En Vila Regina se sigue haciendo hincapié en la concientización de la separación y clasificación de residuos, son más de 70 los puntos limpios de la ciudad. La semana pasada se despacharon 8 toneladas de residuos que se juntaron en un mes y medio.
El área de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Hugo Curzel despachó la semana pasada 3mil kilos de cartón y 5 mil kilos de plástico, estas cargas se realizan aproximadamente cada 45 días. A la espera de ser retirados también hay más de 30mil kilos de vidrio que se han juntado en alrededor de 4 meses.
Todo esto recogido en los puntos limpios de la ciudad, que ya ascienden a 70, más algunos residuos que también se levantan de la misma calle. La planta clasificadora todavía conlleva un duro laburo manual para la clasificación y separación de residuos.
Respecto a esto se espera en algunos meses contar con una mejor planta clasificadora, más funcional, lo que permitirá mejorar y acelerar los procesos. “Hoy en día el laburo lo hacemos manual, es complicado pero los chicos trabajan una barbaridad. Estamos viendo de armar una porque salen una fortuna, nos pasaron un presupuesto con compactadora y todo de 88mil dólares, estamos abocado a hacerla nosotros con todo el material descartable que hay en las chacras y los galpones, vamos a tratar de hacer lo más funcional posible”, aclaró Hugo Curzel.
Audio: Hugo Curzel Dir. Medio ambiente Villa Regina
También desde el área se está haciendo una prueba piloto de clasificación y separación de residuos en dos edificios reginenses “Estamos trabajando con el Santander y Las Mesetas haciendo separaciones en el domicilio y nosotros hacemos la recolección diferenciada” explicó el director del área que también había anticipado hace unas semanas que se iba a realizar en barrio Belgrano pero que por situación de pandemia se deberá esperar ya que no se pudo brindar antes de las restricciones las charlas informativas.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el sábado 30 llega a la ciudad el ‘Autocine Cuidado’, oportunidad en la que se proyectará ‘El Kiosco’, de Pablo González Pérez. La actividad se desarrollará desde las 22 horas y tendrá lugar en el estacionamiento del Anfiteatro ‘Cono Randazzo’. “El Kiosco” relata…
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de un nuevo encuentro de ‘Domingos de Plaza’. A partir de las 20 horas en la Plaza de los Próceres se presentarán Foca, Ayelén Müller, Hora libre y Luz de luna. Difunde esta nota
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
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