Además de la música de los artistas reginenses, el próximo Domingo de Plaza también contará con una propuesta solidaria que tiene como objetivo recolectar útiles escolares para luego armar kits que serán entregados en el comedor Jesús de barrio La Graava.
“Todos soñamos con una educación de calidad y para que sea posible es necesario contar con herramientas”, manifestaron desde la agrupación ‘Soñar está bueno’ que impulsa la iniciativa.
Los vecinos que se acerquen a la Plaza de los Próceres el domingo, podrán dejar su colaboración en las urnas que se ubicarán cerca del escenario.
Por otro lado, hay un número disponible al que pueden contactarse: 2984274160.
El Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Concejo Deliberante de Villa Regina convoca a interesados a ser parte de la Guardia Ambiental creada por ordenanza N° 039/13. La convocatoria está orientada a mayores de 18 años con residencia en Villa Regina no inferior a los 2 años quienes serán parte del cuerpo…
Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner
La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.
En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.
Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia
Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.
Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.
El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.
Del expediente argentino a la discusión internacional
La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.
La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.
Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.
La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.
La sombra del lawfare y el antecedente Lula
La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.
Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.
Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.
Una batalla judicial que también es política
La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.
En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.
La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.
La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.
La faltante de médicos de cabecera pone en jaque el sistema de atención a los afiliados de Pami y, a estas alturas, es la preocupación central de numerosos centros urbanos del país.
En los gremios y organizaciones que representan a los profesionales del sector denuncian que es «inviable» el pago de 2.100 pesos por mes por paciente.
A eso, acusan que médicos que alzaron la voz contra ese ajuste tuvieron como represalia la quita masiva de pacientes, dejándolos con un mínimo que los empuja a la renuncia.
También, hay ciudades donde advierten que los cambios drásticos en las cápitas de atención apuntan a trasladar pacientes a médicos cercanos a libertarios que manejan oficinas locales de Pami.
Todo eso está provocando un éxodo de médicos de cabecera que está diezmando la atención en varias ciudades, donde ya se registran turnos médicos con plazos de meses.
En el Pami de Tandil les dijeron a los jubilados que el objetivo es contar con una base de 33 médicos de cabecera. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.
Por caso, en Tandil este viernes los jubilados de la organización Adultos Mayores en Lucha, Amalu, denunciaron en la oficina local de Pami la «alarmante falta de financiamiento» y «la cantidad de profesionales que desertan de ser médicos de cabecera».
Como respuesta, en el Pami local les dijeron que el objetivo es contar con una base de 33 profesionales. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.
En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados.
Frente a eso, en el Hospital «Julieta Lanteri» de Tandil manifestaron preocupación por la situación: «Los adultos mayores tienen capacidad de saturar el resto del sistema de salud si su obra social no les da respuesta», dijo la directora ejecutiva de ese centro de salud, Martina Iparraguirre.
En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados.
En Olavarría, denuncian una reasignación masiva de médicos de cabecera que dejó a cientos de pacientes sin la atención de profesionales que llevaban su historia clínica por más de 20 años.
Ahí, las acusaciones se dirigen al titular del Pami local, el también concejal libertario Guillermo Lascano. «Esta es una decisión recontra arbitraria fue tomada por Lascano para favorecer a médicos ligados a su partido político», señalaron fuentes del sector al portal local Infoeme.
En el conurbano, en tanto, hay afiliados que denuncian que les llegan mensajes de las oficinas locales de Pami que les informan que «al día de la fecha no disponemos de cupo para asignación de médico de cabecera». Eso, lo advierten en Merlo, Morón y otros puntos de zona oeste.
En Córdoba, en tanto, denuncian que hay médicos a los que, tras exponer públicamente sus reclamos por la situación del Pami, les quitaron cerca de 500 pacientes de forma intempestiva.
«Lo que hacen es quitarles el 90% de los pacientes asignados. Eso significa dejarlos con una carga horaria mínima y, en la práctica, sentirse despedidos», dijo Carlos Mulqui, de la organización Médicos de Cabecera al plantear «despidos encubiertos».
La reconversión del Hogar Municipal La Esperanza ya comenzó, los adultos mayores residentes fueron trasladados al Hogar Juan Pablo II, en la Esperanza ya se empezó a recibir adultas mayores, aunque estará dispuesto para mujeres de cualquier edad. Organizaciones y agrupaciones que estaban en contra de la decisión realizaron un abrazo simbólico para evitar el…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que se reprogramarán las charlas de educación y seguridad vial que se iban a dictar en el transcurso de esta semana. Asimismo recuerda que en el lapso mencionado no habrá atención al público en las oficinas. Esto obedece a que el…
Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
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