La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina comparte las actividades planificadas para este fin de semana:
*Tardes Dulces: Continuamos la semana de la Dulzura con la pastelería y panificación artesanal de emprendedores locales. Este viernes 9 nos acompaña Paola Pavian con panificación y repostería vegana.
El sábado 10 Rosi Arrieta con chocolatería, alfajores y conitos de dulce de leche artesanales y el domingo 11 será el turno de Muñoz Alicia.
Durante los tres días a partir de las 14 y hasta las 18 horas.
*Caminatas Recreativas: Salimos de de caminata guiada el viernes 9 y sábado 10 a las 15 horas. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo. Con la inscripción te llevás un cafecito gratis a elección para la vuelta. Actividad gratuita con cupo limitado y protocolo COVID- 19.
*GastroArte en RuGliano: junto a la Dirección de Cultura los invitamos a ser parte de la propuesta que une a nuestros artistas locales y lo mejor de la gastronomía regional. Este fin de semana es el turno de RuGliano quienes se sumaron a la propuesta con un almuerzo el domingo 11 de Lasagna italiana acompañada de tabla de fiambres, pan casero, y variados postres que incluyen conservas y tartas de manzana. La música estará a cargo de los artistas Alexis y Pablo.
Reservas al 2984 865960
*Feria ReEmprender: La Plaza de los Inmigrantes se vuelve a vestir de Feria el domingo 11 con un nuevo horario de invierno a partir de las 14 horas. Nos acompañan artesanos y emprendedores locales de variados rubros.
Termino de almorzar. El mozo me abre la puerta, salgo del restaurante y, a él lo veo sentado, duro como una estatua. El mozo me mira: “es un adicto al paco”. Miro sus cortes, sus lastimaduras, su herida, su caja de cartón roñosa con un pedazo de pan. Miro su remera, su musculosa, es pleno…
Durante el fin de semana el medio local «Periódico La Comuna» publicó una noticia bajo el título «Solicitan declarar a Villa Regina como ciudad Pro-Vida” donde se cita textualmente al pastor Gabriel Ballerini quien sostuvo que debe considerarse “la posibilidad de un proyecto presentado el año pasado para declarar a Villa Regina como ‘Ciudad pro…
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, habría intercambiado mensajes con el expresidente del liquidado Banco Master, Daniel Vorcaro —investigado por fraudes e irregularidades financieras—, en los que este último le habría solicitado que intercediera para frenar las investigaciones sobre la entidad financiera y que le asesorase sobre cómo frustrar…
Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.
Por Roque Pérez para NLI
La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.
El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.
Una fortuna líquida mirando hacia afuera
El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.
La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.
El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.
El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.
Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo
Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.
La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.
Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.
El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.
La paradoja del ministro de Economía
Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.
El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.
Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.
La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.
La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.
Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.
No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.
Si tenemos en cuenta a la física cuántica, una partícula puede estar simultáneamente en varios lugares a la vez, fenómeno llamado superposición. A partir de este hecho microscópico, e intentando llevarlo al cuerpo, nos preguntamos: ¿Será posible que la espalda se traslade al cerebro y pida que la rasquemos? O que, el cerebro se…
El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas.
Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras.
Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años.
Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial.
Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026».
«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.
La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto.
Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape.
La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.
Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.
Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».
En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años.
Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI.
La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera.
El campamento de Vicuña en San Juan.
No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.
Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país.
Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.
Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».
Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho.
Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década.
Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio.
Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen.
El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.
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