¡ultimo-dia-de-festival!

¡Último día de Festival!

Esta noche la primera edición del Festival Regina Audiovisual (FRAV) llega a su fin y así se completarán las cuatro jornadas a puro cine que vivimos en el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo.

El programa para hoy es el siguiente:

*Videoclip: Yo no, Tiempo de explorar-Juan Nazar, No terminaré yanque, Kabra Parda ‘Parda show’.

*Corto patagónico: Allen, zona de sacrificio, Las vigilias de la noche, Distantes.

*Corto nacional: Anita anota, El antídoto, Distanciadxs, ¡El archiduque debe morir! y El acto.

Aproximadamente a las 23 horas se realizará la premiación de los ganadores de las distintas categorías en competencia.

Recordemos que el Festival es organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. Su Director es Esteban Vázquez.

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  • Moodys afirma que el riesgo país debería ser aún mas alto

     

     La directora global de riesgo soberano de Moody’s, Marie Diron, lanzó una advertencia que golpeó de lleno sobre uno de los principales objetivos financieros del Gobierno: sostuvo que el mercado sigue percibiendo a la Argentina como un país más riesgoso de lo que indican sus calificaciones crediticias.

    «Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían», afirmó Diron en una entrevista con Bloomberg Línea. La declaración cayó en un momento sensible para el equipo económico, que esperaba que la mejora de nota de Fitch ayudara a consolidar una baja más pronunciada del riesgo país y una recuperación más firme de los bonos soberanos.

    La observación de Moody’s apareció además acompañada por los propios movimientos del mercado. Después de perforar los 500 puntos y tocar un piso de 496 unidades tras la mejora de Fitch, el riesgo país rebotó durante cuatro ruedas consecutivas hasta superar los 535 puntos, acercándose nuevamente a los valores previos al upgrade.

    En la City interpretan ese movimiento como una señal de que el mercado todavía no termina de comprar la idea de una normalización financiera acelerada. De hecho, los spreads argentinos continúan muy por encima de los que pagan países con calificaciones similares e incluso superiores a algunos soberanos con peores notas.

    En esa línea, Martín Burgos, director de la consultora Lado B, relativizó el impacto inmediato de las mejoras de calificación sobre los activos argentinos y sostuvo que el mercado todavía considera que el país sigue jugando «en otra liga». Según explicó, mientras Argentina permanezca en las categorías más especulativas, los cambios de nota tienen un efecto limitado sobre el flujo de inversiones.

    «Hay un montón de calificaciones que para el mercado son prácticamente iguales. Recién cuando pasás a Investment Grade eso tiene un efecto realmente importante, porque muchos fondos tienen reglas internas que les exigen tener determinado porcentaje de bonos de países con grado de inversión», explicó Burgos. En ese sentido, señaló que una mejora de esa magnitud sí podría generar un ingreso mucho más fuerte de capitales hacia los bonos argentinos.

    Para el economista, eso explica por qué el riesgo país no logró sostener la baja incluso después de la mejora de Fitch. «El mercado está esperando más. Por eso el riesgo país sigue estancado», afirmó. Según sostuvo, los inversores entienden que para empezar a discutir una reinserción financiera más sólida Argentina debería acercarse a niveles de riesgo país del orden de los 300 puntos, muy lejos todavía de los valores actuales.

    La comparación regional es una de las cuestiones que más inquietan al mercado. Ecuador, que comparte la calificación B- de Fitch y también arrastra antecedentes de defaults, opera con un riesgo país más de 100 puntos inferior al argentino. El Salvador, con la misma nota, directamente cotiza cerca de los 314 puntos.

    El Gobierno viene intentando explicar esa diferencia a partir del denominado «riesgo kuka». Luis Caputo sostiene desde hace semanas que los inversores siguen asignando una probabilidad relevante a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027 y que esa incertidumbre explica las tasas más altas que pagan los bonos argentinos.

    Esa lectura aparece reflejada especialmente en los títulos más largos. Los bonos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027 continúan operando con rendimientos significativamente más elevados que los de corto plazo, algo que para el mercado refleja dudas sobre la sustentabilidad política y financiera del programa económico.

    Sin embargo, otros analistas sostienen que el problema excede el calendario electoral. El ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la principal fragilidad sigue siendo el bajo nivel de reservas y el creciente peso de la deuda senior, es decir, compromisos que tienen prioridad de cobro sobre los tenedores tradicionales de bonos. «Eso al bonista le pone los pelos de punta», resumió el economista.

    Incluso economistas cercanos al mercado, como Hernán Lacunza, empezaron a plantear reparos sobre la dinámica financiera. El exministro de Economía advirtió que la Argentina no debería entrar en un año electoral con reservas netas tan bajas y sostuvo que el actual esquema todavía carece de «holgura».

    En paralelo, informes privados comenzaron a enfriar las expectativas de una baja rápida del riesgo país. Un reporte del Banco Comafi señaló que «resulta demasiado optimista» pensar que Argentina pueda comprimir otros 150 puntos en la parte larga de la curva antes de las elecciones.

    La discusión de fondo es que, aunque el Gobierno logró mostrar equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, el mercado todavía sigue mirando otras variables más sensibles: la acumulación de reservas, la posibilidad de recuperar acceso pleno al financiamiento voluntario y, sobre todo, qué margen político tendrá Milei para sostener el programa económico más allá de 2027.

     

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    De la “hojarasca” a las patentes: las leyes estratégicas que Milei quiere borrar detrás del ajuste silencioso

     

    Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

    Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

    La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

    El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

    La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

    En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

    La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

    La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

    Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

    Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

     

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