Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.
En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.
Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.
Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.
“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.
Diez días atrás la asociación de Slackers de Villa Regina decoró el Indio Comahue con sus cintas y maravilló, como suele hacerlo cuando se lo permiten, a todos los reginenses que disfrutaron de la zona de bardas en un finde caluroso que se prestó para pasear y hacer actividad al aire libre. Se armó un…
La economía puede mostrar una planilla prolija y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores haciendo equilibrio en la cornisa. Ese es el dato incómodo que aparece detrás del nuevo informe de la UCA: el desempleo no arde, pero el empleo se rompe por adentro. La macro luce ordenada en la vidriera. En la trastienda hay changas, monotributos flacos, motos prestadas y cuentas que no cierran.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un trabajo sobre la estructura laboral urbana entre 2010 y 2025. La conclusión es fuerte: el deterioro no aparece como una expulsión masiva al desempleo abierto, como en los años noventa, sino como una degradación silenciosa de las condiciones de trabajo. La UCA lo resume como una «desintegración laboral sin desempleo».
El dato central está en las trayectorias laborales. Entre 2011-2013 y 2023-2025, la proporción de desocupados que pasó al autoempleo informal subió del 24,1% al 29,5%. En cambio, la salida hacia empleos asalariados formales o públicos cayó del 24,1% al 19,6%. Dicho más simple: cada vez menos desocupados consiguen un empleo registrado y cada vez más terminan inventándose una ocupación de baja escala.
La misma dinámica golpea a quienes ya tenían un empleo formal. Según el informe, el pasaje de asalariados formales hacia el autoempleo informal subió del 4,8% al 6,2%. La caída ya no es sólo del desocupado que no encuentra puerta de entrada. También alcanza al trabajador registrado que pierde el escalón y cae en el rebusque.
Por eso la tasa de desempleo puede quedar relativamente contenida mientras el mercado laboral se deteriora. En el primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, casi sin cambios frente al mismo período del año anterior. Pero la informalidad subió al 44,2% y también creció la subocupación. El Estado cuenta a una persona como ocupada. El hogar mira si ese ingreso alcanza para llegar a fin de mes.
La composición del empleo confirma el corrimiento. El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
La precariedad también tiene números duros. En 2025 alcanzó al 45% del total de los ocupados. En el sector microinformal llegó al 66,5%. Entre los asalariados informales de microestablecimientos, trepó al 81,1%. En el empleo público fue del 15,9% y en el sector privado formal del 29,1%.
El ingreso muestra la parte más brutal del fenómeno. La UCA advierte que los trabajadores del sector microinformal cobran, en promedio, entre 30% y 40% menos que el resto. En 2025, los trabajadores privados formales regulados tenían una probabilidad 18 veces mayor de estar en el quintil más alto de ingresos que en el más bajo. En el microinformal, esa relación caía a 0,28.
Ahí aparece la otra cara del orden macroeconómico que el Gobierno vende como modernización. El informe marca dos motores en tensión. Por un lado, sectores de baja productividad que absorben mucha mano de obra. Por otro, actividades de alta rentabilidad, como recursos naturales, finanzas y servicios empresariales, que generan pocos puestos directos.
La apuesta libertaria combina ajuste fiscal, desregulación, incentivos exportadores y una mirada muy favorable a recursos naturales y finanzas. Ese camino puede ordenar algunas variables. Pero no arma, por sí mismo, un régimen de desarrollo. Sin crédito, proveedores, infraestructura, tecnología y coordinación estatal, los números cierran arriba y la factura se abre abajo.
El espejo peruano entra justo ahí. Perú logró durante años baja inflación, reservas altas y bajo endeudamiento. Pero en 2025 tuvo una informalidad laboral del 70,2%. Fueron 12,3 millones de trabajadores informales sobre una población ocupada de 17,6 millones. En las zonas rurales, la informalidad llegó al 94,8%. En las urbanas, al 64,5%. La desocupación, en cambio, fue de apenas 4,9%. La trampa queda a la vista: una macro eficiente puede convivir con una sociedad partida.
El ex ministro peruano Piero Ghezzi lo dijo en una entrevista con La Nación: «La política macro, que es transversal, no alcanza». También advirtió que en Perú «no hay suficientes sectores para incorporar a esos trabajadores». Esa frase explica el riesgo argentino.
Perú incluso mostró crecimiento del empleo en 2025. El INEI informó 17,57 millones de ocupados, un aumento de 1,5% frente a 2024. Pero la calidad del empleo siguió siendo el agujero negro. En empresas de hasta diez trabajadores, la informalidad fue del 88,6%. En las grandes, del 15,6%. En agricultura, pesca y minería, llegó al 91,1%. En servicios, al 57,6%. El orden macro no impidió que la mayoría trabajara sin red.
En Argentina, la palabra peruanización pega porque toca una fibra sensible. El país todavía conserva protecciones sociales y laborales más extendidas que Perú explicada por su complejo científico inudstrial. Pero el informe de la UCA advierte que esa arquitectura se erosiona. La norma protectoria sigue escrita. El problema es que una porción creciente del trabajo queda afuera de su alcance. .
Ramiro Robles, investigador del Observatorio de la Deuda Social, planteó que hacen falta políticas de coordinación salarial, fortalecimiento del salario mínimo y formalización. Pero con una aclaración clave: formalizar no es sólo registrar. También supone crear canales reales para incorporar a quienes hoy están fuera del sistema fiscal, previsional y laboral porque sus márgenes productivos son mínimos. Su diagnóstico fue poco amable para la épica oficial: «No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar».
Mientras los peones rurales y los hacheros de principios del siglo XX eran obligados a comprar en las proveedurías de las empresas que los empleaban mediante vales y fichas, miles de repartidores argentinos del siglo XXI terminan endeudados con las propias plataformas para las que trabajan. Separados por un siglo de historia, ambos modelos revelan una misma lógica: trabajadores cada vez más dependientes de empresas extranjeras que convierten el salario en un mecanismo de control.
Por Alcides Blanco para NLI
Cuando el salario dejó de ser libertad
Hay escenas de la historia argentina que parecen haber quedado definitivamente enterradas en los libros escolares. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922, y las huelgas de La Forestal, entre 1919 y 1922, suelen recordarse por la brutal represión que sufrieron los trabajadores. Sin embargo, detrás de aquella violencia existía un sistema económico cuya esencia resulta sorprendentemente familiar para la Argentina de 2026.
Los peones rurales patagónicos trabajaban jornadas que podían extenderse entre 10 y 16 horas, mientras que los hacheros que desmontaban los quebrachales para la compañía británica The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida simplemente como La Forestal, sobrevivían con salarios miserables y condiciones de vida extremadamente precarias. En ambos casos, la dependencia respecto del empleador iba mucho más allá del trabajo cotidiano.
En numerosos establecimientos, especialmente en La Forestal, una parte importante del salario no se entregaba en dinero sino mediante vales, bonos o fichas emitidos por la propia empresa. Aquellos papeles solamente podían utilizarse en las proveedurías de la compañía, donde los productos solían venderse a precios superiores a los del mercado o donde los vales eran reconocidos por un valor inferior al nominal. El trabajador cobraba de su patrón y, casi inmediatamente, ese mismo dinero regresaba al patrón.
Aquella práctica no solo reducía el poder adquisitivo de los obreros. También impedía que pudieran ahorrar, elegir dónde comprar o abandonar fácilmente el empleo. El salario dejaba de representar independencia para convertirse en un instrumento de subordinación.
La tecnología cambió, pero la lógica permanece
Un siglo después, la Argentina vuelve a exhibir un fenómeno que, aunque adopta formas digitales, reproduce mecanismos sorprendentemente similares.
Miles de repartidores que trabajan para plataformas de delivery comenzaron a recurrir masivamente a préstamos ofrecidos por las propias aplicaciones o por empresas financieras asociadas, en un contexto de caída del poder adquisitivo, precarización laboral y escasez de crédito tradicional.
Según un informe difundido en los últimos días, la deuda promedio ya ronda el millón de pesos, mientras que algunos créditos alcanzan costos financieros equivalentes a tasas cercanas al 700% anual, cifras que transforman el préstamo en una pesada carga para trabajadores cuyos ingresos dependen de jornadas cada vez más extensas.
El mecanismo presenta diferencias formales respecto del sistema de fichas de hace cien años, pero comparte un rasgo fundamental: el trabajador vuelve a quedar económicamente atado a la empresa para la que presta servicios.
Ya no recibe un vale de papel para comprar alimentos en la proveeduría. Ahora obtiene un préstamo digital cuyo cobro suele descontarse directamente de los ingresos que genera trabajando para esa misma plataforma. La dependencia deja de materializarse en una ficha de cartón y pasa a expresarse mediante algoritmos, aplicaciones móviles y débito automático.
En ambos casos, el empleador no solamente organiza el trabajo. También condiciona el modo en que el trabajador administra su economía personal.
Truck System
En la historia del trabajo existe incluso un nombre específico para este tipo de mecanismos: eltruck system. Así se conocía al sistema mediante el cual los empleadores pagaban total o parcialmente los salarios no con dinero, sino con vales, fichas, mercancías o créditos que únicamente podían utilizarse en comercios pertenecientes a la propia empresa o vinculados a ella. Muy extendido durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego replicado en distintos países, este esquema permitía a los patrones recuperar buena parte de los salarios abonados mediante la venta de productos con sobreprecios, generando un círculo de dependencia económica que impedía a los trabajadores disponer libremente del fruto de su trabajo.
La gravedad de este mecanismo fue tal que numerosos países comenzaron a prohibirlo desde fines del siglo XIX mediante las denominadas Truck Acts británicas y otras legislaciones similares, que establecieron como principio básico que el salario debía abonarse en dinero y quedar bajo el control exclusivo del trabajador. Más de un siglo después, las plataformas digitales no pagan en fichas ni obligan a comprar en una proveeduría, pero cuando el trabajador termina financiándose con créditos otorgados por la propia empresa o por entidades asociadas, cuyos descuentos se realizan directamente sobre sus futuros ingresos, vuelve a aparecer una lógica muy parecida: el empleador deja de limitarse a organizar el trabajo y pasa también a controlar, en buena medida, la economía personal de quien trabaja para él. La tecnología cambió, pero el principio que el truck system buscaba imponer —mantener cautivo al trabajador mediante la dependencia económica— encuentra hoy nuevas formas de manifestarse.
De los capitales británicos a las plataformas globales
Existe otro elemento que vuelve especialmente sugestivo el paralelismo histórico.
La Forestal era una empresa de capitales británicos que llegó a controlar millones de hectáreas, ferrocarriles, pueblos enteros, puertos y hasta fuerzas parapoliciales propias para defender sus intereses económicos. Su poder excedía ampliamente la producción de tanino: construía un verdadero Estado dentro del Estado argentino.
Las principales plataformas de reparto que hoy dominan el mercado argentino también responden a grandes corporaciones internacionales, cuyos centros de decisión se encuentran fuera del país y cuyos modelos de negocios son diseñados para maximizar rentabilidad a escala global.
Naturalmente, las diferencias históricas son enormes y nadie podría equiparar mecánicamente las condiciones de violencia física que caracterizaron a La Forestal o a la Patagonia Rebelde con la realidad contemporánea. Sin embargo, la comparación permite observar una continuidad inquietante: la subordinación económica de trabajadores argentinos frente a grandes empresas extranjeras que concentran el poder de fijar condiciones laborales, ingresos y mecanismos de dependencia financiera.
El escenario tecnológico cambió radicalmente. Donde antes había obrajes, hoy existen aplicaciones. Donde antes había fichas impresas, hoy aparecen créditos digitales. Donde antes un capataz vigilaba el rendimiento, hoy lo hace un algoritmo que asigna pedidos, califica desempeños y determina ingresos.
Pero la concentración del poder económico conserva una estructura reconocible.
Las luchas obreras de comienzos del siglo XX surgieron precisamente para cuestionar un modelo que transformaba al trabajador en un engranaje completamente dependiente de la empresa. Cien años después, el desafío parece regresar bajo nuevas formas, impulsado por la economía de plataformas, la financiarización del trabajo y la pérdida progresiva de derechos laborales conquistados durante décadas.
Quizá la mayor diferencia entre ambas épocas sea que la explotación ya no necesita alambrados ni fichas de cartón. Ahora cabe en el bolsillo, dentro de un teléfono celular, y puede administrarse mediante una aplicación que promete flexibilidad mientras convierte el salario futuro en garantía de una deuda cada vez más difícil de cancelar.
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