53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
Les presentamos la ZONA B de los Premios Digitales Deportivos ETAPAS 2023. El formato de esta tercera edición comprende dos zonas con 10 deportistas, que una vez finalizada la votación se re ordenarán todos por cantidad de votos recibidos y los 8 más votados pasarán a la instancia FINAL, que tendrá el mismo formato de votación. Handball, tenis,…
A dos semanas del Día del Niño, los mayoristas de juguetes deberían tener los depósitos trabajando al máximo para abastecer a los comercios. Sin embargo, la demanda todavía no se activó y en el sector anticipan una caída histórica de las ventas en medio de una retracción del comercio a niveles históricos.
«Para esta época tendríamos que tener el stock al taco, pero no se vende un juguete», contó a LPO un importante mayorista de Rosario, que además tiene un local en uno de los principales centros comerciales de la ciudad.
La parálisis expone la crisis por la caída del consumo y los comerciantes notan que comenzaron a aparecer problemas para cubrir cheques y cancelar deudas, lo que amenaza con romper la cadena de pagos justo antes de la fecha más importante del año para el rubro.
Las ventas de juguetes acumulan una caída cercana al 20% en la era Milei. Sin embargo, el derrumbe de este año encendió todas las alarmas porque, a pocos días del Día del Niño, los minoristas todavía no comenzaron a reforzar sus existencias
«Ahora estamos ante una disyuntiva: ¿qué hago con los clientes que me deben varias facturas, le vendo más mercadería para el Día del Niño», se preguntó el empresario.
«Es que, si no le vendo, no va a tener qué ofrecer para hacer caja y si le vendo, corro el riesgo de clavarme», agregó. La decisión se vuelve todavía más difícil porque se trata de comerciantes conocidos, con años de relación y cuyo negocio constituye, en muchos casos, el principal ingreso familiar.
«Estamos hablando de gente buena que algunos para sostener el comercio ya tuvo que vender un auto o una camioneta. Así nos vamos descapitalizando todos», explicó el juguetero, quien aseguró que durante los últimos años se «comió» el equivalente a un depósito entero para pagar salarios, afrontar gastos fijos y mantener abierto el negocio.
Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial desde donde advierten que el impacto de la crisis es más profunda que la revelada por CAME
Según las estimaciones del sector, las ventas de juguetes acumulan una caída cercana al 20% en la era Milei. Sin embargo, el derrumbe de este año encendió todas las alarmas porque, a pocos días del Día del Niño, los minoristas todavía no comenzaron a reforzar sus existencias: «esto puede ser peor que el año pasado que ya fue muy malo», dijo el comerciante.
La crisis de los jugueteros tampoco puede explicarse por un problema de competitividad frente a las importaciones, el argumento al que suele apelar los libertarios para justificar la caída de distintas industrias.
Gran parte de los juguetes se importan desde China desde hace años y lo que se fabrica en el país son juguetes grandes, de plástico inyectado, que por su volumen se hace muy caro traerlos del gigante asiático. Es un rubro que ya encontró su orden competitivo.
Por lo tanto, la principal dificultad es la falta de dinero en la calle, con salarios y jubilaciones deteriorados y una clase media que perdió capacidad de consumo y está totalmente endeudada, analizó el comerciante.
Es que no es una fecha más para el sector. De hecho, la celebración del Día del Niño se tuvo que modificar en dos oportunidades. Originalmente era el primer domingo de agosto, pero fue trasladada al segundo porque buena parte de los trabajadores todavía no había cobrado el suldo. Luego volvió a modificarse porque en los años electorales coincidía con las primarias y quedó fijada para el tercer domingo del mes.
Este año será el 16 de agosto, una fecha que todavía genera una mínima expectativa entre los comerciantes: «Quidzás quede algo de plata para comprar alguna chuchería», admitió el mayorista que calcula una caída del 20% de las ventas en los últimos años.
La alarma de los jugueteros coincide con el deterioro general del comercio rosarino. Un relevamiento de la Universidad Nacional de Rosario y el Colegio de Corredores Inmobiliarios mostró que la proporción de locales vacíos alcanzó el 12,5% en junio, el nivel más alto desde 2023.
En apenas seis meses, la vacancia en la peatonal Córdoba, el principal corredor comercial de la ciudad, saltó del 9,2% al 17,2%, mientras que en calle San Luis, uno de los centros comerciales que había logrado sobrevivir a la pandemia sin una destrucción masiva de negocios, los locales vacíos se duplicaron y pasaron del 5,1% al 10,2%, publicó el diario La Capital.
A dos semanas de una fecha que históricamente garantizaba movimiento y permitía recomponer las cajas, los comerciantes temen que se termine de quebrar la cadena de pago y el efecto arrastre termine de profundizar la crisis.
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La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
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