¡vivimos-un-aniversario-a-pleno!

¡Vivimos un aniversario a pleno!

Llegó el último día de festejos, nada más y nada menos que el día del cumple de la ciudad. Regina comenzó a celebrar sus 97 años por la mañana con un emotivo acto protocolar en el que se rindió homenaje a los primeros pobladores y, luego, por la tarde con el desfile aniversario, que marcó el reencuentro, la posibilidad de disfrutar después de tanto tiempo y de agasajar a quienes día a día con su trabajo aportan al desarrollo de la ‘Perla del Valle’.

Y la última noche en el anfiteatro ‘Cono Randazzo’ fue el gran broche de la Fiesta. El escenario vibró al ritmo de los artistas que desplegaron su profesionalismo y calidad artística: Marea, Luz de Luna y Zule Vega, quienes dejaron preparado al público para el cierre de la noche.

El show de Karina la Princesita fue disfrutado de principio a fin no sólo por los reginenses, sino también por fans que llegaron desde distintos puntos de la región.

Así se bajó el telón de los festejos pero, sin dudas, el calor, la intensidad y las emociones vividas en estos días quedarán en el recuerdo de todos los reginenses.

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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    Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

    El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.

    «La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».

    Mario Ishii.

    Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.

    El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.

    Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».

    Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P

    — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 20, 2026

    En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.

    La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.

    Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.

     

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