53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación privada Nº 04/2021 para la adquisición de 4.000 kilos de leña (frutal seca trozada). El presupuesto oficial es de $ 2.800.000 y la apertura de las ofertas se realizará el 16 de abril a las 11 horas. Las mismas se recibirán hasta la fecha y…
Hasta el 19 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para formar parte de la delegación que representará a Río Negro en el Festival Cosquín 2022. Los seleccionados se anunciarán el 6 de diciembre a través de los medios de comunicación oficiales y redes sociales de la Secretaría de Estado de Cultura. La delegación de Río…
El próximo sábado 28 las actividades en el marco del ‘Mes de la Niñez’ se desarrollarán en los siguientes barrios: *Pulmón Ecológico, CGT y Tierra del Fuego: concentración en Pulmón Ecológico *Gardín y Progreso: concentración en Gardín *25 de Mayo *Don Rodolfo Habrá juegos, sorpresas y refrigerio en los diferentes sectores entre las 15 y…
La decisión del Gobierno de suspender las PASO no responde sólo a la idea de quitarle al peronismo un instrumento para unificarse. Forma parte del plan para sostener la estabilidad financiera. En la Casa Rosada creen que si Milei sale segundo en votos las primarias atrás del peronismo, el plan económico podría enfrentar una crisis de confianza, como le ocurrió a Macri en 2019 y eso pondría en riesgo un triunfo en primera vuelta.
«En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir», confirmó a LPO un diputado de diálogo fluido con la Casa Rosada.
El fantasma que recorre la Casa Rosada tiene fecha precisa: el 11 de agosto de 2019. La fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto perdió las PASO por más de 15 puntos frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La derrota agravó la crisis de confianza. El dólar saltó cerca de 25% en una rueda, los bonos y las acciones se desplomaron y el riesgo país se disparó. Con el paso de los meses, el Gobierno debió reperfilar la deuda y reinstalar el cepo cambiario.
Las encuestas que circulan entre funcionarios alimentan esos temores. Una medición de Casa Tres de Mora Jozami, que trabaja para el PRO, muestra que Axel Kicillof y Cristina Kirchner ya igualan la imagen positiva de Javier Milei, cuya imagen negativa llega al 54% y supera a la del gobernador bonaerense. Ese mismo trabajo ubica a Kicillof como el principal referente opositor. Cuando se pregunta quién representa mejor la oposición al Gobierno, el gobernador bonaerense reúne 36 puntos contra 23 de Cristina Kirchner.
En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir.
La última encuesta Latam Pulse Argentina, elaborada por Atlas Intel y Bloomberg, a la que accedió LPO, dibuja un escenario todavía más incómodo para el oficialismo. El 62% considera que la situación económica es mala y el 49% cree que empeorará durante los próximos seis meses. En paralelo, el 53,8% califica la gestión de Milei como mala o muy mala, frente a un 33,5% que la considera buena o muy buena. Esa es precisamente la intención de voto que le adjudican a Milei en el Congreso.
«Con 33% de intención de voto, Milei puede perder las primarias ante un peronismo que históricamente ronda el 35%, por eso en la Casa Rosada están desesperados por sacar cuanto antes la eliminación o suspensión de las PASO», agregó el diputado consultado.
La tarea quedó en manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que debe negociar la reforma electoral con los gobernadores aliados y sobre todo, los diputados del PRO que conduce su amigo Cristian Ritondo. Los 12 diputados del PRO tienen la llave para habilitar la eliminación de las PASO. Ritondo confirmó a LPO que «por ahora no tuvimos un diálogo profundo sobre este tema, más allá del proyecto que mandó».
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Un trabajo de la Universidad de San Andrés, confirma los números que preocupan a la Casa Rosada. En esa encuesta Milei tiene una aprobación del 33%, un punto por debajo de Kicillof, el candidato peronista que mejor mide.
La novedad es que el ballotage que en el 2023 jugó a favor de Milei, ahora le juega en contra, en consonancia con el rechazo del plan económico que ronda el 60%.
Esto fue confirmado por un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.
El temor del gobierno a una corrida si no logra imponerse con claridad en las PASO, no es descabellado. Las dudas sobre la reelección de Milei fueron el centro del análisis difundido por JP Morgan y resumido por El Economista con un título elocuente: el banco sometió a un «stress test» al programa financiero y advirtió que podrían faltar dólares si la elección resulta competitiva.
Un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.
El ministro Caputo intentó disipar esas dudas al presentar su «programa financiero» de este año y el próximo, donde intenta mostrar que tendrá los dólares para pagar los vencimientos de deuda. En su informe, el JP Morgan consideró que el escenario base presentado por Caputo es consistente sólo si Milei mantiene una ventaja electoral sólida durante todo el proceso electoral, que incluye las primarias de agosto.
Bajo esa hipótesis, JP Morgan estima que el Tesoro podría obtener unos 5.000 millones de dólares mediante la colocación de Bonares, sumar 4.200 millones de organismos multilaterales, recaudar 1.500 millones por privatizaciones y 2.000 millones a través de préstamos bilaterales.
Pero el informe advierte que si la elección se vuelve competitiva, el Gobierno apenas podría colocar la mitad de esos bonos, recaudaría menos por privatizaciones y obtendría menos financiamiento externo. El esfuerzo pasaría de unos 4.900 millones de dólares a alrededor de 10.700 millones, prácticamente el equivalente al superávit primario proyectado para 2027.
Además, el banco recuerda que ese ejercicio ni siquiera incorpora eventuales pasivos contingentes, como el juicio por los cupones atados al PBI, ni los pagos de hasta 5.300 millones de dólares que el Banco Central deberá afrontar por los Bopreal durante ese año. La conclusión del informe es que, aunque 2026 ofrece margen para transitar con cierta comodidad, todavía será necesario fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de financiamiento para atravesar un año electoral sin sobresaltos.
El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
El próximo sábado se realizará la presentación del libro ‘Godofredo Viajero’ de la escritora reginense Julieta Langa, quien actualmente reside en Alemania. La cita es en la Oficina de Informes Turísticos de 15,30 a 16,30 horas para la prensa, docentes de nivel inicial, primario, del Instituto de Formación Docente, estudiantes o lectores aficionados. Se realizará…
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