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Visita de agentes de Fiscalización del Ministerio de Ambiente de Nación

Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.

En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.

Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.

Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.

“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

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  • La economía digital ya es el tercer complejo exportador y apunta a generar USD 30.000 millones

     

    La economía argentina encontró un nuevo pozo de dólares. No sale de Vaca Muerta ni del campo. Sale de oficinas, computadoras y universidades. Mientras la industria tradicional sigue golpeada por la apertura y el mercado interno flaco, la economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.

    Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 8,1% interanual durante 2025 y ya representan el 53% de todos los servicios que Argentina vende al mundo. El dato surge del INDEC y fue celebrado tanto por el Gobierno como por las cámaras empresarias. El sector quedó detrás del complejo oleaginoso cerealero y del petroquímico.

    La cifra tiene además una carga simbólica. Durante años, Argentina discutió cómo generar dólares sin depender exclusivamente del agro o de los ciclos de precios internacionales de las commodities. La economía del conocimiento apareció como una especie de fábrica invisible: exporta software, servicios profesionales, biotecnología, inteligencia artificial, videojuegos, ingeniería y consultoría sin necesidad de barcos ni rutas colapsadas. El talento humano reemplaza al container.

    Se acelera el interés de Wall Street por las startups argentinas, que ya captaron USD 400 millones

    Según datos oficiales, el sector ya supera los 285 mil empleos formales y sumó 17 mil puestos respecto de 2023. También paga salarios por encima del promedio de la economía. Cerca del 80% de los trabajadores tiene estudios universitarios o formación técnica especializada.

    En Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, aseguran que el objetivo de mediano plazo es mucho más ambicioso: llevar las exportaciones hasta USD 30.000 millones anuales. En otras palabras, triplicar el volumen actual y convertir a la economía del conocimiento en uno de los grandes motores estructurales de ingreso de divisas.

    La economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.

    El fenómeno ya impacta en las proyecciones macroeconómicas. La consultora ABECEB que dirige Dante Sica estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones totales por USD 94.400 millones en 2026, con un crecimiento de 8,4% interanual y un superávit comercial cercano a USD 16.000 millones. En ese nuevo mapa exportador, los servicios basados en el conocimiento aparecen como uno de los sectores que más ganan peso relativo junto a energía y minería.

    «La economía del conocimiento se ubica entre los cinco principales complejos exportadores, con ventas externas que superan los US$ 10.000 millones anuales», destacó ABECEB en su último informe. Y agregó otro dato relevante: la actividad tiene «baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía».

    En privado, algunos empresarios del sector reconocen que el actual esquema económico tiene una contradicción difícil de resolver. Por un lado, celebran la estabilidad macro y la desaceleración inflacionaria. Por el otro, advierten que un dólar barato erosiona márgenes en una actividad donde gran parte de los costos está nominada en pesos pero la competencia es global. «Hoy exportar talento argentino es más caro que hace dos años», resumió un ejecutivo tecnológico que participa de la mesa de Argencon.

    El Gobierno apuesta a que la economía del conocimiento funcione como una usina permanente de dólares genuinos. El problema es que ese modelo también necesita universidades fuertes, formación técnica, infraestructura científica y salarios competitivos para retener talento. Ahí aparece la tensión de fondo. La Argentina quiere vender cerebros al mundo mientras discute recortes en ciencia, investigación y educación pública.

    Lo concreto es que los dólares no bajan solamente por la Hidrovía o por los caños de Vaca Muerta. También viajan por fibra óptica. Y detrás de cada exportación hay programadores, diseñadores, ingenieros o especialistas trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario para empresas del exterior. Una economía menos visible que el campo o el petróleo, pero que ya se convirtió en una de las principales columnas que sostienen el ingreso de divisas de la Argentina. 

     

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