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Se suman 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad

El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.

Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.

Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.

“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.

Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.

“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.

Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.

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    Lola Berthet: «El objetivo de este gobierno es que la gente se muera»

     

    La actriz cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la ley de discapacidad y denunció un “retroceso histórico” que, según advirtió, pone en riesgo la vida de miles de personas.

    Por Lola Santacreta para NLI

    La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.

    El planteo no fue aislado ni improvisado. Berthet, que además es madre de un niño con autismo, viene siguiendo de cerca las políticas oficiales y alertó que el proyecto implica dejar afuera a muchas personas del sistema, profundizando una situación ya crítica. En ese sentido, advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan un “retroceso histórico” en materia de inclusión.

    Un sistema bajo presión

    El eje del conflicto gira en torno a la reforma del sistema de discapacidad, que regula prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales. En la Argentina, ese entramado se sostiene sobre leyes como la 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos, educación y asistencia social.

    Sin embargo, distintos sectores denuncian que el Gobierno busca redefinir criterios de acceso y financiamiento, lo que en la práctica implicaría menos cobertura y más exclusión. Para Berthet, esto no es una discusión técnica sino política: “Hay un corrimiento deliberado del Estado”, viene señalando en sus intervenciones públicas.

    La actriz también apuntó contra el clima social que rodea estas medidas. Según sostuvo, desde el oficialismo se instaló un discurso que estigmatiza a las personas con discapacidad, generando un contexto de mayor vulnerabilidad.

    “Hay que parar esto”

    El rechazo al proyecto no se limita al ámbito artístico. Organizaciones, familias y profesionales del sector vienen manifestándose contra los cambios, denunciando recortes en prestaciones, demoras en pagos y pérdida de derechos adquiridos.

    En ese marco, Berthet se sumó activamente a los reclamos y llamó a frenar el avance de la iniciativa. Su frase más dura —“el objetivo es que la gente se muera”— sintetiza el nivel de alarma que atraviesa al colectivo.

    Detrás de esa expresión hay una acusación de fondo: que el ajuste impulsado por el Gobierno no es neutro, sino que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. En un país donde millones de personas dependen del sistema de discapacidad, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate urgente sobre el rol del Estado.

     

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  • El gobierno militarizó el INTI para impedir el ingreso de empresarios pyme

     

     El vaciamiento del INTI sensibilizó al empresariado industrial que contaban con el instituto público una cantidad de servicios, asesoramientos y sistemas de certificaciones casi privativo si tuviesen que ir a contratar empresas privadas para desarrollar nuevos productos o materiales.

    Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios pyme industriales y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto.

    La actividad, convocada por mandos medios del INTI bajo el lema «Argentina productiva, con el INTI de pie», terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de cien empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de manera virtual.

    Trabajadores del organismo contaron a LPO que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado, «excede cualquier posición ideológica» por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones y los sistemas de certificación técnica, como en este caso.

    «La gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro previsto en la puerta», señalaron desde la organización, que denunció un operativo con «decenas de gendarmes» rodeando el auditorio del instituto.

    [Peligra la exportación de miel por el desguace al INTI]

    El encuentro se realizó en medio de la crisis que atraviesa el organismo luego de la eliminación de servicios técnicos, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y el desmantelamiento del sistema de Metrología Legal. Además, las autoridades anunciaron más de 700 despidos que se sumarían al recorte del 30% del personal que ya sufrió el instituto desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

    Durante el acto hablaron empresarios de distintos sectores industriales que defendieron el rol estratégico del INTI para la producción y las exportaciones. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que «los países que admiramos crecen porque están apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social».

    En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación Pro Tejer, advirtió que «sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación» y cuestionó que el gobierno pretenda reemplazar los controles públicos por laboratorios privados «más caros» y que muchas veces ni siquiera existen en la Argentina.

    También hubo advertencias sobre el impacto en áreas sensibles como seguridad, salud y comercio. Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, alertó que la disolución del área de Metrología Legal afecta controles sobre balanzas, etilómetros y cinemómetros utilizados en todo el país.

    Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales.

     

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