La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de la Bajada de Canoas Recreativa que unirá Huergo-Regina el domingo 28 de febrero.
La inscripción tiene un costo de $1000 e incluye traslado al Fortín Lagunita en Huergo, transporte de embarcaciones, desayuno, refrigerio, almuerzo y seguro.
Para informes e inscripción, comunicarse a la Dirección de Deportes en Avenida Colón 107 o al teléfono 2984-651398.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que se reprogramará la presentación del Quinteto de Vientos de la Fundación Cultural Patagonia que se iba a desarrollar el próximo sábado 15 en el Galpón de las Artes. La suspensión se debe a razones ajenas a la organización. Oportunamente se dará a conocer…
Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.
La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).
También en las últimas horas, el magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.
Uno de los casos más salientes del expediente al que tuvo acceso LPO es el de Tetra Pak, que reclamó una deuda que supera los 110 mil dólares por el alquiler impago por parte de ARSA de numerosas máquinas, desde envasadoras y aplicadora de tapas, hasta embandejadora de envases, entre otras.
En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
El juez ya aprobó el retiro de máquinas. Por caso, Tetra Pak tenía en las plantas de ARSA 12 máquinas y denunció deudas en dólares por el alquiler de esos equipos
«El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones a las que accedió LPO.
ARSA contaba con una red logística de 165 distribuidores y el abastecimiento semanal de 70 mil comercios en todo el país. La crisis que arrastraba desde 2023 se profundizó en un contexto de sobreoferta, restricciones a las exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos.
En su epílogo, ARSA estaba bajo el control empresarios venezonalos que manejaban también la láctea La Suipachense por intermedio de Marelac S.A. Antes, la admistración pasó por el Grupo Vicentín.
La quiebra de ARSA se da en un contexto crítico del sector, que también se refleja en la empresa láctea Verónica, donde hay reclamos de salarios adeudados desde diciembre y denuncias de un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.
En 2024, se abrió un concurso de acreedores que resultó fallido y, a pesar de versiones de compra por parte de actores fuertes del sector, lo cierto es que nadie se ofreció para el salvataje y hacerse cargo de la producción.
La quiebra de ARSA se da en un panorama crítico de la industria láctea que también impacta en otras firmas fuertes del sector, como Verónica, donde trabajadores de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann en Santa Fe reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.
Se corrió este sábado la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally denominada ‘Ciudad de Villa Regina’. El piloto local Rauly Martínez, navegado por Matías Giménez, terminaron al frente de la clasificación general y de su divisional la A6. Dentro de la N2 manda Mauro Debassa – Ángel Rivero, en la…
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
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Los bancos volverán a funcionar desde el lunes con un protocolo de atención al público, para lo cual los clientes deberán concurrir con turno previo para evitar aglomeraciones, confirmó este viernes a la noche el presidente Alberto Fernández, al anunciar la prórroga del aislamiento social. «A partir del lunes los bancos van a funcionar con…
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