Según datos de la provincia en la primera quincena hubo 100 mil autos menos con destino a la costa

Según datos de la provincia en la primera quincena hubo 100 mil autos menos con destino a la costa

 

Un relevamiento de la empresa estatal Aubasa, que administra los peajes de la Autovía 2, sostiene que en los primeros 15 días de enero, la cantidad de vehículos en dirección a la Costa Atlántica disminuyó un 7,1%. Eso supone más de 100 mil vehículos menos hacia los destinos turísticos.

«Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano», dijo Pablo Ceriani, gerente General de la empresa.

Según Aubasa, si se comparan los registros actuales con la temporada 2023/24 la caída llega al 12%.

Entre el 1 y el 15 de enero se registraron 1.291.519 vehículos en dirección a los puntos turísticos de la costa. Son 100.077 vehículos menos que en la misma fecha de 2025, cuando se contabilizaron 1.391.596 automóviles.

Scioli toca los números de turismo y ahora recurre a un Previaje low cost 

El dato refuerza las estadísticas del gobierno de Axel Kicillof. La semana pasada en Villa Gesell se trazó un duro diagnóstico de la temporada de verano que tiene -al menos en la primera quincena- un 2,4% menos de turistas. Esto es unos 90.000 turistas menos que en la temporada 2024/2025 y un 9% menos si se lo compara con la temporada 2024/2023.

El titular de Aubasa, José Arteaga.

En tanto, un relevamiento de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, la fuerza política que encabeza Gustavo Pulti en Mar del Plata, destaca que el 38,9% de los entrevistados consideran que la temporada turística es Regular y el 37% la considera Buena. En tanto, un 11,2% la define como Muy Mala y apenas un 6,2% la destaca como Muy Buena.

El trabajo se realizó entre el 7 y el 13 de enero en comercios, hoteles y locales gastronómicos. El 48,8% tenía expectativas de que la temporada mejore mientras que un 29,5% esperaba que sea igual que el año anterior y un 18% consideraba que podía empeorar.

La semana pasada, el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo que en comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que llegan menos turistas a los destinos de la provincia, que tienen estadías más cortas y que gastan menos. Además consideró que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro.

Según el funcionario, la estadía promedio de los turistas es de 3,8 noches, menor a los años anteriores. A su vez, Cuenta DNI -la billetera virtual del Banco Provincia- se utilizó un 21% menos en todo diciembre respecto del mismo mes de 2024.

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló que Mar del Plata alcanzó el 60% de ocupación. Además, para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de turistas de 3,6 millones, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.

 

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    A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.

    Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.

    Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.

    Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.

    Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases» 

    Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).

    En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.

    Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.

    Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno

    En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.

    Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.

    El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora 

    El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.

    Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.

    «Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.

    Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. 

     

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    Agustín Rossi denunció que el DNU 941 busca convertir a la SIDE en una “policía secreta” y adelantó que la oposición buscará voltearlo

     

    El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.

    Por la Redacción de NLI

    En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.

    Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura

    Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.

    Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.

    En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.

    El Congreso puede actuar en pleno receso

    Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.

    Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.

    “Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.

    El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.

     

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