La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos que se encuentra en vigencia la ordenanza Nº 129/2007 sobre uso de agua en la vía pública.
En el artículo 3 establece que el lavado de veredas con agua de red sólo se podrá realizar con baldes en período invernal (entre el 1 de abril y el 30 de septiembre).
En su artículo 4 autoriza el lavado de veredas con agua de bombeo en el período mencionado en el horario de 14 a 16,30.
Además se encuentra prohibido el lavado de vehículos en la vía pública con agua de red o de bombeo.
Se solicita el cumplimiento de lo estipulado a fin de evitar sanciones.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
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Toto Caputo confirmó que el macrista Carlos María Frugoni es el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, la oficina que maneja la obra pública, como había anticipado LPO el mes pasado.
La designación de Frugoni fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y de esta forma se confirma que reemplaza a Martín Maccarone, el «secretario fantasma» que manejaba desde hace meses la secretaría de Infraestructura sin haber sido nombrado oficialmente.
Frugoni es un hombre de Mauricio Macri que hasta marzo del año pasado presidió AUSA, la oficina encargada de las autopistas porteñas. El flamante funcionario libertario trabajó desde 2008 en AUSA y fue ferviente militante del PRO, donde participó en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.
Como contó LPO, Frugoni como titular de AUSA le entregó un millonario negocio a los hijos de Nicky Caputo con un terreno top en Barrio Parque por 2 mil dólares hasta 2049 y fue el artífice de la polémica adjudicación del Paseo del Bajo, donde resultó favorecida la constructora de Ángelo Calcaterra.
Frugoni, ex alumno del Newman como Macri y los Caputo, llegó al gobierno libertario en agosto del año pasado tras el acuerdo entre el PRO y LLA para las elecciones de octubre. En ese momento fue nombrado titular Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el organismo que absorbió la ex CNRT y también las concesiones de rutas nacionales.
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Un mensaje claro: incumplir paga
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
“Cuando los maestros y los chicos cuidan su escuela, cuando la limpian, cuando la dejan preparada para el otro día entonces no hace falta hablar de ecología cuando uno cuida el lugar que habita, ya está«. Juan Carlos Videla, Ex director del Instituto Roberto Themis Speroni. City Bell, Bs. As. Estas son palabras con las…
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