53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
ESCRIBE PARA #LATAPA JUAN ZUNINO Luis Scola y Facundo Campazzo, son fuera de serie. Por talento, carácter, amor a la camiseta y sentido de equipo, son dos jugadores de primerísimo nivel, no creo que en el mundial haya siquiera uno más que agrupe sus cualidades como lo hacen ellos. Sin embargo, creo que deberíamos cuidarlos…
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El diputado Manuel Passaglia le mete presión al PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense con un proyecto que supone compactar las motos con caño de escape adulterado.
La oposición -donde libertarios y amarillos son mayoría- tiene la llave para llevar el proyecto al recinto y aprobarlo, aún con la negativa de todos los sectores del peronismo y las dos bancas de la Izquierda.
«Así como se unieron para repartirse los cargos de directores millonarios en el BAPRO esperamos que ahora sigan trabajando juntos, pero en esta oportunidad para beneficio de los bonaerenses», escribió el diputado en las redes.
El proyecto nació primero como una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de San Nicolás y autorizaba al intendente Santiago Passaglia a compactar las motos con escape libre, una práctica ilegal -sobre todo en adolescentes- que supone un fuerte malestar en los vecinos.
El tema genera controversia en particular en las ciudades del interior. El problema era que la normativa vigente no alcanzaba. El municipio le secuestraba la moto, pero los dueños pagaban una multa y a los pocos días volvían con los ruidos.
No espero que el peronismo nos acompañe porque ellos viven en Puerto Madero y ahí no hay ruidos molestos. Pero sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o que presenten una solución superadora.
Secuestrar las motos tampoco era sencillo. A través de grupos de WhatsApp, los adolescentes avisaban donde estaban los controles y los evitaban.
Por eso, los Passaglia pensaron en una encerrona. En los días previos a la aprobación de la ordenanza el gobierno municipal retiró todos los controles y dejó a los pibes la ciudad liberada. Luego -ya con la ordenanza aprobada- dispusieron un vallado sorpresa en la plaza principal y quedaron atrapados 130 adolescentes con motos con escape libre.
Muchos intendentes pidieron copia de la ordenanza para bajarla a sus municipios. En el interior varios jefes municipales ven con buenos ojos un proyecto de mano dura contra los ruidos molestos.
«Acá no es un problema de ideologías. Es una solución de convivencia a un problema real que existe en el interior», dijo el diputado Manuel Passaglia y agregó que no espera nada del peronismo porque los legisladores «viven en Puerto Madero». «Sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o una solución superadora».
Los Passaglia vienen dejando el PRO y a los Libertarios en una posición incómoda. El intendente y el diputado de San Nicolás fueron los primeros en bajarse del acuerdo electoral que los amarillos cerraron con los libertarios. Y lanzaron un armado provincial que hizo una buena elección en el norte de la provincia. Esos votos fueron clave en la derrota de la alianza entre el PRO y los libertarios durante la elección de septiembre pasado.
La Sra. gobernadora Lic. Arabela Carreras ingresó al recinto poquito antes de las 9am para abrir el °49 períodos de sesiones legislativas de Rio Negro convirtiéndose de este modo en la primera mujer en hacerlo en la historia de nuestra provincia. Un hecho que políticamente marca un hito y se recordará por siempre. El discurso…
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de ‘Tardes Dulces’ en la Oficina ubicada en Florencio Sánchez 817. El sábado se contará con la presencia de María Rodríguez Pastelería y el domingo con ‘Batiendo sabores’. En ambos casos, la actividad se desarrolla entre las 14 y 18 horas. Por…
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