Esta mañana el Intendente Marcelo Orazi recibió a Fernando Gatti y Alejandro Mackielo pertenecientes a la Brigada de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, quienes arribaron a la ciudad para coordinar aspectos vinculados al funcionamiento de las maquinarias correspondientes al equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
También estuvieron la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, Judith Jiménez perteneciente a la Secretaría; el Secretario de Coordinación del Municipio Ariel Oliveros y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel.
En la oportunidad se abordó el tema de las capacitaciones para el manejo de la retroexcavadora y el autoelevador eléctrico al personal que operará los mismos. Además hubo un intercambio de cuestiones respecto a las políticas ambientales a desarrollar entre Nación, Provincia y Municipio.
Se prevé que en la segunda quincena de marzo el Municipio contará con la totalidad del equipamiento.
Los referentes del Ministerio junto a las funcionarias provinciales y municipales estuvieron en la Plaza de los Próceres donde se dispuso de uno de los puntos limpios recibidos y el camión que arribó hace unas semanas y luego visitaron el polideportivo Cumelen donde se encuentran la trituradora de vidrio, la guillotina de neumáticos, la chipeadora de ramas y un carrito recolector para los recicladores urbanos.
“En Nación están muy conformes con el trabajo que venimos realizando en conjunto, con el gobierno provincial y el municipal, lo cual ratifica las acciones que venimos desarrollando en el marco de la política ambiental de la gestión del Intendente Orazi”, indicó el Director de Ambiente Hugo Curzel.
Pablo Quirno decidió pisar el tratado de patentes de medicamentos y chocó de lleno con Federico Sturzenegger, que busca aprobarlo en el Congreso antes del 30 de abril.
Fuentes parlamentarias aseguraron a LPO que Cancillería «le volteó a Sturzenegger el tratado», y por eso se terminó suspendiendo el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, previsto para este martes a las 16:30. El canciller es uno de los hombres que integró la cartera de Hacienda hasta que fue echada Diana Mondino, quien lidió con los reclamos de los laboratorios extranjeros desde que asumió el gobierno libertario.
El propio Javier Milei acompañaba la postura de Mondino hasta que llegó a la Casa Rosada, después de una campaña electoral en la que sus principales financistas fueron Hugo Sigman, Daniel Sielecki y hasta la familia Kovalivker. En rigor, Argentina es el único país de América Latina, junto con Venezuela, fuera del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que contempla medicamentos y semillas.
Un sector del gobierno machaca con que Brasil está dentro de ese sistema desde 1978, Chile desde 2009 y Uruguay desde 2025. «El aislamiento no protege, margina», dijeron a LPO desde el entorno de Sturzenegger.
LPO informó en marzo que el ministro de Desregulación se imponía sobre el empresario Sigman y lograba derogar los decretos de 2012 que protegían los intereses de los principales jugadores de la industria farmacéutica local. El ministro desregulador se había impuesto una hoja de ruta que terminara con la sanción del proyecto el 22 de abril, ocho días antes que venza el plazo previsto en el acuerdo de la diplomacia argentina con Estados Unidos tras la imposición de aranceles a los productos argentinos.
Pero ese itinerario habría empezado a tambalear por el peso del pragmatismo. Un diputado opositor deslizó a LPO que Cancillería no compartía la sanción de una ley subsidiaria de una acuerdo que ya devino abstracto. «Cancillería no quería darle relevancia al acuerdo con Estados Unidos porque eso quedó en abstracto después de lo que pasó con la Corte Suprema y los aranceles. Ese acuerdo tomaba como base los aumentos del 10 por ciento para la Argentina y este era un capítulo de ese acuerdo, tomar un capítulo sobre ese acuerdo dejaba al país en un lugar de mucha fragilidad», dijo.
Sturzenegger en el Senado.
Por otro lado, la explicación del oficialismo acerca de la demora en la Cámara Baja fue que había 20 diputados de visita en Estados Unidos en un viaje organizado por la Red de Acción Política, más todavía que los cinco que reveló LPO la noche de la votación del cambio a la ley de Glaciares. Por eso, alegan, faltarían firmas para sacar despacho y llegar a recinto.
Entre la comitiva también se encuentra el ex diputado Alejandro Cacace, actual secretario en el ministerio de Sturzenegger. En Diputados, se preveía que el funcionario se presentara en las comisiones para explicar la postura del gobierno pero Cacace estuvo el fin de semana en Miami, donde brindó una conferencia de Masters Argentina, y este lunes participó del Simposio Harvard-MIT con RAP.
Es por lo menos curioso que se haya planificado el plenario de comisiones justo en la misma semana del viaje a Estados Unidos. Como si alguien no quisiera que el tratado avance o como si hiciera falta que los diputados sean persuadidos por los propios laboratorios estadounidenses.
La invitación de la asociación civil, según contestaron con fastidio varios de los invitados, se hizo con mucha antelación. Por eso es por lo menos curioso que se haya planificado el plenario de comisiones justo en la misma semana del viaje a Estados Unidos. Como si alguien no quisiera que el tratado avance o como si hiciera falta que los diputados sean persuadidos por los propios laboratorios estadounidenses.
En efecto, uno de los pasajeros de la excursión a Harvard y el MIT, costeada por empresas de la minería pero también por laboratorios norteamericanos interesados en el tratado, contó que «hay más de 20 legisladores y CEOS y dueños de laboratorios».
Entre los diputados que viajaron, están Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Belen Avico, Luis Picat, Mercedes Llano, Luis Petri y Santiago Santurio por LLA, Fernanda Ávila, Yamila Ruiz, Nanci Picón Martínez e Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo por los gobernadores Raúl Jalil, Rubén Passalacqua, Marcelo Orrego y Martín Llaryora, los radicales Diógenes González y Pamela Verasay, el pichettista Nicolás Massot. Además, volaron hasta allí el tucumano Mariano Campero por los radicales violetas y Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Martín Yeza por el PRO.
El contingente se completa con los senadores Victoria Huala por el PRO, la santacruceña Natalia Gadano, los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez, el correntino Camau Espínola y el libertario Bruno Olivera.
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La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.
LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
El enojo con el decreto comenzó por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».
Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo.
Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.
En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.
Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron.
Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos
Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.
Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos.
«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.
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