Turismo: ¡Se viene otro finde cargado de actividades!

 

En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.

Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.

Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.

Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.

Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.

Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.

En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.

La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.

En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.

Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.

Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.

Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.

¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.

Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública. 

Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público. 

La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.

Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.

En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.

El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.

¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.

Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.

El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.

El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.

Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.

Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran. 

Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.

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“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.

Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?

Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.

En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.

El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares. 

Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.

A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.

¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?

Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.

En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.

La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.

La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.

Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.

Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua. 

El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.

La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre. 

En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva  reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.

Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.

Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.

El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.

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