El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
Los parlasureños libertarios Fabricio «Faber» Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez se rebelaron contra el ministro Pablo Quirno y el director del Mercosur por la Cancillería, Rubén Ruffi, que pretenden que sus representantes en el parlamento regional rechacen la reincorporación de Venezuela.
Ruffi, el hombre de Karina que detona los acuerdos del Mercosur, mantuvo una reunión por Zoom y otra presencial en el Palacio San Martín pero los diputados de LLA se mantuvieron incólumes. «No nos pagan ni los viáticos pero nos llaman para darnos órdenes», fue lo que explicó uno de los asistentes al encuentro con el ex embajador argentino ante El Salvador.
La postura oficial de la Cancillería genera desconcierto entre los pocos legisladores parlasureños de Javier Milei. «Venezuela cerró con Donald Trump, Estados Unidos es nuestro principal aliado pero la Cancillería está en contra», argumentan los libertarios disidentes.
LPO ya informó que Ruffi es un duro, con una carrera diplomática que trascendió los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En los pasillos de Cancillería, le dicen «El Talibán», por su dogmatismo, y lo definen como un funcionario prolijo que cultiva una estricta disciplina con su rutina de gimnasio y cama solar.
El nerviosismo de Quirno y Ruffi obedece a que el lunes próximo sesionará el Parlasur en Montevideo y el regreso de los venezolanos al recinto podría ser tratado. De hecho, el presidente pro témpore del cuerpo, el paraguayo Rodrigo Gamarra, se reunió con diplomáticos caraqueños en el Parlatino realizado en Panamá el mes pasado y se manifestó a favor del retorno.
En ese contexto, uno de los kirchneristas en la delegación argentina recordó que «la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la conformación de su delegación parlamentaria para el período 2026-2031 y la comunicó oficialmente al Parlamento del Mercosur, en un gesto que en términos diplomáticos equivale a volver a sentarse en la mesa». Los venezolanos fueron relegados del bloque regional en 2017, bajo la invocación del Protocolo de Ushuaia que define parámetros de apego a la democracia.
Rodrigo Gamarra.
Tras la invasión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, los parlasureños de Brasil, Uruguay y Paraguay, según el cálculo de los peronistas, comenzaron a dar señales de normalización en las relaciones con los venezolanos. Aún cuando los bolsonaristas resisten, el vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que «Venezuela está suspendida del Mercosur, pero como ahora atraviesa un momento diferente, eso será reconsiderado».
Además, el argentino Gabriel Fuks impulsó la creación de «una comisión de acercamiento» para propiciar canales informales con actores del gobierno de Delcy Rodríguez. «Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana», planteó.
Esa hoja de ruta fue la que gatilló la estrategia del boicot que diseñó Ruffi para frenar el avance del reingreso de los representantes de Venezuela.
Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana.
Un parlasureño libertario que dio el portazo el año pasado por las peleas con el salteño Alfredo Olmedo relativizó las chances de que prospere la reincorporación en lo inmediato y atribuyó la resistencia de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez a una «operación» del kirchnerismo para la que necesita esos cuatro votos. Sin embargo, los kirchneristas aducen que no hay nada que votar.
En el Parlasur, debaten 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El quórum para sesionar es de 38, mientras que el piso para aprobar disposiciones es de 59.
Fuentes diplomáticas advirtieron ante LPO que la resistencia de la Cancillería no estaría en objeciones sobre la cuestión democrática sino en la competencia con el país caribeño en materia energética, por la magnitud de las reservas petroleras de PDVSA. «La comparación de los recursos venezolanos con el desarrollo de Vaca Muerta y otros activos locales genera preocupación en sectores del Gobierno y también en actores empresariales del rubro», dijeron.
A partir del lunes 28 y hasta el 2 de julio, se llevará adelante la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos con la técnica del triple lavado. Los puntos de recepción serán los siguientes: los pequeños productores (hasta 5 bolsones) deberán acercarlos al centro de acopio ubicado en el Corralón Municipal, de lunes…
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
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