PorMunicipalidad Villa Regina
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Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.
En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».
Gutiérrez luego suavizó esa declaración de manera íntima. En un acto protocolar donde estuvo el gobernador este martes se acercó a Pullaro. «No te dejes llevar por mis declaraciones. Voy a cumplir mi compromiso», le dijo, al igual que a uno de sus ministros. Eso porque había señalado que se retiraba en noviembre de este año pero que quería despedirse como presidente de la Corte Suprema e inaugurando el nuevo edificio judicial de Santa Fe que será a fin de mes.
No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.
La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.
Pullaro logra que le aprueben tres pliegos para la Corte, aunque las vacantes no están confirmadas
Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.
Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe
Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.
«Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.
Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.
Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.
La respuesta fue un 7 a 0 contra el gobierno con los votos incluso de los miembros entrantes de la Corte impulsados por Pullaro. Esto generó nuevas apelaciones desde el Ejecutivo santafesino pero sobre todo contrariedad y bronca. En el Poder Judicial hay un cerrado consenso de que lo que aspira el gobierno es otra muestra del afán de neutralizar todo lo que se oponga a sus pretensiones políticas por cualquier vía. Acá lo que dicen es que no valen las recusaciones por demandas colectivas. Y que además las impulsaron no al principio del trámite, como marca la regla procedimental, sino cuando las demandas ya llegaban a la Corte.
En el gobierno toman las palabras de Gutiérrez como balas de fogueo de un hombre astuto que perdió poder. Pero están atentos. Sabe que conserva legitimidad interna, aunque los empleados judiciales sean el plantel por lejos más chico de la administración. Y también que alborota el panal en momentos en que muchos jueces están molestos por lo que consideran una intrusión inaceptable del Ejecutivo en espacios de un poder distinto.
Cosas que se han expresado con críticas duras del jefe de fiscales de Rosario hacia camaristas provinciales por decisiones de delegar casusa de microtráfico de drogas a la Justicia Federal. Y que cada tanto expresan réplicas. El presidente de la Corte santafesina puede estar en su momento de eclipse, pero usa las herramientas que le quedan para erosionar al gobierno que lo va corriendo de la cancha.
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El gobierno no activó negociaciones formales con los gobernadores para frenar la moción de censura de Manuel Adorni en el Senado y en las provincias creen que al jefe de gabinete le soltaron la mano.
La oposición está juntando los votos para remover a Adorni en la sesión del próximo jueves que, como anticipó LPO, se tejió en una diagonal subterránea entre el peronismo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Para interpelar a Adorni o para sacarlo del cargo se necesita una mayoría absoluta del total de los miembros de cada cámara. En el Senado eso implica 37 votos.
Como Mauricio Macri está pidiendo por todos los medios que echen a Adorni, el gobierno está obligado a negociar con los senadores que responden a los gobernadores aliados. Pero eso no está sucediendo.
Bullrich activa un backchannel con Villarruel y el peronismo para destituir a Adorni
En los últimos días empezó a instalarse la teoría de una jugada tácita de los Milei para que el Congreso les saque de encima el problema de Adorni. Como no quieren echarlo, la moción de censura se convirtió en un canal para correr al jefe de gabinete y victimizarse al mismo tiempo.
La senadora salteña Flavia Royón
Por eso la sensación que tienen los gobernadores es que los Milei le soltaron la mano a Adorni y no reciben señales de la Rosada. «Nadie está hablando con nadie», admitió a LPO uno de los gobernadores que tiene representación propia en el Senado.
«Manuel está librado a su suerte», aseguran entre los gobernadores aliados. Y advierten que el gobierno no tiene autoridad para pedirle nada a los bloques aliados y a las provincias con el Adorni-Gate.
Los gobernadores tienen en la mano las encuestas que lo muestran a Adorni como un salvavidas de plomo. «Es un tema ético-moral, institucional, con 75% de la sociedad diciendo que no le cree nada al jefe de Gabinete», dijeron a LPO cerca de uno de los gobernadores.
«A Milei los aliados y los gobernadores lo han acompañado en muchos temas y reformas. Pero en este tema el desmanejo fue total y solo habría costo político y perdida de capital para cualquiera que quiero defenderlo», dijeron a LPO allegados de uno de los gobernadores con mejor diálogo con la Rosada.
Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso
Desde las provincias aliadas le mandaron una señal a la Rosada para tratar de activar algún tipo de negociación. Flavia Royón, la salteña que responde al gobernador Sáenz, dio un indicio de cómo podrían actuar algunos aliados el jueves si finalmente reciben un llamado de Balcarce 50.
«Si la justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente, va a intervenir el Congreso», dijo Royón este lunes a Futurock. El de la salteña fue una especie de ultimátum amigable: le da un aire incierto al gobierno para que corra al funcionario, atando su suerte a los tiempos de la Justicia.
