53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
El domingo último se ha difundido públicamente una imagen que convocaba a una movilización como protesta para el día 20 de junio, un día tan emblemático para la Argentina. Ésta imagen carecía de sello y tampoco manifestaba por qué quienes convocaban decían «Basta», con clara intención de desinformar, manipular y confundir a la ciudadanía en…
Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro. Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996),…
El personal de un Hospital vive programado en una sucesión de vigilancia y control de los cuerpos. Tensión redoblada que oscila entre la acusación y el castigo. Detectives del cuerpo, soldados sin descansar en la trinchera de la guardia, inspectores de tránsito que chequean los horarios de tráfico del personal, personal de inteligencia para problemas…
Vecinos de Manuel Adorni en Caballito aseguran que el jefe de Gabinete utiliza un auto oficial para que su personal doméstico haga las compras del supermercado.
La llegada de la familia Adorni al departamento de Miró al 500 revolucionó al barrio. Como contó LPO, la zona, una de las más tranquilas de la Ciudad, se llenó de policías en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad buscan resguardar al jefe de Gabinete de las clases públicas que organizan docentes para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento universitario.
Mucho antes de que la noticia del departamento del ex vocero llegara a los medios, la presencia del funcionario había llamado la atención de sus vecinos.
«Siempre están el auto que usa Adorni y el auto de su custodia. También hay otro que usan las empleadas para hacer las compras», le dijo a LPO un vecino del barrio.
La normativa argentina establece que los vehículos son para uso exclusivo para las actividades oficiales de los funcionarios. De hecho, tras asumir como jefe de Gabinete en diciembre de 2025, Adorni revocó todos los permisos para utilizar vehículos de la flota oficial, una medida que fue publicitada por el propio ex vocero.
Sin embargo, de los 78 automóviles que posee la flota de la jefatura de Gabinete, Adorni tenía dos a su disposición.
La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.
La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.
Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”
Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.
En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.
Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.
Duras críticas a Arroyo Salgado
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.
Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.
Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.
El origen del caso: un escrache político
El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.
El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.
Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.
De “terrorismo” a falta de mérito
La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.
Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.
El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.
Un mensaje político-judicial
Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.
En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.
La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DOCTRINALES Y LAS IMPLICACIONES DE PODER EN LA RESTRICCIÓN DE QUE UNA MUJER LLEGUE AL TRONO DEL VATICANO? Algunas de las religiones más influyentes del mundo, como el judaísmo, el islam y el catolicismo, podrían tener muchas diferencias en su manera de interpretar los textos sagrados y de cómo concebir al…
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