53 personas se capacitan en diferentes oficios a través de los cursos que brinda el Instituto Crecer. Esto es posible a partir del convenio que en marzo pasado firmó el Intendente Marcelo Orazi con la institución que contempla el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos que brinda la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Área Mujer y Diversidad, coordinó la elaboración de los listados de las personas beneficiadas.
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La guerra no afloja y el precio del petróleo tampoco. Ese combo se traduce en algo muy concreto: llenar el tanque en Argentina es cada vez más caro y tensiona las anclas del programa económico: la baja de la inflación y el superávit fiscal.
Lejos de resolverse el conflicto bélico en Medio Oriente, nada indica que la cotización internacional del crudo vaya a volver a los niveles previos. El Brent saltó de menos de 70 dólares por barril a superar los 100 y el régimen de Irán advirtió que podría alcanzar los 200 dólares.
El factor decisivo de esta suba es el bloqueo que mantiene Irán en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella clave para el comercio energético global. En condiciones corrientes circulan por Ormuz unos 150 buques petroleros diarios. Hoy apenas pasan unos 10, seleccionados por Teherán entre sus aliados.
Esa tensión internacional se traduce directo en los surtidores de todo el mundo, incluida la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, este domingo el litro de nafta superó los 2000 pesos. El impacto no es menor: llenar un tanque de 50 litros pasó de costar 80.450 pesos mas de 100.000 pesos.
Lo concreto es que la nafta se volvió un componente clave del índice de precios. Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC, según estimaciones de la consultora Empiria.
Cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación mensual. En marzo, los ajustes vinculados al petróleo podrían agregar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC.
Pero además, el efecto no es solo el directo: el combustible empuja los costos de transporte y logística, y desde ahí se filtra al resto de los precios. En los últimos doce meses, la nafta acumuló un aumento del 63,6%, casi el doble de la inflación general. En lo que va de 2026, ya subió 22%.
El dato curioso aparece en la comparación regional. Según Global Petrol Prices, el litro de nafta en Argentina promedia los 1,43 dólares. Solo Uruguay a 1,89 dólares y Perú 1,61 dólares tienen valores más altos en Latinoamérica, pero no son países con producción petrolera importante como la Argentina. Paraguay, en cambio, con menor escala y sin producción, tiene la nafta más barata, en torno a 0,90 dólares.
La diferencia abre preguntas sobre la estructura local de costos. Ahí entran los impuestos. El exsecretario de Energía, Emilio Apud, explicó a LPO que «el barril explica el 40% del precio, el resto son impuestos y transporte». Daniel Dreizzen, exfuncionario del macrismo, poinó que un valor de 1,4 dólares por litro es «razonable» y recordó que en Estados Unidos la gasolina subió un 30%, frente al 20% local.
Lo concreto es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) representa el 15,8% del precio final, mientras que el tributo al CO suma otro 0,9%. Ambos se actualizan trimestralmente por inflación. El ICL, además, se distribuye en múltiples destinos: 10,4% al Tesoro, 15% al FONAVI, 10,40% a provincias, 28,7% al sistema previsional, 4,3% a infraestructura hídrica, 28,5% al transporte y 2,5% a compensaciones del transporte público.
Pero la administración de Milei se lo traga casi completo y no lo gira a las provincias ni hace las obras de mantenimiento vial que debería hacer por ley. Por eso lo defiende, ayuda al relato del superávit a costa de las provincias y la infraestructura vial del país.
En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto los combustibles, cuya actualización está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, ese tributo fue de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero.
En ese esquema aparece una tensión política y fiscal. En el mercado circula la versión de un posible congelamiento del impuesto, cuya actualización automática está prevista para abril. Pero hay un problema: con la recaudación general en caída, el impuesto a los combustibles fue uno de los pocos que creció fuerte, casi 19% en febrero. Fue clave para sostener el superávit fiscal. Congelarlo implicaría resignar ingresos en un momento delicado.
El resto del mundo también reacciona. Estados Unidos levantó sanciones al petróleo ruso y suspendió por 30 días la ley Jones, permitiendo que buques extranjeros abastezcan refinerías en la Costa Este.
Brasil optó por otro camino. Con una producción de 3,2 millones de barriles diarios, redujo impuestos a los combustibles, aplicó derechos de exportación al diésel y restringió ventas externas de otros derivados. Buscó desacoplar precios internos del shock internacional.
Argentina, en cambio, camina por una cornisa más angosta. Necesita precios que no desborden la inflación, pero también impuestos que sostengan las cuentas fiscales.
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La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.
Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal.
Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético.
Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones.
Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado.
Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo.
Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores.
Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado.
En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda.
Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%.
Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU.
Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.
La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios.
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