Quienes, luego de décadas, estamos habituados a transitar las calles del centro de Villa Regina, solemos sentir que las ciudades con trazado en damero o cuadricular resultan, en comparación, un tanto insípidas o monótonas.
Y surge entonces la pregunta que da título a esta nota: si Regina fue una ciudad planificada desde sus inicios, ¿por qué no fue diseñada con calles rectas y manzanas más regulares, que facilitaran su tránsito y parcelamiento?
LAS RAZONES GEOGRÁFICAS
Las razones geográficas son simples y representaron un límite claro tanto al norte como al sur de la ciudad. Al norte, el perfil de la barda no es recto: es zigzagueante. Al sur, el cauce del Salado (Río Primero) describe una medialuna a su paso. Esto hizo imposible establecer líneas guías paralelas en esos extremos.
Pero el trazado de este a oeste tampoco fue completamente regular. En este caso, influyó el Arroyo Salado (o Río 1° Salado), o más precisamente, el primer puente construido para atravesarlo: el de la calle Cipolletti. Ese puente permitió unir dos sectores clave: “la Colonia” (zona de chacras) y “el Pueblo” (el centro urbano), salvando el obstáculo natural del Salado y conectando de forma sencilla y segura ambas partes de Regina.
Si bien el puente favorecía especialmente a los habitantes de la 1ª, 2ª y 3ª Zona, no ocurría lo mismo con quienes vivían en la 4ª Zona. Antes del puente, al parecer, el único paso posible era vadear el río por el cruce de la actual calle General Paz. Este dato parece coherente: aún hoy, ese es el paso más plano y a nivel de todo el cauce.
Puente de calle Cipolletti, sobre el Arroyo Salado. Hacia el norte se ve el actual Museo Felipe Bonoli.
Puente de calle Cipolleti, sobre el Arroyo Salado – Mirando al sur – Julio de 1928
LOS TRES “RAYOS” DEL PUENTE
Una vez construido el puente de la calle Cipolletti, fue sencillo trazar desde allí tres calles diagonales que respondieran a las necesidades primarias de la época:
La calle Sarmiento, que llevaba al almacén de la GRAAVA (Grandes Almacenes del Valle).
La calle 25 de Mayo, que conectaba directamente con la Estación de Trenes, punto neurálgico y único medio de transporte para personas y mercancías. (Originalmente se llamaba calle San Martín)
La calle Italia (cuyo primer tramo también se llama Cipolletti), que terminaba en la fábrica de conservas de tomate de Torrigiani y Bagliani (luego “Fioravanti”), funcionando como salida clave para la producción.
Sin posibilidad de trazar paralelas, y con tres calles diagonales que partían de un mismo punto, el entramado urbano del centro de Regina terminó siendo forzosamente intrincado. Así lo refleja el plano de 1924, cuando Regina aún era solo un proyecto.
Plano original vectorizado. Con el agregado de calles actuales en color violeta.
Podemos concluir que Villa Regina no es tan caótica: responde a su entorno natural, a su historia productiva y a decisiones que priorizaron la conexión sobre la simetría.
Vivimos en una ciudad pintoresca, distinta a la mayoría, al menos por su trazado. La belleza de lo complicado.
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.
El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que «César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich». «Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados», sostuvo.
Según el entrerriano, los libertarios «buscan copiar el viejo tapón fiscal» de Domingo Cavallo. «Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir», indicó, y concluyó que «así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás».
En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que «no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos». «Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'», argumentó.
De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de «un anuncio periodístico». «El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados», aseguró.
También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. «El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia», posteó en X.
%uD83D%uDEA8 El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal».Más impunidad. Menos transparencia.Insistimos con el proyecto que presenté hace unas semanas para excluir a quienes ejercen cargos públicos. La ley no… pic.twitter.com/mwYcGs5feb
Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. «La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos», dijo.
Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como «vergonzoso». «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», se quejó.
¡Viva la pepa! Gritó el garbanzo mientras se sacudía el ángulo oculto de toda legumbre. Hablemos en serio, o en serie, si recortamos a las oportunidades para volver a pegarlas en el espejo del oportunismo, entonces no te des vuelta para encontrar a la razón de una memoria sin razón. Escucha, luego pregunta, como la…
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