Tanto Unter Regina como los equipos directivos de educación secundaria AVE II refuerzan los reclamos por la vacunación de los docentes de nivel secundario.
La nota elevada y firmada por equipos directivos de establecimientos educativos secundarios de la zona Alto Valle Este II funda su pedido en que los docentes de educación media aún no han comenzado con su inoculación siendo que ya se ha avanzado en las segundas dosis para los niveles inicial, primaria y especial.
En este sentido solicitan al Ministerio de Educación que «arbitre los medios para que a medida que arriben dosis , se priorice la vacunación de las/os 382 docentes de educación secundaria de nuestra zona Educativa».
Nota elevada a Julio Parada Coordinador del CEZAVE II
Por otro lado #Unter avanzó sobre el mismo pedido y con la misma finalidad, así lo expresa su comunicado y la nota entregada, también al Coordinador Escolar de la zona Julio Parada.
«Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados», expresa el comunicado de #unter. Continua: «Nos preocupa que se anuncie en los medios que Río Negro iniciaría con el Segundo y el Tercero, cuando no se concluido con el Primer Grupo, es una muestra más del desordenado cronograma que se lleva adelante.», expresa el comunicado del sindicato.
Mediante el mismo #Unter exige que se avance en el plan de vacunación y que se incluya en este cronograma a lxs docentes de Secundario, que el Gobierno de la provincia realice con urgencia las gestiones que correspondan para que ingresen dosis en cantidad suficiente para cumplir con lo planteado y tengamos lo antes posible la totalidad de lxs docentes vacunados.
En cuanto a la estrategia para vacunar a los docentes UNTER expresa: «Se estableció ordenarlos en cinco grupos: en el Primero: el personal de dirección y gestión, conjuntamente, con docentes de Inicial, Especial y Primaria, de 1° a 3° grado. El Segundo, incluiría a los equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el Tercero a los maestros de 4° a 7° grados. El Grupo Cuarto se constituye con los trabajadores de Formación, y el Quinto por el personal de Educación Superior y las universidades. Desde el primer momento en que fue presentada esta estrategia se han realizado los reclamos porque han omitido a docentes de Nivel Secundario y no se ha recibido respuesta por lo que se desconoce cuándo serán considerados».
Refuerza el fundamento de ambos pedidos que también se comenzó con la inoculación de menores de 60 con factores de riesgo en toda la provincia y los datos oficiales confirman la inoculación de más de 19mil personas.
El Rio Negro, está conformado por las cuencas del Rio Limay y el Rio Neuquén. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking, que con sus residuos a gran escala contamina las aguas. La contaminación que se produce en Vaca Muerta y Allen llega, río abajo, hasta Viedma donde desemboca en el mar.
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Una vez más, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita la colaboración de los vecinos para no depositar en los Puntos Limpios ubicados en distintos sectores de la ciudad residuos para los cuales no están habilitados. Al respecto, recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel…
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
El ecocidio es una nueva palabra que aparece como un eslabón imprescindible para la comprensión de los daños masivos al sistema ecológico y a nosotros mismos. Lo que viene ocurriendo en el Amazonas es un horripilante ejemplo de ecocidio que deberá ser juzgado, y que, al mismo tiempo nos conduce a dos términos homónimos: el…
El gobierno les recortó más de medio billón de pesos a las provincias en concepto de coparticipación en el último trimestre.
En medio de la baja de la recaudación sostenida durante un semestre, una situación que jaquea a los gobernadores, de noviembre a enero el Ejecutivo giró 533 mil millones de pesos menos en valores reales respecto del año anterior.
Las provincias tuvieron una variación nominal positiva de entre el 25 y el 33%, pero al ajustar por inflación, prácticamente todas sufrieron una variación real negativa.
En ese sentido, 23 de las 24 provincias perdieron poder adquisitivo real respecto del período anterior, pero hubo dos grandes perjudicadas, que fueron Córdoba y Santa Fe. Entre ambas perdieron más de 130 mil millones de pesos, casi un quinto que toda la masa coparticipable que el gobierno evitó pagar.
La Capital también fue de las más afectadas ya que perdió un 4,6%, si bien el valor nominal es de 17,7 mil millones de pesos.
Las provincia más beneficiada fue Salta, la única que tuvo un crecimiento de la masa coparticipada aún contando la inflación. Recibió 4,4 mil millones más en términos reales que lo que había recibido al fin del primer año del gobierno de Javier Milei.
Neuquén, donde está Vaca Muerta, fue una de las menos perjudicadas ya que perdió sólo el 0,7%. Mendoza y Misiones, gobernadas por aliados de Milei, también fueron parcialmente perjudicadas.
Curiosamente, la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof no entró en el grupo de las más perjudicadas y perdió el 2,4%.
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