‘Taller virtual de instrucción canina’

La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano. El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas….

 

Patricia Bullrich cambió de estrategia con el peronismo en el Senado ante el riesgo de que Karina Milei la aísle como lo hizo con Victoria Villarruel. La exministra de Seguridad aceptó al filo del fin de semana otorgarle al interbloque de José Mayans seis lugares en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto y otros seis en la de Asuntos Constitucionales, acaso más importante que la primera porque por ahí debería tramitarse la discusión sobre la reforma política que impulsa Javier Milei.

En la de Relaciones Exteriores, el formoseño anotó los nombres de Marcelo Lewandowski, Juan Manzur, Jorge Capitanich, Adán Bahl, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, mientras que para la de Asuntos Constitucionales todavía no se conoce el detalle de los senadores que se sumarán.

El giro de la jefa de la bancada libertaria se produce después de una refriega que duró todo el verano con Mayans y el PJ, que reclamaban el respeto a la proporcionalidad de los bloques para la integración de las comisiones. De hecho, el peronismo sigue sin incorporarse a la comisión de Acuerdos, la que discute los pliegos de los jueces, porque allí Bullrich sólo le dejó tres sillas.

Un senador libertario admitió ante LPO que «se hizo un esfuerzo para ajustar lo que se podía en las comisiones donde no había conformación completa». Aunque reconoció que el peronismo «está abajo» de lo que correspondería por representación en la comisión de Acuerdos, reivindica como un hecho positivo «la voluntad de compensar y dar lugares» en las otras.

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Sin embargo, un colega de su bloque admitió que la maniobra no se concretó sin hacer las cuentas. «Entiendo que los números siguen siendo favorables de la comisión, eso da tranquilidad», dijo.

Fuentes parlamentarias argumentan que a Bullrich no le quedó otra que aceptar las condiciones del peronismo porque el gobierno está complicado para conseguir las voluntades que necesita en el debate de la eliminación de las PASO, la reforma de la Boleta Única de Papel (BUP) y el financiamiento de las campañas políticas. La especulación, en base a los primeros contactos informales, es que ni los gobernadores radicales ni los peronistas quieren suprimir las primarias pero que los representantes del PJ en la Cámara Alta podrían aceptar la modificación del reglamento de la BUP, para que se establezca la validez del tilde en el primer tramo para producir efecto arrastre en el resto de la tira.

Di Tullio, Bahl y Capitanich.

Además, la ex ministra de Seguridad observa en cada reunión de mesa política como el gobierno queda cada vez más absorbido por Karina y la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso es administrada por Martín Menem, de relación directa con la hermana presidencial. En términos formales, Milei no tiene otro interlocutor en el Senado que la propia Bullrich porque no hay diálogo con Villarruel ni tampoco con el presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala.

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. «Siempre existe un lado bueno», celebró un senador peronista de larga experiencia y agregó: «la verdad es que no entiendo ninguna decisión que esté en contra del reglamento interno, está claro en artículo 91 y también en 93, así que debería saldarse esa discusión absurda».

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. ‘Siempre existe un lado bueno’, celebró un senador peronista.

Frente a esa situación, Capitanich presentó dos proyectos propios, uno para convertir las PASO en una competencia voluntaria u optativa y otro para «garantizar transparencia, regular la publicidad digital y asegurar financiamiento electoral claro y trazable».

También el radical Eduardo Vischi elaboró uno para que las primarias «dejan de ser obligatorias para los ciudadanos, eliminando la sanción o carga pública de asistir». Su iniciativa, según su entorno, «admite la preinscripción de los electores, optimizando la organización del acto electivo; posibilita que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia; y establece un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante».

 

 

La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

 Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

 En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

 La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

 

La Municipalidad de Villa Regina recuerda que está en vigencia la Ordenanza Nº 95/2020 que declara a la ciudad como territorio libre de pirotecnia. De esta manera, está prohibida la fabricación, tenencia, guarda, comercialización mayorista y/o minorista en comercios y puestos ambulantes, manipulación, depósito y uso de elementos de pirotecnia. Además prohíbe el uso doméstico…