El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
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El peronismo federal se lanzó este viernes en Parque Norte y dio una muestra de fuerza con una convocatoria que sumó diputados, intendentes y dirigentes de varios puntos del país.
El armado en el que confluyen dirigentes como Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz se muestra equidistante de la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof al tiempo que busca acumular referentes de un peronismo de centro.
La idea es tomar distancia de las diferencias en la cúpula del peronismo y mientras tanto sumar volumen con dirigentes de todos los sectores. Una vez que esa interna se resuelva verán los pasos a seguir. Por lo pronto, ya se piensa en un nuevo acto pautado para el 25 de mayo.
Según los organizadores, al acto de Parque Norte llegaron más de 4000 participantes, entre ellos unos 20 legisladores nacionales y 70 intendentes que se reunieron bajo la consigna «Primero las Ideas».
Durante el acto se plantearon algunos ejes básicos como la necesidad de avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva y con protagonismo de las provincias, descentrando el debate político de la lógica del AMBA.
Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media.
Durante su intervención en el escenario principal, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, explicó que el encuentro buscó poner en discusión los valores que el peronismo debe representar y mencionó el federalismo, la producción, el trabajo y la mejora concreta en la vida de la gente.
Michel fue tajante al diferenciar los modelos económicos en disputa, defendiendo el superávit fiscal como una herramienta de gestión que ya aplican sus intendentes y gobernadores. El diputado nacional advirtió que el equilibrio financiero no puede ser un fin en sí mismo si se logra a costa del aparato productivo nacional.
Asimismo, calificó la estrategia de la actual gestión como un «superávit trucho», denunciando que el programa de ajuste vigente está golpeando severamente a la industria y al consumo interno.
Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal.
Bajo esta premisa, Michel propuso retomar el camino del modelo implementado por Néstor Kirchner, donde el orden fiscal se lograba con una economía en crecimiento y la generación genuina de empleo. Durante su intervención, concluyó que el objetivo debe ser un peronismo amplio y renovado que priorice el bienestar social sobre el ajuste.
En esa línea, el Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que «hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal». Y agregó: «A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes».
También hablaron Tolosa Paz; el intendente de Pilar, Federico Achaval; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan, Ernesto «Pipi» Alí; el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin; y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix.
La idea del encuentro no fue definir ningún tipo de candidatura sino la apertura de un proceso de discusión sobre el rumbo del peronismo. Según plantearon, se buscó articular «un programa con las miradas de las provincias que dé respuestas a los desafíos actuales del país y que el peronismo tiene que proponerle a la sociedad».
A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.
Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.
Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva
Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.
La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.
Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.
La casta: un relato que se volvió en contra
“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.
Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.
Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.
Estado: del “afuera” al uso selectivo
El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.
Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.
No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.
Libertad económica: para quiénes
La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.
En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.
La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.
El impacto social: la variable de ajuste
Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.
Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.
Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.
Modelo, no error
A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.
Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.
Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.
Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.
Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.
El conflicto en el INTI escaló en los últimos días con denuncias de vaciamiento, baja de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos que, según los gremios, podría superar a los mil trabajadores. La reestructuración impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste estatal afecta áreas sensibles como alimentos, materiales y control industrial, y generó protestas.
En ese contexto, la industria de la miel aparece como un caso testigo de la importancia del INTI en la estructura productiva. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos recurrentes en aduana por problemas de contaminación de los tambores utilizados para exportación y por la falta de una normativa clara que garantizara estándares sanitarios.
La situación se estabilizó recién con el trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que fijaron un sistema de certificación para los envases que permitió ordenar la trazabilidad y reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.
En ese esquema, el INTI auditaba los procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba que los tambores donde se embazaba de hasta 340 kilos donde se embazaba la miel cumplieran con los estándares internacionales. Era un control clave para evitar contaminación por residuos o metales pesados, uno de los principales motivos de rechazo en destino.
Ahora ese sistema quedó en el aire. Según fuentes del sector que hablaron con LPO, el Gobierno dio de baja esos servicios dentro del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. En las empresas advierten que el cambio implica mayores costos a la industria y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica.
Los tambores diseñados y controlados por INTI
Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y concentra casi el 90% de sus ventas en tres mercados: Estados Unidos, Alemania y España. En especial Alemania, uno de los principales destinos que aplica controles extremadamente rigurosos sobre calidad y residuos.
Por eso, en la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego», sostuvo para LPO un especialista en producción de miel de Santa Fe.
Argentina es uno de los principales jugadores del mercado global de miel: en 2024 exportó más de 78 mil toneladas y se consolidó como el cuarto proveedor mundial, detrás de China, India y Ucrania aunque en el sector sospechan que Ucrania es una plaza que triangula con China.
En la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego
La actividad involucra a unos 22 mil apicultores en todo el país y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales que dependen casi exclusivamente de la exportación.
El negocio, además, está altamente concentrado en mercados externos exigentes: Estados Unidos absorbe cerca del 70% de los envíos, mientras que Alemania y España completan el grueso de las ventas.
Esa dependencia vuelve al sector particularmente sensible a cualquier falla en estándares sanitarios o de calidad. En ese contexto, la pérdida de controles técnicos como los que garantizaba el INTI no solo genera ruido en la industria, sino que pone en juego una de las economías regionales que sostiene volumen exportador de manera constante, o sea, en términos de la escuela austríaca, es muy competitiva.
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