53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
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Hoy parece imposible imaginar un kiosco sin una botella de Coca-Cola. Sin embargo, hubo un período en el que la bebida más famosa del mundo prácticamente dejó de producirse en el país. Detrás de aquella historia hubo una combinación de guerra mundial, restricciones al comercio internacional, industrialización y cambios en el modelo económico argentino.
Por Redacción de NLI
Pocas marcas poseen un nivel de reconocimiento comparable al de Coca-Cola. Desde hace más de un siglo logró instalarse en casi todos los rincones del planeta y convertirse en uno de los mayores símbolos del consumo global. Precisamente por esa omnipresencia resulta difícil imaginar que hubo un momento en el que conseguir una botella en la Argentina se volvió una tarea casi imposible. No fue consecuencia de un boicot ni de una decisión comercial de la empresa. La explicación se encuentra en uno de los períodos más complejos del siglo XX, cuando la Segunda Guerra Mundial alteró las cadenas internacionales de abastecimiento y obligó a muchos países, entre ellos la Argentina, a replantear su relación con las importaciones y con el desarrollo industrial.
La guerra que cambió hasta el contenido de una botella
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el comercio marítimo internacional sufrió una transformación sin precedentes. Los convoyes eran atacados, los barcos mercantes escaseaban y numerosos productos dejaron de circular con normalidad entre continentes. Aunque la Argentina permaneció neutral durante la mayor parte del conflicto, la economía local sintió rápidamente las consecuencias de un mercado mundial completamente alterado.
Uno de los problemas afectó directamente a la producción de bebidas gaseosas. Muchos de los insumos utilizados por la industria alimenticia provenían del exterior y comenzaron a llegar con enormes demoras o directamente dejaron de ingresar. Entre ellos se encontraba el concentrado utilizado para elaborar Coca-Cola, cuya producción dependía de una compleja red logística internacional controlada desde los Estados Unidos.
Las dificultades para importar ese componente redujeron drásticamente la capacidad de producción local. En distintas regiones del país la bebida desapareció durante largos períodos y fue reemplazada por marcas nacionales que comenzaron a ganar espacio aprovechando la escasez. Empresas argentinas incrementaron su presencia en el mercado ofreciendo alternativas elaboradas íntegramente con insumos locales, un fenómeno que coincidía con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que empezaba a consolidarse en el país.
La oportunidad que encontraron las industrias nacionales
La ausencia parcial de productos extranjeros no afectó únicamente a las gaseosas. También abrió oportunidades para cientos de pequeñas y medianas empresas que comenzaron a fabricar bienes que hasta entonces llegaban desde Europa o Estados Unidos. Electrodomésticos, textiles, medicamentos, alimentos procesados y una enorme variedad de artículos empezaron a producirse en territorio argentino para cubrir una demanda que ya no podía satisfacerse mediante importaciones.
En ese contexto, el mercado de las bebidas vivió una transformación notable. Numerosas marcas regionales crecieron gracias a esa coyuntura y algunas lograron consolidarse durante las décadas siguientes. La competencia obligó incluso a las multinacionales a revisar sus estrategias una vez finalizada la guerra, incrementando la producción local para reducir la dependencia de las importaciones.
El episodio demuestra hasta qué punto un conflicto internacional puede modificar aspectos aparentemente menores de la vida cotidiana. La falta de una simple botella en un almacén reflejaba, en realidad, profundas alteraciones del comercio mundial y del funcionamiento de toda la economía.
Mucho más que una gaseosa
Con el fin de la guerra y la normalización progresiva del comercio internacional, Coca-Cola recuperó rápidamente su presencia en la Argentina. La expansión del consumo masivo durante la segunda mitad del siglo XX terminó convirtiéndola en una de las marcas más difundidas del país. Sin embargo, aquel episodio quedó como una muestra de que incluso las compañías más poderosas pueden verse condicionadas por los grandes procesos históricos.
La historia también invita a una reflexión más amplia. Durante décadas, la Argentina debatió qué grado de dependencia debía tener respecto de las importaciones y qué sectores estratégicos convenía desarrollar localmente. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial mostró que las crisis internacionales podían interrumpir el abastecimiento de productos considerados cotidianos y reforzó la idea de construir una industria capaz de responder a esas contingencias.
Hoy, cuando la globalización vuelve a mostrar signos de tensión por conflictos geopolíticos, guerras comerciales y problemas logísticos, aquella historia adquiere una actualidad inesperada. La desaparición temporal de una gaseosa puede parecer una anécdota menor, pero detrás de ella se esconden preguntas mucho más profundas sobre la producción, la soberanía económica y la capacidad de un país para sostener su abastecimiento cuando el mundo deja de funcionar con normalidad.
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