Llegó el último día de festejos, nada más y nada menos que el día del cumple de la ciudad. Regina comenzó a celebrar sus 97 años por la mañana con un emotivo acto protocolar en el que se rindió homenaje a los primeros pobladores y, luego, por la tarde con el desfile aniversario, que marcó el reencuentro, la posibilidad de disfrutar después de tanto tiempo y de agasajar a quienes día a día con su trabajo aportan al desarrollo de la ‘Perla del Valle’.
Y la última noche en el anfiteatro ‘Cono Randazzo’ fue el gran broche de la Fiesta. El escenario vibró al ritmo de los artistas que desplegaron su profesionalismo y calidad artística: Marea, Luz de Luna y Zule Vega, quienes dejaron preparado al público para el cierre de la noche.
El show de Karina la Princesita fue disfrutado de principio a fin no sólo por los reginenses, sino también por fans que llegaron desde distintos puntos de la región.
Así se bajó el telón de los festejos pero, sin dudas, el calor, la intensidad y las emociones vividas en estos días quedarán en el recuerdo de todos los reginenses.
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Ignacio Fidanza contó en GPS, el programa de Rolando Graña en América, que en el gobierno ya ven a Manuel Adorni afuera y que la causa por enriquecimiento ilícito seguirá avanzando en la Justicia.
El director de LPO reveló que el juez Ariel Lijo le dijo al fiscal Gerardo Pollicita que le va a dar la indagatoria a Adorni. De este modo se descarta que el viaje a París de Lijo con Juan Bautista Mahiques le sirva al gobierno para frenar la causa contra el jefe de gabinete.
«Mahiques eh representa algo más que ser un empleado de Karina Milei, tiene su propia agenda y articula una serie de intereses que van más allá de Karina y que van a seguir, que son los nombramientos de jueces», dijo el director de LPO. «El gobierno pasa pero los jueces quedan», remató.
«Hay una idea en el establishment de que Milei pierde y que hay que asegurar la continuidad del proyecto y que no vuelva el peronismo», dijo Fidanza.
En ese marco recordó la conversación, revelada por LPO, entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. «Construyamos cada uno por su lado (que es lo que estamos viendo, donde se ven sintonías muy evidentes, sobre todo por ejemplo en el caso Adorni) y después el año que viene definimos quién está mejor para el balotaje», dijo Fidanza.
Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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