Un joven de la región irá a juicio por vínculos con el Estado Islámico
Un joven de 22 años, detenido en enero en General Roca, está acusado de formar parte de una célula yihadista y difundir mensajes de odio con llamados a la violencia en nombre del Estado Islámico.
David Nazareno Ávila no es un caso más. Según la Justicia Federal, no solo compartía propaganda del grupo terrorista en redes sociales, sino que pedía ayuda para fabricar explosivos y atacar en territorio argentino. Las pruebas en su contra son alarmantes: mensajes en árabe, contactos con presuntos proveedores de armas y declaraciones donde expresaba su deseo de convertirse en mártir.
Con base en esta evidencia, los fiscales María Claudia Frezzini y Santiago Marquevich pidieron la elevación a juicio oral. Lo acusan de integrar una organización cuyo fin es imponer el terror, combatir ideas ajenas con violencia y promover el odio contra comunidades por razones de religión, nacionalidad o política.

La investigación comenzó mucho antes de su detención, tras detectar publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook, además de intercambios en WhatsApp y Telegram. En estos espacios, Ávila difundía ejecuciones y atentados, alababa al Estado Islámico y alentaba a otros a sumarse a su causa.

Uno de los mensajes clave, fechado el 6 de octubre de 2024, revela sus intenciones, «la paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?»
Luego publicó “quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos»,
El Estado Islámico, al que Ávila habría adherido, figura en el registro oficial de organizaciones terroristas del país. Para los investigadores, su vinculación iba más allá de la admiración ideológica: formaba parte de la estructura, recibía apoyo y se estaba preparando para actuar.
El juicio oral podría marcar un antes y un después en el abordaje del extremismo digital en Argentina. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la radicalización en redes, aunque silenciosa, puede convertirse en una amenaza real si no se frena a tiempo.

Investigación del Ministerio Público Fiscal
Según informó el Ministerio Público Fiscal que en marzo de 2024, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, dio aviso a la UFECO respecto a la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales.
En virtud de ello, la unidad especializada en combatir el crimen organizado inició una investigación preliminar y, en abril del año pasado, efectuó la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el Juzgado Federal de esa ciudad, dado que en el sumario surgió que el sospechoso había mantenido reuniones en un centro comercial de Escobar, partido bonaerense comprendido en su jurisdicción. En esta ocasión, también se corroboró que Ávila había formado parte, por dos meses, del Ejército Argentino como voluntario en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, aunque de allí lo echaron por cuestiones de competencia, rendimiento y disciplina, ya que, entre otras cosas, lo descubrieron hurtando en un supermercado.
El juez federal Adrián González Charvay delegó la investigación en el MPF que encomendó realizar tareas investigativas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La fuerza federal hizo seguimientos y observaciones en forma encubierta, escuchas telefónicas, análisis de las redes sociales y designó un “agente encubierto digital” para interactuar con el sospechoso y/o los restantes integrantes de los canales y grupos de mensajería que integraba.

En base a los elementos de prueba reunidos, el MPF solicitó el 7 de enero pasado el allanamiento de los domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en la localidad rionegrina de General Roca.
En aquellos procedimientos, realizados por personal de la PNA, se le incautó su teléfono celular, en el que se encontró la prueba fotográfica y de mensajería clave.
De esta manera, el 9 de enero se dispuso la detención de Ávila, mientras que el 14 de ese mes se le recibió declaración indagatoria.
Luego, se le dictó su procesamiento con prisión preventiva, que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, luego que fuera apelado por la defensa. Asimismo, se declinó la competencia en razón del territorio para que continue interviniendo el Juzgado con jurisdicción en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, dado que la maniobra delictiva encontró su origen allí y también se desarrolló en dicho ámbito espacial.
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