El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
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Hay algo que Rodrigo de Loredo no le dijo a Lule Menem en el encuentro que mantuvieron hace un par de semanas a solas en Casa Rosada. Lo que el radical le ocultó al armador de Javier Milei es que piensa que la imagen del presidente en Córdoba seguirá cayendo y que el libertario estará obligado a negociar con él la candidatura del rival del peronista Martín Llaryora.
Esto sí se lo comentó en un café mano a mano a Luis Juez, en un reencuentro entre ambos después de varios meses de frío.
No obstante, lo curioso fue lo que vino después. «Rodrigo le dijo a Juez que Milei no llegará bien para imponer la candidatura de Bornoroni y que estará obligado a negociar con el radicalismo y con él. Ahí Juez le dijo lo que todo el mundo sabe: si Milei no llega, ese acuerdo lo va a hacer con el peronismo, no con Rodrigo», dijo una fuente al tanto de la charla.
Sin embargo, lo más jugoso fue lo que vino después. Porque frente a ese escenario, De Loredo intentó salir por la tangente y ratificar su candidatura a intendente para suceder a Daniel Passerini y la respuesta de Juez fue contundente: «no, ahí el candidato voy a ser yo».
Lo que siguió fueron rumores de invitación a un asado que se concretó -una vez más- entre el juecismo y Bornoroni, pero al que De Loredo dicen que no fue invitado. Mientras que, del lado del radical, sostienen que no asistió por una cuestión de viaje y agenda.
Rodrigo le dijo a Juez que Milei no llegará bien para imponer la candidatura de Bornoroni y que estará obligado a negociar con el radicalismo y con él.
De manera tal que el armado opositor con el que se ilusionan algunos todavía no maceró. Le falta. Incluso lo reconocen funcionarios con despacho en Casa Rosada como Lule Menem o Diego Santilli, que reciben a todos, tantean las cartas y tienen en carpeta el otro ofrecimiento del PJ cordobesista: la candidatura de un peronista que salga de un acuerdo entre los gobernadores y quiebre el voto de Axel Kicillof.
Los libertarios cercanos a Karina en Buenos Aires reconocen que van a esperar hasta el verano y allí definirán si van por el plan A que es con Bornoroni encabezando la fórmula provincial o si cuidan al diputado cordobés para la segunda mitad del 2027. Porque, se sabe, en Córdoba la elección a gobernador se definirá en el primer cuatrimestre del año próximo.
Lule Menem le dijo a De Loredo que están abiertos a alguna conversación para que se sume, pero que no van a resignar la candidatura de Bornoroni. Situación que incomoda al radical porque el vínculo entre él y el libertario se rige por la desconfianza.
Lule Menem le dijo a De Loredo que están abiertos a alguna conversación para que se sume, pero que no van a resignar la candidatura de Bornoroni.
Más aún cuando algunos le avisaron al jefe del bloque oficialista en la Cámara baja que, después de la reunión de De Loredo con Lule, hace pocos días el radical volvió a hablar con el macrismo puro. Entre ellos, con el funcionario porteño, Valentín Díaz Gilligan, cercano al macrista Fernando de Andreis.
La noticia del reencuentro entre De Loredo y Juez disparó sensaciones divididas entre los que creen probable el gran acuerdo opositor para derrotar a Llaryora en el 2027; y los que aún se muestran escépticos de la unidad en el frente. Pero, sobre todo, dejó en evidencia que la sucesión de Passerini, parece apetecible para el arco opositor.
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