Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.
En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.
Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.
Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.
“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.
Mientras la junta electoral partidaria extendió a este martes el plazo para trasladar impugnaciones en los 32 distritos que aparecen con dos o más listas, se extrema la tensión interna en el PJ de Tigre, con acusaciones cruzadas entre las dos listas que se presentaron para competir por la conducción del partido a escala local.
En las últimas horas, desde la Lista 2 Celeste y Blanca «Lealtad Peronista» que lleva como candidato al massista Luis Samyn Ducó acusaron eventuales irregularidades en la presentación de avales por parte de la lista que apoya Julio Zamora y que lleva al frente al hermano del intendente, Mario Zamora.
«Existen denuncias de vecinos cuyos datos y firmas habrían sido utilizados sin autorización. Incluso un candidato de nuestro espacio aparecería -según se nos informó- dentro de sus avales, pese a no haber firmado», advirtieron en la lista que agrupa al massismo, La Cámpora, el axelismo y el Evita.
De confirmarse, en esa línea interna sostuvieron que «estaríamos frente a falsificaciones y uso indebido de datos personales».
En paralelo, dieron cuenta de testimonios de vecinos que aseguran haber sido «presionados o intimidados» para firmar avales. «Eso no es una discusión política: eso, de comprobarse, es un delito».
Esas acusaciones surgen en respuesta a un comunicado previo del zamorismo en el que se denunciaron «acciones de intromisión» por parte de «organizaciones políticas ajenas a nuestro partido» y definieron las versiones de posible impugnación de su lista como «operaciones de baja estofa a las que ya estamos acostumbrados».
En medio de la pelea que crece con el massismo por el control del distrito, la lista de Zamora habló de «patrullas de control ideológico» que «están hostigando a aquellos afiliados que avalaron nuestra lista».
» No pudieron juntar 50 personas para conformar una lista y pretenden conducir el Partido Justicialista de Tigre», acusaron desde la lista de Samyn Ducó al espacio de Zamora
Frente a eso, en el sector que agrupa al massismo, el kirchnerismo y el axelismo apuntaron: «Resulta llamativo que quienes abandonaron el Partido Justicialista ahora se presenten como sus guardianes. Se fueron del PJ, encadenaron la sede del partido, compitieron por afuera y obtuvieron apenas un resultado marginal. Hoy vuelven, no por convicción, sino por miedo a perder poder».
Tras acusan a la lista de Zamora de buscar «victimizarse», señalaron: «El día del cierre de listas presentaron una nómina incompleta, sin reunir siquiera el mínimo de integrantes requerido. No pudieron juntar 50 personas para conformar una lista y pretenden conducir el Partido Justicialista de Tigre».
Como contó LPO, en el peronismo no le perdonan a Zamora haber jugado por fuera de la estrategia electoral del PJ en las últimas legislativas.
El intendente de Tigre compitió con la alianza de centro Somos Buenos Aires, con la que sacó poco más de 4 puntos como candidato a senador por la Primera y con la que su lista quedó tercera en su distrito, 16,5 puntos abajo del candidato de Fuerza Patria, Sebastián Rovira, que Massa posiciona para competir por la comuna en 2027.
«Quienes rompieron la unidad del peronismo, quienes decidieron competir contra el propio movimiento y quienes fracasaron electoralmente, hoy intentan desviar la atención con acusaciones infundadas. La pregunta es simple: ¿de verdad creen que la culpa siempre es de otros?», señalaron en la lista de Samyn Ducó.
Y agregaron: «El peronismo de Tigre no necesita operaciones ni excusas. Necesita coherencia, respeto por los afiliados y reglas claras. Y eso empieza por hacerse cargo de los propios actos».
En ese contexto, la Junta Electoral del PJ extendió el plazo para la exhibición de avales hasta este lunes por la tarde y el plazo para trasladar impugnaciones hasta estee martes. La disputa por la legitimidad de los avales se vuelve central para conocer si habrá o no interna en el PJ de Tigre.
Axel Kicillof acusó al presidente Javier Milei de liderar un modelo “destructivo” que podría afectar industria, empleo y comercio y advirtió que podría convertir a Argentina en un esquema similar al peruano sin clase media y con menor capacidad productiva.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El conflicto político que preocupa al sector comercio
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió públicamente contra el presidente Javier Milei, al calificar su modelo económico como “destructivo” y pronosticar un retroceso estructural en la economía nacional. Estas declaraciones se inscriben en una disputa política más amplia que, a juicio de sectores del comercio y la industria, podría tener implicancias directas en la actividad productiva, el empleo y la capacidad competitiva de las pymes argentinas.
Kicillof sostuvo que la orientación del Gobierno nacional tiende a “volver al modelo agroexportador”, en detrimento de una economía diversificada donde el comercio y la producción industrial juegan un papel central. En ese sentido, advirtió que la clase media está en riesgo bajo el rumbo actual, comparando el escenario con la realidad peruana, donde existe una mayor precariedad social sin una base industrial fuerte.
Críticas al modelo económico y efectos en la industria nacional
Una de las principales preocupaciones explícitas por Kicillof es lo que denominó un “plan de exterminio de la industria nacional”. Según el mandatario provincial, el actual Gobierno no ha reaccionado ante cierres de empresas emblemáticas como FATE, situación que debería generar respuestas activas para sostener la producción y mantener el empleo dentro de cadenas de valor comerciales consolidadas.
Para el sector comercio, donde muchas pymes comprenden insumos y mercados interconectados con la industria, una política que favorezca un giro primario-exportador —sin protección a los eslabones productivos locales— puede traducirse en:
Menor demanda de bienes intermedios
Disminución de las compras locales de insumos
Reducción de consumo interno por pérdida de capacidad adquisitiva de empleados industriales
Estas tendencias agravarían la ya frágil dinámica comercial de muchas regiones fuera del AMBA, donde la producción y el consumo están estrechamente conectados.
Implicancias para empleo, comercio minorista y cadenas de valor
El diagnóstico político de Kicillof sugiere que la combinación de políticas económicas desreguladoras con apertura sin mecanismos de apoyo productivo puede profundizar desequilibrios:
Caída de empleo formal industrial, impactando directamente en el poder de compra de hogares y, por ende, en el comercio minorista.
Migración de capital y recursos hacia sectores financieros o extractivos, reduciendo inversiones en actividades de alto empleo intensivo.
Mayor desigualdad estructural, traducida en un consumo orientado a bienes esenciales de bajo valor agregado.
Este escenario, vinculado al cruce político entre dos modelos opuestos —uno que prioriza el rol del Estado y la protección industrial, y otro que apuesta por la apertura sin contrapesos— genera incertidumbre en comerciantes y fabricantes que dependen de estabilidad para planificar inversiones y contratos.
Perspectiva sectorial: comercio, industria y políticas públicas
Para analistas del sector comercio, el debate político va más allá de una disputa retórica: entra en la esfera de decisiones públicas que afectan la competitividad y la sustentabilidad de negocios. Un enfoque excesivo en la apertura sin políticas activas de integración productiva puede empujar a una economía más dependiente de importaciones de bajo costo, debilitando las cadenas de valor locales que sostienen a miles de comercios y pymes.
Las tensiones políticas recientes, donde Kicillof advierte sobre un rumbo que considera “a contramano del mundo”, reflejan un choque de visiones que tendrá consecuencias prácticas en variables clave como:
Tipo de cambio real y competitividad exportadora
Nivel de aranceles y barreras para proteger industria y comercio
Incentivos fiscales para pymes manufactureras y comercializadoras
Este debate será central en los próximos meses, en especial si se recrudece la disputa por recursos, inversiones y estrategias de desarrollo industrial.
TRABAJADORXS SIN TRABAJO, COOPERATIVA SIN PRODUCCIÓN, INTERVENCIÓN ¿PARA QUÉ? Los trabajadorxs de la icónica Cooperativa La Reginense, nuevamente como hace menos de un año atrás, se encuentran reclamando nada más y nada menos lo que les pertenece: Sus sueldos, sus aportes, el pago de la obra social; y la reactivación de la empresa para poder…
El presidente Javier Milei inauguró formalmente el período 144° de sesiones ordinarias en medio de un jolgorio desconectado de la creciente crisis industrial y la conflictividad por despidos. Lejos de la serenidad que podrían haberle prodigado los triunfos parlamentarios del verano, se despachó con una catarata de agresiones contra los peronistas.
En su mensaje a la asamblea legislativa, se jactó de sus recientes victorias. «Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en 100 años, terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el desacalabro fiscal», dijo en el arranque.
Pero enseguida sepultó el orgullo por las victorias bajo las ganas de atacar a sus rivales, el clima se caldeó y Milei escaló el intercambio. Los trató desde el estrado de ser una «manga de delincuentes». «Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum con Irán porque es una chorra», vociferó desaforadamente aludiendo a Cristina Kirchner.
Cada vez que un legislador opositor lo criticaba, sus seguidores o el propio presidente respondían. «Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las manos tapadas de bolsillos ajenos», llegó a decirles a sus adversarios para descalificarlos por «corruptos».
Milei aprovechó el discurso para reivindicar la reforma laboral. «¡Qué alergia le tienen a los datos, el desempleo bajó!», exclamó sin precisar la fuente en un contexto signado por la desconfianza en el Indec por el portazo de Marco Lavagna.
La encendida verborragia de Milei contagiaba al oficialismo en pleno. En un tramo, la emprendió contra el peronista Germán Martínez, que lo contradecía desde su banca: «Dejá de mirarte en el espejo, Martínez, los chorros son ustedes», espetó. Y automáticamente, legisladores y activistas se unieron al grito de «tobillera, tobillera», otra vez en referencia a Cristina.
Los militantes libertarios habían recibido a su líder entonando las estrofas de la canción «Panic Show», de la banda La Renga. Desde el bloque peronista, atinaron a vocear el nombre de José Luis Espert, el renunciado diputado por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, y todo el oficialismo rompió al unísono al compás del primer cantito. «¡Pre – si – den – te!», gritaban con fervor.
Sebastián Pareja.
Tanto los jueces de la Corte Suprema como los gobernadores presentes seguían la alocución de Milei con gesto adusto, acaso incómodos. El Presidente retomó este domingo la rabia adolescente que había empezado a moderar tras la derrota electoral en territorio bonaerense, en septiembre pasado.
Milei enumeró los logros que su gobierno inventarió, entre los que mencionó la baja de la inflacón y el protocolo antipiquetes. Ninguno de esos dos tópicos se corroboran con los datos de la realidad.
«Robar está mal pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables para acumular poder excede cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario», expresó en otro pasaje de su intervención, y enseguida apuntó el incremento en la AUH y otras asignaciones. Y volvió a cargar contra el peronismo al considerar que convertían a los beneficiarios de planes sociales en «esclavos».
Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las manos tapadas de bolsillos ajenos.
En otro pasaje del discurso, citó los indicadores del EMAE para demostrar que «hace dos años que la economía argentina crece», lo que no significa que mejore la situación del país. No obstante, arriesgó: «la malaria se terminó».
Esos presuntos datos a favor, por lo demás, se desdibujaban enseguida, como cuando apodó a Juan Grabois como «oligarca disfrazado de pordiosero» y le dijo «Chilindrina Troska» a Myriam Bregman.
Mientras el Presidente se gritaba casi hasta la disfonía, Victoria Villarruel se mantenía impertérrita.
Juan Marino.
De las bancadas opositoras, se encontraban presentes los diputados de izquierda y una delegación de peronistas, integrada por diputados como Eduardo Valdés, Gustavo Bordet, Agustina Propato, Jorge Taiana y el puntano Jorge «Gato» Fernández. Luego se sumaron Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva, Natalia Zaracho, Juan Grabois y Juan Marino, que llevó un cartel negro que enunciaba una ecuación: «Milei = despidos».
Los senadores del interbloque de José Mayans no asistieron, en protesta por haber sido vulnerados en la composición de las comisiones de la Cámara Alta. Los diputados identificados con La Cámpora, tampoco.
La crisis en la industria empieza a tornarse dramática y se cobró a uno de los jugadores locales más importantes: la histórica fábrica de neumáticos Fate anunció que cerrará de manera definitiva después de 80 años y dejará en la calle a 920 trabajadores.
La noticia sorprendió esta madrugada a los trabajadores que llegaron a la planta de San Fernando y se encontraron con un frío comunicado anunciando el cese de actividad por «los cambios en las condiciones de mercado».
«Tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo», sostiene la nota. «Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro de un plazo legal», agrega. La empresa buscó anticiparse a la reforma laboral y concretar los despidos con la actual ley que tiene un cálculo mayor de las indemnizaciones, en un intento por no agravar aún más el conflicto.
Los cambios mencionados por la empresa conducida por Javier Madanes Quintanilla tienen que ver con la apertura descontrolada de las importaciones y el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de Fate. «Es imposible competir con China», dicen en la empresa.
La decisión tiene que ver con la apertura descontrolada de las importaciones y el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de Fate. «Es imposible competir con China», dicen en la empresa
De acuerdo a los datos del mercado, actualmente entre el 85 y el 90 por ciento de los neumáticos en Argentina son importados. Fate estaba trabajando al 30 por ciento de su capacidad, en línea con el sector del caucho que según el Indec estaba al 33,4 por ciento en diciembre.
El caso de Fate también es una señal de alerta sobre los otros jugadores grandes del sector neumático: Pirelli y Bridgestone. La primera ya redujo considerablemente su planta de Merlo el año pasado con despidos y retiros voluntarios; mientras que la segunda aplicó una mayor tanda de despidos en 2024 cuando pidió el procedimiento preventivo de crisis.
Actualmente Fate tenía 920 trabajadores en su planta de San Fernando, un número que también revela la disminución que venía sufriendo la fábrica que llegó a tener alrededor de 1600 empleados. Los trabajadores afirma que a los 920 despedidos hay que sumar a los tercerizados de limpieza y comedores, que lleva el número final a más de mil.
La situación este miércoles por la mañana en Fate era de extrema tensión cuando los trabajadores quisieron ingresar a la planta, liderados por el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, que fue retenido unos minutos por la Policía. Un pequeño grupo accedió a la fábrica y mantenía una permanencia en los techos y denunciaba la «militarización» de la planta por parte de la Policía Bonaerense.
Alejandro Crespo
Fate mantuvo en 2022 un larguísimo conflicto salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna) liderado por Crespo y, más allá de que la tensión era habitual, actualmente no había ningún conflicto concreto con el gremio. La decisión del cierre es únicamente por cuestiones de mercado.
Una versión que circula por estas horas es que Madanes Quintanilla apostaría a una reconversión productiva y a un nuevo rubro en la mega planta de Virreyes que tiene un terreno de 40 hectáreas y 157 mil metros cuadrados cubiertos. La familia Madanes Quintanilla es también dueña de Aluar, el principal productor de aluminio de la Argentina.
El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.
Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.
Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.
Vivimos un momento particular.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.
Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.
Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.
La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.
El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.
Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.
La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.
En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.
El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.
El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.
Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.
El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.
Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.
