El último sábado se llevó adelante una nueva edición de la caminata recreativa familiar con la participación de unas 30 personas, lo cual pudo concretarse a partir del nuevo cupo permitido en actividades deportivas al aire libre.
Los participantes disfrutaron de elongación guiada antes de comenzar, un recorrido explicativo de las características naturales de la meseta, ejercicios de respiración y alimentación saludable.
La caminata comenzó en el Sendero a la Capilla, incluyó la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, el Monumento al Indio Comahue y el descenso por la bajada ‘Horacio Santángelo’.
Al finalizar los participantes degustaron un café y un snack saludable en la Oficina de Turismo.
Con distanciamiento social, barbijos y actividad al aire libre continuamos cuidándonos y disfrutando la Perla del Valle con las propuestas de la Dirección de Turismo.
La expansión del negocio de la pesca de calamar que apuró el gobierno de Javier Milei finalmente se concretó este jueves cuando, por mayoría, el Consejo Federal Pesquero (CFP) entregó los 18 permisos que ampliarán la dotación de buques para la explotación -por entre 15 y 24 años- de esta especie que hoy es la más rentable.
Dentro del CFP (presidido por Nación e integrado por las provincias del litoral marítimo), el único rechazo fue de la provincia de Buenos Aires, que denunció «la falta de tiempo mínimo razonable de análisis que se requiere para el tenor de la medida».
Según se expone en el acta de sesión del CFP al que tuvo acceso LPO, en el gobierno de Axel Kicillof acusaron que los proyectos de las 27 empresas interesadas por los 18 permisos en juego se presentaron este miércoles, «siendo aprobados al día siguiente», a pesar de contar cada uno de ellos «con centenares de fojas».
En ese proceso exprés, la gestión bonaerense sostuvo que «queda evidenciada la discriminación arbitraria a la provincia de Buenos Aires, referente de la pesca de calamar argentino» ya que, de los 18 proyectos aprobados, 17 desembarcarán en puertos patagónicos y solo uno en Mar del Plata.
En las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que proponían descargar el calamar en Mar del Plata tenían entre 10 y 15 puntos menos que aquellos que proyectan sus descargas en la patagonia.
«Este Consejo ha logrado que la enorme mayoría de los proyectos aprobados no establezcan al puerto de Mar del Plata como puerto de descarga, incluso aún cuando se trata, en algún caso, de empresas radicadas en territorio bonaerense», acusaron los representantes de Buenos Aires en el CFP.
Otro dato cuestionado por la administración Kicillof es que ninguno de los proyectos elegidos contempla la construcción de barcos en Argentina. Todas las propuestas que incluyen buques poteros nuevos, plantean su construcción en el extranjero.
Precisamente, las cámaras del sector le habían pedido al CFP un plazo mayor de entrega de propuestas para hablitar el desarrollo de los proyectos de construcción por parte de los astilleros nacionales, solicitud que fue desoída.
De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, que hace dos meses adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky. Obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero.
De las 27 propuestas, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos (Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A).
De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, empresa con más de 30 años de trayectoria que en junio último adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, empresario que, en sociedad con los hermanos Neuss, se quedó a principios de año con el control de dos represas.
El ministro de Asuntos Agrarios y Pesca, Javier Rodríguez.
Glaciar, que fijó más del 50% de sus desembarcos en Puerto Deseado, Santa Cruz, obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero. También obtuvo un permiso por 24 años Semaloma, firma del Grupo San Isidro.
Luego, consiguieron un permiso por 21 años la Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado. Por 18 años, fueron seleccionados Bentónicos de Argentina S.A., Proel, IBCO, ADH MOR Company, Vuogafe, Rusbuilding e Hispano Patagónica junto con la marplatense Moscuzza, la única oferta bonaerense que quedó en pie.
Por 15 años, obtuvieron permisos Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, mientras que Red Chamber Argentina tendrá por 9 años.
Con la entrega de los permisos, el Gobierno logra cerrar en tiempo récord un trámite que abrió a mediados de mayo, cuando informó en el CFP que estaba elaborando una propuesta para expandir la explotación del calamar. Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Todo eso desató desde el arranque sospechas de corrupción, bajo el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», señalaron en junio pasado desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla.
En medio de eso, la gestión Kicillof presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado en el CFP, razón por la que fuentes de la administración bonaerense señalaron a LPO que analizan avanzar con acciones judiciales.
La motivación de la sociedad humana es económica en su fundamento último S.Freud Los principales medios de comunicación del mundo publicaron (¿Fake News Global?) la noticia de la detención de una supuesta red de espionaje americana, con la consecuente pena capital para algunos de los 17 aparentemente capturados, luego de un comunicado del gobierno iraní….
El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este lunes con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio específico para la ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti en el marco del programa provincial ‘Suelo Urbano’. Se trata de las obras de redes de agua potable, red eléctrica y alumbrado público…
La dinámica con la que se movían los engranajes dentro de la oposición cordobesa hace unos meses cambió, pasó a otra velocidad. No se detuvo, pero no es la misma mecánica que tenían en el primer semestre del año dentro del eje que conducen el diputado libertario Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez.
Los acercamientos entre la Nación y el gobernador Martín Llaryora a partir de la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete incomodaron el vínculo y pausaron las fotos conjuntas de los referentes de Javier Milei en Córdoba. Por más que el esquema que lidera Bornoroni haga todos los esfuerzos posibles para calmar la ansiedad de sus socios y enfatizar que la relación entre la Rosada y El Panal es «sólo institucional»; en el juecismo no cayó bien que bajen ministros nacionales y destaquen a los funcionarios llaryoristas.
La semana pasada ocurrió dos veces: Alejandra Monteoliva valoró a su par, Juan Pablo Quinteros -enemigo acérrimo de Juez-; y ‘Toto’ Caputo hizo lo propio con el ultra llaryorista que conduce la cartera de Economía en Córdoba, Guillermo Acosta. Ambos, blancos predilectos del juecismo.
Dentro de ese contexto, y con el objetivo de tratar de sostener la coalición opositora, algunos se empiezan a apurar porque saben que Llaryora fijará la fecha de la elección provincial en la primera parte del 2027 y podría agarrar a la oposición todavía caminando.
Es el caso, de Juez que, como lo adelantó LPO el verano pasado había decidido enfriar su propia candidatura provincial con tal de derrotar al peronismo. Inercia que en las últimas semanas no vio con la misma intensidad; pero que, aún así, confía en que se pueda bloquear el objetivo de reelección de Llaryora.
Por lo tanto, un repliegue con una candidatura a la intendencia de la capital cordobesa, como también lo contó este sitio sigue en pie; y ahora suma un ingrediente a la negociación con Bornoroni: convertirse en el jefe de la campaña provincial de la oposición. Un menú tentador detrás del que están otros.
Aunque no es la única carta en la baraja para el segundo semestre de este 2026. La otra pasa por el armado de la lista de legisladores provinciales. Actualmente, los libertarios no tienen bancas en la Unicameral cordobesa, mientras que el Frente Cívico tiene un activo puñado de siete bancas; origen de duras críticas parlamentarias al cordobesismo.
Fortalecer esto será un activo para Juez y puede ser un riesgo para Bornoroni. Por lo tanto, en la ecuación, es un condicionante dentro del acuerdo opositor.
Lo otro que resta dilucidar es si el radical Rodrigo de Loredo entrará o no en el acuerdo. Y aunque hoy es bastante difícil, lo hace más complejo aún la serie de recorridas que Bornoroni viene haciendo por el interior provincial prometiendo la instalación de un candidato propio en todas las localidades. Un fantasma que espanta el acercamiento de intendentes radicales o que, por lo menos, los obliga a negociar bajo presión.
A partir de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro atenderá en Villa Regina en un espacio cedido por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. La atención comenzará el viernes 15 de octubre en el horario de 9 a 12 y se repetirá el tercer viernes de cada mes. Para ello…
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
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