Quienes, luego de décadas, estamos habituados a transitar las calles del centro de Villa Regina, solemos sentir que las ciudades con trazado en damero o cuadricular resultan, en comparación, un tanto insípidas o monótonas.
Y surge entonces la pregunta que da título a esta nota: si Regina fue una ciudad planificada desde sus inicios, ¿por qué no fue diseñada con calles rectas y manzanas más regulares, que facilitaran su tránsito y parcelamiento?
LAS RAZONES GEOGRÁFICAS
Las razones geográficas son simples y representaron un límite claro tanto al norte como al sur de la ciudad. Al norte, el perfil de la barda no es recto: es zigzagueante. Al sur, el cauce del Salado (Río Primero) describe una medialuna a su paso. Esto hizo imposible establecer líneas guías paralelas en esos extremos.
Pero el trazado de este a oeste tampoco fue completamente regular. En este caso, influyó el Arroyo Salado (o Río 1° Salado), o más precisamente, el primer puente construido para atravesarlo: el de la calle Cipolletti. Ese puente permitió unir dos sectores clave: “la Colonia” (zona de chacras) y “el Pueblo” (el centro urbano), salvando el obstáculo natural del Salado y conectando de forma sencilla y segura ambas partes de Regina.
Si bien el puente favorecía especialmente a los habitantes de la 1ª, 2ª y 3ª Zona, no ocurría lo mismo con quienes vivían en la 4ª Zona. Antes del puente, al parecer, el único paso posible era vadear el río por el cruce de la actual calle General Paz. Este dato parece coherente: aún hoy, ese es el paso más plano y a nivel de todo el cauce.
Puente de calle Cipolletti, sobre el Arroyo Salado. Hacia el norte se ve el actual Museo Felipe Bonoli.
Puente de calle Cipolleti, sobre el Arroyo Salado – Mirando al sur – Julio de 1928
LOS TRES “RAYOS” DEL PUENTE
Una vez construido el puente de la calle Cipolletti, fue sencillo trazar desde allí tres calles diagonales que respondieran a las necesidades primarias de la época:
La calle Sarmiento, que llevaba al almacén de la GRAAVA (Grandes Almacenes del Valle).
La calle 25 de Mayo, que conectaba directamente con la Estación de Trenes, punto neurálgico y único medio de transporte para personas y mercancías. (Originalmente se llamaba calle San Martín)
La calle Italia (cuyo primer tramo también se llama Cipolletti), que terminaba en la fábrica de conservas de tomate de Torrigiani y Bagliani (luego “Fioravanti”), funcionando como salida clave para la producción.
Sin posibilidad de trazar paralelas, y con tres calles diagonales que partían de un mismo punto, el entramado urbano del centro de Regina terminó siendo forzosamente intrincado. Así lo refleja el plano de 1924, cuando Regina aún era solo un proyecto.
Plano original vectorizado. Con el agregado de calles actuales en color violeta.
Podemos concluir que Villa Regina no es tan caótica: responde a su entorno natural, a su historia productiva y a decisiones que priorizaron la conexión sobre la simetría.
Vivimos en una ciudad pintoresca, distinta a la mayoría, al menos por su trazado. La belleza de lo complicado.
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Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
«En los hechos, Milei nos tiró a las provincias el Pami». Ese es el diagnóstico que altas fuentes del Gobierno provincial hacen de la crisis de financiamiento del Pami, «la punta del iceberg» de lo que asoma si el Gobierno nacional no encuentra el rumbo rápidamente.
Martín Llaryora ya mostró los dientes. Les pidió a los dirigentes liberarios que «no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos». Sabe que así incomoda a los socios de Gabriel Bornoroni, en particular a Luis Juez. «No puede el Pami estar abandonando a los abuelos. A los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos».
La cuenta que hacen en El Panal es que el desfinanciamiento del Pami le está costando a Córdoba unos 30 mil millones de pesos. En números gruesos, 9 mil millones de pesos les debe el Pami a los municipios cordobeses por atención en el sistema de salud comunal; una cifra similar por las prestaciones de los hospitales provinciales; y unos 15 mil millones de pesos por la deuda de Pami con Apross, la obra social provincial.
Casi 60 mil jubilados provinciales tienen doble cobertura -Pami y Apross-, por lo que hay un acuerdo de pago entre las dos obras sociales. En la Provincia aseguran que el Pami adeuda nueve meses, a razón de 1.700 millones de pesos mensuales. «Hay un impacto directo en el sistema de salud», aseguran en el Gobierno provincial.
En un juego sincronizado, salieron a evidenciar la crisis del Pami desde la senadora Alejandra Vigo hasta el defensor del Pueblo, el radical Carlos Galopo. La esposa de Juan Schiaretti pidió explicaciones por la «gravísima situación», mientras que el radical reclamó la «renuncia» de las autoridades del Pami en Córdoba.
El legislador radical Dante Rossi también pidió la remoción de la cúpula del Pami en Córdoba; y Ramón Mestre matcheó: «$ 2.100 por mes. Eso es lo que el Gobierno nacional decidió que vale la atención médica de un jubilado. Mi total apoyo a los médicos y jubilados. La salud es una prioridad, no un número en una planilla». Ambos trabajan en dinamitar un eventual acuerdo de Rodrigo de Loredo con La libertad Avanza.
«Vamos a levantar la voz en tres aspectos innegociables: atención de los abuelos, el cumplimiento del financiamiento universitario y los fondos para la discapacidad», dice un ministro que diseña la campaña reeleccionistas de Llaryora, quien advierte que hay un «incumplimiento flagrante» de esas leyes por parte de los funcionarios nacionales.
