En Vila Regina se sigue haciendo hincapié en la concientización de la separación y clasificación de residuos, son más de 70 los puntos limpios de la ciudad. La semana pasada se despacharon 8 toneladas de residuos que se juntaron en un mes y medio.
El área de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Hugo Curzel despachó la semana pasada 3mil kilos de cartón y 5 mil kilos de plástico, estas cargas se realizan aproximadamente cada 45 días. A la espera de ser retirados también hay más de 30mil kilos de vidrio que se han juntado en alrededor de 4 meses.
Todo esto recogido en los puntos limpios de la ciudad, que ya ascienden a 70, más algunos residuos que también se levantan de la misma calle. La planta clasificadora todavía conlleva un duro laburo manual para la clasificación y separación de residuos.
Respecto a esto se espera en algunos meses contar con una mejor planta clasificadora, más funcional, lo que permitirá mejorar y acelerar los procesos. “Hoy en día el laburo lo hacemos manual, es complicado pero los chicos trabajan una barbaridad. Estamos viendo de armar una porque salen una fortuna, nos pasaron un presupuesto con compactadora y todo de 88mil dólares, estamos abocado a hacerla nosotros con todo el material descartable que hay en las chacras y los galpones, vamos a tratar de hacer lo más funcional posible”, aclaró Hugo Curzel.
Audio: Hugo Curzel Dir. Medio ambiente Villa Regina
También desde el área se está haciendo una prueba piloto de clasificación y separación de residuos en dos edificios reginenses “Estamos trabajando con el Santander y Las Mesetas haciendo separaciones en el domicilio y nosotros hacemos la recolección diferenciada” explicó el director del área que también había anticipado hace unas semanas que se iba a realizar en barrio Belgrano pero que por situación de pandemia se deberá esperar ya que no se pudo brindar antes de las restricciones las charlas informativas.
Algunas cosas de este programa pueden parecer viejas, pero siempre es bueno ocuparse de la historia para ser más conciente. Una de las cosas que hay en este Relámpago es la canción “El neoliberalismo”, de Leo Maslíah, que tiene una letra que empieza asi: El neoliberalismo se postula a sí mismo/ como un método imperfecto…
La presión de Donald Trump para reducir la dependencia de China en minerales críticos choca en Argentina con una realidad difícil de modificar: las empresas chinas siguen ganando posiciones en la minería y aparecen detrás de algunos de los proyectos más importantes que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.
El fenómeno es particularmente fuerte en el litio. Si se suman los proyectos ya aprobados y aquellos que todavía esperan la luz verde del Gobierno, cerca del 70% de la capacidad productiva anunciada corresponde a desarrollos con participación directa de capital chino. No significa que China sea propietaria de ese porcentaje de la producción, pero muestra el peso que alcanzaron sus compañías en la expansión del sector.
«China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas», explicó a LPO un analista del sector minero.
La avanzada ya se observa dentro del RIGI. En junio, el Gobierno aprobó la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar y con participación de la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y la estatal jujeña JEMSE. La segunda etapa contempla una inversión estimada de entre US$1.166 millones y US$1.241 millones y permitirá llevar la capacidad hasta unas 85.000 toneladas anuales.
Un mes después fue aprobado Tres Quebradas, en Catamarca. El proyecto pertenece a Liex, controlada por Zijin Mining, que prevé desembolsar alrededor de US$709 millones para sumar una segunda etapa con capacidad para producir otras 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Zijin controla el 100% del emprendimiento.
Entre los dos proyectos, las compañías chinas ya tienen participación directa en desarrollos aprobados por el RIGI que proyectan una capacidad conjunta cercana a las 125.000 toneladas anuales. Pero el número podría crecer con fuerza si Economía habilita algunos de los expedientes que todavía están bajo análisis.
China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas.
La apuesta más importante es Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en Salta. Ganfeng desarrolla el proyecto junto con Lithium Argentina y proyecta una inversión de US$3.000 millones. El plan contempla alcanzar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, distribuidas en tres etapas. Una vez consolidada la sociedad, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33%.
«Si PPG finalmente entra al RIGI, el peso de Ganfeng en el mapa argentino cambia de escala. Es un proyecto que por sí solo puede alcanzar una capacidad superior a la de varias operaciones que actualmente están en producción», señaló la fuente consultada por LPO.
Ganfeng y Zijin tampoco están solas. CNGR Advanced Material presentó un proyecto para el Salar de Jama, en Jujuy, que contempla una inversión de US$1.151 millones y una capacidad de aproximadamente 22.000 toneladas anuales. A eso se suma Litio Ángeles, vinculado a Tibet Summit/Xizang Zhufeng, con una inversión estimada en US$726 millones para producir unas 50.000 toneladas.
La presencia china se extiende además fuera del litio. Uno de los casos más importantes es Veladero, la mina de oro y plata de San Juan controlada en partes iguales por Barrick y Shandong Gold. El Gobierno aprobó este año el ingreso al RIGI de la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación, lo que incorporó a otra de las grandes mineras chinas al régimen.
El avance se produce mientras Milei profundiza su alineamiento político con Trump. Estados Unidos convirtió el acceso a minerales críticos en un asunto de seguridad nacional y busca reducir especialmente la dependencia de los suministros procesados en China. En febrero, Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo sobre minerales críticos, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que eso no implicaba excluir inversiones provenientes del gigante asiático.
«Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen», explicó el operador consultado.
Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen.
Ese punto expone una de las contradicciones de la estrategia de Milei. Mientras el Gobierno construyó una relación política privilegiada con Washington, la economía argentina mantiene vínculos difíciles de reemplazar con Beijing. China continúa siendo uno de los principales compradores de productos argentinos, tiene una presencia creciente en la minería y además mantiene un rol relevante en las reservas internacionales del Banco Central a través del swap de monedas.
La dimensión económica ayuda a explicar esa convivencia. Las exportaciones mineras alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre, un salto del 74,4% frente al mismo período de 2025. En ese contexto, China compró el 20% de las ventas mineras argentinas, frente al 9% que tuvo como destino Estados Unidos.
El RIGI, mientras tanto, se convirtió en una pieza central de esa expansión. El régimen ya acumula 21 proyectos aprobados por una inversión total de US$46.708 millones y la minería es el sector con mayor presencia, con 12 iniciativas. Además, permanecen bajo estudio otros 23 proyectos por US$152.271 millones, siete de ellos mineros.
La paradoja es que mientras Trump intenta alejar a China de las cadenas occidentales de minerales críticos, el principal instrumento de Milei para atraer grandes inversiones puede terminar consolidando la posición de Beijing sobre algunos de los recursos más estratégicos de Argentina.
El presidente de Trenes Argentinos, Martín Martinucci, estimó que el servicio de la línea Sarmiento, interrumpido debido a un caso sospechoso de coronavirus en un guarda que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, será restablecido al mediodía. La interrupción del servicio se produjo en las primeras horas de la jornada de hoy a causa de…
Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado. El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona…
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. El escenario En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes:…
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