El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
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El mercado financiero argentino empezó a desarmar parte de la bicicleta en pesos que durante meses funcionó como ancla cambiaria. El carry trade, esa estrategia de entrar en pesos para aprovechar tasas altas y luego volver al dólar, ya no ofrece el mismo margen. Y la reacción se siente rápido: el dólar volvió a moverse y la demanda de cobertura en moneda dura repuntó con fuerza.
Durante buena parte del primer trimestre, el esquema funcionó como una aspiradora de pesos. El dólar oficial cayó más de 4% en el año y quienes hicieron plazo fijo o apostaron a Lecap lograron ganancias en dólares de dos dígitos. La City celebraba. El Gobierno también. El peso parecía una vidriera brillante iluminada desde afuera, aunque detrás del vidrio la estructura seguía dependiendo de flujos financieros de corto plazo.
Pero abril cambió el clima. Las tasas empezaron a comprimirse y el mercado comenzó a preguntarse si seguía valiendo la pena asumir riesgo cambiario para capturar rendimientos cada vez menores. Ahí apareció el primer movimiento defensivo: toma de ganancias en pesos y migración hacia activos dolarizados.
En paralelo, el propio Banco Central reconoció que volvió a crecer la dolarización. Según el último Informe de Política Monetaria, la demanda de dólares en el mercado de cambios llegó a USD 1.500 millones en abril, muy por encima de los USD 900 millones promedio que se observaban tras las elecciones de medio término. El dato encendió alarmas porque muestra un cambio de conducta financiera justo cuando el Gobierno necesita sostener calma cambiaria y acumulación de reservas.
La demanda de dólares en el mercado de cambios llegó a USD 1.500 millones en abril, muy por encima de los USD 900 millones promedio que se observaban tras las elecciones de medio término.
En la City admiten que el carry sigue existiendo, pero dejó de ser un paseo. La ecuación se volvió más sensible. Un salto relativamente moderado del dólar puede borrar en pocos días el rendimiento acumulado durante meses. Economistas consultados advierten que no hay tasas capaces de cubrir completamente el riesgo de una corrección cambiaria dentro de las bandas oficiales cada vez mas anchas.
El problema para el Gobierno es que esta dinámica tiene una lógica circular. El carry ayudaba a mantener tranquilo al dólar porque generaba oferta de divisas y demanda de pesos. Pero cuando el mercado sospecha que el rendimiento ya no compensa el riesgo, el mecanismo gira en sentido contrario. Los inversores se dolarizan y la presión sobre el tipo de cambio aumenta.
En los despachos oficiales todavía relativizan el fenómeno. Argumentan que no hay una salida masiva y que la demanda de pesos sigue siendo sólida. Cerca del equipo económico señalan que el esquema cambiario mantiene credibilidad y que el mercado todavía apuesta a tasas reales positivas. Sin embargo, en privado reconocen que la estabilidad depende de un delicado equilibrio financiero. «Mientras entren dólares financieros el sistema aguanta», resumió un operador del mercado.
El trasfondo es más profundo que un simple movimiento táctico de inversores. La economía argentina volvió a construir estabilidad cambiaria sobre incentivos financieros de corto plazo. La bicicleta funcionó mientras el dólar permaneció quieto y las tasas ofrecían un premio elevado. Pero cuando el margen se achica, reaparece una conducta histórica del sistema económico local: correr hacia el dólar.
En las últimas semanas crecieron las recomendaciones de dolarizar parcialmente carteras. Fondos comunes, bonos hard dollar y obligaciones negociables volvieron al radar de los inversores. El movimiento todavía es gradual, pero muestra un cambio de humor.
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El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
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