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Foto: Nico Ramos

En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 

El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

«Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

Foto: Nico Ramos

Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

«Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

«Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

Rescates improvisados y pocas respuestas

Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

“Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

Falta de cartelería y sanciones

En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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