El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
El vocero Adrián Ravier admitió que el Ministerio de Economía retiene
«para lograr el equilibrio fiscal»
una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que por ley debe destinarse al arreglo de rutas, y hundió a Luis «Toto» Caputo, que ahora se enfrenta a una causa por malversación de fondos.
«No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa. «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», continuó el vocero, que aseguró que el resto la dispone el Ministerio de Economía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
El problema es que lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene asignación específica para el Sistema Vial Integrado, un fideicomiso que debería destinarse únicamente a obras viales y al mantenimiento de rutas nacionales. Es decir que, según los dichos de Ravier, Caputo se está quedando con una porción de ese impuesto para lograr cubrir el déficit, pese a que por ley no puede hacerlo.
Los dichos del vocero no podrían haber llegado en peor momento para Caputo. Un día antes el diario La Nación reveló que el gobierno lleva recaudado más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso, pero hasta fines de mayo mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Según el informe, desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del Sistema Vial Integrado asciende al 73,8%. De haberse utilizado el dinero para lo que establece la ley, se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, que se encuentra en estado deplorable.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado
La retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es un viejo reclamo de los gobernadores, que hasta amagaron con imponer una ley para cambiar la distribución. Pero a último momento negociaron con la Casa Rosada y dejaron caer el proyecto, mientras el desastre de las rutas se sigue profundizando.
Tras esa publicación, la diputada nacional Verónica Tolosa Paz hizo una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
La presentación apunta contra el ministro Caputo, el secretario legal y técnico Juan Ignacio Stampalija, el secretario de Hacienda Carlos Guberman, las autoridades de Vialidad Nacional, y los funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido en su carácter de fiduciario.
La denuncia de Tolosa Paz es muy detallada, pero no llega a tomar en cuenta los dichos de Ravier que abiertamente admite que Caputo está cometiendo una irregularidad grave y podría ser juzgado por desvío de fondos. Seguramente la declaración de Ravier será incorporada a la causa.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado. En ese momento en Economía estallaron contra el vocero y algunos pidieron su salida.
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