El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
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El gobierno pagó 132 cursos de inglés a una asociación que controla la mujer de Sturzenegger, 13 veces más cursos que en 2024, cuando el economista aún no era ministro. Además, la entidad mintió al afirmar que brindaba un servicio exclusivo en la Ciudad, ya que otros dos centros de enseñanza de inglés lo ofrecen.
La contratación de Cancillería de cursos de inglés a una asociación que dirige la mujer de Sturzenegger sigue despertando controversias. El ministro ya tiene una denuncia penal en su contra, pero surgieron nuevos elementos que complican al funcionario.
En la plataforma Comprar figuran cinco contrataciones realizadas por Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Todas fueron realizadas de manera directa y comenzaron en 2018, durante el gobierno de Macri.
Sin embargo, la AACI nunca dejó de dictar sus cursos a Cancillería y 2026 será su octavo año consecutivo. En su propuesta explican que en 2025 solo 10 alumnos tomaron sus cursos y adjudican la baja matrícula a una «reestructuración funcional» de la Cancillería, según publicó la agencia Noticias Argentinas.
En Comprar, la plataforma de contrataciones que utiliza el estado argentino, figuran cinco procesos que incluyen a la AACI, todos vinculados a Cancillería. No hay ninguno que detalle cuánto costó el programa para 2025, el año en que cursaron solo 10 estudiantes por la aludida reestructuración funcional.
A pesar del millonario gasto, el gobierno decidió no convocar a una licitación y adjudicó los cursos por contratación directa bajo el título de Adjudicación Simple por Especialidad que le costó al Estado más de 114 millones de pesos.
La entidad que dirige la esposa de Sturzenegger siempre fue contratada en forma directa, uno de los mecanismos de contratación menos transparentes del Estado.
Es una incógnita que llevó a Cancillería a multiplicar por 13,2 la cantidad de alumnos prevista para 2026.
En la propuesta, la AACI destaca que es el único «centro platino» en la ciudad de Buenos Aires, algo que resulta falso: hay otras dos entidades que ofrecen la misma acreditación y otras dos en la Argentina.
Si se dividen los 114 millones de pesos del costo total del contrato por la cantidad de alumnos prevista, Cancillería pagará casi 864 mil pesos por cursante, aunque no queda claro qué ocurrirá si los inscriptos son menos. En 2024, el Estado pagó un promedio de 400 mil pesos por alumno a la misma asociación.
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Javier Milei cuestionó al gobernador Axel Kicillof por destinar más de 58 mil millones del presupuesto bonaerense a la pauta publicitaria. La cifra trascendió por un minucioso trabajo de Chequeado, que reconstruyó el gasto que la administración de Kicillof no publica, a través de rastrear y sumar cada una de las ordenes de compra individuales.
«Si querés te lo explico con dibujitos…», posteó Milei, retuiteando un mensaje del jefe del bloque de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Agustín Romo.
«Esto es un escándalo. Kicillof gasto $57.565 millones en pauta oficial repartido solo en 2025 por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Hay que prohibir la pauta en la provincia de Buenos Aires», posteó Romo y reprodujo un cuadro de Chequeado donde se ve a los principales beneficiados de la pauta de Kicillof.
Romo ya había presentado el año pasado un pedido de informes al gobierno de Kicillof sobre el destino de la pauta oficial, que no fue aprobado. La idea que lanzó ahora de directamente prohibir la pauta no es antojadiza. Fuentes de la Legislatura bonaerense confirmaron a LPO que de manera informar se comenzó a hablar entre integrantes del bloque de diputados libertario y sus colegas del PRO.
El trabajo de Chequeado revela que el medio que más pauta recibió fue C5N que con 6970 millones, concentró el 12% del total de la pauta distribuida en 2025. Lo sigue el Grupo Olmos con 3617 millones, una inversión llamativa porque este grupo tiene medios como Crónica TV, de menor audiencia que varios de los que están por abajo. «Olmos es un acuerdo con la UOM», explicó a LPO un dirigente del peronismo bonaerense. En efecto, los Olmos son dos hermanos que crecieron desde la gerenciación de la obra social de los metalúrgicos.
Luego aparecen los grupos Clarín y América con 3.000 millones cada uno y casi con el mismo importe El Destape, el sitio del periodista Roberto Navarro, que creció con el kirchnerismo pero cuando estalló la pelea de Máxicmo Kirchner con Kicillof se pronunció públicamente en favor del gobernador. Lo curioso es que Navarro aparece con mayor presupuesto que Infobae de Daniel Hadad, uno de los sitios más visitados del país.
Luego viene editorial Perfil con 1.800 millones y el sindicalista Víctor Santamaria que suma unos 3.400 millones, dividido entre 1.600 millones para su grupo de medios (que incluye Canal 9, Página 12 y radio Continental) y 1.800 millones para su empresa de vía pública Grupo Alter, que absorbió a Girola Publicidad y VPM.
Luego aparece Grupo Elías con 1.300 millones. Se trata del empresario Gustavo Elías, que creció de la mano de Hugo Moyano y hoy controla el estratégico puerto de esa ciudad. Desde ese nodo de poder avanzó sobre los medios: primero se asoció a sitios y radios locales y luego compró el histórico diario La Nueva Provincia, que no logró equilibrar y terminó eliminando su edición de papel.
Mucho más abajo aparecen medios de audiencias más amplias y mayor capacidad de fijar agenda pública, como La Nación que recibió apenas 500 millones y se ubica muy por debajo de distintos sellos y nombres propios poco desconocidos en el mercado.
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