PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’.
El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas.
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La vertiginosa quiebra de Bioceres SA dejó un dato que ahora en el mercado lo observan con mucha atención: mientras que la empresa se desplomaba con deudas y patrimonio negativo, el holding controlante registró una ganancia extraordinaria cercana a los 95 millones de dólares.
El número surge de los propios balances presentados ante la SEC por Moolec, la firma radicada en el exterior que quedó como cabeza del entramado y de la que se hizo cargo el empresario uruguayo Juan Sartori.
En los documentos (ver) se advierte que tras la pérdida de control de Bioceres la compañía contabilizó un beneficio de unos 91 millones de dólares en Bioceres Sociedad Anónima y otros 5,3 millones de Bioceres LLC radicada en Estados Unidos. En términos contables, la caída de Bioceres no implicó una pérdida para el grupo, sino un resultado positivo, dicen fuentes de la empresa.
[Escala la pelea por Bioceres entre un millonario uruguayo y el fundador Federico Trucco]
Ese dato es el que disparó las sospechas. En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos.
La clave está en la ingeniería societaria que se terminó de consolidar en 2025, dijeron fuentes al tanto de la compleja estructura accionaria con la que organizó el holding que prometió convertirse en uno de los unicornios biotecnológicos más importantes del país.
En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos
A partir de la fusión con Moolec, el grupo habría trasladado los activos estratégicos a una holding internacional, debilitando a Bioceres SA y dejándola como la unidad más expuesta al endeudamiento. En paralelo, el control accionario también cambió de manos ingresando un jugador clave en este proceso, señalaron a LPO fuentes empresarias.
Según otro documento presentado ante la SEC, en abril de este año el fondo Agriculture Investment Group Corp (AIGC) pasó a controlar el 65,1% de Moolec tras convertir acciones preferidas en ordinarias. AIGC está vinculado al empresario uruguayo Juan Sartori, que fue ganando peso en el grupo cuando facilitó el salto de Bioceres a cotizar en Nasdaq para después terminar consolidando su poder en la etapa final de la reestructuración. La operación lleva la firma de Alejandro Antalich que puso Sartori al frente de la empresa quebrada.
Como sea, por afuera de Bioceres SA quedaron unidades con activos significativos: Agrality, con ventas cercanas a los 70 millones de dólares y una valuación estimada en torno a los 77 millones; la planta industrial ValoraSoy en Córdoba; desarrollos biotecnológicos como SynBio Powerlabs, proyectados en unos 30 millones; líneas de ingeniería metabólica valuadas en torno a los 12 millones; y un paquete de patentes que podría ubicarse entre 45 y 50 millones de dólares.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo y por otro lado, no se descarta que la disputa escale al plano penal
En conjunto, el ecosistema supera holgadamente los 150 millones de dólares en activos, muy por encima del pasivo que arrastraba la sociedad local, aseguran en el holding. Ese contraste es el que vuelve difícil de explicar la velocidad con la que se avanzó hacia la quiebra.
[Bioceres no pudo levantar una deuda de 36 millones de dólares y se asoma a la quiebra]
Fuentes vinculadas al management desplazado, Federico Trucco, dijeron que la decisión fue tomada por el nuevo directorio en diciembre del año pasado, ya bajo la órbita del esquema reorganizado. En lugar de explorar alternativas habituales en estos casos, como una reestructuración de deuda o un acuerdo con acreedores, se optó por el camino más extremo en un lapso llamativamente breve.
En el sector, consideran que esa secuencia forma parte de una maniobra para quedarse con el control del negocio liberado de pasivos. Los nuevos controlantes, en cambio, sostienen que heredaron una situación financiera insostenible y que la quiebra era inevitable.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo. En paralelo, no se descarta que la disputa escale al plano penal, con denuncias en preparación que podrían poner bajo la lupa el proceso que llevó a la caída de Bioceres SA.
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.
Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.
No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.
«No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
El juez federal Ariel Lijo.
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.
La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.
No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.
Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával negocian con Milei para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional. La transferencia le permitiría al gobierno ingresar millones de pesos por año que pasarían a ser fondos coparticipables y a los empresarios extender las concesiones de las salas de juego.
Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse. Junto a Lao y Achával negociaron con el gobierno libertario un decreto para cambiar la jurisdicción a la que tributan.
Primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
En 2016, Mauricio Macri traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad asesorado por Pepín Rodríguez Simón. El problema no fue la transferencia, basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte, sino haber evitado al Congreso. «Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó», se lamentó un funcionario porteño preocupado por perder un ingreso de miles de millones de pesos mensuales por los barcos y otro tanto por los casinos en concepto de canon y de Ingresos Brutos.
La Ciudad quiere volver a licitar el barco casino y se abre una guerra empresaria
La historia de los barcos comenzó con una licitación de Carlos Menem. El ex presidente decidió concesionar la explotación de dos casinos flotantes por 25 años amparado por una interpretación creativa: la jurisdicción del Río de la Plata era nacional y no provincial.
Tras varias idas y vueltas que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales por la pandemia y por el cambio de reglas del juego, el casino flotante siguió funcionando, pero en los últimos años su supervivencia quedó amenazada.
Achaval y De Bendicto primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
Hace un año, la Corte revocó una cautelar que le permitió a Casinos de Buenos Aires SA continuar explotando dos barcos casino con la concesión vencida y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que decida sobre otra cautelar que está pendiente. Ese otro expediente traba la partida definitiva de los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’.
Benedicto, Achával y la familia Lao saben que otro fallo de la Corte los dejará afuera de carrera, por eso se acercaron al gobierno nacional para buscar una salida.
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
En juego hay miles de millones de pesos mensuales que pasaría a cobrar Nación y que entrarían en el reparto de la coparticipación, una cuestión que interesa a las provincias. De paso, Karina se daría el gusto de darle otro golpe a la gestión de Jorge Macri.
Los dueños del casino también tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
Pero hay otra cuestión mucho más relevante. Un cambio de jurisdicción permitiría una nueva prórroga, ya que la concesión del hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante.
Los dueños de las salas de juego tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación y el Tano Angelici, también empresario del juego, está negociando esa «indemnización» con sus colegas.
El vínculo entre la Ciudad y los dueños de los casinos porteños siempre estuvo atravesado por la tensión entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que incluso terminó preso durante la presidencia de Macri.
Sin embargo, todo parece haber mejorado en los último tiempos. La prueba es que un influyente funcionario porteño logró hace poco que el casino flotante estampe su publicidad en la camiseta de San Lorenzo.
