Turismo: ¡Se viene otro finde cargado de actividades!

El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.

Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.

Una disolución que intenta borrar huellas

La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.

La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.

“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre

Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.

Corrupción sin nombres ni explicaciones

Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.

La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.

Ajuste, desmantelamiento y opacidad

La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.

En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.

A las puertas de una temporada estival marcada por la salida masiva de argentinos al exterior y en pleno debate por el atraso cambiario, el Gobierno decidió apagar una de las pocas linternas estadísticas que permitían medir con precisión el drenaje de dólares por turismo.

Por Roque Pérez para NLI

La decisión no es técnica ni neutra: la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió dejar de financiar desde el 1° de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a medir la actividad turística. En concreto, se corta un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.

El resultado inmediato es claro: menos información, menos precisión y más margen para el relato oficial en un contexto donde los números del turismo venían mostrando una fuerte salida neta de dólares, dato incómodo para un Gobierno que insiste en negar el atraso del tipo de cambio.

Menos encuestas, menos datos incómodos

En su último informe sectorial —correspondiente a octubre de 2025— el INDEC confirmó el impacto de la decisión. Tras más de dos décadas de trabajo conjunto con el entonces Ministerio de Turismo, el organismo informó que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, lo que obligará a modificar la forma y la periodicidad de difusión de los datos.

El instituto aclaró que hará “todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles”, respetando las definiciones internacionales y la metodología vigente. Sin embargo, el propio comunicado admite que habrá cambios estructurales en dos herramientas clave: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En los hechos, el plan de “contingencia” incluye reducción de la muestra, menos casos relevados, modalidad remota en lugar de operativos presenciales y acuerdos con provincias para intentar sostener parte del relevamiento. Traducido: datos más débiles, menos representativos y más fáciles de relativizar.

Migraciones sí, balanza turística no

El INDEC aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones. Pero ese dato, por sí solo, no permite reconstruir la balanza de dólares que entran y salen por turismo, ni el impacto real sobre las reservas.

Justamente allí estaba el problema para el Gobierno. Las últimas publicaciones del área de Turismo mostraban con claridad una salida de divisas muy superior al ingreso, fenómeno que se aceleró con el dólar barato para viajar y que se convirtió en uno de los argumentos más sólidos para hablar de atraso cambiario.

Scioli contra las estadísticas

No es la primera vez que Scioli choca con el INDEC. Desde hace meses venía cuestionando la forma en que el organismo mide el sector, argumentando que “no refleja la realidad”. En lugar de discutir metodología con evidencia técnica, la respuesta fue más simple: quitar el financiamiento y achicar la medición.

El movimiento no puede leerse por fuera del contexto macroeconómico. Con reservas bajo presión, dólar planchado y un verano que promete récord de viajes al exterior, mostrar menos datos es una forma de esconder el problema, no de resolverlo.

Ajuste selectivo y opacidad estadística

Mientras se habla de transparencia, equilibrio fiscal y estadísticas “confiables”, el Gobierno recorta justamente donde los números desnudan las inconsistencias del modelo. El ajuste no es general: es quirúrgico y apunta a silenciar un indicador clave del frente externo.

La paradoja es evidente. En nombre del orden fiscal se recortan $570 millones en estadísticas públicas, pero se pierde a cambio una herramienta central para entender por dónde se van los dólares. Una decisión pequeña en términos presupuestarios, pero enorme en términos políticos.

Porque cuando el termómetro marca fiebre, romper el termómetro no cura la enfermedad.