Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario.
La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no han comenzado con su inoculación siendo que ya se ha avanzado en las segundas dosis para los niveles inicial, primaria y especial.
En este sentido solicitan al Ministerio de Educación que «arbitre los medios para que a medida que arriben dosis , se priorice la vacunación de las/os 382 docentes de educación secundaria de nuestra zona Educativa».
Nota elevada a Julio Parada Coordinador del CEZAVE II
Por otro lado #Unter avanzó sobre el mismo pedido y con la misma finalidad, así lo expresa su comunicado y la nota entregada, también al Coordinador Escolar de la zona Julio Parada.
«Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados», expresa el comunicado de #unter. Continua: «Nos preocupa que se anuncie en los medios que Río Negro iniciaría con el Segundo y el Tercero, cuando no se concluido con el Primer Grupo, es una muestra más del desordenado cronograma que se lleva adelante.», expresa el comunicado del sindicato.
Mediante el mismo #Unter exige que se avance en el plan de vacunación y que se incluya en este cronograma a lxs docentes de Secundario, que el Gobierno de la provincia realice con urgencia las gestiones que correspondan para que ingresen dosis en cantidad suficiente para cumplir con lo planteado y tengamos lo antes posible la totalidad de lxs docentes vacunados.
En cuanto a la estrategia para vacunar a los docentes UNTER expresa: «Se estableció ordenarlos en cinco grupos: en el Primero: el personal de dirección y gestión, conjuntamente, con docentes de Inicial, Especial y Primaria, de 1° a 3° grado. El Segundo, incluiría a los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el Tercero a los maestros de 4° a 7° grados. El Grupo Cuarto se constituye con los trabajadores de Formación, y el Quinto por el personal de Educación Superior y las universidades. Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados».
Refuerza el fundamento de ambos pedidos que también se comenzó con la inoculación de menores de 60 con factores de riesgo en toda la provincia y los datos oficiales confirman la inoculación de más de 19mil personas.
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El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
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