Tierra del Fuego: la lucha del fin del mundo

 

La provincia de Tierra del Fuego estaba atravesada este miércoles 21 de mayo por un paro general y movilización en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina de 24 horas afecta tanto al sector público como al privado, con la participación de los principales sindicatos y organizaciones sociales. La protesta se concretó un día después de que la Casa Rosada publicara el Decreto 333/25, que modificó los Derechos de Importación Extrazona para “teléfonos inteligentes, teléfonos celulares portátiles, excepto los que sean por satélite”: pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción de los derechos para la importación de “Videoconsolas y máquinas de videojuegos”, que pasan de tributar el 35 % a un 20%. El Fondo Monetario Internacional, en sintonía con el gobierno de Javier Milei, exigió la eliminación del régimen de promoción industrial (Ley Nº 19.640), clave para la economía de Tierra del Fuego, con el argumento de que es “inequitativo” y “distorsivo”. Por Mario Hernández.

---

El régimen fueguino, creado en 1972, no es solo un esquema fiscal, sino parte de un proyecto histórico de integración territorial, desarrollo económico y afirmación soberana sobre una región estratégica. Su desmantelamiento no es una mera medida de ajuste, sino un ataque directo a las y los trabajadores fueguinos, quienes desde hace décadas construyeron un proyecto de vida en los márgenes del mundo.

En este contexto, crece la preocupación por el impacto social y laboral de las medidas fiscales; en la provincia se alzan voces de rechazo y una defensa encabezada por las y los trabajadores metalúrgicos.

La provincia de Tierra del Fuego estaba atravesada el miércoles por un paro general y movilización en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina de 24 horas afecta tanto el sector público como el privado, con la participación de los principales sindicatos y organizaciones sociales.

La protesta se concreta un día después de que la Casa Rosada publicara el Decreto 333/25 que modificó los Derechos de Importación Extrazona para “teléfonos inteligentes, teléfonos celulares portátiles, excepto los que sean por satélite”: pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción de los derechos para la importación de “Videoconsolas y máquinas de videojuego”, que pasan de tributar el 35 % a un 20%.

La medida implica que para principios del año entrante los teléfonos celulares producidos, o ensamblados en México, Brasil, China, India y Vietnam, con ciertas ventajas fiscales y arancelarias, tendrán el mismo tratamiento arancelario que los producidos o ensamblados en Tierra del Fuego. La producción fueguina de celulares seguirá contando con un diferencial impositivo a su favor, ya que en el mismo decreto 333/25 se dispuso una reducción transitoria del 50% en la alícuota de impuestos internos que gravan la comercialización de celulares; equipos de aire acondicionado, compactos o de tipo Split, de hasta 6.000 frigorías; monitores y aparatos receptores de televisión. Para los importados, la alícuota pasa del 19% actual al 9,5%%, y para los fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en la mencionada Área Aduanera Especial, del 9,5% al 0%.

Una lucha histórica por los puestos de trabajo

Las acciones de protesta actuales expresan una continuidad histórica de las luchas obreras metalúrgicas. Como recordó Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande: “La UOM fueguina ha protagonizado conflictos desde los años ’80, con hitos como la huelga del 3×1 en 1988, la ocupación de fábricas en 1994 y las históricas jornadas de Semana Santa de 1995”.

Ante esta nueva embestida, las organizaciones sindicales, sociales y políticas de Tierra del Fuego convocaron a un paro provincial total el miércoles 21 de mayo, en defensa de la industria y el empleo. La medida fue anunciada por la CGT Regional Río Grande, la UOM, ATE, Luz y Fuerza, entre otros gremios, y cuenta con el respaldo de movimientos sociales y representantes de la producción. Además, la jornada incluyó una movilización al mediodía con la adhesión de ATE, ATSA, Asimra, La Bancaria, Judiciales, Remises, Colectivos, entre otros, pese al anuncio de la creación del Comando Unificado, destinado a coordinar operativos entre fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) para aplicar el protocolo antipiquete y antibloqueo.

“Desde nuestros orígenes hemos enfrentado ataques a la industria, represión y ajustes, pero nunca retrocedimos. Hoy menos que nunca, porque lo que está en juego es el futuro de miles de familias fueguinas”, expresaron en un comunicado conjunto las organizaciones.

Paro por tiempo indeterminado de los metalúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande declaró un paro total por tiempo indeterminado en las empresas electrónicas radicadas en la provincia. La medida fue decidida por el Congreso de Delegadas y Delegados del gremio, en rechazo a las políticas del gobierno nacional que afectan gravemente a la industria y al empleo en Tierra del Fuego. “La situación actual pone en riesgo la continuidad del régimen, los puestos de trabajo y el derecho soberano a seguir habitando esta provincia”, afirmaron en un comunicado.

La UOM también exigió respuestas claras al gobierno provincial y a las empresas radicadas en la isla, advirtiendo que la huelga se mantendrá hasta que se logre una resolución favorable que garantice la continuidad del subrégimen y de los derechos laborales.

Su secretario general, Oscar Martínez, denunció que “la exigencia del FMI de revisar el subrégimen fueguino, aceptada por el gobierno de Javier Milei, es una condena al futuro de nuestro pueblo”. También señaló la caída en la producción de lavarropas, cocinas y microondas, y el crecimiento de la desocupación: “Todos los días atendemos a compañeras y compañeros con familias a cargo, en busca de recuperar un puesto de trabajo”.

El lunes, el sindicato realizó una asamblea frente a la planta de Mirgor, en el Parque Industrial de Río Grande, y ratificó la medida de fuerza, pese a que la empresa solicitó la conciliación obligatoria ante el ministerio de Trabajo. Allí, Martínez expresó con contundencia: “¡Conciliación las pelotas! Vamos a seguir de paro en defensa de nuestro empleo”.

La tibia respuesta empresaria

Desde las organizaciones sindicales se cuestiona el rol tibio del empresariado agrupado en AFARTE y del Grupo Mirgor, que no han expresado una defensa pública contundente del régimen. “Mientras las patronales tienen alternativas, como importar productos, los trabajadores solo enfrentamos la exclusión”, afirmó Martínez.

Federico Sturzenegger defendió la política de apertura comercial afirmando que el régimen genera distorsiones que perjudican al resto del país. Reconoció que podría haber pérdida de empleos en Tierra del Fuego, pero sostuvo que se crearían puestos en otras regiones. Así, el discurso oficial intenta legitimar el ajuste con una lógica de mercado que desconoce las realidades territoriales y sociales del sur del país. Sin industrias y con un alto porcentaje de desocupación ¿de qué van a vivir las y los trabajadores que queden desempleados en un territorio hostil como es Tierra del Fuego?

Desde la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) denuncian que desmantelar el subrégimen no solo golpeará de lleno a la industria local, sino que implicaría una pérdida del 20,5 % de los recursos provinciales, estimados en $80.000 millones para 2025. A esto se suma el impacto indirecto que tendría sobre otras áreas de la economía fueguina, dejando entrever la profundidad de la crisis que enfrentará la provincia: un escenario de alta desocupación combinado con una drástica reducción de ingresos, que amenaza con desarticular el entramado productivo y social construido durante décadas.

El gobernador de la provincia convocó a los representantes de los trabajadores y al sector empresarial a una reunión para el jueves 22, con el propósito de firmar un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja la industria.

Los beneficios que tienen las empresas que operan en Tierra del Fuego son liberación de IVA compras e IVA ventas, exención del Impuesto a las Ganancias, exención de Derechos de Importación y una reducción de Impuestos Internos sobre productos electrónicos.

Este régimen beneficia principalmente a dos empresarios: Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, una de las principales empresas que producen electrónicos en la isla. La otra es Mirgor de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía.

Estos empresarios no han hecho más que aprovechar los beneficios promocionales para llenarse de plata, pero sin realizar esfuerzos para superar esa situación de maquila, es decir, una ensambladora de partes que se producen en otras partes del mundo, principalmente en el este asiático.

Además, son los dueños de todo: tiene diversificados sus negocios en distintas actividades imposibles de enumerar. Para mencionar solos dos ejemplos: Cherñajovsky compró el año pasado P&G Argentina y Caputo también se dedica a la construcción.

Los dos están entre los más ricos del país, según Forbes. Y también aparecen ellos o sus empresas en los listados de los que más fugaron y blanquearon capitales. Es decir, que los negocios turbios son moneda corriente entre estos personajes.

Pero, lo que verdaderamente importa es que las medidas del gobierno afectan a 6.163 trabajadores de la industria electrónica que, según datos de la Secretaría de Empleo, explican el 17% de los puestos de trabajo formal de la provincia.

La lógica empresarial

Dos de las principales empresas beneficiarias del subrégimen, Mirgor (perteneciente a Nicolás Caputo) y Newsan (perteneciente a Cherñajovsky), reflejan con claridad el rumbo adoptado por el capital en el actual escenario de ajuste. El CEO de Mirgor, José Luis Alonso, destacó que la empresa genera casi uno de cada cuatro dólares de sus ventas fuera del país, lo que evidencia un proceso de deslocalización que debilita su vínculo con el régimen impositivo fueguino. Esta estrategia ha sido duramente criticada por les trabajadores, que denuncian que las patronales priorizan sus ganancias mientras se desmantela el aparato productivo y se pierden miles de empleos.

En el caso de Newsan, su CEO Luis Galli advirtió sobre el impacto de la reciente decisión del gobierno nacional de eliminar los aranceles para la importación de celulares, medida que afectará directamente a más de 1.000 trabajadores fueguinos. También alertó sobre el avance del contrabando y la pérdida de competitividad frente a los productos importados. Sin embargo, frente a este escenario, las patronales adoptan una actitud de silencio, tibieza o fuga, sin asumir responsabilidad alguna en la defensa del régimen que históricamente las benefició.

Mediante los Decretos 333 y 334/2025, el gobierno nacional avanzó en una serie de medidas que impactan directamente sobre el régimen industrial fueguino. Por un lado, se reduce progresivamente el arancel a la importación de productos tecnológicos como celulares, consolas y aires acondicionados, al tiempo que se baja la alícuota del impuesto interno, exceptuando de estos tributos a los productos fabricados en Tierra del Fuego. Por otro lado, se crea un régimen simplificado de importación para consumidores finales, permitiendo compras online de hasta tres unidades por año con un tope de USD 3.000 por envío.

Las autoridades promueven estas iniciativas como parte de un proceso de “desregulación” para dinamizar el mercado, mientras atacan públicamente la prórroga del régimen fueguino decidida en 2023. Detrás de la retórica oficial, estas medidas combinadas avanzan hacia una apertura del mercado que pone en jaque la producción y el empleo local. Este ataque a la industrialización y a la organización obrera es parte de una ofensiva más amplia que busca consolidar un modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la especulación.

La avanzada del gobierno de Javier Milei y el FMI sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego no representa solo un ajuste técnico sobre un esquema fiscal, sino una ofensiva política contra la soberanía, el trabajo y el entramado social construido por generaciones de fueguinos y fueguinas. En nombre del ajuste, se pretende desguazar una política de Estado que permitió poblar, industrializar y habitar un territorio clave en términos geopolíticos, para intensificar la acumulación de capital mediante la reestructuración del modelo productivo.

Frente a esta embestida, las trabajadoras y los trabajadores, en alianza con sectores sociales y populares, vuelven a ponerse de pie. Con memoria histórica y organización, la clase obrera fueguina reactualiza una tradición de lucha que resiste despidos, represión y abandono estatal. En contraste, las patronales, beneficiadas durante décadas por el régimen, hoy se muestran replegadas, cuando no directamente aliadas a la estrategia de deslocalización y vaciamiento.

Tierra del Fuego es hoy un laboratorio de reconfiguración capitalista, donde se experimenta la desarticulación de conquistas históricas para abrir paso a una nueva etapa de acumulación sustentada en la exclusión. Pero la clase trabajadora fueguina, al resistir esta avanzada, interpela al conjunto de la clase obrera argentina. Su lucha expresa no solo la defensa de fuentes laborales, sino también la defensa de una forma de vida, de una construcción colectiva frente al despojo.

Los fabricantes de electrónica en Tierra del Fuego se diversificaron antes de la apertura de Milei

Por Alejandro Rebossio.

Mirgor, de Nicolás Caputo, construirá un hotel y una terminal de cruceros, y comercializa en el resto de Latinoamérica. Newsan compró la filial de P&G, su dueño invirtió en Edison Energía. BGH y también levantará un establecimiento hotelero. Mientras crece la protesta gremial en la provincia, hay dudas sobre si comenzarán a importar celulares, televisores y aires.

La empresa de Nicky Caputo tiene además otras unidades de negocio, como agro, retail (comercio minorista), la gestión de las tiendas Samsung y las propias Diggit -con JBL como socio estratégico. También cuenta con otra compañía de distribución y área de servicios y una llamada Global para el desarrollo de negocios en América latina, que ya le reporta uno de cada cuatro dólares de su facturación. Comercializa en Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Ecuador, entre otros países. Pero no lo que fabrica en Tierra del Fuego: ese es uno de los problemas de la isla, sus elevados costos le impiden exportar.

¿Mirgor pasará a importar en la Argentina lo que deje de producir en el Sur? “Todavía estamos esperando mayores definiciones”, responden en la compañía, pues aún el Gobierno no publicó la medida que anunció el vocero candidato, Manuel Adorni. (Lo hizo el martes pasado)

Mirgor se había embarcado en un proyecto para crear un puerto en Río Grande, donde están radicadas la mayoría de las ensambladoras de electrónica de la isla.

El otro gigante

El otro gigante fueguino, Newsan, de Rubén Cherñajovsky, compró en julio pasado la filial argentina de la firma de productos de higiene y cuidado Procter & Gamble.La fabricante local de Motorola comenzó a producir y/o comercializar toallitas Always, pañales Pampers, afeitadoras Gillette, shampoos Pantene y Head & Shoulders, y ahora lanzará productos como perfumes Old Spice, cepillos Oral-B o depiladoras Braun. Bajaron precios y mejoraron 60% el volumen de ventas pese a la caída del consumo.

La unidad de consumo de Newsan aún representa el 4,5% del negocio total, pero anhelan facturar con ella US$1.000 millones. Por ahora, el 55% de sus ventas son la electrónica; el 27%, bicicletas, motos y componentes, y 13,5%, pesca, maní y miel. Tampoco responden si importarán o no celulares y demás bienes que arman en Ushuaia, pero admiten que se afectará el empleo.

Cherñajovsyky y el CEO de Newsan, Luis Galli, también compraron a título personal en marzo pasado un tercio del nuevo grupo Edison Energía, que controlan la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza. Para ello se asociaron con la familia Neuss -amiga del asesor presidencial Santiago Caputo, sobrino de Luis y Nicolás, y dueña de la distribuidora rionegrina de luz Edersa, además de negocios inmobiliarios y agrícolas- e Inverlat Investments -la dueña de Havanna, integrada por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, estos dos últimos funcionarios en la administración de Mauricio Macri.

Tercer jugador

BGH, de las familias Teubal y Hojman, fabrica celulares Tecno Mobile en Río Grande, ciudad que no es turística como Ushuaia y que concentra a la mayoría de las plantas de electrónica. El grupo se diversificó hace mucho tiempo dentro del sector tecnológico, pero concentra el 80% de su facturación en el negocio original: en 2003 creó BGH Tech Partner, de transformación digital, y en 2018, en plena apertura del gobierno de Mauricio Macri, BGH Eco Smart, de eficiencia energética. El único negocio fuera de la tecnología es el proyecto de desarrollo de un hotel turístico en Ushuaia, pero que se realiza en el marco del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva de Tierra del Fuego (FAMP), que se creó en el gobierno anterior con fondos de la electrónica. Con este fondo también se financiará el hotel de Mirgor.

Antes de la apertura anunciada esta semana, BGH ya importaba su gama alta de celulares Tecno, televisores de 65 pulgas y aires para climatización profesional. Por ahora, para el resto de los productos, seguirá la producción nacional. Pero es un “por ahora”. Ya este gobierno liberó antes la importación de microondas y BGH pasó de fabricante local a importador. Es lo que sucede en general en esta y otras industrias, como la textil: los empresarios industriales, ante la perspectiva liberalizadora de Milei, se preparan para devenir importadores. Mientras, los que serán despedidos y deberán buscar otro trabajo -y quizás mudarse- serán los trabajadores.

El gobierno de Tierra de Fuego rechazó la medida de Nación

El gobernador Gustavo Melella aseguró que se pone en riesgo la actividad productiva y miles de empleos en la isla. Y aclaró que el compromiso es “contener a los trabajadores”.

En la misma línea, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, apuntó que buscan “desmantelar” el régimen. “El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a la industria, desaparece y miles de empleos están en riesgo”, expresó.

Según estimaciones oficiales, la medida dejaría a 6.000 familias sin sustento y su continuidad podría provocar la pérdida de hasta 80.000 empleos, e incluso una posible despoblación de la provincia.

En paralelo, la presencia militar estadounidense suma tensión geopolítica al escenario. La instalación de una base y la reactivación de un radar en la región han generado preocupación por la vulneración de la soberanía nacional, dada la proximidad con las Islas Malvinas.

Mientras tanto, el sector empresarial ya negocia una reconversión que implicaría abandonar la producción local para pasar a ser importadores. El sector textil fue el primero en comenzar con el cierre de fábricas.

Aunque el recorte que implica la «promoción industrial» representa apenas el 0,2 % del PBI, la iniciativa responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno nacional ha adoptado una estrategia dual frente al conflicto. Por un lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa una ofensiva represiva con la creación de un “comando unificado” que implica un total uso de las fuerzas federales para reprimir y la aplicación del “protocolo antipiquetes” en la provincia. Por otro, avanza en negociaciones con empresarios para facilitar la transición productiva.

El drama fueguino es ilustrativo de una política más general del gobierno de La Libertad Avanza: impulsar a muerte el modelo extractivista de la minería de Vaca Muerta y de los agronegocios y liquidar toda la industria de baja productividad, no competitiva.

Quiere reconfigurar el país a imagen y semejanza de lo que quiere el capital financiero imperialista y el FMI.

El atraso cambiario, la apertura comercial, el ataque al poder de compra apuntala a ese objetivo decadente de mandar a la quiebra a importantes sectores industriales.

Esta semana se conoció que, en el mes de marzo, la utilización de la capacidad instalada en la industria del país fue del 54 %. Es equivalente a decir que el 46 % de la industria está parada. Casi como en la pandemia.

Como en Tierra del Fuego, no se trata de defender empresarios prebendarios, que fugan capitales y evaden impuestos, y cuya “reticencia inversora” (es decir, las escasas inversiones), entre otros factores, explican el atraso tecnológico, el atraso en productividad y la falta de competencia. Los dueños siempre tienen alternativas para salir bien parados.

Pero también, la situación crítica es una oportunidad para discutir salidas de otra clase: una reorganización de la industria fueguina, e incluso del país, con prioridad en la atención de las necesidades sociales, en el desarrollo planificado democráticamente desde abajo, estableciendo una gestión de los propios trabajadores y trabajadores.

Hay preocupación por un eventual protocolo antipiquete para reprimir trabajadores que defienden la industria

El lunes comenzó a circular que el Gobierno Nacional prepara un protocolo anti piquetes como los que se utilizan en la Capital Federal para actuar ante las distintas movilizaciones que se están llevando adelante en defensa de la industria fueguina.

Durante la mañana se filtró una especie de parte que da cuenta de que Alfredo Martín Culatto, a cargo de la Unidad de Seguridad Productiva del Ministerio de Seguridad Nacional, creó el Comando Unificado Tierra del Fuego. La semana pasada se habría concretado una reunión en Ushuaia donde se habría designado al jefe de la Prefectura Ushuaia, Prefecto Mayor José Delavalle al frente del correspondiente a Tierra del Fuego.

Sin embargo, desde la cartera que encabezaPatricia Bullrrich desmintieron la información y confirmaron que “si bien estuvo la posibilidad de su creación en este momento no existe ningún centro comando en la provincia”. Asimismo, agregaron que tampoco cambió la cantidad de efectivos en el lugar, ni las acciones que realizan a diario”.

El rumor fue tan grande, que el titular de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez se hizo eco y salió a cuestionar la posibilidad de que se arme un grupo anti-piquetes por parte de Nación: «Le decimos que acá estamos con el compromiso de siempre, con el cuero curtido para ser capaces de resistir a cualquier intento de pretender llevarnos por delante. Estamos defendiendo nuestros derechos, y eso es un compromiso con nuestra lucha y con nuestra historia”, sostuvo.

Trabajadores nucleados en más de 20 sindicatos que responden a salud, educación, estatales, camioneros, comercio, petróleo, entre otros, acordaron ir a un paro total este miércoles 21 para mostrar al Gobierno Nacional que los fueguinos “son capaces defender los puestos de trabajo, la industria nacional y el derecho soberano a seguirhabitando la provincia ante las embestidas desde la Capital Federal”.

Ocurre que, si bien toda la provincia se encuentra en alerta, la preocupación mayor se centra en Río Grande, la ciudad que tiene el parque industrial más grande y la mayor parte de las fábricas en funcionamiento que representan el 78% de la economía local.

¿Qué son los comandos unificados?

La creación no es nueva, de hecho, desde el año pasado se fueron abriendo comandos en distintas provincias. Comenzó en Santa Fe en la pelea contra el narcotráfico y continuó en Córdoba, Chubut y el propio Conurbano bonaerense.

Como en el resto de las provincias el objetivo será que las fuerzas federales lleven a cabo actuaciones conjuntas con las provinciales. Es decir que una de las funciones de ese centro de mando, control y comunicaciones será anticiparse a situaciones de riesgo para actuar en forma preventiva.

Desde el gobierno nacional sostienen que la principal diferencia es que hasta la actualidad luego de concretarse un bloqueo los tiempos de reacción pasan por la decisión de cada jurisdicción judicial, mientras que, con la actitud preventiva, una acción policial podría desplegar unidades antidisturbios en el lugar antes de que ocurra el evento, estableciéndose una posición disuasiva.

En el caso de Neuquén, por ejemplo, desde octubre del año pasado se utiliza un escuadrón antidisturbios de la Gendarmería emplazado en Añelo, la localidad que es la puerta de acceso a las principales áreas de Vaca Muerta, para “actuar de forma inmediata y evitar que se paralice la producción”.

En tanto en Chubut, la Legislatura provincial aprobó en febrero una ley para requerir el auxilio de fuerzas de seguridad nacionales, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la Provincia. Por el plazo de un año y en todo el territorio,pero con la urgencia de comenzar en Trelew, la Cámara permitió la creación de un Comando Unificado con la ayuda de fuerzas federales y coordinado por el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien estuvo siguiendo todo el debate en el recinto.

Con los antecedentes de la actuación conjunta de la Policía Federal, la Prefectura Nacional, La Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad que miércoles tras miércoles reprimen salvajemente las protestas de los jubilados está claro cual sería el objetivo de la creación de este tipo de organismo en Tierra del Fuego: reprimir la protesta de sus trabajadores y habitantes para imponer la política entreguista y hambreadora del gobierno de Milei y el FMI.

Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Página/12, ANRed, Agencia FARCO

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/05/22/la-lucha-del-fin-del-mundo/