El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
Alejandro «Galleguito» Álvarez fue otro de los funcionarios de Javier Milei vilipendiado en las redes por ponerse del lado de la FIFA e Inglaterra tras el reclamo por Malvinas que hicieron los jugadores de la Scaloneta.
El subsecretario de Política Universitaria quiso culpar a Natalia de la Sota por una posible sanción de la FIFA a la selección, luego de que los jugadores sacaran una bandera que decía «Las Malvinas son argentinas» tras el triunfo en la semifinal del Mundial.
«Si Argentina sufre una sanción como consecuencia de no respetar lo dispuesto por FIFA ya sabemos a quien reclamar», dijo Álvarez en respuesta a las declaraciones de la diputada cordobesa: «El gobierno pretende decirnos cómo expresar nuestro amor a la patria», dijo De la Sota en repudio al anuncio de Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, que «acordó» que no ingresaran banderas con el mapa de Malvinas al estadio en el que jugó el equipo de Messi.
Finalmente fueron los jugadores quienes se burlaron de Monteoliva y del gobierno de Milei con la bandera que exhibieron en el campo de juego, que desató la ira de los medios ingleses.
La toma de posición del «Galleguito» contra los jugadores generó decenas de burlas en Twitter. «Te pagamos el sueldo a vos, mira si no vamos a pagar una multa por eso», le respondió un usuario.
«Que la pague Adorni la multa», le respondió otro. «No podés ser funcionario y no defender nuestra soberanía. Cipayo nivel Dios», le reclamó el usuario Fabián Puratich.
«Siempre abriéndose de gambas ante el patroncito y el poder ustedes eh, no fallan nunca», recordó otro usuario.
La ruta nacional 22 fue inaugurada hace más de ocho décadas, en ese entonces de ripio, hace más de 50 que se asfaltó en su totalidad. Y lleva más de diez años desde que empezó a construirse la autovía que luego mutó a autopista y por ahora es incalificable. La zona del Alto Valle rionegrino…
Guido Sandleris puso sobre la mesa la principal paradoja que enfrenta Javier Milei rumbo a 2027: «la economía está mucho mejor que cuando asumió, pero el Gobierno está perdiendo el apoyo de la gente».
El expresidente del Banco Central hizo este diagnóstico en la Bolsa de Comercio de Córdoba, horas antes de la exposición de Luis Caputo, y con una mirada muy distinta sobre las chances electorales del oficialismo. Mientras el ministro de Economía se mostró este miércoles «sumamente optimista» con la reelección de Milei, Sandleris advirtió que la dinámica política del Gobierno viene siendo negativa.
«Todas las encuestas son muy inciertas a un año de las elecciones», aclaró. Pero luego se concentró en los indicadores de confianza. Según su lectura del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «el valor tiende a ser consistente con el resultado electoral».
La conclusión es inquietante para la Casa Rosada: «Si las elecciones fueran hoy, Milei obtendría 40%». Y agregó que «la dinámica viene siendo negativa para Milei».
Sandleris comparó además la evolución de la confianza durante la actual gestión con la de Mauricio Macri. «En el mes tres de cada uno de los gobiernos están casi iguales», señaló. La incógnita, dijo, es «si va a continuar la tendencia negativa».
El problema es que el deterioro de la confianza ocurre mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora sustancial.
«Hay equilibrio fiscal, hay superávit de balance comercial, el dólar está estable; la economía está mucho mejor», sostuvo. Y agregó que Argentina crecerá por segundo año consecutivo y que también se espera crecimiento en 2027, con una inflación sustancialmente menor.
«Es paradójico», resumió: «El Gobierno parece estar perdiendo el apoyo de la gente, pero los números de la economía son mucho mejores de los que recibió Milei».
Para Sandleris, la explicación está en que la recuperación todavía no llegó a las variables que más impactan sobre la vida cotidiana. «La mejora impactó en algunas variables, pero todavía no impactó en salarios y empleo», sostuvo.
Estimó que la economía crecerá entre 2% y 2,5% este año, pero advirtió que ese crecimiento es moderado y, además, muy heterogéneo. Los sectores que más crecieron, explicó, «son menos mano de obra intensivos».
«Hubo muy poca creación de empleo con Milei», afirmó. Y marcó un dato especialmente sensible: «El empleo registrado cayó y creció el empleo no registrado».
También señaló que los salarios reales privados están alrededor de 4% por debajo de los niveles anteriores, mientras que la caída fue todavía mayor en el sector público.
A eso se suma el aumento de las tarifas. «No sólo los salarios no crecieron sino que el gasto en servicios públicos creció. Es lógico que el consumo sufra cuando crecen las tarifas de servicios públicos», explicó.
El consumo se recuperará, según su pronóstico, pero «nada excepcional».
Sandleris también puso la lupa sobre el crédito al consumo. La mora y las situaciones irregulares alcanzaron niveles récord y, según explicó, muchos consumidores se acostumbraron durante años a que la inflación licuara sus deudas.
«Uno no ve un mercado de crédito al consumo dinámico en lo que viene», advirtió.
El diagnóstico no implica, para Sandleris, que Milei haya fracasado. Por el contrario, fue explícito en reconocer las dificultades que heredó. «Quiero ser justo con el Gobierno de Milei: pretender que en dos años y medio se resuelvan todos los problemas no era algo razonable. Milei heredó una situación explosiva», sostuvo.
Pero ahora el problema es el calendario electoral.
«El rumbo debe mantenerse», dijo, aunque reclamó acelerar el crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. También pidió evitar un rebote inflacionario y un sobresalto cambiario.
En ese escenario apareció una herramienta concreta: la obra pública.
«Un elemento dinamizador inmediato es la obra pública a un año de las elecciones. Deberíamos estar viendo más movimiento ahí», planteó.
Sandleris consideró que al Gobierno «le costó comenzar con los proyectos de reparación de rutas», pero sostuvo que «hay espacio para la obra pública» sin sacrificar el equilibrio fiscal.
También reclamó encontrar alternativas para dinamizar el crédito. Y puso un límite temporal muy concreto: «Los próximos seis meses». Después, advirtió, «es tarde».
«Después del primer trimestre de 2027 será muy tarde para dinamizar la economía antes de las elecciones», sostuvo.
La advertencia de Sandleris adquiere mayor peso en un momento en que el oficialismo empieza a ordenar su estrategia electoral con un eventual acuerdo con el PRO. La coincidencia temporal no es menor: mientras el Gobierno busca ampliar su base política para 2027, uno de los economistas que mejor conoce la dinámica de las crisis argentinas advierte que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola para garantizar la reelección.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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