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El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

De la protesta social al control de conductas

Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

Bases de datos, vigilancia y centralización

Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

El orden como narrativa de gobierno

Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

 

 

La crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y el desgaste político empiezan a reflejarse con fuerza en las encuestas. Un nuevo relevamiento mostró que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras crece el malestar social y se profundiza el rechazo a la situación económica del país.

Por Roque Pérez para NLI

Los números confirman una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde comienzos de año: el Gobierno pierde apoyo incluso entre sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023. Según distintos sondeos publicados en las últimas semanas, la desaprobación presidencial ya oscila entre el 55% y el 65%, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída del consumo y salarios pulverizados.

La encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reveló además que una parte importante de la población asegura que “ya no soporta” la situación económica actual. El dato expone un fenómeno que empieza a perforar el relato oficial sobre la supuesta recuperación: el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana y cada vez más familias llegan con dificultad a fin de mes.

El deterioro no aparece solamente en la evaluación económica. También se observa una fuerte caída en la valoración personal de Milei. La consultora CEOP Latam detectó que la imagen positiva presidencial cayó hasta apenas superar el 34%, muy lejos de los niveles que había alcanzado luego de las legislativas de 2025. Incluso, cuatro de cada diez votantes que lo apoyaron en el balotaje afirman que hoy no volverían a elegirlo.

Otro estudio, elaborado por Zuban Córdoba, mostró que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria, el peor registro en varios meses. El informe vincula directamente la caída del Gobierno con los escándalos políticos, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la crisis social.

En paralelo, otras consultoras vienen detectando un patrón similar: caída de expectativas, descreimiento respecto del rumbo económico y creciente agotamiento frente al ajuste permanente. La combinación entre tarifazos, salarios deprimidos y recesión empieza a erosionar incluso al núcleo duro libertario.

La situación también impacta en el plano regional. Un informe de CB Global Data ubicó a Milei entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen del momento, tras registrar una fuerte baja en su valoración positiva.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el discurso del “sacrificio necesario”, aunque los números muestran otra realidad: cada vez más argentinos consideran que el costo del modelo económico es demasiado alto y empiezan a expresar ese rechazo en las encuestas. La pregunta que empieza a recorrer la política argentina es si el Gobierno todavía tiene margen para sostener el ajuste sin que el deterioro social termine convirtiéndose en una crisis política más profunda.