Semaforazo por Grillo, un clásico de Escalada

Semaforazo por Grillo, un clásico de Escalada

 

Festival 20 de junio, Foto de Ale Pérez

Los semaforazos de los viernes, frente a la plaza principal de Remedios de Escalada, desde hace tres meses se convirtieron en una constante. Ayer, aprovechando el feriado, se armaron varias carpas y actividades. Estuvieron presentes el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús con posta de salud; hubo muestra de fotos de Romina Vermelha (Enfoque Rojo) y del Polaco; un puesto de serigrafía; variadas activaciones de arte y activismo; y la banda de música del hijo del médico que atendió a Pablo Grillo en el Ramos Mejía. Un festival versátil. Con la presencia inagotable de los jubilados, ejemplo de lucha de todas las causas. Otra de las tantas manifestaciones del amor que la sociedad demuestra ante la deshumanización del poder: ante la absoluta falta de amor. Si el odio alimenta a nuestro enemigo, el amor habrá de debilitarlo. Por ANRed.


En nuestro país la historia no parece repetirse nunca como una farsa. Ni a través del genio de Marx podemos entenderla. Y mucho menos cuando el afectado es alguien que está cerca: un vecino, un amigo, un hijo, un hermano, un colega. La historia contemporánea se mastica a sí misma en una tragedia que no termina de cerrar. El poder ciega. Se devora la vida. La infamia del poder es directamente proporcional a su grado de ceguera. Con la batuta deshace lo que tarde o temprano va a padecer. Y esto que suena a deseo no es una premonición: es el pronóstico del lugar donde la historia pone a quien se crea blindado, impune, o incluso ungido por alguna clase de inmunidad metafísica. Todo pasa, pero los registros existen. Y siempre quedarán sectores más o menos amplios de la población con algo de memoria respaldada por documentos probatorios irrefutables.

Nada de lo que combate la actual gestión de gobierno nacional es casualidad: cultura, salud y educación tienen la memoria en común. Cualquiera de las tres que se perturbe afecta, de una manera u otra, a la memoria.

El caso de Pablo Grillo es paradigmático

La Gendarmería no le dispara a cualquiera. Al riesgo de vida de Pablo no lo causó tampoco la crisis o la mala suerte. No se trata de un efecto colateral. El poder censura la mirada. Rompe con todo lo que pueda registrar. Menoscaba el archivo, complota contra el memorioso historiador. Invierte en armas de destrucción y control. Modifica leyes a golpe de decreto. Se lleva por delante  garantías constitucionales, deroga derechos. Apunta a los ojos. A los oídos. Aturde. Soborna decires y promueve discursos unívocos, totalizantes. Cuanto más miedo, más violencia.

Festival 20 de junio. Foto: Ale Pérez

Contra todo esto, las armas de creación masiva

Y parte de la construcción de esta memoria la viene llevando a cabo el barrio de Escalada, localidad donde vive Pablo. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos la vienen rehaciendo: con cada declaración, con el modo que tiene de agradecer Fabian Grillo, el papá de Pablo, a la salud pública cada vez que puede. En las formas en que viene manifestándose la militancia independiente u organizada después del hecho. En la proliferación de fotoperiodistas, fotógrafos independientes, ciudadanos comunes que se han asomado con sus dispositivos más o menos profesionales a la calle, o que se van sumando a diversos movimientos por primera vez. En la convocatoria de cada semaforazo, en los festivales como el de ayer o como el que se organizó para el primer mes de internación. Es cierto que lxs jubiladxs tienen mucho que ver con esto. Pero también esto los excede.

La proliferación de las luchas es un reguero de pólvora. Ante esto, el poder tiembla. ¿Sus síntomas? Mayor inversión en armas; aumento de los sueldos de todas las fuerzas; aumento de efectivos y movilización de tropas como brigadas de apoyo antidisturbio; renovación de patrulleros, de carros hidrantes, de motos, de armas. Prebendas y entrega a policías de más de 130 viviendas que ya estaban asignadas a personas de la sociedad civil. Y por eso los decretos de emergencia, y por todo esto tanta violencia.

El pueblo soporta mucho, quizás demasiado, hasta que un día se levanta.

Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andres Manrique

El día del hecho: la evidencia pormenorizada que Bullrich niega

En la manifestación de jubilados del 12 de marzo de este año, Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería Nacional, junto a otro soldado en funciones, se apostaron delante de los escudos de la gendarmería. Guerrero apoyó una rodilla en el asfalto y apuntó con su escopeta lanza gases hacia la línea de horizonte, luego de que el militar que se quedó a su lado parado señalaba hacia adelante. El cabo de rodillas apretó el gatillo y detonó la explosión que propulsó con una potencia no menor a 75 metros por segundo, el cartucho que puso en peligro la vida de un joven desarmado. Después, el gendarme se puso en pie, dio un paso hacia el costado, y el que había señalado a las personas que estaban a más de 60 metros, le dio un pequeño golpe en el hombro como quien felicita el procedimiento.

Contra todas las normas nacionales e internacionales que refieren rigurosamente cómo deben usarse las mal llamadas armas de fuego “menos letales” (pregúntenle a algún familiar de Fuentealba, el docente fusilado por una de estas escopetas); y contra los protocolos de Gendarmería, el Cabo apuntó con la mira paralela al suelo.

Festival 12 de abril. A un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: Andrés Manrique

Ese día, un fotoperiodista independiente se había puesto en cuclillas detrás del esqueleto en llamas de un mueble para encuadrar la línea de las fuerzas policiales. A las 17.18, el cartucho de gas que Guerrero había disparado, contra toda norma, le dio a Pablo Grillo en la zona frontal de la cabeza. El fotógrafo quedó boca arriba y los manifestantes a su alrededor lo asistieron. Alguien llamó a la ambulancia, el SAME llegó rápidamente. Y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Tenía un agujero en el cráneo, con pérdida de masa encefálica.

Con la vida pendiendo de un delgadísimo hilo, el miércoles 04 de junio, luego de 83 días de terapia intensiva, Pablo Grillo salió de la terapia.  Desde entonces, está internado en una clínica de rehabilitación. Desde el día cero la familia y la comunidad lo acompañan. Su imagen recorrió el país y se lo espera en cada marcha, en cada manifestación, con carteles de toda índole que lo apoyan. Las cámaras de fotos se han convertido en armas de creación masiva.

Los videos que fueron recolectándose a lo largo de los días, desde todos los ángulos, muestran los hechos. No hay manera de negar las evidencias o de taparlas, a menos que se tenga la intención expresa de mentir. No hay lectura ni interpretación válida. De un lado estaban las fuerzas del Estado con todo el aval institucional. Del otro, el ciudadano que movido por lo que está pasando precisa registrarlo con fotos, o quiere estar porque siente que allí puede aportarle algo a la sociedad.

Festival 12 de abril, a un mes de la internación de Pablo Grillo. Foto: AndresManrique

Durante las horas posteriores al siniestro (entendido también desde aquello que de su dócil naturaleza despliega su ominosa monstruosidad), e incluso varios días después, el país fue testigo de las mentiras sistemáticas de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional. Del modo en que contradijo las imágenes del hecho, que corrían en los noticieros, incluso a sus espaldas. Negó el material que se recabó mediante aportes de diversos periodistas, sobre el proceder abusivo de las fuerzas represivas que tenían órdenes de reprimir y cumplieron. Y justificó el despliegue de recursos y efectivos militares y policiales desmesurado cada miércoles de marcha, donde un grupo muy pequeño de jubiladxs los hace correr de una esquina a la otra, al grito de hop-hop-hop-hop, mientras se mantiene perimetrado todo el Congreso de la Nación con una vallada descomunal.

Festival 12 de abril, el Polaco en plena muestra de fotos. Foto Andrés Manrique

El 12 de marzo Héctor Jesús Guerrero le puso cuerpo al gatillo que apretó toda una línea de mando. Un mando que no lo ha llamado aún a declarar. Y que sigue negando todo. El cartucho que le rompió el cráneo al fotógrafo fue enviado directamente desde lo más alto del poder Ejecutivo. Sí, Javier Milei es primer responsable de este crimen. A quien le siguen, de muy cerca, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad Nacional; el director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; Héctor Ferreira, que es jefe del Destacamento Móvil 6, y el jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, todas autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas desplegadas esa jornada contra los manifestantes. Aún no ha sido llamado a declarar y la institución le ha asignado ya los abogados defensores.

No hay reglas que midan al poder cuando, desbocado, actúa en contra de la organización. Pero tampoco existe el poder que se sostenga a base de decretos ni, mucho menos, de violencia. La legitimidad se construye de manera lenta y sistemáticamente, con mucha cintura y capacidad. Condiciones ausentes para esta gestión. La coacción se derrumba bajo el peso de su propia intolerancia. Pablo Grillo es un mojón que la Argentina tiene ahora como ejemplo de entrega, por la necesidad de mostrar.

Porque tal como reza el cartel de un jubilado insurgente: «No es fácil hacer callar a un grillo».

 

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  • Choque y fuga: una camioneta arrasó con dos vehículos

     

    El incidente vial fue captado por las cámaras de seguridad y aun se busca al responsable.

    Una familia del barrio céntrico de Neuquén vivió un violento episodio esta madrugada, cuando una camioneta Toyota chocó a dos autos estacionados sobre calle Collón Cura y luego huyó a toda velocidad hacia la Multitrocha. El impacto, ocurrido cerca de las 4:50, despertó a los vecinos por el estruendo y dejó un vehículo atravesado en la calle y el auto del joven afectado gravemente destruido. La sorpresa e indignación aumentaron al ver que el responsable escapó sin brindar asistencia.

    El dueño del Gol Trend rojo, modelo 2009, había realizado arreglos mecánicos recientemente y ahora enfrenta pérdidas totales por el choque. Según relató su padre, el vehículo fue embestido con tal fuerza que también dañó al auto blanco estacionado adelante. Las cámaras de seguridad captaron que la camioneta circulaba a gran velocidad, golpeó a ambos vehículos y se dio a la fuga sin detenerse.

    La familia radicó la denuncia en la Comisaría 21 y busca testigos o registros fílmicos que permitan identificar al conductor. Además, pidieron colaboración a la comunidad para dar con el dueño de la camioneta, ya que el auto afectado solo posee seguro contra terceros. Quienes puedan aportar datos o imágenes pueden comunicarse al 299 401-9699.

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  • Milei desfinancia la vivienda social

     

    Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.


    El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

    Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

    La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

    Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

    La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

    En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

    En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

    Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

    Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

    Por Manuela Tobia

    En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

    En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

    No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

    El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

    “El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificioTodas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

    El robo blindado

    El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

    Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

    Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

    “Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

    “Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

    Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

    Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

    “Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

    A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

    La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

    El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

    Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

    Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahíEso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminarcomo tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

    Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrearal que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

    Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

    Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediariosbajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

    El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

    El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

    Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

    En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

    Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

    En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

    Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

    ¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

    El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

    Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

    En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

    Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

    Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

    La justicia frena el cierre del FISU

    El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

    Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

    Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

    La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

    Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

    Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

    Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

    Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/

     

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  • Adolescente en coma: madre denuncia abandono y maltrato

     

    Denuncian al padre por “abandono de persona” tras el ingreso en grave estado de un joven con retraso madurativo en Cipolletti.

    Un adolescente se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Pedro Moguillansky: está en coma, intubado y con múltiples escoriaciones en el cuerpo, y su vida corre peligro. Su madre presentó una denuncia judicial por “abandono de persona” contra el padre y la pareja. La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, que aguardará los peritajes y el informe de salud para definir los pasos procesales siguientes.

    Según la denuncia y las primeras actuaciones, el menor —identificado como Diego M., con retraso madurativo— habría permanecido en condiciones de abandono y maltrato en la vivienda familiar: la madre afirma en un descargo publico, que estuvo “encerrado en un gallinero, sin agua, sin comida, sin ropa” y con quemaduras por agua caliente y grasa. Ante esas alegaciones, la Fiscalía solicitó un informe médico completo, un relevamiento del domicilio y la remisión de actuaciones del fuero de Familia para integrar la investigación.

    La Policía y la Fiscalía realizaron un procedimiento para constatar las condiciones de la vivienda y se secuenciaron medidas urgentes en el plano judicial y sanitario. Por el momento, los cinco pasos procesales están en curso: recolección de pruebas médicas, inspección domiciliaria, toma de testimonios, coordinación con el fuero de Familia y evaluación de imputaciones potenciales contra quienes estaban a cargo del cuidado del adolescente.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • Toda la Patagonia en alerta por fuertes vientos este lunes y martes

     

    Un temporal de viento de «alto impacto» afecta a la Argentina este lunes y se extenderá mañana martes, con especial foco en la región patagónica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para el sur de Chubut, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 140 km/h. En Neuquén comenzará a sentirse el viento desde la media mañana a unos 30 kilómetros por hora con posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por la tarde, desde el sector Oeste.

    Según supo la Agencia Noticias Argentina, el fenómeno es tan extenso que afecta a toda la Patagonia y parte del sur de La Pampa y Buenos Aires. El «vendaval» puede seguirse EN VIVO a través de mapas de viento satelitales, como el popular servicio Windy, que muestran el avance del sistema en tiempo real.

    El informe meteorológico, firmado por Leonardo De Benedictis, detalla la gravedad del temporal. La alerta roja en el sur de Chubut implica vientos sostenidos de 90 km/h y ráfagas de más de 140 km/h.

    Además, rigen:

    • Alerta Naranja: resto de Chubut y toda Santa Cruz, con ráfagas de hasta 130 km/h.
    • Alerta Amarilla: Tierra del Fuego, Río Negro, sur de Neuquén, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, con ráfagas de hasta 90 km/h.

    Riesgo en rutas y calma en el resto del país

    Las autoridades advierten sobre complicaciones en rutas debido a la reducción de visibilidad por el polvo en suspensión. Se espera que el viento comience a disminuir gradualmente desde este lunes 17, aunque la mejora será «paulatina».qMQYIA

    Mientras tanto, el centro y norte del país viven un escenario opuesto. Tras las tormentas del fin de semana, ahora domina una marcada estabilidad. 

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  • Alarma en Roca: crecen las denuncias por animales que caen al Canal Grande

     

    Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

    La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

    Rescates improvisados y pocas respuestas

    Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

    En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

    “Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

    Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

    Falta de cartelería y sanciones

    En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

    La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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