Trabajadores en extinción

 

La resistencia física de los trabajadores de Fate atrincherados en la planta no arrancó el 18 de febrero, cuando anunciaron el cierre y los despidos de 920 empleados. Fue mucho antes y fue más paulatino. Esos cuerpos que hoy aguantan en el predio de Virreyes, San Fernando, están acostumbrados a la adversidad y a las enfermedades laborales. Las máquinas y los materiales son pesados y los horarios son rotativos: una semana hay que levantarse cerca de las tres para llegar a las seis, a la siguiente fichar a las dos de la tarde, la otra a las diez de la noche y después volver a empezar. Llevar a una persona al límite de sus capacidades le produce fatiga, pero también la entrena. Hoy pasan largas horas sin dormir y permanecen funcionales pese al cansancio, como siempre lo han hecho.

Los gritos y los nervios de las primeras horas dejaron disfónico a Enzo, el operario del sector donde se elaboran los tejidos engomados —la T y la E de FATE—, que él mismo describe como “el corazón de la fábrica”. No da muchos detalles, pero cuenta que se cayó y se golpeó feo la espalda. Toma analgésicos por eso y por su dolor de muela. Como esta etapa del conflicto detuvo su vida por completo, tuvo que frenar un tratamiento de conducto. Enzo le quita importancia.

Los trabajadores del primer turno se encontraron con la noticia a las seis de la mañana, en un cartel ploteado en una estructura que lo sostenía de pie: cesar actividad, extinguir contratos, gracias. Después se bancaron la represión de la Policía Bonaerense, que ya estaba apostada en el predio desde antes de su llegada: tiros, forcejeos y la retención en un patrullero del secretario general del Sindicato Único de de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo. Enzo llegó un rato más tarde. Junto a un grupo de sus compañeros tiró un alambrado y entraron. Esa reacción aceleró las respuestas: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria y el juez de Garantías Nº 4, Esteban Eduardo Rossignoli, firmó una orden de desalojo de la planta. Desde ese momento Enzo sube a la terraza del predio todos los días y no logra entender del todo por qué no lo concretan. Ahí siguen, con la inminencia de que los obliguen a liberar ese espacio que ya es un símbolo y con un fracaso atrás del otro en el diálogo con la patronal.

Para llegar hasta ahí hay que subir por sectores por los que algunos operarios no habían pasado nunca. “Tenemos experiencia como trabajadores y como organización. Vemos que esto está explotado de materia prima, que el predio está energizado, que el domingo previo al cierre les pagaron a los de mantenimiento al 200 por ciento —los domingos la planta no tiene actividad— y les hicieron hacer arreglos grandes, a largo plazo”, dice Enzo. Ven indicios, sacan conclusiones, creen que es una maniobra para deshacerse de un grupo de personas organizadas, asumen que el holding de la familia Madanes Quintanilla no tiene excusas financieras para llevar a cabo una acción como esta. Y planean respuestas colectivas.

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Trabajar en Argentina nunca fue solo asistir y desempeñarse un día atrás del otro para luego cobrar. La actividad sindical en nuestro país y la conflictividad empleado/patrón tuvo altos y bajos que hoy parecen condensarse en un laberinto con muy pocas salidas. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, durante  el  gobierno de Javier Milei se perdieron más de 270 mil puestos de empleo formal. De ese total el sector más afectado fue el de la Administración pública, algo lógico si se tiene en qué prometió en en campaña y repitió varias veces en funciones. Fue un recorte planeado y defendido en varias ocasiones. Tanto que hoy el oficialismo se jacta de que el aparato gubernamental “sigue funcionando con 50 mil empleados menos”. En su lugar, proponen, las personas que antes se desempeñaban en cargos públicos deberían buscar oportunidades en el sector privado.

Pero el camino hacia ese lado —el salto de lo público a lo privado— tampoco parece llevar, necesariamente, hacia la resolución del problema del desempleo. Según lo registrado en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), hay casi 22 mil empresas menos de las que había hace dos años (se entiende por “empresa” a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares).

A Nahuel lo despidieron de su puesto de logística en Whirlpool cuando la empresa cerró su planta en Pilar en noviembre de 2025 y dejó sin fuentes de ingresos a 220 familias. Con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato que los representaba, lograron un monto de indemnización más favorable y él empezó a sentir el apuro del tiempo cuando gastaba lo que tenía, ya que su hija tenía apenas cuatro meses y el dinero disponible era, en sus palabras, pan para hoy y hambre para mañana. “A partir de ese momento, para el puesto que yo buscaba, veía en Computrabajo que había 15 mil postulantes para tres vacantes. Ahí me empecé a preocupar. Al toque conseguí que me tomaran en Mercado Libre como representante de envíos por un anuncio que encontré en las redes sociales. Me apalabraron un contrato de seis meses, pero terminó siendo de uno y ya lo rescindieron”, cuenta. 

En su paso por Mercado Libre, otros trabajadores le contaban las mismas historias de desvinculaciones, retiros voluntarios y contratos finalizados. A Nahuel lo que más lo conmovía eran los más jóvenes: habían conseguido su primer trabajo ilusionados y al mes ya estaban afuera. Nahuel es escéptico con respecto a los motivos: “Les decían que los echaban por falta de volumen, pero enseguida contrataban a otros, los capacitaban para que hicieran lo mismo y así. A mí me lo rescindieron con la promesa de que si hay más laburo me vuelven a llamar, pero no creo que pase. Ahora voy a tener que volver a buscar y la posta es que no hay. Cuando me quedé sin laburo estuve con dolor estomacal, insomnio, dolor de cabeza. No quería volver a eso. Yo, la verdad, estaba dudando si decirte el nombre de la empresa, pero estoy re caliente”. 

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Aplicaciones como Uber, Cabify y Didi parecen ser la primera opción de quien busca un mango más, pero también del que solía tener un trabajo formal y ya no lo tiene. Para todas esas aplicaciones hay que tener auto, lo que requiere una inversión inicial, una capa más de dificultad. Aunque en internet ya hay una vasta oferta de vehículos para alquilar por semana o por mes para trabajar.

Ese sistema no está aguantando el caudal de gente que recibe. Nahuel cuenta que entre sus compañeros de la empresa la mayoría aprovechó la indemnización para comprarse un auto y salir a hacer Uber. Pero se da cuenta que para hacer la diferencia tienen que trabajar doce o dieciséis horas. Y le ve el otro costado al asunto: “La realidad es que es un trabajo bastante esclavo. Además, la gente no tiene plata para tomarse un auto”. Alejandro, un operario del área de vulcanizado de Fate —donde se le agrega resistencia y durabilidad a las cubiertas—, dice que sus excompañeros que ya aceptaron retiros voluntarios tomaron ese camino o venden productos importados.

Incluso quienes ya se desempeñan en empleos registrados buscan sumar un extra. Una policía de la Bonaerense cuenta que con su sueldo no le alcanza y por eso cuando le sobra un rato agarra el auto y cambia de rubro a conductora de aplicaciones de viajes. Mientras esquiva el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, admite que la forma de hacer más plata siendo policía es teniendo un laburo extra o hacer las tareas de seguridad que te ofrecen y cobrás aparte: “Con una jerarquía de Sargento con diez años de antigüedad cobro $1.200.000. Y con Uber terminás ganando más porque en seis horas en el auto hacés más que con los adicionales”.

Rappi, Glovo y Pedidos Ya configuran un nivel más bajo de condiciones, ya que no requieren auto y, sin moto, el traslado es por tracción a sangre. El director de políticas públicas de Rappi, Gabriel Buenos, fue el encargado de dar la cara por la empresa tanto en el Congreso como en los medios de comunicación para defender la postura favorable de la corporación a la reforma laboral. Para Buenos, los repartidores “no son precarizados, son independientes”, porque “es el repartidor el que elige conectarse a la plataforma”. Entonces, entiende que no se configura una relación de dependencia ni sus obligaciones como empleador. Un trabajador de estas apps le respondió a Radio Rivadavia que trabaja siete días a la semana y quince horas por día para que le rinda.

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Un hombre exaltado se apura por regalarles las plantas, que hasta hace un momento estaba vendiendo, a dos chicas en una plaza. Ellas se quedan y se las reciben con algo de desconcierto. Dos oficiales de la Policía de CABA lo rodean amenazantes. Algunos vecinos se acercan, otros siguen de largo. Está desesperado, discute para un lado, pide ayuda para el otro. El video se viraliza en redes sociales.

Hace meses los vendedores ambulantes denuncian que además de sufrir violentos desalojos los agentes se llevan su mercadería sin actas que lo constaten ni información sobre adónde ir a recuperarla. Lisa y llanamente, un robo, acusan. Los cartoneros dicen que les sacan los carros. Los manteros, que ya no es posible apostarse donde antes lo hacían. El gobierno de Jorge Macri, mientras tanto, se jacta de haber limpiado las calles.

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Tras el cierre de Fate, varios funcionarios —incluido el presidente— empezaron una pelea en redes sociales y a través de los medios con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de la fábrica perteneciente a una histórica familia de empresarios ligados a la industria. Crítico de Milei, se terminó de ganar el odio libertario al tomar la decisión de cerrar la planta de San Fernando un día antes de la discusión del proyecto de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. “¿Conspiranoico, yo?”, tuiteó Milei el día en el que se conoció la noticia, dando a entender que era una afrenta personal. Y al otro día, Manuel Adorni arremetió: “El caso de Fate tiene un origen en que los tipos cazaban en el zoológico. Vos al argentino no le podés cobrar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva. Esa era la lógica de una política que no existe más. Entendemos que incluso los empresarios no lo entiendan, pero se acabó vender por precio, hay que vender por volumen”.

La discusión tiene un bache: el Gobierno no toma a los trabajadores como interlocutores. En esa misma entrevista, el jefe de Gabinete dice que “lo de las 920 familias es un drama” y que “es complejo”, sin mayor interés. Seguido de eso, menciona la intervención de la Secretaría en la conciliación obligatoria y, a pesar del encontronazo, concluye que “la última decisión la va a tomar el empresario, por supuesto”. Pero la vida de los trabajadores despedidos sigue, y la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo, dice Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), “de modernización solo tiene el título”.

En su exposición en las comisiones de Legislación y Trabajo y Presupuesto y Hacienda, en la previa a la discusión en el recinto, Cremonte señaló que el texto tiene como objetivo empoderar a los empresarios, ya que “es una ley que aumenta la rentabilidad de las empresas solo por la disminución del salario, sea directo o indirecto. Además, aumenta el sometimiento de los trabajadores y las trabajadoras porque va en contra de la esencia del derecho del trabajo que legisla para intervenir en una relación que se sabe intrínsecamente desigual. Y eso no va a generar empleo”.

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El día de los despidos, a través de un video publicado en redes, uno de los trabajadores convocaba, desde la terraza, a “todos los compañeros de Fate a venir a la fábrica y defender los puestos de trabajo”. Cuenta Alejandro que había gente de vacaciones a la que todavía le quedaba unos días e interrumpió sus viajes para estar en la empresa. Además, asume que esta situación es un golpe muy grande para las familias que están preocupadas y se asustan. También para él mismo, que tiene 49 años, hace 21 que trabaja en la misma compañía y sabe que es muy difícil conseguir otro puesto a su edad. Por la experiencia de sus compañeros, Alejandro vaticina su futuro y se lamenta: “Voy a terminar vendiendo ventiladores por mi cuenta como hacen los que se fueron, si no hay laburo en ningún lado”.

Enzo también tiene el teléfono explotado de mensajes de familiares: los ven adentro conviviendo con la Policía y están preocupados por cómo se trata el tema en los medios. De todos modos, apoyan su actividad sindical desde siempre y se turnan para cuidar a su hija. La madre de la nena, mientras tanto, procura cuidar su propio trabajo que, de momento, es el único ingreso con el que cuentan.

Sebastián, del sector de clasificación de cubiertas, dice que no hay seguridad de que se conserven los puestos si retiran la permanencia. Los trabajadores no confían en la patronal ni encuentran motivos para obedecer la exigencia de que lo hagan y concluye: “Nos van a sacar muertos a nosotros. No tenemos nada que perder”. Alejandro suma que más o menos 350 personas son del barrio, por lo que el cierre sería significativo también para la zona que rodea al predio.

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En la madrugada del jueves, la luz subía apenas por el horizonte de la fábrica. Hacía aproximadamente seis horas había empezado el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. En San Fernando, el dron del fotógrafo Matías Baglietto tomaba altura en los alrededores del predio de Fate. El que ya estaba arriba, en lo más alto de la planta, era Enzo. Miraba taciturno, desde la parte superior del tanque de agua que expone el logo, los alrededores del predio.

La noche había sido calma. Corría una brisa “hermosa, espectacular”, recuerda Enzo. Sin embargo, durante todas esas horas había estado pensando cómo sería el próximo golpe, en qué momento podrían ponerse tensas las cosas, por dónde y cómo entrarían las fuerzas de seguridad. La presencia de la Policía es común durante conflictos sindicales, pero acatar la orden del juez requería más personal, otra táctica y, asume Enzo, violencia. Mientras lo rodeaba la cámara aérea, dice, chequeaba su fuente de información más confiable: miraba a los alrededores y buscaba algún movimiento extraño que indicara que venían por ellos. “Los desalojos se hacen a la luz del día, nosotros ya lo sabemos. Y el día ya estaba empezando. Ese lugar es el último al que llegarían en caso de entrar. Si pensaras en una invasión, sería algo así como tomar una posición estratégica. Y, por otro lado, porque ya hemos acompañado muchos conflictos como este, yo pensaba: bueno, ahora nos toca a nosotros”. Los despedidos de Fate no se dan por despedidos. Ellos siguen en el techo. Hoy, el empleo formal está en peligro de extinción y la trama de conflictividad entre empleados y patrones, mediados por la organización sindical, cruje. Después de un despido, la vida de un trabajador sigue. Como resistencia, como búsqueda, como vericueto, como doble esfuerzo, pero sigue.

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