En Vila Regina se sigue haciendo hincapié en la concientización de la separación y clasificación de residuos, son más de 70 los puntos limpios de la ciudad. La semana pasada se despacharon 8 toneladas de residuos que se juntaron en un mes y medio.
El área de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Hugo Curzel despachó la semana pasada 3mil kilos de cartón y 5 mil kilos de plástico, estas cargas se realizan aproximadamente cada 45 días. A la espera de ser retirados también hay más de 30mil kilos de vidrio que se han juntado en alrededor de 4 meses.
Todo esto recogido en los puntos limpios de la ciudad, que ya ascienden a 70, más algunos residuos que también se levantan de la misma calle. La planta clasificadora todavía conlleva un duro laburo manual para la clasificación y separación de residuos.
Respecto a esto se espera en algunos meses contar con una mejor planta clasificadora, más funcional, lo que permitirá mejorar y acelerar los procesos. “Hoy en día el laburo lo hacemos manual, es complicado pero los chicos trabajan una barbaridad. Estamos viendo de armar una porque salen una fortuna, nos pasaron un presupuesto con compactadora y todo de 88mil dólares, estamos abocado a hacerla nosotros con todo el material descartable que hay en las chacras y los galpones, vamos a tratar de hacer lo más funcional posible”, aclaró Hugo Curzel.
Audio: Hugo Curzel Dir. Medio ambiente Villa Regina
También desde el área se está haciendo una prueba piloto de clasificación y separación de residuos en dos edificios reginenses “Estamos trabajando con el Santander y Las Mesetas haciendo separaciones en el domicilio y nosotros hacemos la recolección diferenciada” explicó el director del área que también había anticipado hace unas semanas que se iba a realizar en barrio Belgrano pero que por situación de pandemia se deberá esperar ya que no se pudo brindar antes de las restricciones las charlas informativas.
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El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
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Juan Bautista Mahiques intenta recomponer la relación con los senadores aliados del gobierno, después del papelón que se produjo cuando nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que aspira al juzgado federal N°3 de La Plata.
El ministro de Justicia se comprometió en los últimos días a enviar alrededor de 80 pliegos más, para aceitar el trámite legislativo de aquellos candidatos que ya tuvieron el visto bueno de la comisión de Acuerdos después de las audiencias públicas. Sin embargo, los senadores del radicalismo, los del PRO, los que responden directamente a gobernadores, como la salteña Flavia Royón o la tucumana Sandra Mendoza, y los sin techo como Carlos «Camau» Espínola exigen que, antes, Juan Carlos Pagotto, el riojano que preside la comisión, «deje de esconder» el dictamen de Michelli.
Un legislador enfurecido le dijo este domingo a LPO que «lo que hace Pagotto es totalmente ilegal». «El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea», se quejó.
Como informó LPO, el dictamen de Michelli desató una pelea feroz entre Mahiques y Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada, acusan a la ex ministra de Seguridad de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada cuando en el gobierno todavía deliberaban si convenía o no avanzar con su pliego.
El argumento parece endeble. Porque, sea como fuere, Karina Milei se dio cuenta tarde que el pliego de Michelli había sido remitido al Congreso, con la firma de su hermano, el presidente Javier Milei, por recomendación de Mahiques, su ministro de Justicia.
La incógnita sobre cómo proceden Mahiques y los Milei para enviar los pliegos al Senado se convierte en el misterio más importante para encontrar dónde anida la torpeza política o quién está perjudicando a quién dentro de un gobierno minado por internas.
Camau Espínola, Eduardo Vischi y Juliana di Tullio.
Como sea, los aliados esperan a sus respectivas reuniones de bloque y la comisión de labor parlamentaria, que se sucederán entre el martes y miércoles próximos, para evaluar qué postura tomarán en base a lo que propongan los libertarios. Un senador oficialista asumió ante LPO que «la situación era desprolija», mientras que un aliado del gobierno comentó que Bullrich «se despega de los desmanejos» como el del affaire Michelli.
Una versión inquietante comenzó a circular en la Cámara Alta durante los últimos días, entre los legisladores más memoriosos. Se especula que el veto de Karina al pliego de la hermana de Alconada Mon no sería solamente por las investigaciones periodísticas sobre los casos de corrupción en la Andis, LIBRA o Adorni, sino que también asocian a la jueza con una jugada de Mauricio Macri contra el juez Carlos Rozanski en 2016.
De igual modo, tampoco el malestar de los aliados se reduce al dictamen que firmaron por la positiva en medio de la desinteligencia entre Pagotto y Karina. La bronca de los senadores también radica en que, como anticipó LPO, el riojano convocó a una audiencia pública para que expongan siete candidatos a jueces el 9 de junio, sin atender a ninguno de los postulantes que pedían los gobernadores.
Lo que hace Pagotto es totalmente ilegal. El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea.
El día fijado por Pagotto solo se presentará un juez que aspira a quedarse con un cargo vacante en un juzgado federal de San Juan y los seis restantes son promovidos para el fuero laboral en Capital Federal. Aunque el senador riojano se había comprometido a convocar a una nueva jornada de audiencias públicas para los candidatos de las provincias para el día siguiente, ese anuncio todavía no se había formalizado hasta este domingo.
Uno de los más activos senadores en la comisión de Acuerdos se mostró confiado en que, pese a la mala praxis del gobierno, «los pliegos tienen que salir porque hay nombres de todos». Sin embargo, fuentes judiciales empiezan a observar que si arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin que hayan sido aprobados aunque sea una tanda de los pliegos dictaminados, la apuesta de Mahiques podría diluirse.
Hasta ahora, solo se aprobó el pliego de la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, el papá del ministro de Justicia.
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