PorMunicipalidad Villa Regina
Publicada el
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’.
El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas.
Los cupos son limitados. Para mayor información o inscripciones comunicarse al 2984-274160.
En pleno drama por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional busca tratar en el Congreso un proyecto que modifica de manera drástica la Ley de Tierras (26.737): habilita la producción en zonas arrasadas por el fuego y libera la venta de suelo argentino a extranjeros. La iniciativa aparece en sintonía con la ofensiva de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras revela datos alarmantes sobre quiénes controlan el territorio, el agua y los minerales del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.
Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.
Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.
El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).
Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.
“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.
Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.
Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.
En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.
En la noche del martes, la Policía de Tucumán secuestró casi 160 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el operativo y subrayó los resultados de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que implementó el Gobierno provincial.
El mandatario puso en valor el trabajo sostenido de la fuerza policial y el accionar coordinado con el sistema judicial, en el marco de una estrategia definida desde el inicio de su gestión para enfrentar el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.
En ese sentido, Jaldo explicó el alcance de las decisiones adoptadas desde octubre de 2023 y afirmó: «Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán».
Al comparar las estadísticas de incautaciones, el Gobernador destacó el crecimiento interanual de los procedimientos y señaló: «Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína».
Respecto al operativo realizado en Villa Luján, Jaldo atribuyó el resultado al trabajo previo de investigación y coordinación institucional. «Lo de anoche es producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía de Tucumán a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Venimos de secuestrar casi 400 kilos de marihuana y ahora, en un nuevo operativo en San Miguel de Tucumán, se secuestraron cerca de 160 kilos», expresó.
El Gobernador aclaró que los detalles del procedimiento quedaron a disposición de la Justicia Federal y remarcó el impacto social de estos operativos. «Ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias», advirtió.
Finalmente, Jaldo sostuvo que la lucha contra el narcotráfico seguirá profundizándose en la provincia y destacó la continuidad de una política basada en hechos concretos.
OLA DE CALOR EN LA PERLA DEL VALLE Rio Negro estuvo ayer entre las provincias con las temperaturas más elevadas del país. La ola de calor arribó, y se quedará unos días más. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Antonio Oeste obtuvo la máxima de la provincia donde la temperatura alcanzó los 43,5°….
El Intendente Marcelo Orazi encabezó este miércoles la presentación del 4° Foro Patagónico y 2° Latinoamericano de Energías Sustentables que se realizará el 1 y 2 de noviembre a través de la modalidad virtual. Esta edición tiene el lema ‘Ciencia, industrias y sociedad, propulsores del desarrollo sustentable hacia la preservación de la vida en el…
Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.
No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.
En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.
En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.
Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.
El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.
En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.
Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.
Patricia Bullrich estuvo en el caso Nisman.
Bullrich estuvo en el caso Maldonado.
Bullrich estuvo en el caso Facundo Molares.
Bullrich estuvo en el caso Fabrizia Pegoraro.
Bullrich estuvo en el caso Pablo Grillo.
Bullrich estuvo en el atentado contra Cristina Fernández de… https://t.co/8WGLRkG2Qj— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) January 18, 2026
El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.
Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.
Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.
La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.
Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.
