El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
La semana pasada se desató un fuerte escándalo en Bahia Blanca a partir de la desaparición del hospital municipal de 25 ampollas de fentanilo, un potente analgésico aplicado solo en intervenciones complejas o situaciones de dolor intenso, por lo que su circulación es estrictamente controlada.
Días después, encontraron 25 ampollas vacías en el quirófano donde se denunció el faltante.
Eso abrió interrogantes sobre cómo se vulneraron los controles en un sector de acceso restringido donde, tres días antes de la denuncia, se había realizado con normalidad el conteo semanal de medicamentos.
Frente a eso, en el bloque de concejales de La Libertad Avanza pidieron citar a las autoridades del hospital municipal Leónidas Lucero (director, jefa de Compras y jefa de Farmacia) para que den explicaciones de lo sucedido y enfrentarse a las preguntas de los ediles.
Sin embargo, ese proyecto fue rechazado por los concejales del oficialismo y aliados, por lo que fuentes de la bancada libertaria señalaron a LPO que esa actitud de los concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles apunta a «blindar» a las autoridades del hospital ante el escándalo.
La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación.
Así, en La Libertad Avanza de Bahía sostienen que la actitud del municipio refuerza las sospechas de «un entramado de desmanejos políticos, incompatibilidades y manejos espurios».
Actualmente, la investigación por la desaparición de fentanilo la lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 a cargo de Mauricio Del Cero. La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación de parte del fiscal.
El 29 de diciembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca había aprobado por mayoría el presupuesto 2026, pero rechazó los recursos asignados al Hospital Leónidas Lucero (votaron en contra los 9 concejales de La Libertad Avanza y los dos de Somos Bahía), en medio de acusaciones contra el intendente Susbielles por la falta de una planificación integrada de salud pública.
Cerca de la bancada libertaria sostienen que el rechazo oficialista a citar a las autoridades del hospital responde al objetivo de la gestión de Susbielles de «blindar» a esos funcionarios frente al escándalo.
«Pusimos la lupa en los cargos jerárquicos. Nos preguntamos por qué pasaron de 12 jerárquicos a 27 en los últimos diez años; y no encontramos ninguna respuesta. Esos cargos jerárquicos están de más, sobran, ni siquiera son médicos», dijo por aquel entonces el concejal Martín Salaberry.
En la oposición a Susbielles señalan que en el último tiempo se reformó el estatuto del centro médico con el objetivo de designar a Facundo Arnaudo, a quien atribuyen un vínculo estrecho con el director de Ciencia, Tecnología y Educación del hospital.
«El aumento exponencial del gasto en cargos jerárquicos en los últimos años contrasta con las políticas del Poder Ejecutivo cuya Secretaria de Salud tiene unidades sanitarias sin médicos o que sólo funcionan unas pocas horas al día; despidos de personal; reducción de las prestaciones y políticas preventivas casi inexistentes», acusan cerca de LLA.
En la oposición también se preguntan por el vínculo entre el director del hospital, Gustavo Carestía, y la jefa de Compras, Silvina Gerardi y el impacto que esto podría tener en las licitaciones y el control de insumos hospitalarios.
Durante este miércoles, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) realizó controles en los supermercados adheridos al programa ‘Carnes’. El objetivo de estas inspecciones fue verificar que los precios sean los establecidos por el gobierno nacional para la Patagonia, controlar el stock disponible y la calidad ofrecida. El resultado fue positivo en la primera…
Los chicos y chicas de la escuela primaria N°235 en conjunto con el E.S.R.N N°11 invitaron a las organizaciones ALMAS ALMAS y ANIM ALES al cierre de la actividad »NO AL MALTRATO ANIMAL».Participaron 6to, 7mo de la Escuela Primaria N° 235 de barrio Este y 1eros años de la E.S.R.N N°11. La idea del trabajo…
El Intendente Marcelo Orazi hizo referencia a las medidas y restricciones contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de la Nación que, indicó, “nos deja sin la posibilidad tanto a la Gobernadora como a los intendentes de flexibilizar algunas medidas”. En este sentido, Orazi señaló que durante la semana…
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto. De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante…
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