Los vecinos de Barrio Parque entraron en pánico por la llegada de Augusto Marini, que compró dos enormes lotes en la zona más distinguida de la Ciudad.
Uno de los terrenos pertenece a la histórica Casa Obarrio, un pequeño palacio construido a principios de 1900. El dueño de Blender y Carajo ya trabaja en la puesta en valor de esa propiedad.
Marini, de 31 años, también se quedó el terreno lindero y demolió la casa existente. Además, logró que las imágenes de sus propiedades fueran quitadas de Google Maps.
Poco habituados a este tipo de movimientos, en el barrio más coqueto de la Ciudad temen lo peor, que para los conservadores vecinos de esa zona, serían fiestas electrónicas nocturnas.
Esa posibilidad atemoriza a Pampita, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani, Teresa Calandra o Carlos Bianchi, algunos de los célebres habitantes del barrio.
Marini no piensa en emprendimientos comerciales, sino que quería tener un jardín en el medio de Palermo Chico y anexó un terreno a su futura casa.
Es que los vecinos de este micro barrio son quisquillosos y poco afectos a la modernidad. Todavía les dura la amargura por la torre de 10 pisos que levantó Northbaires, un emprendimiento de la marca OM que algunos identifican con Nicky Caputo, aunque el empresario lo niega.
En esa oportunidad OM logró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta las habilitara 10 pisos en una zona donde predominan los petits hotels.
Sin embargo, Marini no piensa en emprendimientos comerciales, sino que quería tener un jardín en el medio de Palermo Chico y por eso anexó un terreno a su futura casa.
La foto oficial muestra crecimiento, pero el movimiento de fondo es otro. El Indec difundió el nivel de actividad de octubre con una suba interanual de 3,2%, aunque al mismo tiempo confirmó una caída mensual de 0,4%, un dato que volvió a encender luces amarillas en el mercado y entre los analistas.
La economía sigue arriba en la comparación contra el pozo de 2024, pero empezó a dar señales de agotamiento en el margen, justo cuando el Gobierno necesita sostener expectativas de recuperación.
El dato clave no está en el porcentaje interanual sino en la dinámica reciente. Según el análisis de la consultora ACM, la serie se mantuvo prácticamente plana y el retroceso mensual marca que la actividad volvió a tropezar luego de varios meses erráticos.
El mapa sectorial refuerza esa lectura. Mientras la intermediación financiera volvió a liderar el crecimiento, impulsada más por márgenes y volatilidad de tasas que por crédito productivo, los sectores que explican empleo y demanda interna mostraron retrocesos.
La industria manufacturera cayó 1% interanual, la administración pública bajó 0,7% y hoteles y restaurantes retrocedieron otro 1%, restando más de medio punto porcentual al resultado agregado. Es decir, crecen los sectores rentísticos y ligados a recursos naturales, pero se enfrían los que traccionan el mercado interno.
En lo que va del año, la actividad acumula una suba cercana al 5%, aunque incluso ese número empezó a corregirse a la baja frente a los meses previos. La explicación es conocida: la comparación contra un 2024 recesivo todavía infla los porcentajes, pero debajo de esa base baja la economía real muestra fatiga.
Las proyecciones también reflejan ese cambio de clima. El REM del Banco Central recortó expectativas de crecimiento y las consultoras hablan de un arrastre estadístico menor al esperado hacia 2026.
A ese cuadro se suma el movimiento de Marco Lavagna, que revisó al alza los datos de actividad de meses previos, a partir de un ajuste metodológico que permitió suavizar la secuencia de caídas y, sobre todo, evitar que se configure técnicamente una recesión. Sin esa corrección, la combinación de bajas mensuales consecutivas habría dejado al Gobierno expuesto a un diagnóstico mucho más incómodo en pleno cierre de año.
La maniobra no es menor: en términos técnicos, la recesión se define por dos trimestres consecutivos de caída del PIB, pero en el día a día del mercado el EMAE funciona como termómetro anticipado.
El EMAE es un estimador mensual que anticipa la evolución del Producto Interno Bruto trimestral y anual. Cuando el EMAE cae de manera persistente, el PIB termina reflejándolo con rezago. Por eso, una corrección en el EMAE no solo ordena el presente estadístico, sino que condiciona el crecimiento informado del PBI más adelante.
Como sea, el PBI podrá cerrar en positivo pero con una dinámica cada vez más desigual: finanzas y recursos naturales empujan, mientras la industria, el consumo y el empleo siguen perdiendo.
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La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.
Por Roque Pérez para NLI
Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial
La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.
Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:
duración máxima de descargas,
cantidad de aplicaciones permitidas,
distancia recomendada para minimizar lesiones,
parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.
Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.
En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.
La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente
La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.
Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:
personas con afecciones cardíacas,
personas reducidas en el piso,
personas expuestas previamente a otros métodos de control,
situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.
El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.
Baja letalidad no es sinónimo de bajo riesgo
En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.
El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.
El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.
Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural
El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.
Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.
La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.
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