¡ultimo-dia-de-festival!

¡Último día de Festival!

Esta noche la primera edición del Festival Regina Audiovisual (FRAV) llega a su fin y así se completarán las cuatro jornadas a puro cine que vivimos en el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo.

El programa para hoy es el siguiente:

*Videoclip: Yo no, Tiempo de explorar-Juan Nazar, No terminaré yanque, Kabra Parda ‘Parda show’.

*Corto patagónico: Allen, zona de sacrificio, Las vigilias de la noche, Distantes.

*Corto nacional: Anita anota, El antídoto, Distanciadxs, ¡El archiduque debe morir! y El acto.

Aproximadamente a las 23 horas se realizará la premiación de los ganadores de las distintas categorías en competencia.

Recordemos que el Festival es organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. Su Director es Esteban Vázquez.

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    Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París

     

    Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

    En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

    La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

    Un viaje técnico en medio de una tormenta política

    El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

    Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

    Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

    El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

    Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

    La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

    Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

    La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.

     

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  • Con la oposición unida, la reelección de Llaryora entra en zona de peligro

     

    Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.

    El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.

    En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.

    En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.

    Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».

    Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.

    En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.

    La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.

    El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.

    Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.

    El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.

    En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.

    Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.

    Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.

    Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.

    La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.

     

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