Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario.
La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no han comenzado con su inoculación siendo que ya se ha avanzado en las segundas dosis para los niveles inicial, primaria y especial.
En este sentido solicitan al Ministerio de Educación que «arbitre los medios para que a medida que arriben dosis , se priorice la vacunación de las/os 382 docentes de educación secundaria de nuestra zona Educativa».
Nota elevada a Julio Parada Coordinador del CEZAVE II
Por otro lado #Unter avanzó sobre el mismo pedido y con la misma finalidad, así lo expresa su comunicado y la nota entregada, también al Coordinador Escolar de la zona Julio Parada.
«Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados», expresa el comunicado de #unter. Continua: «Nos preocupa que se anuncie en los medios que Río Negro iniciaría con el Segundo y el Tercero, cuando no se concluido con el Primer Grupo, es una muestra más del desordenado cronograma que se lleva adelante.», expresa el comunicado del sindicato.
Mediante el mismo #Unter exige que se avance en el plan de vacunación y que se incluya en este cronograma a lxs docentes de Secundario, que el Gobierno de la provincia realice con urgencia las gestiones que correspondan para que ingresen dosis en cantidad suficiente para cumplir con lo planteado y tengamos lo antes posible la totalidad de lxs docentes vacunados.
En cuanto a la estrategia para vacunar a los docentes UNTER expresa: «Se estableció ordenarlos en cinco grupos: en el Primero: el personal de dirección y gestión, conjuntamente, con docentes de Inicial, Especial y Primaria, de 1° a 3° grado. El Segundo, incluiría a los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el Tercero a los maestros de 4° a 7° grados. El Grupo Cuarto se constituye con los trabajadores de Formación, y el Quinto por el personal de Educación Superior y las universidades. Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados».
Refuerza el fundamento de ambos pedidos que también se comenzó con la inoculación de menores de 60 con factores de riesgo en toda la provincia y los datos oficiales confirman la inoculación de más de 19mil personas.
El próximo sábado 6 a partir de las 9 horas, llega a Villa Regina ‘Elegí pescado’, iniciativa del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro donde se podrá comprar pescados y mariscos de calidad a precios promocionales. Será a partir de las 9 horas en el predio ferial ubicado frente a la Plaza de…
Antes de volver a Casa Rosada para participar de la reunión que Karina Milei convocó con legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela buscó dar una señal de alineamiento para descongelar su relación con el presidente y su entorno.
Publicó en X un informe de la Universidad de San Martín (Unsam) relativo al panorama del empleo industrial en el conurbano a partir del cual celebró que Tres de Febrero generó 365 puestos industriales en un año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025.
«Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo», dijo. Lo curioso es que el cuadro que armó con Inteligencia Artificial para festejar los datos de su municipio, terminó exponiendo con nitidez el derrumbe industrial generalizado, con el 70% de los municipios del GBA en rojo, con pérdida de empleo.
Empleo industrial en el Conurbano. Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo. pic.twitter.com/GingdDyLkz
De 20 municipios, solo seis aparecieron con indicadores positivos y tres de ellos con un crecimiento ínfimo. Como contrapartida, 14 distritos sufrieron una fuerte caída del empleo industrial, cinco de ellos con más de mil puestos perdidos.
Ante eso, numerosos usuarios lo cruzaron contrastando los 1.400 puestos creados con los 10.700 perdidos. También, le marcaron que la data utilizada abarca hasta junio de 2025, cuando -según datos del Indec- en el primer semestre de 2026 la tasa de desocupación en el conurbano trepó al 9,7%.
Por caso, el estudio citado por Valenzuela no abarca los despitos registraros por el cierre de Whirlpool en Pilar o de Fate en San Fernando.
Tampoco contempla la reducción de personal de autopartistas a partir del derrumbe productivo en plantas automotrices como la de Stellantis, precisamente en Tres de Febrero, que cerró un turno de producción y avanza en un agresivo plan de retiros voluntarios.
El propio informe que usó Valenzuela para congraciarse con Milei indicó que fue el programa de ajuste libertario el que «generó un descenso del consumo interno» por el que «las industrias orientadas al mercado doméstico, que representan la mayor parte de la trama productiva del Conurbano, fueron las más impactadas».
Frente a los 365 empleos nuevos que festejó Valenzuela, el cuadro que diagramó con IA expuso que en el GBA se perdieron 10.700 puestos industriales
Como contó LPO, quedó huérfano en el mundo libertario y juega sus fichas a Patricia Bullrich mantener en pie su candidatura a gobernador, en un contexto donde los desayunos con Javier Milei en Olivos ya son cosa del pasado.
Con el frente interno abierto en su municipio, el biógrafo de Belgrano y Sarmiento buscó dar una señal de alineamiento con Milei horas antes de volver a verse cara a cara con Karina, quien precisamente frenó su designación en Migraciones y que provocó que Valenzuela señalara a su entorno: «Karina lo tiene secuestrado a Milei».
Pero los datos del derrumbe del empleo expuestos por el hombre de Tres de Febrero no ayudaron a un descongelamiento de las relaciones, al punto que fuentes del Gobierno lo acusan de «darle letra» a los industriales de la UIA, días después del cruce que tuvieron con Luis «Toto» Caputo que tildó de «tarados» a quienes plantean un escenario de crisis de la industria nacional.
¿Cómo se organiza la lista de vacunación en Villa Regina? El vacunatorio de Villa Regina se organiza por edad (más allá de las listas que puedan llegar de los organismos provinciales como el Ministerio de Educación, etc.)Primero se vacunaría a mayores de 80, luego de 70 y decreciendo. ¿Quiénes son consideradas personas con factores de…
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
El gobierno de Javier Milei decidió el desmantelamiento y virtual cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, creada en 1925 y motor del crecimiento del pueblo que, ahora, se ve amenazado con el traslado de 300 militares y 185 civiles que representan el principal movimiento de la economía local.
La decisión es mudar a la Base Comandante Espora de Bahía Blanca las escuadrillas de vigilancia marítima de aviones B2000 y la escuela que es considerada cuna de la aviación naval.
El intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
«Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y económico», dijo Angueira, que convocó este viernes a una asamblea en la que se creó una comisión de defensa de la Base, integrada por todas las instituciones de la comunidad y por concejales de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza.
«Está toda la comunidad movilizada. Muchos trabajadores no podían hablar del estado en que estaban, llorando por su puesto de trabajo, por el impacto que va a tener en la comunidad», dijo a LPO tras la asamblea el ex intendente de Punta Indio y actual subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta.
Asamblea de vecinos e instituciones de Punta Indio en defensa de la Base Aeronaval.
Como primera acción, la comisión solicitó una audiencia de urgencia con el ministro de Defensa, Carlos Presti. «Queremos escuchar de su boca lo que tiene para decir y, si no se logra revertir el traslado, vamos a manifestarnos de distintas maneras. Esta decisión el pueblo de Punta Indio no la va a aceptar», sostuvo Y Zurieta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
En Punta Indio también hay bronca por la manera en que se comunicó una medida tan sensible para la comunidad. Nadie del Ministerio habló con el intendente, que fue convocado a la base por el comandante, que después convocó a los civiles e hizo una formación para dar el anuncio.
«No hubo forma de conmoverlo ni que entienda lo que estaba anunciando. Hoy todo el personal llorando no podía creer la frialdad con la que comunicaron esto», dijo Y Zurieta, que analizó que la llamada «reestructuración» planteada entrama el final de la Base.
En Punta Indio destacaron que todos los bloques políticos apoyaron la comisión en defensa de la Base. Incluso los dirigentes de La Libertad Avanza local le pidieron información dirigentes provinciales y nacionales
La medida establece el traslado a Bahía Blanca en enero para los militares, mientras que para el personal de civil le darán la opción de pedir el pase a otro destino de la Fuerza.
«Genera un golpe emocional muy fuerte porque es gente que está instalada en este pueblo y no se imagina yéndose de acá. Tienen sus hijos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. Es un pueblo que con esto le están dando un golpe letal, le sacan el recurso más importante que tiene», dijo el ex intendente.
La localidad de Punta Indio cuenta con poco más de 1.000 habitantes, mientras que el distrito en su totalidad (con la ciudad de Verónica como cabecera), cuenta con más 12 mil habitantes. La Base Aeronaval se inauguró en 1925, poco después de la fundación del pueblo.
El impacto de la medida hizo que la asamblea de este viernes congregue a todas las instituciones del pueblo. Y en el plano político, la convocatoria del intendente tuvo el acompañamiento de concejales del PRO, UCR y de La Libertad Avanza.
«Todos apoyaron la comisión. Incluso los que tienen más responsabilidad, que son los de La Libertad Avanza, hablaron con algunos dirigentes. Ellos pidieron información y hablan de una reestructuración, que no se va a cerrar, pero lo que anunciaron es que se van los aviones», dijo Y Zurieta.
Trascendidos que llegaron a Punta Indio señalan que, a partir del traslado de casi toda la estructura, el Gobierno sostendría la Base abierta en 2027 pero no da garantías de continuidad a 2028, por lo que calculan un destino de cierre total.
«Hablan de una reestructuración que implica llevar a Bahía Blanca a los aviones destinados a custodiar el sur, pero no tiene sentido, porque se llevan aviones escuela que tranquilamente podrían quedarse acá. Es parte del ajuste», dijo Y Zurieta.
El actual funcionario de Vialidad bonaerense sostuvo que ya hablaron por este tema con Axel Kicillof. Este viernes, el gobierno provincial manifestó su «preocupación y rechazo» frente a esta medida y acompañó las medidas que surjan de la comisión de defensa de la Base.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad. En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda…
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