Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.
En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.
Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.
Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.
“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.
El Intendente, Marcelo Orazi, luego de acordar algunas cuestiones con la Ministra de Seguridad de Rio Negro, Betiana Minor, reunió a todos los funcionarios policiales de la localidad y la zona, con el objetivo de avanzar en medidas estrictas para trabajar de manera conjunta en la seguridad. Coincidieron en que el camino es trabajar en…
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El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
Patricia Bullrich quiso que la empresa de ciberespionaje Palantir ingrese al país a través de un contrato con el gobierno argentino pero chocó de frente con Karina Milei.
El plan de la exministra era que Diego Valenzuela asumiera al frente de la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para firmar un convenio elaborado por ella misma y su pareja, Guillermo Yanco, con Peter Thiel, el dueño de la firma que procesa macrodatos a nivel mundial. Sin embargo, fuentes del Congreso dijeron a LPO que «Bullrich armó un contrato extralarge» con el objetivo de «hacer caja con Palantir», algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem.
Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo. «Bullrich y Yanco solo pensaron en ellos y los bajaron», comentaron.
Pero la empresa de Thiel, manejada por Alex Karp y fondeada por la CIA, acecha la Argentina. Dedicada al análisis de macrodatos en Estados Unidos, también procesa la información del sistema de salud británico y trabaja en articulación con la inteligencia israelí.
Thiel se reunió con Javier Milei en noviembre de 2024 y elogió el rumbo del gobierno libertario. Ahora la oposición sospecha que la Casa Rosada le abriría sus puertas para reunir, sistematizar y aprovechar toda la información disponible sobre la ciudadanía en diversos organismos del Estado.
El fundamento para esa tremenda cesión de soberanía sería la de perseguir el terrorismo, uno de los objetivos contemplados en el decreto que empodera a la SIDE transgrediendo límites elementales de la Constitución nacional y que fue publicado el 2 de enero pasado.
En el artículo 15 de ese texto, se dispone la creación de la Comunidad Informativa Nacional (CIN), que concentra los datos guardados por las dependencias de la propia SIDE, la Cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, el Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones, el Centro Nacional de Ciberseguridad, la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CNEA, el Renar, la Aduana y ARCA, entre otros.
Alex Karp, CEO de Palantir
El decreto, denunciado por la oposición como violatorio de las garantías constitucionales, no fue tratado por la Comisión de Trámite Legislativo durante el período de sesiones extraordinarias, pero ya podría ser debatido en recinto. Por el momento, el peronismo cree que no tiene los votos suficientes para voltearlo.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón le adelantó a LPO que la oposición reclamará información sobre los acuerdos que firmaron Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para adherir al Escudo de las Américas promovido por Donald Trump el fin de semana pasado. Los legisladores creen que el gobierno argentino puede estar a punto de habilitar el ingreso de Palantir al país, con la afectación de derechos civiles que eso implica.
De hecho, el software de la compañía de Thiel compila datos personales al instante, extrayéndolos de los teléfonos celulares, el contenido de las redes sociales y la información disponible en las carteras estatales que le abren.
La exministra de Seguridad quería a Diego Valenzuela en la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para ‘hacer caja con Palantir’, algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem. Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo.
En Estados Unidos, el ICE se vale del flujo de datos que concentra Palantir para secuestrar y deportar inmigrantes. Además, Thiel tiene en su portfolio a la CIA, al Departamento de Seguridad Nacional, la NSA, el FBI, el cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea.
Palantir también sirvió en el Reino Unido para detener opositores por «delitos de opinión», a partir de comentarios en redes sociales contra las incursiones del Ejército israelí en Gaza. La alarma crece.
Baviera, Hesse y Renania del Norte, tres de los 16 estados federales de Alemania, recurrieron a Palantir pero un grupo de ONG defensoras de los derechos civiles presentaron un recurso de inconstitucionalidad. «La evaluación ilimitada de datos vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y el secreto de las telecomunicaciones garantizado por la Constitución alemana. Quien aparezca en el radar policial a través del llamado data mining, no será informado de ello. Según la legislación vigente, la policía bávara puede utilizar Palantir incluso si no existe una amenaza concreta», fue el argumento de las entidades que resisten a la corporación de Thiel.
La coalición gobernante en Alemania, por lo demás, comprende que «la política digital es política de poder». El portal DW señaló que el gobierno defiende «una Alemania digitalmente soberana», pero advirtió que «el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), parece mantener una puerta abierta, ya que hasta ahora no ha descartado explícitamente la compra del Palantir para la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ni para la Policía Federal».
Como sea, el eventual ingreso de la plataforma de Palantir a la Argentina trasciende las internas palaciegas del gobierno. Un diputado libertario admitió con suma preocupación: «Si viene Palantir, todo lo demás no importa porque cambia la forma de gobernarnos».
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