El gobierno porteño avanza con la eliminación de la barrera de Álvarez Thomas, una de las más tediosas de la Ciudad.
La barrera está ubicada en el cruce con las vías del FFCC Mitre-Suárez que suele causar enormes congestiones de tránsito en una de las salidas más utilizadas de la Capital.
El paso bajo nivel tendrá 255 metros de longitud entre las calles Monroe y Pedro de Rivera, en Villa Urquiza. Contará con dos carriles con mano única hacia la General Paz.
La salida del túnel será pasando la calle Cullen y allí Álvarez Thomas volverá a ensancharse en cuatro carriles: dos irán hacia Galván y los otros dos continuarán en la dirección de Álvarez Thomas.
Para los peatones y personas con movilidad reducida, habrá pasarelas peatonales bajo nivel de cada lado de la calzada. Tendrán escaleras y rampas para el acceso de personas con movilidad reducida.
La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa y será ejecutada por AUSA. Prevé que las calles de convivencia estén ubicadas en los laterales del paso bajo nivel. Habrá una puesta en valor que consistirá en renovar las veredas, el mobiliario urbano y realizar trabajos de forestación.
También está contemplada una readecuación del sistema hidráulico y se instalará una estación de bombeo con grupo electrógeno, en caso de que haya cortes de energía.
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La UCR podría partirse otra vez en diciembre y quedarse con el bloque más chiquito de la historia del radicalismo, por lo menos, desde el retorno de la democracia. Mientras Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés miran con ansias sus propias chances de suceder a Martín Lousteau en la presidencia del partido, los 12 diputados radicales que permanecerán en la Cámara Baja no encuentran razones para unirse, pese a los esfuerzos que desde el entorno de varios legisladores presumen que hacen.
Cerca de un gobernador radical le dijeron a LPO que «todo se va resolver antes del 3 de diciembre». Sin embargo, los cornejistas no soportan a Lousteau y los legisladores que respondían al esquema de Provincias Unidas trabajaron para arrastrar diputados al armado de Guillermo Seita hasta el fracaso electoral del 26 de octubre pasado.
En ese contexto, las heridas siguen abiertas y el mendocino Cornejo se ilusiona con la posibilidad de encumbrar a Pamela Verasay como jefa de bloque, algo que podrían respaldar Lisandro Nieri, Karina Banfi y Osvaldo Cipolini. Los cuatro ya integran la bancada que lideró hasta ahora el cordobés Rodrigo De Loredo, cuyo mandato vence el mes próximo.
El problema de esa jugada es la resistencia de los radicales más distantes con el gobierno de Javier Milei. A Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano, titular del bloque de Facundo Manes, les resultaría inaceptable.
Al mismo tiempo, el actual senador y Coletta pertenecen a Evolución, el espacio que lidera Emiliano Yacobitti, pero Juliano alimenta su propia proyección. Un legislador que lo conoce bien desliza que podría conformar su monobloque, una forma de evitar la subordinación a un radicalismo complaciente con la Casa Rosada y el riesgo de diluirse en un espacio junto a Lousteau.
Por su lado, el correntino Diógenes González, ministro de Desarrollo del gabinete de Valdés, trajinó con entusiasmo para sumar al entrerriano Darío Schneider, funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio, al diseño de Provincias Unidas, donde también se esperaba que recalaran los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, pero en las distintas vertientes partidarias alertan que esa apuesta se habría desdibujado.
Manes y Rizzotti.
El rompecabezas radical emerge complicado y, además, habría que observar cómo se encuadra Guillermo Agüero, subsecretario del Ministerio de Economía de Chaco e integrante de la lista que acordó Leandro Zdero con Karina Milei y Lule Menem.
Una fuente al tanto de las negociaciones aseguró a LPO que «los 12 radicales que quedan están haciendo ingentes esfuerzos por estar juntos pero no puede conducir Pamela o un violáceo porque se van los radicales reales». «Si no hay unidad, se parten en dos y el correntino se va con los dos jujeños, Juliano y los dos porteños», acotó.
Los 12 radicales que quedan están haciendo ingentes esfuerzos por estar juntos pero no puede conducir Verasay o un violáceo porque se van los radicales reales. Si no hay unidad, se parten en dos y el correntino se va con los dos jujeños, Juliano y los dos porteños.
La estimación es que el bloque radical de la unidad inalcanzable no podría ser presidido ni por los cornejistas ni por Juliano o Lousteau, tampoco por alguno de los diputados más identificado con la defensa de las leyes de Javier Milei. Esa impugnación cruzada dejaría con chances solamente a la jujeña Zigarán y al correntino González, por provenir de gobiernos provinciales que no compartieron alianza electoral con los libertarios.
Un dirigente radical admitía ante LPO el riesgo de disolución que acecha a la UCR, que solo tuvo un bloque más pequeño que el que podría quedarle en diciembre durante el período de la década infame que fue desde el golpe militar de José Uriburu hasta 1935, mientras los yrigoyenistas permanecieron proscriptos. «En esta elección, la UCR no fue en ninguna alianza electoral y, si lo hiciera de nuevo en 2027, se podría quedar sin personería», alertó.
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El titular del Indec, Marco Lavagna, tuvo que salir a dar explicaciones sobre la corrección del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. Lo hizo luego de que economistas y opositores detectaron que se recalcularon seis meses del indicador.
LPO reveló que el Indec sorprendió al difundir los datos de actividad económica de septiembre porque los números fueron mucho mejores a los que anticipaban las consultoras privadas. Además logró evitar que la economía caiga en recesión técnica con la corrección al alza de los datos de los dos meses previos (julio pasó de -0,1% a 0,1% y agosto de 0,3% a 0,7%).
En el bloque de diputados nacionales del peronismo destacaron que el Indec en realidad cambió seis meses del EMAE y mejoró sustancialmente los números globales para el gobierno, pese al contraste con la realidad.
Los datos de actividad económica que difundió el Indec el mes pasado
Las fuentes de la bancada peronista mostraron que el Indec también mejoró los números de junio (de -0,6% a -0,4%), abril (de 1,2% a 1,1%), febrero (de 0,7% a 0,8%) y enero (de -0,1% a 0,1).
En la oposición comparaban en tono burlesco la modificación de los números del EMAE con los tan comentados fallos arbitrales de la AFA del Chiqui Tapia. Como adelantó LPO, en el peronismo ya están trabajando en un índice de inflación alternativo ante las sospechas que genera el del Indec.
Ante tanto revuelo por los números de la actividad económica, Marco Lavagna tuvo que salir a dar explicaciones y publicó un documento en donde sostiene que las series del EMAE «se construyen con información parcial, provisoria e incluso con algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral».
«Los cambios observados en la serie desestacionalizada y en la serie de tendencia-ciclo no responden a las pequeñas correcciones de la serie original sino, fundamentalmente, a la incorporación del valor de septiembre. Esto es especialmente relevante porque septiembre completa un trimestre y, al hacerlo, introduce una revisión mayor al conciliar los datos del EMAE con la proyección del PIB desestacionalizado para el tercer trimestre del año», dice el texto.
El Indec sostuvo que «el método de desestacionalización utilizado históricamente aplica filtros móviles que recalculan la estacionalidad y la tendencia-ciclo cada vez que se incorpora un nuevo dato, lo cual provoca inestabilidad en los últimos meses de la serie». «La inclusión de un nuevo dato no solo implica estimar su valor desestacionalizado, sino también recalibrar los meses previos», explicó.
Según el Indec, la mejora de septiembre se dio principalmente por la crecimiento en el sector Intermediación Financiera. «La combinación del efecto composición junto a la reestimación propia del método de desestacionalización y el impacto adicional de septiembre al cerrar el trimestre y ajustar contra el PIB desestacionalizado, explica que la tendencia reciente del EMAE, que antes se veía negativa, ahora se observe como positiva», concluye.
Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por cuestiones de salud, hubo una modificación en la grilla de los artistas que se presentarán en el ciclo ‘Domingos de plaza’. De esta manera se suma a ‘De la misma sangre’ junto a Ángeles Fuentes, Mi mamá no me deja y Trocitos…
