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Visita de agentes de Fiscalización del Ministerio de Ambiente de Nación

Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.

En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.

Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.

Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.

“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.

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    Las consecuencias de esas políticas tienen un correlato directo en Casa de Gobierno. «No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada», fue la respuesta de un funcionario del gobierno a un intendente.

    Los intendentes escalan las demandas de los puntos más críticos del conurbano hacia el gobierno de Kicillof, pero la ayuda parece haber llegado al límite. Quizás por eso, el gobernador reunirá la semana próxima a intendentes oficialistas y opositores. Según trascendió, el objetivo es repasar el estado de situación de las finanzas.

    La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. El registro no solo supera la media nacional, sino que también implica un salto frente al trimestre previo donde el desempleo había sido del 8,1%.

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    La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. 

    Luis Caputo autorizó una parte de ese endeudamiento destinada a pagar compromisos en dólares contraídos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, el gobernador hizo un desembolso de poco más de USD420 millones. De los cuales 191,5 millones fueron capital y 233 millones intereses. Esos pagos fueron la quinta cuota de amortización de bonos en moneda extranjera.

    Luis Caputo.

    El gobierno libertario sabe que dejar a una provincia como Buenos Aires sin chances de refinanciar su deuda supone un problema de consecuencias impredecibles para el propio gobierno libertario. Con repercusiones -quizás- en el resto de la provincias.

    Mientras tanto, en La Plata apuestan a poder tomar deuda para invertir en Infraestructura. Es que sin ayuda del gobierno nacional, las obras en la provincia marchan a un ritmo demasiado lento para las aspiraciones presidenciales de Kicillof.

    En Nación son reacios a autorizar esos endeudamientos toda vez que no se trata de pagar vencimientos de deuda, sino de contraer nuevos compromisos para invertir en desarrollo.

    «No se le autorizó ni se le va a autorizar nueva deuda a Kicillof. Solo se va a autorizar sobre el rollover de su deuda», dijo a LPO una fuente de la Rosada.

    La suba de tasas y la inflación por la guerra amplifican las fragilidad del modelo de Caputo

    En los últimos días la posibilidad de endeudamiento sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.

    El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.

    Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.

    Por estos días, Caputo cajonea los pedidos del gobierno de Kicillof. El jueves el ministro dijo que el gobierno libertario descarta salir a buscar deuda. En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dijo que el gobierno tiene los recursos para pagar vencimientos de capital hasta julio de 2027 y que los recursos para eso serán la venta de activos, es decir empresas públicas.

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    — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 18, 2026

    Esas palabras de Caputo parecen cerrar la puerta a un permiso para que el gobierno de Kicillof pueda salir a emitir deuda. Si Caputo busca salidas «alternativas» difícilmente firme los pedidos para contraer deuda que enviaron desde La Plata. En tanto, se sabe que para Kicillof, desprenderse de activos del Estado bonaerense de ninguna manera supone una opción.

    Cómo sea, hubo en los últimos meses una ventana para tomar deuda por debajo de los 10 puntos de interés que algunas provincias aprovecharon. A fines de febrero, Entre Ríos salió a buscar unos 500 millones a siete años con una tasa cercana al 9,5% anual. Terminó consiguiendo 300 millones y pagó 9,875% de interés.

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  • Con dos fallos, la Justicia laboral de Córdoba le marca la cancha a la reforma de Milei

     

    La reforma laboral que empujó el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial adverso. Esta vez, desde Córdoba, donde dos fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema y dejaron al descubierto las tensiones entre el objetivo oficial de favorecer a las empresas y la protección constitucional del salario y las indemnizaciones.

    La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.

    La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.

    El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.

    «la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo. 

    Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.

    El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.

    Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.

    El juez entendió que esa diferencia viola el principio de igualdad ante la ley y refuerza una lógica regresiva: castiga a quienes llevan más tiempo litigando. Además, advirtió que el sistema basado en tasas de interés -y no en actualización por inflación- también licúa el crédito, afectando su naturaleza alimentaria.

    Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.

    El doble golpe desde Córdoba deja a la reforma laboral en una situación incómoda. No sólo cuestiona su constitucionalidad en aspectos sensibles, sino que también anticipa una catarata de litigios en todo el país. 

     

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