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Unas 30 personas disfrutaron de la caminata recreativa

El último sábado se llevó adelante una nueva edición de la caminata recreativa familiar con la participación de unas 30 personas, lo cual pudo concretarse a partir del nuevo cupo permitido en actividades deportivas al aire libre.

Los participantes disfrutaron de elongación guiada antes de comenzar, un recorrido explicativo de las características naturales de la meseta, ejercicios de respiración y alimentación saludable.

La caminata comenzó en el Sendero a la Capilla, incluyó la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, el Monumento al Indio Comahue y el descenso por la bajada ‘Horacio Santángelo’.

Al finalizar los participantes degustaron un café y un snack saludable en la Oficina de Turismo.

Con distanciamiento social, barbijos y actividad al aire libre continuamos cuidándonos y disfrutando la Perla del Valle con las propuestas de la Dirección de Turismo.

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    El nombre de Santiago Pérez Teruel empezó a sonar fuerte como candidato de Axel Kicillof para ocupar un sillón de la Corte bonaerense. El propio gobernador lo habría planteado hace semanas en algunas reuniones informales donde se empezó a conversar el tema.

    Pérez Teruel es un incondicional de Kicillof y forma parte del escaso grupo de funcionarios considerados «puros». Conoció a Kicillof en 2010 y unos años más tarde cuando fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y después ascendió a director.

    En 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri, una parte importante del grupo chico del ahora gobernador se refugió en cátedras de la recién creada Universidad de José C. Paz. Pérez Teruel fue uno de ellos.

    En 2019, cuando Kicillof llegó a la provincia lo designó al frente de la Asesoría de Gobierno. Allí coordina todo el asesoramiento jurídico de la administración pública bonaerense y lidera un equipo de 300 personas que analizan las juridicidad de cada uno de los actos que hace el gobernador. Son unos 70.000 expedientes por año.

    Kicillof habilita una negociación por la Suprema Corte y le daría un juez a los libertarios

    En los últimos meses estuvo al frente del convenio que el gobierno provincial firmó con la AFA para que la selección de fútbol pueda utilizar el Estadio Único de La Plata.

    También trabajó en el reordenamiento de la feria La Salada donde coordinó con la Justicia Federal el fin de la intervención. Teruel coordinó el despliegue de las fuerzas provinciales para asegurar la seguridad en el predio de Lomas, como también avanzar en un censo a los feriantes y sumar Cuenta DNI en cada uno de los puestos.

    Santiago Pérez Teruel.

    «La Suprema Corte es un tribunal político que garantizan el cumplimiento de la legalidad», dijo Pérez Teruel en septiembre en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco. «Es muy importante que los candidatos sean idóneos, pero también que lleguen con un fuerte consenso político», agregó.

    En esa entrevista fue consultado sobre si podría ser uno de los candidatos. «Yo formo parte de un espacio y me siento útil donde estoy. No me desvela (ser candidato a la Corte) y creo que hay compañeros muy preparados para esos cargos», dijo en respuesta con formalidad extrema.

    Pérez Teruel es especialista en Abogacía del Estado y no cuenta con una carrera judicial. Pero ya él mismo lo dejó claro: la Suprema Corte bonaerense es un tribunal político.

    De confirmarse su designación será el segundo funcionario de Kicillof que quedará en la provincia con un cargo de por vida. El primero fue Federico Thea -otro joven funcionario del grupo chico del gobernador- que pasó a presidir el Tribunal de Cuentas.

    Aunque meses atrás desde Casa de Gobierno sostenían que la candidata iba a ser una mujer, una eventual designación de Pérez Teruel tendría como objetivo dejar a incondicionales del gobernador en los resortes más importantes del Estado bonaerense durante años.

    Federico Thea.

    LPO adelantó la semana pasada que Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte. El Máximo Tribunal bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.

    Hasta ahora el gobernador se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.

    A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia de la Corte queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicillof desdobló la elección provincial y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.

    Quienes siguen el tema aseguran que será una negociación larga y que excederá por lejos los tiempos del presupuesto. En los primeros borradores los tres sectores mayoritarios del peronismo (axelismo, kirchnerismo y massismo) se quedarán con un asiento cada uno, el cuarto quedará para La Libertad Avanza.

    Los libertarios serán la segunda minoría en la Legislatura y tendrán la llave para la mayoría calificada (los dos tercios). LPO adelantó en septiembre el poder que consolidó Sebastián Pareja al tener los mejores lugares en las listas de la elección desdoblada. Serán unos 20 legisladores propios, que más allá del paraguas de La Libertad Avanza, responderán a su jefe más cercano: Pareja.

     

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    Publican DNU que abre la puerta a un apagón de soberanía energética: Milei habilita la liquidación del FONDESGAS

     

    En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    Un poder a medida del desguace

    Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.

    El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.

    El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.

    Con este DNU, queda a merced de un funcionario.


    ¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?

    Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:

    • No avanzan los gasoductos troncales.
    • Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
    • Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
    • Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
    • Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

    El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.

    Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.


    Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos

    En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.

    Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.

    Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.


    El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario

    El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.

    Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.

    La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.


    ¿Qué puede pasar si lo eliminan?

    Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:

    • Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
    • Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
    • Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
    • Incremento del costo energético para hogares e industrias.
    • Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
    • Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.

    En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.

     

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