‘Todos somos útiles’, la iniciativa solidaria en el ‘Domingo de Plaza’

 

Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

 

 

La historia de Buenos Aires no es lineal ni épica en el sentido clásico: es una historia de intentos fallidos, abandono y refundación. Pero también es una historia simbólica, atravesada por la fe, los intereses imperiales y una decisión clave que terminaría definiendo el nombre de una de las ciudades más importantes de América Latina.

Por Alcides Blanco para NLI

La ciudad que nació dos veces no es una casualidad: es el resultado de la precariedad del proyecto colonial español en el Río de la Plata y de una persistencia estratégica que terminó imponiéndose.

La primera fundación: hambre, guerra y abandono

El 2 de febrero de 1536, el adelantado español Pedro de Mendoza desembarcó en las costas del Río de la Plata y estableció un asentamiento que llamó “Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire” .

Ese acto —que muchas veces se menciona como “fundación”— en realidad fue más precario que solemne: se trató de un campamento fortificado, levantado en condiciones extremas, sin infraestructura ni recursos suficientes .

La situación se volvió rápidamente insostenible. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos originarios —especialmente los querandíes— devastaron la expedición. Los propios cronistas narraron escenas brutales: los colonos llegaron a comer cuero, ratas y hasta carne humana para sobrevivir .

Finalmente, en 1541, el asentamiento fue abandonado. Buenos Aires, en su primera versión, desapareció.

La segunda fundación: la ciudad que sobrevivió

Décadas después, la Corona española insistió con el proyecto. El 11 de junio de 1580, el conquistador Juan de Garay llevó adelante la segunda fundación, esta vez con una organización más sólida y población proveniente de Asunción .

Garay bautizó formalmente a la ciudad como “Ciudad de la Santísima Trinidad”, aunque el puerto mantuvo el nombre de “Santa María de los Buenos Aires”, que con el tiempo se impondría en el uso cotidiano .

A diferencia del intento de Mendoza, esta fundación logró consolidarse. La ciudad empezó lentamente a desarrollarse como enclave estratégico del imperio español, primero marginal y luego central en el comercio del Atlántico sur.

El origen del nombre: entre la fe y el mar

El nombre “Buenos Aires” no fue una ocurrencia casual ni un gesto poético. Tiene una raíz profundamente religiosa y marítima.

Proviene de la advocación de la Virgen María conocida como Nuestra Señora del Buen Aire, vinculada a los marineros y navegantes .

El origen de esta devoción se remonta a Cerdeña, donde una imagen de la Virgen —según la tradición— sobrevivió milagrosamente a un naufragio en el siglo XIV y fue venerada como protectora de quienes se hacían a la mar .

En el siglo XVI, esta advocación ya era popular entre los navegantes españoles, especialmente en Sevilla. Por eso no resulta extraño que Mendoza y su expedición hayan encomendado el viaje a esa protección.

El “buen aire” no alude al clima: alude a los vientos favorables para la navegación, a la esperanza de llegar a destino y sobrevivir al océano.

Entre la leyenda y la historia

La historia del nombre mezcla documentación y tradición. Algunos relatos sostienen que Mendoza habría hecho una promesa a la Virgen durante la travesía; otros apuntan a la presencia de religiosos mercedarios en la expedición, devotos de esa advocación.

Lo cierto es que el nombre quedó. Incluso después del fracaso de la primera fundación, “Buenos Aires” persistió como una idea, como un proyecto y como un símbolo, hasta concretarse definitivamente en 1580 .

Una ciudad marcada por su origen

Buenos Aires nació dos veces, pero su nombre fue uno solo desde el inicio. Esa continuidad no es menor: revela que, más allá del fracaso material, había una intención estratégica y simbólica que la Corona no estaba dispuesta a abandonar.

Entre el hambre de la primera fundación y la consolidación de la segunda, la ciudad se construyó como una promesa persistente: la de un puerto abierto al mundo, sostenido tanto por la geopolítica como por la fe.

Y en ese cruce —entre imperio, religión y supervivencia— se explica por qué Buenos Aires se llama así. No por el aire que se respira, sino por el viento que permitió llegar.