En Vila Regina se sigue haciendo hincapié en la concientización de la separación y clasificación de residuos, son más de 70 los puntos limpios de la ciudad. La semana pasada se despacharon 8 toneladas de residuos que se juntaron en un mes y medio.
El área de Ambiente y Desarrollo Sustentable a cargo de Hugo Curzel despachó la semana pasada 3mil kilos de cartón y 5 mil kilos de plástico, estas cargas se realizan aproximadamente cada 45 días. A la espera de ser retirados también hay más de 30mil kilos de vidrio que se han juntado en alrededor de 4 meses.
Todo esto recogido en los puntos limpios de la ciudad, que ya ascienden a 70, más algunos residuos que también se levantan de la misma calle. La planta clasificadora todavía conlleva un duro laburo manual para la clasificación y separación de residuos.
Respecto a esto se espera en algunos meses contar con una mejor planta clasificadora, más funcional, lo que permitirá mejorar y acelerar los procesos. “Hoy en día el laburo lo hacemos manual, es complicado pero los chicos trabajan una barbaridad. Estamos viendo de armar una porque salen una fortuna, nos pasaron un presupuesto con compactadora y todo de 88mil dólares, estamos abocado a hacerla nosotros con todo el material descartable que hay en las chacras y los galpones, vamos a tratar de hacer lo más funcional posible”, aclaró Hugo Curzel.
Audio: Hugo Curzel Dir. Medio ambiente Villa Regina
También desde el área se está haciendo una prueba piloto de clasificación y separación de residuos en dos edificios reginenses “Estamos trabajando con el Santander y Las Mesetas haciendo separaciones en el domicilio y nosotros hacemos la recolección diferenciada” explicó el director del área que también había anticipado hace unas semanas que se iba a realizar en barrio Belgrano pero que por situación de pandemia se deberá esperar ya que no se pudo brindar antes de las restricciones las charlas informativas.
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La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.
El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.
El funcionario reconoció públicamente que «el proceso de crisis laboral se agudiza» y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.
Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.
En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.
La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.
San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.
El ministro Julián López
En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.
Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: «No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral». Y advirtió que «el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros».
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
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