Además de la música de los artistas reginenses, el próximo Domingo de Plaza también contará con una propuesta solidaria que tiene como objetivo recolectar útiles escolares para luego armar kits que serán entregados en el comedor Jesús de barrio La Graava.
“Todos soñamos con una educación de calidad y para que sea posible es necesario contar con herramientas”, manifestaron desde la agrupación ‘Soñar está bueno’ que impulsa la iniciativa.
Los vecinos que se acerquen a la Plaza de los Próceres el domingo, podrán dejar su colaboración en las urnas que se ubicarán cerca del escenario.
Por otro lado, hay un número disponible al que pueden contactarse: 2984274160.
Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky abrieron el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearra, quien reclamó que la causa por la mansión de Pilar de Pablo Toviggino tramite en el juzgado penal económico de la Capital Federal de Mariano Aguinsky, en vez de desarrollarse en el juzgado de Campana.
Aunque la resolución de los camaristas de la Casación no es sobre el fondo de la cuestión, habilitó especulaciones sobre la posibilidad que el tesorero de la AFA tenga que rendir cuentas en un juzgado menos permeable a su defensa, algo que constituye un desafío para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un amigo de la entidad que preside Tapia, que estuvo en varios festejos en la mansión de Pilar.
Pero que Casación haya abierto el recurso de queja no necesariamente significa que falle en el sentido que quiere el fiscal. Un importante operador judicial le dijo a LPO que, tras la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, el fallo de Casación podría terminar favoreciendo a Toviggino. «No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño», argumentó.
Hoy la causa tramita en el juzgado de Campana del juez Adrián González Charvay, cercano al intendente de Pilar, el peronista Federico Achaval, a su vez, muy cercano a la AFA. Mientras que en Capital Federal, está Marcelo Aguinsky, un juez cercano a Patricia Bullrich, uno de los arietes del gobierno contra Tapia y Toviggino.
Las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son escasas.
De todas formas, la relevancia política del caso podría producir efectos impensados en la decisión de los magistrados. Un juez federal deslizó ante LPO que «las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son muy escasas». Es decir, contra la opinión del operador judicial consultado, casación podría fallar efectivamente que el caso regreso al juzgado de Aguinsky. «Si esto ocurre sería una bofetada al clan Mahiques», agregó.
Los capos de la AFA, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.
Los argumentos de los jueces para abrir la queja fueron coincidentes, hasta en la prudencia de no dejar que se vislumbre su posición sobre la cuestión de fondo. «Sin que esto implique en modo alguno adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Público, declarar erróneamente denegado el recurso de casación deducido por esa parte y, en consecuencia, concederlo, sin costas», resolvió Carbajo.
Ledesma, por su parte, consideró que «corresponde hacer lugar a la queja» y acompañó la decisión de su colega.
Borinsky fue más barroco pero suscribió a la postura de sus colegas de la sala. «Convocado a emitir opinión en tercer lugar, he tomado conocimiento, como consecuencia de la deliberación, de la coincidencia de opiniones sobre la admisibilidad formal de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, la que se refleja en el voto concordante de mis distinguidos colegas preopinantes», sostuvo.
No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño.
El expediente tiene como imputados a los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre, que aparecen como propietarios de la mansión. El envío de la causa a Campana se produjo por una definición del juez Alberto Lugones, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, basándose en la ubicación del inmueble investigado.
Sin embargo, esa decisión desató la resistencia del juez Aguinsky y el fiscal Cearras. Los camaristas Carbajo, Ledesma y Borinsky deberán definir este conflicto de competencia el próximo 30 de marzo, en la audiencia prevista para las 11:30.
La investigación busca determinar si la firma Real Central SRL, perteneciente a Pantano, es una pantalla de los dirigentes de la AFA, debido a que la empresa no podría justificar los fondos para pagar esa mansión valuada en más de 17 millones de dólares.
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Patricia Bullrich quiso que la empresa de ciberespionaje Palantir ingrese al país a través de un contrato con el gobierno argentino pero chocó de frente con Karina Milei.
El plan de la exministra era que Diego Valenzuela asumiera al frente de la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para firmar un convenio elaborado por ella misma y su pareja, Guillermo Yanco, con Peter Thiel, el dueño de la firma que procesa macrodatos a nivel mundial. Sin embargo, fuentes del Congreso dijeron a LPO que «Bullrich armó un contrato extralarge» con el objetivo de «hacer caja con Palantir», algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem.
Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo. «Bullrich y Yanco solo pensaron en ellos y los bajaron», comentaron.
Pero la empresa de Thiel, manejada por Alex Karp y fondeada por la CIA, acecha la Argentina. Dedicada al análisis de macrodatos en Estados Unidos, también procesa la información del sistema de salud británico y trabaja en articulación con la inteligencia israelí.
Thiel se reunió con Javier Milei en noviembre de 2024 y elogió el rumbo del gobierno libertario. Ahora la oposición sospecha que la Casa Rosada le abriría sus puertas para reunir, sistematizar y aprovechar toda la información disponible sobre la ciudadanía en diversos organismos del Estado.
El fundamento para esa tremenda cesión de soberanía sería la de perseguir el terrorismo, uno de los objetivos contemplados en el decreto que empodera a la SIDE transgrediendo límites elementales de la Constitución nacional y que fue publicado el 2 de enero pasado.
En el artículo 15 de ese texto, se dispone la creación de la Comunidad Informativa Nacional (CIN), que concentra los datos guardados por las dependencias de la propia SIDE, la Cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, el Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones, el Centro Nacional de Ciberseguridad, la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CNEA, el Renar, la Aduana y ARCA, entre otros.
Alex Karp, CEO de Palantir
El decreto, denunciado por la oposición como violatorio de las garantías constitucionales, no fue tratado por la Comisión de Trámite Legislativo durante el período de sesiones extraordinarias, pero ya podría ser debatido en recinto. Por el momento, el peronismo cree que no tiene los votos suficientes para voltearlo.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón le adelantó a LPO que la oposición reclamará información sobre los acuerdos que firmaron Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para adherir al Escudo de las Américas promovido por Donald Trump el fin de semana pasado. Los legisladores creen que el gobierno argentino puede estar a punto de habilitar el ingreso de Palantir al país, con la afectación de derechos civiles que eso implica.
De hecho, el software de la compañía de Thiel compila datos personales al instante, extrayéndolos de los teléfonos celulares, el contenido de las redes sociales y la información disponible en las carteras estatales que le abren.
La exministra de Seguridad quería a Diego Valenzuela en la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para ‘hacer caja con Palantir’, algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem. Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo.
En Estados Unidos, el ICE se vale del flujo de datos que concentra Palantir para secuestrar y deportar inmigrantes. Además, Thiel tiene en su portfolio a la CIA, al Departamento de Seguridad Nacional, la NSA, el FBI, el cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea.
Palantir también sirvió en el Reino Unido para detener opositores por «delitos de opinión», a partir de comentarios en redes sociales contra las incursiones del Ejército israelí en Gaza. La alarma crece.
Baviera, Hesse y Renania del Norte, tres de los 16 estados federales de Alemania, recurrieron a Palantir pero un grupo de ONG defensoras de los derechos civiles presentaron un recurso de inconstitucionalidad. «La evaluación ilimitada de datos vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y el secreto de las telecomunicaciones garantizado por la Constitución alemana. Quien aparezca en el radar policial a través del llamado data mining, no será informado de ello. Según la legislación vigente, la policía bávara puede utilizar Palantir incluso si no existe una amenaza concreta», fue el argumento de las entidades que resisten a la corporación de Thiel.
La coalición gobernante en Alemania, por lo demás, comprende que «la política digital es política de poder». El portal DW señaló que el gobierno defiende «una Alemania digitalmente soberana», pero advirtió que «el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), parece mantener una puerta abierta, ya que hasta ahora no ha descartado explícitamente la compra del Palantir para la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ni para la Policía Federal».
Como sea, el eventual ingreso de la plataforma de Palantir a la Argentina trasciende las internas palaciegas del gobierno. Un diputado libertario admitió con suma preocupación: «Si viene Palantir, todo lo demás no importa porque cambia la forma de gobernarnos».
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