Llegó el último día de festejos, nada más y nada menos que el día del cumple de la ciudad. Regina comenzó a celebrar sus 97 años por la mañana con un emotivo acto protocolar en el que se rindió homenaje a los primeros pobladores y, luego, por la tarde con el desfile aniversario, que marcó el reencuentro, la posibilidad de disfrutar después de tanto tiempo y de agasajar a quienes día a día con su trabajo aportan al desarrollo de la ‘Perla del Valle’.
Y la última noche en el anfiteatro ‘Cono Randazzo’ fue el gran broche de la Fiesta. El escenario vibró al ritmo de los artistas que desplegaron su profesionalismo y calidad artística: Marea, Luz de Luna y Zule Vega, quienes dejaron preparado al público para el cierre de la noche.
El show de Karina la Princesita fue disfrutado de principio a fin no sólo por los reginenses, sino también por fans que llegaron desde distintos puntos de la región.
Así se bajó el telón de los festejos pero, sin dudas, el calor, la intensidad y las emociones vividas en estos días quedarán en el recuerdo de todos los reginenses.
En el gobierno santafesino aseguran que el rechazo al fideicomiso vial «es una manifestación política de La Libertad Avanza» y recuerdan que dirigentes de la entidad fueron candidatos libertarios con malos resultados electorales.
El gobierno de Maximiliano Pullaro cruzó con dureza el comunicado de la Sociedad Rural de Rosario contra el fideicomiso que la provincia negocia con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio para financiar el mantenimiento de las rutas a los puertos.
Como contó LPO, la idea que impulsa la Casa Gris es crear un fondo específico financiado con un cargo por tonelada transportada para sostener la infraestructura vial en la región portuaria, luego de inversiones por más de USD 400 millones en accesos, autopistas y rutas provinciales.
La respuesta oficial llegó luego de que la Sociedad Rural de Rosario denunciara que el fideicomiso representa «nuevas retenciones encubiertas» y rechaza el cobro de una tasa de 1,5 dólares por tonelada.
«Para el gobierno esta es una manifestación política de La Libertad Avanza», dijeron a LPO cerca de Pullaro. En la Casa Gris sostienen que la posición de la entidad «no representa a Carsfe -Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe-» y recuerdan que varios dirigentes de la entidad rosarina fueron candidatos libertarios en la elección constituyente.
Para el gobierno de Pullaro esta es una manifestación política de La Libertad Avanza
En el comunicado, la entidad sostiene que el impuesto del 30% a los combustibles líquidos alcanza para financiar la infraestructura vial, sin embargo, esa caja la recauda el gobierno de Javier Milei que no reparte un peso a las provincias ni tampoco presta los servicios de mantenimiento de los caminos que están detonados y en muchos lugares casi intransitables.
En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aparece como uno de los funcionarios más confrontativos con la Casa Rosada por la paralización de fondos para infraestructura.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe
Mientras sectores del PRO y de la UCR dentro de Unidos presionan para avanzar en un acuerdo político con La Libertad Avanza, Enrico viene reclamando públicamente que Nación transfiera los recursos que le corresponden a Santa Fe para rutas y obras públicas.
En la provincia remarcan que gran parte de la red vial que conecta a los puertos quedó bajo responsabilidad santafesina luego del retiro de Nación y advierten que el crecimiento del tránsito pesado aceleró el deterioro de corredores estratégicos para la exportación agroindustrial que necesitan de un esquema institucional para el mantenimiento.
Por eso, ahora Pullaro abre las negociaciones que comenzaron con intendentes portuarios y la Bolsa a los agroexportadores y entidades agrícolas para acordar la manera de sostener la inversión de los accesos a terminales cerealeras.
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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.
La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.
Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.
La guerra interna ya es inocultable
El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.
Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.
La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.
Un gobierno atravesado por las disputas de poder
Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.
La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.
La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.
Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.
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