UNTER Y DIRECTIVOS EXIGEN VACUNAS PARA DOCENTES DE NIVEL MEDIO

Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario.

La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no han comenzado con su inoculación siendo que ya se ha avanzado en las segundas dosis para los niveles inicial, primaria y especial.

En este sentido solicitan al Ministerio de Educación que «arbitre los medios para que a medida que arriben dosis , se priorice la vacunación de las/os 382 docentes de educación secundaria de nuestra zona Educativa».

Nota elevada a Julio Parada Coordinador del CEZAVE II

Por otro lado #Unter avanzó sobre el mismo pedido y con la misma finalidad, así lo expresa su comunicado y la nota entregada, también al Coordinador Escolar de la zona Julio Parada.

«Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados», expresa el comunicado de #unter. Continua: «Nos preocupa que se anuncie en los medios que Río Negro iniciaría con el Segundo y el Tercero, cuando no se concluido con el Primer Grupo, es una muestra más del desordenado cronograma que se lleva adelante.», expresa el comunicado del sindicato.

Mediante el mismo #Unter exige que se avance en el plan de vacunación y que se incluya en este cronograma a lxs docentes de Secundario, que el Gobierno de la provincia realice con urgencia las gestiones que correspondan para que ingresen dosis en cantidad suficiente para cumplir con lo planteado y tengamos lo antes posible la totalidad de lxs docentes vacunados.

En cuanto a la estrategia para vacunar a los docentes UNTER expresa: «Se estableció ordenarlos en cinco grupos: en el Primero: el personal de dirección y gestión, conjuntamente, con docentes de Inicial, Especial y Primaria, de 1° a 3° grado. El Segundo, incluiría a los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el Tercero a los maestros de 4° a 7° grados. El Grupo Cuarto se constituye con los trabajadores de Formación, y el Quinto por el personal de Educación Superior y las universidades. Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados».

Refuerza el fundamento de ambos pedidos que también se comenzó con la inoculación de menores de 60 con factores de riesgo en toda la provincia y los datos oficiales confirman la inoculación de más de 19mil personas.

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    La deuda original que tomó Mestre era de 150 millones de dólares (unos 180 millones finales al sumarse intereses). Hasta ahora, Passerini pagó unos 100 millones. La nueva deuda permitiría saldar los bonos de Mestre (75 millones de dólares) y que Passerini transite el último año y medio de gestión con un horizonte financiero despejado. En la gestión, una situación así le permitiría al peronismo capitalino recuperar la iniciativa política y facilitarle a Llaryora la reelección, hoy en jaque por el deterioro de las cuentas municipales.

    Es una paradoja: cuando era intendente y rolleó la deuda, Llaryora logró un aire financiero que le facilitó su ajustado triunfo en 2023. Como se recordará, en aquella elección fue clave el aval del electorado de la ciudad de Córdoba. La bomba le explotó a su sucesor (Passerini); y ahora, por el impacto en la gestión municipal, las esquirlas hieren la reelección de Llaryora. Todo lo que no funciona en la ciudad capital se le reprocha a él. Entonces, para salvar su reelección, Llaryora debe salvar las finanzas de Passerini.

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    Ya está en eso. Dispuso 130 mil millones de pesos a través de la Agencia de Inversión para obras de asfalto, cordón cuneta, desagües y señalética en la ciudad de Córdoba. El pago de ese préstamo es con fórmula fernet: 70/30. El porcentaje mayor lo afronta la Provincia; y el resto queda para la Municipalidad capitalina. Las obras ya fueron licitadas y comenzarán en agosto, lo que le dará impulso antes de las elecciones de 2027, que quizá se hagan en abril/mayo. Pero lo importante para el plan electoral del PJ es refinanciar la deuda en dólares.

    Se espera que en los próximos días Santilli autorice a Llaryora a ser el garante de la deuda de Passerini. «No hay recursos nacionales, sólo una caución sobre la coparticipación federal que recibe la Provincia. Asimismo, la Ciudad pone en garantía su propia coparticipación. Técnicamente, no debería haber objeciones de Santilli, pero esto es política», dice un funcionario municipal al tanto de las negociaciones.

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    «En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.

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    Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.

    «En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.

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    Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.

    Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.

    En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados». 

     

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