Semaforazo por Grillo, un clásico de Escalada

 

Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.

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Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.

La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.

El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.

Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.

Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.

El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.

Fuente: https://ctaa.org.ar/historico-avance-en-la-oit-se-aprueba-convenio-vinculante-sobre-trabajo-en-plataformas/

 

 

Como en la última reunión, no hubo propuesta de recomposición salarial para los trabajadores y profesionales del centro pediátrico nacional. ATE y APyT anunciaron movilizaciones para esta tarde y la continuidad del plan de lucha. Por Canal Abierto.

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El Gobierno nacional y el Consejo de Administración del Hospital Garrahan se ausentaron de la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo para discutir aumentos salariales con los trabajadores. Así, el conflicto en el centro de salud especializado en enfermedades oncológicas en niños, sube de nivel.

Durante la última audiencia realizada el miércoles 4 de junio, ningún funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al encuentro con los delegados gremiales, incumpliendo con la Conciliación Obligatoria vigente.

Alejandro Lipcovich, delegado General de la Junta Interna de ATE, informé: “Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración (Soraya El Kik). El Gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital. Deberían irse también Menehem, Dalmazzo y Pérez que están llevando al Garrahan al abismo de la mano de Milei y Lugones. ¿Cómo podría sostenerse el principal hospital pediátrico del país con enfermeras ganando salarios inferiores a la línea de pobreza?”.

Gerardo Oroz, Adjunto, comentó: “Están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Por eso, iremos a la Plaza de Mayo a las 16 horas, a defender el salario y la salud pública. Mañana a las 13 realizaremos asamblea para definir continuidad de nuestro plan de lucha”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, denunció: “Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”.

El sindicato exige elevar el piso salarial de los trabajadores del hospital infantil a $1.819.121, que es el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) para cubrir los costos de una Canasta Alimentaria Mínima y acceder a otros bienes y servicios básicos. Esta cifra surge del relevamiento hecho por el sindicato utilizando como base los datos oficiales del INDEC.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan también realizará hoy una nueva movilización a Plaza de Mayo en el marco de la denuncia de ajuste y falta de presupuesto por parte del Gobierno.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2025/06/11/garrahan-el-gobierno-y-la-direccion-del-hospital-no-se-presentaron-a-la-paritaria/

 

 

Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.

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“Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

“La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

Tensión en el sistema sanitario local

El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

Reclamo en las redes sociales

A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

Casos similares en el país

Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

 

 

A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

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Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno de Javier Milei acumular más reservas en el Banco Central (BCRA) y demandó la necesidad de que haya un “amplio apoyo político” en la Argentina para “asegurar la implementación de las reformas”.

Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo Julie Kozack afirmó que desde el FMI continúan trabajando “en estrecha colaboración con las autoridades” para “apoyar el camino de Argentina hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”.

La directora de comunicaciones del FMI aseguró que el fortalecimiento de las reservas del Central y la reducción de la inflación “seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldada por un marco monetario y cambiario consistente destinado a reconstruir las reservas”.

“Con respecto al programa en curso, también continuamos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, señaló Kozack.

Sobre los apoyos anunciados por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que “acogemos con beneplácito el apoyo de los socios de Argentina y aquí estamos colaborando estrechamente muy de cerca con todos, a medida que avanzamos conjuntamente el apoyo hacia Argentina”.

Más temprano, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

Sin emebargo, aclaró que la asistencia financiera al país no es una inyección directa de dinero sino que se trata de “una línea de swap”.

Los comentarios de la vocera del organismo se dieron luego de la reunión que mantuvieron la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York.

Georgieva detalló que fue una reunión “excelente”, adelantó que se volverán a reunir y aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta”.

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Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.