La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos que se encuentra en vigencia la ordenanza Nº 129/2007 sobre uso de agua en la vía pública.
En el artículo 3 establece que el lavado de veredas con agua de red sólo se podrá realizar con baldes en período invernal (entre el 1 de abril y el 30 de septiembre).
En su artículo 4 autoriza el lavado de veredas con agua de bombeo en el período mencionado en el horario de 14 a 16,30.
Además se encuentra prohibido el lavado de vehículos en la vía pública con agua de red o de bombeo.
Se solicita el cumplimiento de lo estipulado a fin de evitar sanciones.
Si hay algo que Javier Milei ha logrado —más allá de polémicas, motosierras y epítetos virales en redes— es instalar una metáfora económica que, como buen chiste de vendedor de autos usados, suena pintoresca y eficaz: el “modelo bicicleta”. Esa máquina de dos ruedas que en la Argentina gira en el mismo lugar y siempre te lleva al mismo destino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Una bicicleta que gira sin avanzar
En el argot financiero argentino, la bicicleta financiera no es un paseo campestre, sino un mecanismo de especulación que ha venido creciendo desde que Milei y su equipo impulsan altas tasas de interés y reglas que favorecen al carry trade —el “ir y volver” rápido de divisas para ganar jugosas tasas en pesos antes de regresar al dólar—. Este esquema permite que quienes tienen acceso a crédito y mercado cambien dólares por pesos, obtengan altos réditos y vuelvan a dólares con ganancias. El dilema es que no genera producción real, empleo ni infraestructura; alimenta un timba sin freno.
Para el Gobierno, ese crecimiento financiero es celebrable: “la economía estará volando”, afirmó Milei reiterando su convicción de que menos Estado significa más riqueza. La paradoja es que esa bicicleta rara vez lleva pan a la mesa del laburante promedio.
Cuando la metáfora se convierte en diagnóstico social
Mientras los números financieros puedan mostrar un PBI ligeramente favorecido por la intermediación especulativa, la economía real —la que produce bienes tangibles, empleo y salarios— sigue en terreno débil. Sectores industriales y comerciales vienen sufriendo bajas, con caída del empleo y cierre de locales, según comentarios de quienes viven día a día esa cruda realidad urbana.
Y hablando de calles, la otra bicicleta en la escena —el delivery— parece ser más tangible para muchos argentinos: más personas pedaleando para ganarse un mango a fin de mes que viendo crecer inversiones productivas. Si la economía fuera un paseo en bicicleta, mucha gente estaría en la vereda, sin casco, tratando de llegar a destino, mientras el Gobierno aplaude al ciclista de elite que pedalea en la pista VIP del circuito financiero.
La ironía del “milagro” económico
Los defensores oficiales se explayan en cifras macro: inflación descendiendo desde niveles inconcebibles, riesgo país más bajo y un sendero de equilibrio fiscal que, en teoría, deja atrás décadas de desequilibrios. Pero hay truco estadístico en la curva, porque hoy el pueblo sigue teniendo que pedalear cuesta arriba para llegar a fin de mes, con ingresos que no acompañan los precios y pobreza resistente aunque menores que en algún pico del año.
La “bicicleta” aquí funciona más como un simulacro de estabilidad: si el manillar está firme y las ruedas giran bien, todo parece en orden aunque el cuadro esté oxidado y las cubiertas gastadas. El modelo ha generado tinta digital —y debates encendidos— sobre si es sostenible o una ilusión contable que explota cuando la música se detiene.
Del mito a la calle
Al fin y al cabo, la bicicleta financiera mileista es como esos viejos triciclos con los que jugaban los pibes: puede hacer ruido, puede moverse, puede hasta dar vueltas… pero no siempre te lleva a ninguna parte que valga la pena. Mientras tanto, la otra bicicleta —esa de los trabajadores que cargan pedidos de supermercado o juguetes— sigue siendo mucho más real para millones de argentinos. En ese contraste se revela la fina ironía del momento: un modelo económico que presume estabilidad mientras muchos apenas pueden sostener el equilibrio.
¿Será hora de bajar de la bicicleta y exigir caminos que realmente conecten con la vida cotidiana? La respuesta todavía pedalea, con más fuerza en las calles que en los libros de economía.
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Les presentamos la ZONA 1 de los Premios Digitales Deportivos ETAPAS 2022. El formato de esta segunda edición comprende dos zonas de 10 deportistas, una vez finalizada la votación se re ordenarán los 20 deportistas por cantidad de votos recibidos y los 8 con más votos pasarán a la instancia FINAL independientemente de la zona…
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
Los gobernadores peronistas que apuran un nuevo postkirchnerismo y sus pares de Provincias Unidas se ilusionan con la posibilidad de que los senadores que les responden confluyan en una suerte de interbloque federal. El objetivo sería juntar suficientes bancas como para superar en número a la UCR y disputar lugares en las comisiones parlamentarias.
La tarea no es sencilla y requiere, al menos, dos condiciones: que el nombre del grupo no sea el del frustrado sello electoral de Juan Schiaretti y sus socios políticos, por un lado, y que la articulación supere las desconfianzas cruzadas por el pasado reciente de todos, por otro.
Una fuente al tanto de las conversaciones le dijo a LPO que Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, intentan agregar bajo la configuración de interbloque a la neuquina Julieta Corroza, que hasta este viernes integró el gabinete de Rolando Figueroa, la tucumana Beatriz Ávila, que responde a Osvaldo Jaldo, y la salteña Flavia Royón, la legisladora impulsada por Gustavo Sáenz.
Royón y Sáenz funcionan como una suerte de nexo con el bloque Convicción Federal, presidido por el puntano Fernando Salino, pero integrado a su vez por el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Fernando Rejal y la jujeña Carolina Moisés, quien goza de afinidad política con el gobernador de Salta.
En efecto, un senador le dijo a LPO que Sáenz le habría prometido a Moisés que Royón podría sumarse a su bancada pero, a su vez, habría ofrecido lo mismo al ex regatista correntino. El atajo más práctico para no incumplirle a ninguno acaso sea el interbloque. «Sáenz está entusiasmado con la chance de ser el primus interpares de los gobernadores peronistas que están contra Cristina y, por eso, le interesa juntar lo que tienen Misiones, Tucumán y Catamarca», explicó.
Sáenz le habría prometido a Moisés que Royón podría sumarse a su bancada pero, a su vez, habría ofrecido lo mismo al ex regatista correntino. El atajo más práctico para no incumplirle a ninguno acaso sea el interbloque.
De ahí que se haya convertido en el anfitrión de un encuentro con el tucumano Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el neuquino Figueroa este jueves, en la Casa de Salta. No es casual que una de las versiones de este sábado haya sido que Royón y Ávila formen un bloque juntas para asociarse a Camau y Vigo, pero ese desenlace todavía no está sellado.
Además, Espínola reclama al cuarteto de Convicción Federal que rompa con el bloque peronista de José Mayans y Juliana di Tullio, una jugada para la que no le faltan ganas a esos cuatro senadores pero que demoran en medio de discusiones y negociaciones en curso. «Lo que tienen que entender los gobernadores es que tienen que ser cautos porque de nada les sirve un senador en soledad, ni siquiera podrían meterlo en una comisión importante, pero si juntan número… alguno puede mojar con un legislador en Presupuesto o Asuntos Constitucionales», señaló uno de los armadores a LPO.
Espínola, Ávila y Atauche en el recinto.
La arquitectura para construir ese interbloque es compleja, porque hay senadores peronistas que no se sienten tan cómodos bajo la influencia de un armado compartido con gobernadores radicales y hay legisladores que temen cualquier cercanía con el peronismo.
Como sea, Espínola cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Valdés, que mantendrá a los dos senadores radicales de su provincia, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, en la UCR. El líder correntino, que por ahora dice que no está interesado en presidir el partido aunque se lo estén ofreciendo y suscribió a Provincias Unidas, ahora apuesta al medallista olímpico como su representante en ese espacio.
Si los gobernadores aspiran a tallar en las discusiones parlamentarias, tendrían que acelerar la articulación de un interbloque que los ubique como tercera minoría.
Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, por su parte, no acreditan ascendencia sobre ningún senador, mientras que el chubutense Ignacio Torres podría aportar la incorporación de Edith Terenzi o Andrea Cristina, si se va del PRO, o ambas. Es una incógnita aún si Claudio Vidal dispondrá que se sumen ahí los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, que suelen ser difíciles de contener y conducir.
Otra fuente al tanto de la situación le dijo a LPO que los actores «avanzan con cautela» y que «hay que esperar a febrero», una vez que pasen las extraordinarias y se definan las autoridades de la Cámara Alta. El dilema es que, para ese entonces, estarán conformadas las comisiones más apetecibles para el gobierno y la oposición. Por eso, las conversaciones entre gobernadores y senadores apuntan a que, si los caciques provinciales aspiran a tallar en las discusiones parlamentarias, habría que acelerar la articulación de un interbloque que los ubique como tercera minoría.
Los peronistas Guillermo Andrada y José Mayans.
La cuenta es que el peronismo tendría un piso de 22 bancas, más las de los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno, que anunciaron que se apartarán del PJ con su Frente Cívico. Habrá que ver si quedan anexados como interbloque o no, al igual que los cuatro de Convicción Federal. El catamarqueño Jalil, que está representado allí por Andrada y también por Moisés, podría ser determinante para que Mayans lidere una tropa de 24 o 28.
La segunda minoría corresponde a La Libertad Avanza, con 20 miembros a partir del 10 de diciembre. Como la UCR estará integrada por 10 senadores, los gobernadores de Provincias Unidas y los peronistas anticristinistas podrían quedarse con la tercera minoría, si efectivamente alcanzan o superan las 11 bancas.
Ante la consulta de LPO, un gobernador peronista que todavía no rompió con Cristina ni siquiera condenó las tensiones y los deslizamientos que se producen en el bloque de senadores de Fuerza Patria. «Ya no hay ningún margen de negociación, no queda mucho más que ensuciarse para cuidar las provincias. Llegó la era de los kamikazes», contestó.
Dos posibilidades, una elección. Como la «Y», una bifurcación que se une en el punto preciso de la decisión. Por un lado, el placer, por el otro la constancia. Por aquí la sensación en la intensidad de los sentidos, por allá el esfuerzo por lograr la excelencia. La Virtud camina tranquila, de buen porte, noble,…
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