SOCORRO ROSA VILLA REGINA

El Jefe de Gabinete continúa sumando escándalos que lo acercan a una renuncia.

Por Roque Pérez para NLI

El escándalo que rodea a Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo: según reveló el periodista Fabián Waldman en Futurock, el jefe de Gabinete habría dispuesto un vehículo oficial para uso personal de su esposa, Bettina Angeletti, que incluso sería utilizado por empleadas domésticas para realizar compras. La denuncia, de extrema gravedad institucional, se inscribe en una cadena de episodios que vienen poniendo bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte del funcionario.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la acusación aparece en un contexto donde el propio Adorni ya venía siendo cuestionado por mezclar lo público con lo privado de manera sistemática.

De los vuelos oficiales al uso personal del Estado

El antecedente más inmediato es el escándalo por el viaje a Nueva York durante la llamada “Argentina Week”, donde Angeletti participó de la comitiva oficial sin tener cargo público. El episodio generó fuertes críticas porque el propio Gobierno había establecido límites al uso de aeronaves oficiales para fines particulares.

La situación se volvió aún más delicada porque Adorni había defendido previamente restricciones para evitar privilegios de funcionarios y familiares, lo que dejó al descubierto una contradicción evidente entre discurso y práctica.

A esto se suma otro dato clave: el funcionario también fue cuestionado por viajes en vuelos privados a Punta del Este, cuyo financiamiento nunca quedó del todo claro, alimentando sospechas sobre el origen de los fondos.

En ese marco, la nueva denuncia sobre el uso de un auto oficial para tareas domésticas no hace más que profundizar la percepción de abuso de recursos del Estado.

La trama económica detrás de la familia Adorni

El nombre de Bettina Angeletti no aparece solo en estas polémicas. En los últimos días, fue denunciada judicialmente por posibles conflictos de intereses vinculados a su consultora privada, que habría tenido contratos con empresas relacionadas al Estado.

Según la presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano, existiría un entramado de relaciones comerciales que podría implicar beneficios indirectos para el entorno del funcionario, incluyendo contratos millonarios por servicios de consultoría.

En paralelo, también se pidió investigar la evolución patrimonial de la familia, ante la sospecha de que los niveles de gasto —viajes internacionales, vuelos privados y estilo de vida— no se condicen con los ingresos declarados.

Un patrón que se repite

Lejos de ser episodios aislados, distintos informes periodísticos coinciden en señalar un mismo patrón:
uso de recursos estatales, beneficios para el entorno familiar y explicaciones poco consistentes.

El caso del viaje a Estados Unidos fue paradigmático: no solo generó críticas de la oposición, sino también cuestionamientos por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, que prohíbe expresamente utilizar bienes del Estado para beneficio personal o de familiares.

Ahora, con la denuncia difundida en Futurock, el foco se traslada a un aspecto aún más cotidiano pero igualmente grave: la utilización directa de bienes públicos —un auto oficial— para actividades privadas y domésticas.

El relato del ajuste frente a los privilegios

Todo esto ocurre en un contexto político donde el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con “los privilegios de la casta”. Sin embargo, los hechos que involucran a Adorni parecen ir en sentido contrario.

Desde el avión presidencial hasta los vuelos privados, pasando ahora por el presunto uso de vehículos oficiales para compras familiares, el caso empieza a configurar algo más que una serie de polémicas: un esquema de privilegios que contradice el discurso oficial.

La revelación de Waldman no solo agrega un nuevo elemento escandaloso, sino que plantea una pregunta de fondo:
¿hasta dónde llega el uso personal de los recursos del Estado por parte del jefe de Gabinete y su entorno?

Por ahora, el silencio oficial frente a esta última denuncia no hace más que aumentar las sospechas.