El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
En una Feria del Libro atravesada por debates políticos, económicos y culturales, Axel Kicillof presentó su nuevo libro De Smith a Keynes y aprovechó el escenario para lanzar una durísima crítica contra el programa económico de Milei. El gobernador bonaerense reivindicó el pensamiento keynesiano, defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste libertario ante una sala colmada de militantes, economistas, estudiantes y lectores.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Kicillof expuso sobre su obra “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, una reedición y actualización de su trabajo académico sobre las distintas escuelas económicas y el enfrentamiento histórico entre las ideas del libre mercado absoluto y las teorías que defienden la intervención estatal.
Un libro contra el “pensamiento único”
El texto, editado por Siglo XXI Editores, propone un recorrido histórico que va desde Adam Smith hasta John Maynard Keynes, revisando las principales corrientes del pensamiento económico y cuestionando la idea de que existe una única verdad económica válida.
Según la descripción editorial, el libro busca recuperar “la diversidad de puntos de vista” frente al predominio del neoliberalismo y plantea que la economía debe estudiarse ligada a los conflictos sociales, políticos e históricos de cada época.
Kicillof explicó que el trabajo surge de años de docencia universitaria y de investigación académica, especialmente en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio. El gobernador sostuvo que la enseñanza económica dominante “congela” las teorías y oculta las disputas ideológicas que atraviesan a la disciplina.
La crítica directa al modelo libertario
Pero la presentación dejó rápidamente de ser una simple charla académica. Kicillof vinculó las ideas de Keynes con la situación actual de la Argentina y apuntó directamente contra Milei y su programa económico.
“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, lanzó el mandatario bonaerense durante su exposición en La Rural, despertando aplausos y cánticos del público presente.
El gobernador cuestionó el desmantelamiento del Estado, el ajuste sobre jubilados y trabajadores y la caída del consumo, y afirmó que el Gobierno nacional está aplicando “un experimento que no tiene pies ni cabeza”. Según sostuvo, las recetas ultraliberales ya demostraron históricamente sus consecuencias recesivas y destructivas.
Kicillof también rechazó el discurso oficial sobre el llamado “riesgo kuka” y aseguró que la falta de inversión no responde al temor empresarial frente al peronismo sino al “desastre” económico actual. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados y garantizar educación y salud”, remarcó durante el acto.
La economía como disputa política
La escena tuvo además un fuerte contenido simbólico. Mientras Milei convirtió su propia presentación editorial de 2024 en un show político-musical en el Luna Park, Kicillof eligió la Feria del Libro para reivindicar la discusión teórica y el debate económico desde una perspectiva académica y política.
No es casual. Desde hace años, Kicillof construye parte de su identidad pública alrededor de la economía heterodoxa y de la recuperación de autores como Keynes y Marx frente a las doctrinas neoliberales. Su nuevo libro aparece justamente en un contexto donde el ajuste libertario vuelve a poner en discusión el papel del Estado, el mercado y la distribución del ingreso.
En un país donde la economía dejó hace rato de ser un debate técnico para convertirse en una pelea cotidiana por el salario, el empleo y la supervivencia, la presentación de De Smith a Keynes terminó funcionando menos como un lanzamiento editorial y más como una intervención política en plena crisis argentina.
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