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‘Taller virtual de instrucción canina’

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’.

El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas.

Los cupos son limitados. Para mayor información o inscripciones comunicarse al 2984-274160.

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    La economía argentina encontró un nuevo pozo de dólares. No sale de Vaca Muerta ni del campo. Sale de oficinas, computadoras y universidades. Mientras la industria tradicional sigue golpeada por la apertura y el mercado interno flaco, la economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.

    Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 8,1% interanual durante 2025 y ya representan el 53% de todos los servicios que Argentina vende al mundo. El dato surge del INDEC y fue celebrado tanto por el Gobierno como por las cámaras empresarias. El sector quedó detrás del complejo oleaginoso cerealero y del petroquímico.

    La cifra tiene además una carga simbólica. Durante años, Argentina discutió cómo generar dólares sin depender exclusivamente del agro o de los ciclos de precios internacionales de las commodities. La economía del conocimiento apareció como una especie de fábrica invisible: exporta software, servicios profesionales, biotecnología, inteligencia artificial, videojuegos, ingeniería y consultoría sin necesidad de barcos ni rutas colapsadas. El talento humano reemplaza al container.

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    Según datos oficiales, el sector ya supera los 285 mil empleos formales y sumó 17 mil puestos respecto de 2023. También paga salarios por encima del promedio de la economía. Cerca del 80% de los trabajadores tiene estudios universitarios o formación técnica especializada.

    En Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, aseguran que el objetivo de mediano plazo es mucho más ambicioso: llevar las exportaciones hasta USD 30.000 millones anuales. En otras palabras, triplicar el volumen actual y convertir a la economía del conocimiento en uno de los grandes motores estructurales de ingreso de divisas.

    La economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.

    El fenómeno ya impacta en las proyecciones macroeconómicas. La consultora ABECEB que dirige Dante Sica estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones totales por USD 94.400 millones en 2026, con un crecimiento de 8,4% interanual y un superávit comercial cercano a USD 16.000 millones. En ese nuevo mapa exportador, los servicios basados en el conocimiento aparecen como uno de los sectores que más ganan peso relativo junto a energía y minería.

    «La economía del conocimiento se ubica entre los cinco principales complejos exportadores, con ventas externas que superan los US$ 10.000 millones anuales», destacó ABECEB en su último informe. Y agregó otro dato relevante: la actividad tiene «baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía».

    En privado, algunos empresarios del sector reconocen que el actual esquema económico tiene una contradicción difícil de resolver. Por un lado, celebran la estabilidad macro y la desaceleración inflacionaria. Por el otro, advierten que un dólar barato erosiona márgenes en una actividad donde gran parte de los costos está nominada en pesos pero la competencia es global. «Hoy exportar talento argentino es más caro que hace dos años», resumió un ejecutivo tecnológico que participa de la mesa de Argencon.

    El Gobierno apuesta a que la economía del conocimiento funcione como una usina permanente de dólares genuinos. El problema es que ese modelo también necesita universidades fuertes, formación técnica, infraestructura científica y salarios competitivos para retener talento. Ahí aparece la tensión de fondo. La Argentina quiere vender cerebros al mundo mientras discute recortes en ciencia, investigación y educación pública.

    Lo concreto es que los dólares no bajan solamente por la Hidrovía o por los caños de Vaca Muerta. También viajan por fibra óptica. Y detrás de cada exportación hay programadores, diseñadores, ingenieros o especialistas trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario para empresas del exterior. Una economía menos visible que el campo o el petróleo, pero que ya se convirtió en una de las principales columnas que sostienen el ingreso de divisas de la Argentina. 

     

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    La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

    La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

    La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

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    El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

    Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

    Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

    El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

    Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

    La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

    Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

    En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

    La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

    «En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

     

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