Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.
En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.
Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.
Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.
“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
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El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo.
«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía.
Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando.
La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios.
Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen.
Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen.
Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta.
Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha.
Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados.
El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local.
El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos.
El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina.
Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas.
También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control.
Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.
«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo.
Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes».
Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía.
Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen.
En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector.
La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%.
El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO.
El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.
Controvertido punto de placer que hoy se sitúa en el cuerpo argentino. Realizamos un paralelismo entre el encuentro de los principales mandatarios del mundo (G20) y el punto G. Para ello, utilizamos una brújula imaginaria para identificar lo que pasamos a llamar: » los cuatro puntos gardinales «. El norte de lo Global, el oeste…
El próximo domingo 3 de octubre se corre la cuarta edición ‘Corrida Aniversario’ organizada por el Grupo Comahue, competencia a la cual acompaña la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Aún quedan cupos disponibles en las distintas categorías, para lo cual deberán completar el formulario de preinscripción en https://forms.gle/qwnLf4A35wAn7Fao7 Por otro lado,…
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