Tras difundirse los planes de Milei de gastar 3.000 millones de euros en submarinos, el Boletín Oficial publica un decreto manteniendo Secreto Militar
El Gobierno de Milei declaró secreto militar las operaciones contractuales de una nueva adquisición para las Fuerzas Armadas, sin identificar públicamente el material, el proveedor ni el costo. La decisión fue firmada el 16 de octubre y publicada este lunes, después de que trascendiera que Alemania y Francia ofrecieron financiar la compra de tres submarinos por más de 3.000 millones de euros. No hay documentación pública que confirme que ambas operaciones estén relacionadas, pero la coincidencia abre un interrogante que el Ministerio de Defensa debe esclarecer.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La recuperación de las capacidades militares argentinas volvió a quedar en el centro de la discusión pública, pero esta vez con una pregunta incómoda sobre la transparencia de las decisiones del Gobierno. Mientras trascendía que Alemania y Francia ofrecieron financiar la adquisición de tres submarinos para la Armada Argentina, el Poder Ejecutivo publicó un decreto que clasifica como secreto militar las operaciones contractuales correspondientes a otra adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La secuencia está documentada. Lo que todavía no se conoce es si existe alguna relación entre ambos asuntos.
Hoy, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1205/2026, firmado el viernes 16 por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti. La norma declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD. El texto no especifica qué material se pretende adquirir, qué empresa será la proveedora, cuál será el monto de la operación ni qué fuerza recibirá el equipamiento.
La decisión adquiere especial relevancia porque llega en medio de un proceso de reequipamiento militar que involucra operaciones de gran magnitud económica, compromisos de financiación internacional y decisiones estratégicas sobre el Atlántico Sur. La pregunta no es solamente qué está comprando el Gobierno, sino también cuáles serán las condiciones de esas operaciones, qué compromisos asumirá el Estado argentino y qué mecanismos permitirán controlar el uso de los recursos públicos.
Tres submarinos por más de 3.000 millones de euros
El sábado 17 de octubre, Clarín publicó que Alemania y Francia ofrecieron financiar la totalidad de una eventual adquisición de tres submarinos para la Argentina. La información se apoyó en declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, quien confirmó la existencia de las propuestas durante un almuerzo del Rotary Club.
De acuerdo con esa publicación, el costo estimado del programa superaría los 3.000 millones de euros, equivalentes a unos 3.355 millones de dólares. La Armada evaluó técnicamente dos alternativas: los submarinos Scorpène, ofrecidos por la francesa Naval Group, y los Type 209NG, desarrollados por la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
La diferencia entre una oferta de financiación y un contrato firmado es fundamental. La existencia de propuestas de Alemania y Francia no significa que el Estado argentino haya seleccionado definitivamente un modelo ni que la compra esté concretada. Sin embargo, el proyecto cuenta con antecedentes administrativos y presupuestarios que indican que dejó de ser una discusión puramente teórica.
Según la misma información periodística, Milei ya había autorizado a la Armada a tomar crédito externo por hasta 2.300 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos y otros 1.200 millones de dólares para dos fragatas. Se trata de autorizaciones financieras que deben distinguirse de la firma y ejecución de los contratos definitivos. El financiamiento ofrecido por los países europeos podría modificar las condiciones de la operación, pero sus términos concretos todavía requieren documentación.
El eventual regreso de la Argentina a la capacidad submarina representa una decisión estratégica de enorme importancia. Desde el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes, el país arrastra una pérdida crítica de capacidades en un espacio marítimo de importancia económica, energética y geopolítica. La vigilancia de la Zona Económica Exclusiva, la protección de las rutas comerciales, los recursos pesqueros, los hidrocarburos y los intereses argentinos en el Atlántico Sur exigen una planificación de largo plazo.
Pero una necesidad estratégica no elimina la obligación de explicar cómo se toman las decisiones, qué compromisos financieros se contraen y qué condiciones se negocian en nombre de todos los argentinos.
El decreto que mantiene la operación bajo reserva
El Decreto 1205/2026 invoca las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de determinadas adquisiciones, negociaciones y trámites vinculados con la preparación y el empleo de las fuerzas.
En sus considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que la naturaleza, las características y la finalidad del material que se pretende adquirir requieren que su contenido sea conocido exclusivamente por personas autorizadas, porque su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
El artículo primero declara secreto militar las operaciones contractuales identificadas en el expediente administrativo. El segundo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar las medidas necesarias para ejecutar la decisión. El decreto establece, además, que los organismos contratantes quedan exceptuados de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
El punto central es que el Gobierno hizo pública la decisión de mantener una contratación bajo secreto, pero no reveló el objeto concreto de esa contratación. La publicación permite conocer el fundamento jurídico invocado y el número del expediente, aunque no ofrece información suficiente para reconstruir la operación.
La reserva de determinados datos militares puede responder a razones legítimas de seguridad. Las capacidades técnicas de un sistema de armas, sus vulnerabilidades y ciertos aspectos operativos no necesariamente deben difundirse. Sin embargo, el alcance de una clasificación de este tipo merece especial atención cuando se trata de contrataciones que pueden involucrar sumas millonarias, financiación externa y compromisos que se extenderán durante años.
El secreto sobre información sensible y el control del gasto público son cuestiones diferentes. La existencia de una clasificación no significa, por sí misma, que hayan desaparecido todos los controles administrativos, presupuestarios o institucionales. Pero sí reduce la información disponible para que la sociedad conozca qué se está contratando y bajo qué condiciones.
