que, de todas formas, volvería a votar a Macri.
Ahora con Milei, la crisis del consumo vuelve a golpear de lleno a la estabilidad financiera de la cadena. «Los trabajadores son quienes sostienen la empresa y, en un momento de tanta crisis, que no te paguen durante varios días genera una situación muy complicada para muchas familias», agregó Fraysse.
Por esta situación, la cartera laboral bonaerense convocó a una audiencia para el próximo miércoles a las 11 con el fin de que la empresa presente un cronograma de regularización en el pago de haberes.
«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.
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