Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario.
La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no han comenzado con su inoculación siendo que ya se ha avanzado en las segundas dosis para los niveles inicial, primaria y especial.
En este sentido solicitan al Ministerio de Educación que «arbitre los medios para que a medida que arriben dosis , se priorice la vacunación de las/os 382 docentes de educación secundaria de nuestra zona Educativa».
Nota elevada a Julio Parada Coordinador del CEZAVE II
Por otro lado #Unter avanzó sobre el mismo pedido y con la misma finalidad, así lo expresa su comunicado y la nota entregada, también al Coordinador Escolar de la zona Julio Parada.
«Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados», expresa el comunicado de #unter. Continua: «Nos preocupa que se anuncie en los medios que Río Negro iniciaría con el Segundo y el Tercero, cuando no se concluido con el Primer Grupo, es una muestra más del desordenado cronograma que se lleva adelante.», expresa el comunicado del sindicato.
Mediante el mismo #Unter exige que se avance en el plan de vacunación y que se incluya en este cronograma a lxs docentes de Secundario, que el Gobierno de la provincia realice con urgencia las gestiones que correspondan para que ingresen dosis en cantidad suficiente para cumplir con lo planteado y tengamos lo antes posible la totalidad de lxs docentes vacunados.
En cuanto a la estrategia para vacunar a los docentes UNTER expresa: «Se estableció ordenarlos en cinco grupos: en el Primero: el personal de dirección y gestión, conjuntamente, con docentes de Inicial, Especial y Primaria, de 1° a 3° grado. El Segundo, incluiría a los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el Tercero a los maestros de 4° a 7° grados. El Grupo Cuarto se constituye con los trabajadores de Formación, y el Quinto por el personal de Educación Superior y las universidades. Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados».
Refuerza el fundamento de ambos pedidos que también se comenzó con la inoculación de menores de 60 con factores de riesgo en toda la provincia y los datos oficiales confirman la inoculación de más de 19mil personas.
Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones. Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción…
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Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz. El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es…
El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.
En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP.
Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.
La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.
Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.
El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.
El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.
A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.
«El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.
En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%.
La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo.
No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.
Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.
La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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