Un día como hoy hace 20 años, secuestraban a Marita Verón.

A las 9:15, María Verón de 23 años saludo a su mamá y salío de su casa, se dirigía a una consulta médica a unas cuadras de su casa. Cuando llegó a la esquina, un Duna rojo la interceptó y 3 personas la subieron por la fuerza.

Sus padres fueron a la comisaría a realizar la denuncia, pero la policía les dijo que aún era pronto. Cerca de las 22hs luego de insistir, les tomaron los datos.
Era el 3 de abril de 2002, en Tucumán, y la historia recién comenzaba:

3 días después, a 30 km de donde la habían secuestrado, varias personas aseguraban haberla visto e inmediatamente, hicieron la denuncia a la policía «Llevaba zapatos de taco no las zapatillas que tenía al ser secuestrada y deambulaba por zona» Fue así que el jefe de la comisaría decidió enviar a un patrullero a buscarla, pero en lugar de ponerla a salvo, la subieron a un colectivo de media distancia que iba destino a San Miguel‼️Marita nunca llegó.


Luego de años de lucha, Susana Trimarco, su mamá, llegó a infiltrarse en una red de prostitución donde logró liberar a muchas mujeres que habían sido secuestradas y le brindaron datos sobre su hija.
📌En uno de esos tantos intentos Susana por recuperarla, se metio en otro prostíbulo donde una joven le dijo «Casi llegas, se la acaban de llevar».
Gracias a su lucha inquebrantable, y pese a las trabas de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, Susana destapó una red de trata y de encubrimiento oficial que aún hoy continúa vigente. Durante el juicio, quedó en evidencia que el poder no estaba interesado en frenar este negocio. Mientras Susana narraba los hechos, el juez la interrumpía «Te faltaba mucho?» a lo que Susana contestó, «Si, y póngase cómodo»‼️
Declaró «vine como una estúpida a la Casa de Gobierno, y digo estúpida porque la mafia estaba ahí». Ante el repudio social, renuncio el ministro de Seguridad de Tucumán y los acusados recibieron 15 y 22 años de prisión.
📌Hoy, las redes de trata siguen funcionando con el amparo de la «Justicia» y de eso no se habla. A las mujeres se las secuestra y se las desaparece mientras solo la lucha popular las hace visibles.
De Marita no se volvió a saber hasta el día.

Del Instagram de @cuestionatee

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    La medida disciplinaria se fundó en que la legisladora compitió por fuera de la lista oficial del justicialismo en las elecciones provinciales de mayo pasado, una decisión que tomó en medio de su disputa contra la por entonces diputada y referente de La Cámpora en su provincia, Leila Chaher.

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    — Carolina Moises (@CarolinaMoises) January 29, 2026

    Como informó LPO, la intervención del PJ fue solicitada en 2023 por la propia Moisés para destronar a Rubén Rivarola, socio político de Gerardo Morales y por entonces jefe de la bancada peronista en la Legislatura jujeña. Con sus votos, el exgobernador radical logró la reforma constitucional que hundió la provincia en una rebelión total, con pueblos originarios y trabajadores estatales cortando rutas y copando las calles de San Salvador.

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    El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional.

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    El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.


    Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

    Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

    La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

    El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.


    El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

    Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

    Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

    No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.


    Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

    La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

    No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

    La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.


    Un mensaje claro: incumplir paga

    Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

    Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

     

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