La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina comparte las actividades planificadas para este fin de semana:
*Tardes Dulces: Continuamos la semana de la Dulzura con la pastelería y panificación artesanal de emprendedores locales. Este viernes 9 nos acompaña Paola Pavian con panificación y repostería vegana.
El sábado 10 Rosi Arrieta con chocolatería, alfajores y conitos de dulce de leche artesanales y el domingo 11 será el turno de Muñoz Alicia.
Durante los tres días a partir de las 14 y hasta las 18 horas.
*Caminatas Recreativas: Salimos de de caminata guiada el viernes 9 y sábado 10 a las 15 horas. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo. Con la inscripción te llevás un cafecito gratis a elección para la vuelta. Actividad gratuita con cupo limitado y protocolo COVID- 19.
*GastroArte en RuGliano: junto a la Dirección de Cultura los invitamos a ser parte de la propuesta que une a nuestros artistas locales y lo mejor de la gastronomía regional. Este fin de semana es el turno de RuGliano quienes se sumaron a la propuesta con un almuerzo el domingo 11 de Lasagna italiana acompañada de tabla de fiambres, pan casero, y variados postres que incluyen conservas y tartas de manzana. La música estará a cargo de los artistas Alexis y Pablo.
Reservas al 2984 865960
*Feria ReEmprender: La Plaza de los Inmigrantes se vuelve a vestir de Feria el domingo 11 con un nuevo horario de invierno a partir de las 14 horas. Nos acompañan artesanos y emprendedores locales de variados rubros.
El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, confirmó que apoyarán la remoción de Manuel Adorni en el caso de que Javier Milei lo sostenga en el cargo.
«Espero que no lleguemos a esa instancia. Si llegamos a esa instancia el PRO va a acompañar la moción de censura o remoción», adelantó el senador misionero, en línea con el pedido que bajó la semana pasada Mauricio Macri.
«A esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho», dijo Goerling en declaraciones a Infobae. «Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo, es lo que estamos pidiendo», agregó el senador, que confirmó el adelanto de LPO de que el oficialismo quiere voltear la sesión del jueves.
LPO reveló que, antes de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial, Macri le pidió a los diputados del PRO que voten la interpelación, pero la orden generó tensión porque el jefe de bloque Cristian Ritondo no quiere saber nada con pelearse con Milei. Este miércoles Fernando De Andreis, muy cercano al expresidente, dijo que no descartan acompañar la interpelación.
Los aliados del gobierno en el Congreso están reclamando a Milei que lo eche a Adorni porque de lo contrario no van a poder sesionar sobre ningún tema. De hecho, la interpelación de Adorni no figura en el temario de la sesión del Senado de este jueves, pero en el oficialismo saben que ni bien abra el debate, el peronismo irá por la cabeza del jefe de gabinete.
Maxi Abad
En ese sentido, desde el radicalismo en el Senado le salieron a pedir a Milei que eche a Adorni antes de tener que acompañar al kirchnerismo en el pedido de remoción. «Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más en el gobierno», declaró el bonaerense Maxi Abad.
«Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más. Incluso dentro del gobierno muchos lo piensan aunque no lo digan», afirmó el radical, que repitió que «el gobierno tiene la pelota» para evitar el daño que le generaría la remoción del jefe de Gabinete.
Abad explicó que en el bloque radical todavía no hay una postura definida sobre qué camino tomar, pero todos coinciden en que Adorni debe irse. «El gobierno tiene en sus manos terminar este tema porque esto le produce una profunda debilidad institucional. No hay que perder más tiempo», aconsejó Abad.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
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La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la jornada de este lunes 3 de mayo se completó el cupo de castraciones, superando ampliamente el total de 300 animales, entre caninos y felinos. Próximamente se comunicarán las nuevas fechas de inscripciones. Difunde esta nota
El Intendente Marcelo Orazi destacó la decisión del Estado Nacional de ceder a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) el espacio para la construcción del nuevo edificio académico en Villa Regina. “Este edificio nos jerarquizará como ciudad, le dará otra estética a este espacio céntrico y, lo más importante, significará el asentamiento definitivo de…
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