PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’.
El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas.
Los cupos son limitados. Para mayor información o inscripciones comunicarse al 2984-274160.
Luego de 40 años de actividad, John Foos anunció el cierre de su tradicional planta de Beccar, en San Isidro, y se reconvertirá en importadora de zapatillas provenientes de Asia, en una estrategia empresarial que se repite cada vez frente a la aguda recesión y los altos costos de producción.
La empresa de zapatillas orientada al segmento juvenil pasó de tener 400 operarios en 2023 a solo 50 en su etapa final.
Así, anunció un proceso de «reestructuración interna» que se reorientará hacia la importación, no directamente de China, sino desde otros mercados asiáticos, como Vietnam o Tailandia, que no tienen este tipo de barreras antidumping.
«El proceso no es de ahora. Hace rato vienen trayendo contenedores de China. Empezaron con partes de la zapatilla y la armaban acá, y ahora ya traen todo hecho», denunciaron los trabajadores al portal Qué Pasa Web, y agregaron que la producción fue cayendo en los últimos años hasta quedar reducida a una actividad mínima.
Así, hablaron de un achicamiento «gradual», primero con la no renovación de contratos y luego a través de acuerdos individuales de desvinculación.
«A finales de abril nos dijeron que se va a dejar de producir completamente. Van a quedar algunas personas en administración, pero lo que es producción se termina», señalaron. Frente a eso, la empresa abrió un proceso de negociación para acordar las desvinculaciones.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender la propiedad que ya tenía en Parque Chacabuco. El dato, revelado por la prensa y confirmado con registros oficiales, reavivó las sospechas sobre su evolución patrimonial desde que llegó al Gobierno.
Por Tomás Palazzo para NLI
Según la información publicada por Clarín, Adorni sumó un departamento en Caballito mientras aún conserva el que tenía previamente en Parque Chacabuco. La operación genera ruido político porque ocurre en paralelo a otras controversias vinculadas a su patrimonio.
De acuerdo con registros oficiales citados por distintos medios, el nuevo inmueble está ubicado en la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa.
Lo llamativo no es solo la adquisición, sino que no se desprendió de su propiedad anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública.
Otro punto clave del escándalo es que el departamento de Caballito no aparece en su última declaración jurada pública, lo que alimenta sospechas sobre posibles inconsistencias o demoras en la actualización de su patrimonio.
Ante las preguntas, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a afirmar que todo está declarado o que será informado cuando corresponda, argumentando que los plazos administrativos aún no vencieron.
Sin embargo, el contexto complica su defensa:
Lejos de aclarar la situación, el jefe de Gabinete adoptó una postura confrontativa. En conferencia de prensa, rechazó brindar detalles y llegó a responder que no tenía por qué dar explicaciones a periodistas.
Incluso argumentó que existe una investigación judicial en curso y que dar información podría “entorpecerla”, aunque no explicó de qué manera.
Esa actitud no hizo más que profundizar las dudas: cuanto más evita responder, más crecen las sospechas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
El episodio del departamento no aparece aislado. Se suma a una serie de controversias recientes:
En ese marco, la adquisición en Caballito funciona como una pieza más de un rompecabezas que incomoda al Gobierno.
Más allá de la legalidad formal, el caso expone una contradicción central: mientras el oficialismo construyó su discurso contra “la casta”, uno de sus principales funcionarios enfrenta cuestionamientos por incremento patrimonial, opacidad y falta de explicaciones.
La pregunta que queda flotando es simple pero potente:
¿cómo evoluciona el patrimonio de un funcionario que, según sus propias declaraciones iniciales, no tenía grandes niveles de riqueza?
Por ahora, lejos de despejar dudas, el caso Adorni parece recién empezar.
Un total de 6 vehículos fueron retenidos en el marco de los operativos realizados por el personal de Tránsito Municipal para controlar el cumplimiento del decreto 059/2021 que estableció las nuevas medidas sanitarias vigentes en la ciudad. En este sentido, además de la retención de los rodados, se les aplicó a sus conductores una multa…
El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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