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Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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Lucas Llach no es un economista más dentro del oficialismo. Aunque no ocupa un cargo es la mano derecha real del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por eso, cuando afirmó que el dólar está «forzado hacia abajo», dejó expuesta una discusión interna que enfrenta la estrategia de pisar el dólar de Toto Caputo y objeta el FMI.
Durante una entrevista con Maxi Montenegro en Ahora Play, Llach cuestionó la explicación oficial sobre la desaceleración de la economía. «¿Cuál es la hipótesis oficial de por qué la economía está a baja intensidad? El riesgo Kuka ya no puede ser. El riesgo país es de 400 puntos», afirmó. Para el economista, tampoco alcanza con atribuir el menor desempeño a la apertura comercial o al cambio estructural. «Cuando se habla de dos velocidades dicen que es lógico que la industria caiga por las importaciones o por el cambio estructural. Pero, aun suponiendo que eso pudiera argumentarse para la industria, en la construcción no», sostuvo.
Su diagnóstico fue todavía más lejos. Señaló que la construcción incluso se beneficia de insumos importados más baratos, pero aun así no logra recuperarse. «La construcción tiene insumos en dólares más baratos por la apertura, si querés. ¿Y por qué falla? Porque el costo de construir es muy alto respecto a los precios».
Luego comparó el escenario actual con los primeros años de la década del noventa. «Cero no es una tasa de crecimiento para una Argentina que está en una revolución de recursos naturales, orden fiscal y reformas. A principios de los 90 el crecimiento era del 5, 6 o 7%». Y remató con una definición que cayó como una piedra en el equipo económico: «A mí no se me ocurre otra hipótesis que un tipo de cambio que está forzado hacia abajo».
Georgieva sugirió en una reunión con empresarios que el dólar tiene que estar más alto
Las declaraciones de Llach tampoco aparecen en el vacío. Expresan una mirada que circula en el entorno de Sturzenegger, es uno de los funcionarios con mejor vínculo con Kristalina Georgieva, que como reveló LPO en exclusiva, en la reunión que mantuvo en Buenos Aires con empresarios afirmó que el dólar debería estar más alto y dijo que al organismo no le preocupa el impacto que tendría en la inflación. La titular del FMI incorporó este año a Sturzenegger a un Consejo Asesor del Fondo y la sintonía entre ambos volvió a quedar en evidencia durante la reciente visita de Georgieva al país.
¿Cuál es la hipótesis oficial de por qué la economía está a baja intensidad? El riesgo Kuka ya no puede ser. El riesgo país es de 400 puntos. A principios de los 90 el crecimiento era del 5, 6 o 7%. A mí no se me ocurre otra hipótesis que un tipo de cambio que está forzado hacia abajo.
La afirmación de Georgieva pidiendo una devaluación controlada en la cena en el Palacio Duhau, surgió luego que ella comentara que el gobierno tenía que acumular más reservas y un empresario le preguntara cómo se podía seguir acumulando divisas un programa económico que ya exhibe exportaciones en niveles récord. Fue ahí que dijo que se podían aumentar por precio o cantidades y todos entendieron que se refería a una corrección, que por ejemplo empuje al campo a liquidar los USD 10 mil millones que atesora.
Ese planteo choca de frente con la estrategia de Milei y Caputo. En las últimas semanas, distintos informes privados revelaron que el Gobierno intervino para impedir que el dólar mayorista superara la zona de los $1.500. La versión comenzó a circular entre las mesas de dinero y terminó ganando fuerza cuando los datos diarios del Banco Central, que mostraron un movimiento inusual en la cuenta que el Tesoro mantiene en la autoridad monetaria.
Los analistas detectaron que el 28 de julio, justamente el día en que el Banco Central interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de compras de divisas y el dólar mayorista tocó los $1.500, los depósitos en dólares del Tesoro cayeron unos USD 146 millones mientras sus depósitos en pesos aumentaron el equivalente a USD 141 millones.
Portfolio Personal Inversiones interpretó esa secuencia como una venta de dólares del Tesoro para abastecer la demanda y evitar un salto del tipo de cambio. Según esta sociedad de bolsa, habría sido la primera intervención de ese tipo desde octubre del año pasado.
La compra de dólares de personas creció en julio y agita el debate sobre el tipo de cambio
Ese mismo día se fijaba el tipo de cambio de referencia para una letra atada al dólar. Cuanto más alto cerrara la cotización, mayor sería el costo para el Tesoro. Por eso, el Gobierno tenía un incentivo extra para contener la suba. Así, el Central tampoco compró dólares por primera vez desde enero e incluso habría intervenido en el mercado secundario de bonos dólar linked, donde el volumen operado alcanzó los USD 403 millones, el mayor desde junio.
Desde la consultora 1816 hablaron directamente de una nueva «línea en la arena». Si durante buena parte del primer semestre ese límite había sido $1.400, ahora el mercado interpreta que el Gobierno no quiere que el dólar supere los $1.500.
La consultora 1816 habla de una nueva «línea en la arena» que Caputo trazó para el dólar. Si durante buena parte del primer semestre ese límite fue $1.400, ahora el mercado interpreta que el Gobierno no quiere que el dólar supere los $1.500.
Según 1816, entre letras y bonos que protegen frente a una devaluación ya hay alrededor de USD 12.000 millones de valor nominal en manos privadas, de los cuales USD 6.600 millones vencen antes del final del mandato de Milei.
La discusión excede al equipo económico. El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que dentro del esquema de bandas el dólar podría ubicarse cerca de los $1.800 sin comprometer el programa económico. Una opinión que no compratió el equipo económico que enfureció con el vocero.
En las redes apareció enseguida el «dólar Ravier», una forma irónica de describir un tipo de cambio más alto. Detrás de la chicana del «dólar vocero» quedó instalada una discusión de fondo sobre si el peso se apreció demasiado y si conviene permitir una corrección para recuperar competitividad, como pide el campo.
El ministro Toto Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Caputo.
Uno de los primeros en respaldar esa idea fue Salvador Di Stefano, un habitual defensor del equipo económico, que dejó en evidencia con su giro el malestar de los productores agropecuarios, a quien suele asesorar. En un extenso posteo explicó las maniobras del gobierno para sostener el tipo de cambio en sus valores actuales y luego en una entrevista con radio La Voz, confirmó que existe una gran retención de soja, maíz y trigo por parte de los productores y sugirió que el Gobierno debería «poner un terroncito de azúcar» para incentivar la venta de granos.
Carlos Maslatón aprovechó esa explicación para cargar contra la política cambiaria oficial. «Agradezco que confirmes que el gobierno sostiene el tipo de cambio artificial bajo pagando intereses y aumentando la deuda pública. 100% Martínez de Hoz puro», escribió.
La referencia a Martínez de Hoz apunta los faroles hacia Ricardo Arriazu, uno de los pocos economistas respetados por Milei y uno de los diseñadores del programa económico de la última dictadura, que volvió a colocar la dolarización de los ahorros en el centro de su análisis.
«Por lejos la variable macro más importante es cuántos dólares compra la gente», afirmó. Recordó que el año pasado los argentinos adquirieron USD 40.000 millones y estimó que este año podrían comprar alrededor de USD 30.000 millones.
Así, mientras el debate gana intensidad, los datos del balance cambiario muestran la tensión del programa. En junio la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 857 millones, un 60% menor al de un año atrás. Las exportaciones alcanzaron un récord de USD 9.438 millones, pero las importaciones crecieron hasta USD 6.420 millones. Y la salida de utilidades y dividendos por USD 1.023 millones, la cifra más alta desde 2010.
La cuenta financiera, en tanto, mostró un déficit de USD 3.181 millones. La formación de activos externos financiera alcanzó USD 2.458 millones y la no financiera otros USD 2.065 millones, parcialmente compensados por préstamos financieros por USD 961 millones.
A eso se suma el comportamiento de los ahorristas. En junio las personas humanas compraron USD 2.445 millones en billetes y divisas sin destino específico, por encima de mayo, y acumulan USD 15.300 millones en lo que va del año.
Con ese telón de fondo, la frase de Llach adquiere un peso político distinto. Mientras Caputo y Bausili tratan de sostener un dólar de $1.500, desde el entorno de Sturzenegger -el funcionario más cercano al FMI- aparece una voz que sostiene que esa ancla cambiaria es hoy el principal freno para la actividad. La discusión dejó de ser un intercambio entre economistas. Ya atraviesa el corazón del programa económico de Milei.
Qué buen posteo, Salvador, ideal que así lo expliques y que seas vos el autor. Agradezco que confirmes que el gobierno sostiene el tipo de cambio artificial bajo pagando intereses y aumentando la deuda pública. 100% Martínez de Hoz puro. Que se fundan todos. https://t.co/UsmO15KJBz
— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 3, 2026
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