El último sábado se llevó adelante una nueva edición de la caminata recreativa familiar con la participación de unas 30 personas, lo cual pudo concretarse a partir del nuevo cupo permitido en actividades deportivas al aire libre.
Los participantes disfrutaron de elongación guiada antes de comenzar, un recorrido explicativo de las características naturales de la meseta, ejercicios de respiración y alimentación saludable.
La caminata comenzó en el Sendero a la Capilla, incluyó la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, el Monumento al Indio Comahue y el descenso por la bajada ‘Horacio Santángelo’.
Al finalizar los participantes degustaron un café y un snack saludable en la Oficina de Turismo.
Con distanciamiento social, barbijos y actividad al aire libre continuamos cuidándonos y disfrutando la Perla del Valle con las propuestas de la Dirección de Turismo.
El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.
La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.
Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.
Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.
Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.
Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables
Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.
Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».
El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales
En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.
El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.
«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.
El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».
«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.
En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.
Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.
Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito».
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El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
Un decreto que desarma el relato
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
Adorni en el centro de la escena
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
La pregunta incómoda
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
Imaginemos si mañana Reinaldo Rueda (DT de la selección chilena) levantara el teléfono y se comunicara con Lionel Messi. La conversación sería mas o menos así: RR: Hola Leo, ¿cómo andas? Leo: Bien… Quién habla?RR: Reinaldo Rueda, no se si te acordas de mi, pero soy el DT del seleccionado chileno…Leo: ahh si si. Que…
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