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Hubo una época en la que el ferrocarril era mucho más que un medio de transporte: era la columna vertebral que conectaba pueblos, acercaba producción, generaba trabajo y permitía que miles de argentinos conocieran por primera vez una ciudad situada a cientos de kilómetros. La historia de La Trochita, el pequeño tren de la Patagonia que todavía atraviesa la estepa, permite recuperar una parte de aquel país ferroviario.

Por Redacción de NLI

Hay trenes que transportan pasajeros y trenes que terminan formando parte de la memoria de un pueblo. La Trochita, oficialmente conocida como Viejo Expreso Patagónico, pertenece definitivamente a la segunda categoría. Sus locomotoras pequeñas, sus vagones de madera y sus vías estrechas atraviesan desde hace décadas una de las regiones más extensas y despobladas del país, entre paisajes donde el horizonte parece no terminar nunca. Para muchos de los habitantes de la Patagonia, sin embargo, aquel ferrocarril no fue originalmente una atracción turística: fue durante décadas una herramienta fundamental para comunicarse, transportar producción y mantener vinculadas a comunidades separadas por enormes distancias.

Su historia también permite entender qué significó el ferrocarril para la Argentina del siglo XX y qué ocurrió cuando muchas de aquellas líneas dejaron de considerarse estratégicas.

Una línea pensada para atravesar el desierto patagónico

La construcción de La Trochita estuvo vinculada con un ambicioso proyecto ferroviario que buscaba conectar distintos puntos de la Patagonia con la red nacional. La línea finalmente vinculó Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, con Esquel, en Chubut, atravesando cientos de kilómetros de estepa.

La particularidad estaba en su trocha: apenas 75 centímetros. De allí surgió el nombre popular de «La Trochita». Esa característica permitía utilizar curvas más cerradas y adaptar el tendido a terrenos difíciles, aunque también limitaba la velocidad y la capacidad de transporte.

El proyecto avanzó lentamente durante las primeras décadas del siglo XX. La construcción en la Patagonia implicaba desafíos enormes: largas distancias, clima extremo, escasez de infraestructura y dificultades para transportar materiales. Las vías debían avanzar por territorios donde las distancias entre poblaciones eran enormes y donde una tormenta podía aislar completamente una formación.

Finalmente, el servicio comenzó a funcionar en la década de 1940, integrando comunidades que hasta entonces dependían de caminos precarios y de medios de transporte mucho más lentos.

Para las poblaciones de la región, la llegada del tren significó mucho más que disponer de un nuevo servicio. Permitió trasladar lana y otros productos, transportar alimentos y mercaderías, facilitar viajes hacia centros urbanos y sostener vínculos familiares y comerciales. En lugares donde las distancias podían convertirse en verdaderas barreras, el ferrocarril funcionaba como una forma concreta de integración territorial.

Cuando cerrar una línea significaba aislar una región

Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril argentino cumplió una función que excedía ampliamente la rentabilidad inmediata. Las líneas conectaban regiones productivas, acercaban servicios y contribuían a poblar territorios alejados de los grandes centros urbanos.

Esa lógica comenzó a cambiar con fuerza durante las últimas décadas del siglo. La expansión del transporte automotor, la transformación de las políticas económicas y las sucesivas decisiones de reducción de servicios ferroviarios provocaron el cierre de numerosos ramales. Muchas localidades que habían nacido alrededor de una estación quedaron progresivamente aisladas o perdieron una parte fundamental de su actividad económica.

La Trochita también estuvo cerca de desaparecer. En 1993, el servicio regular fue suspendido y durante un tiempo parecía que aquellas pequeñas locomotoras pasarían definitivamente a formar parte del pasado. La reacción de las comunidades locales y el interés generado por su valor histórico y cultural contribuyeron a evitar su desaparición completa.

El tren comenzó entonces a recorrer un camino diferente: dejó de ser solamente una herramienta de transporte cotidiano y empezó a convertirse también en patrimonio histórico y atractivo turístico.

Pero reducir su historia al turismo sería injusto. La Trochita sobrevivió porque detrás de sus vías había una memoria colectiva. Para muchas familias patagónicas, el tren estaba asociado con viajes, trabajo, encuentros y acontecimientos fundamentales de sus vidas.

Una locomotora como memoria de otro modelo de país

Actualmente La Trochita es reconocida internacionalmente como uno de los trenes históricos más singulares del mundo. Sus recorridos permiten conocer una Patagonia que no aparece en las fotografías tradicionales: una Patagonia atravesada por vías, estaciones pequeñas y antiguos galpones ferroviarios.

Sus locomotoras a vapor y sus vagones conservan buena parte de la estética de otra época. Pero quizá lo más valioso no sea su aspecto pintoresco, sino lo que representa.

La historia ferroviaria argentina estuvo estrechamente ligada al desarrollo económico y territorial. Allí donde llegaba el tren podían aparecer una estación, un almacén, un taller, una escuela o nuevas posibilidades comerciales. En muchos casos, la infraestructura ferroviaria fue una de las primeras formas de presencia permanente del Estado en regiones alejadas.

Por eso la desaparición de numerosos ramales no significó solamente perder un medio de transporte. También implicó modificar la estructura territorial de muchas comunidades.

La Trochita sobrevivió precisamente porque logró convertirse en memoria viva de aquel proceso. Cada viaje turístico recupera, aunque sea durante unas horas, una forma de recorrer la Patagonia que alguna vez fue cotidiana.

Mientras la locomotora avanza lentamente entre la estepa, el humo se pierde en el cielo y los vagones atraviesan pequeños puentes y estaciones, queda la sensación de estar observando algo más que una pieza de museo. Es un fragmento de la Argentina ferroviaria que todavía funciona.

Y quizás allí esté su mayor valor. Porque un país también se construye con caminos, vías y estaciones. Se construye cuando una persona que vive a cientos de kilómetros de una gran ciudad puede acceder a ella; cuando un productor puede sacar su mercadería; cuando un pueblo deja de estar aislado. La Trochita no es solamente un tren antiguo que sobrevivió al tiempo: es el testimonio de una idea de integración territorial que alguna vez tuvo al ferrocarril en el centro del proyecto nacional.

 

 

Germán Díaz, integrante del bloque de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde la Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La Justicia lo imputó por presunta comercialización de estupefacientes y deberá declarar ante la fiscalía.

Por Lola Santacreta para NLI

La noticia sacudió a Bragado y rápidamente trascendió las fronteras de la política local: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda de la localidad de O’Brien, partido de Bragado, y terminó con el dirigente libertario a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, podrían haber sido utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

El caso tiene una particularidad que excede el expediente penal: Díaz no es un ciudadano cualquiera sino un funcionario elegido por el voto popular e integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bragado. El dirigente, de 52 años, asumió su banca en diciembre de 2023, en el escenario político que acompañó el crecimiento nacional del espacio encabezado por Javier Milei. Ahora, su situación quedó atravesada por una causa que deberá determinar si los elementos encontrados durante el procedimiento tienen relación con una actividad de comercialización de drogas y cuál fue, eventualmente, el alcance de esa conducta.

Un allanamiento que terminó con un concejal detenido

La investigación está radicada en el Departamento Judicial de Mercedes, con intervención de la UFI N.º 7 y del Juzgado de Garantías N.º 3. La orden judicial permitió avanzar sobre el domicilio ubicado en Rivadavia al 400, en O’Brien, donde se desarrolló el operativo policial que terminó con la detención de Díaz. Según la información publicada a partir de fuentes judiciales y policiales, entre los elementos secuestrados aparecieron restos de cocaína, una balanza de precisión y materiales presuntamente vinculados con el corte de sustancias.

La diferencia entre una sospecha y una condena es fundamental y debe ser preservada: Díaz se encuentra imputado y detenido en el marco de una investigación, pero su responsabilidad penal todavía debe ser establecida por la Justicia. La acusación de presunta comercialización de estupefacientes no equivale jurídicamente a una sentencia y será el proceso judicial el que determine qué valor tienen las pruebas reunidas y si alcanzan para sostener la imputación. En ese sentido, la cobertura del caso requiere evitar tanto el encubrimiento político como la condena anticipada, dos deformaciones frecuentes cuando una investigación penal involucra a un dirigente partidario.

La situación procesal del concejal avanzó este lunes con su traslado a sede judicial en Mercedes, donde debía prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola. Ese paso será relevante para conocer la versión del propio acusado y para que la fiscalía avance en la determinación de las circunstancias que rodearon el procedimiento.

La Libertad Avanza tomó distancia

El impacto político de la detención fue inmediato. El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado en el que buscó despegarse de la investigación y sostuvo que cualquier responsabilidad de Díaz deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia. Al mismo tiempo, los concejales plantearon que la situación deberá ser analizada institucionalmente dentro del Concejo Deliberante, de acuerdo con el reglamento interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La reacción resulta significativa porque muestra hasta qué punto un episodio individual puede convertirse en un problema institucional cuando el acusado ocupa una banca legislativa. El bloque libertario no puede resolver una causa penal ni reemplazar a la Justicia, pero tampoco puede ignorar que uno de sus integrantes se encuentra detenido e imputado en una investigación por drogas. Por eso, además de remarcar las garantías procesales, el espacio expresó su disposición a discutir dentro del Concejo cuáles son los pasos institucionales que correspondan.

En el comunicado, el bloque también manifestó un “enérgico repudio” a cualquier hecho relacionado con la venta y comercialización de estupefacientes, al considerar que se trata de un flagelo con consecuencias sobre las familias y la comunidad. La posición busca establecer una frontera entre la organización política y la conducta que se investiga, aunque la dimensión institucional del episodio inevitablemente obliga a revisar cómo llegó Díaz a ocupar una banca y cuál será el tratamiento político de su situación mientras avance el expediente.

El problema que trasciende a Germán Díaz

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente determine la Justicia, la detención de un concejal por una causa vinculada con la presunta comercialización de drogas representa un golpe político para el espacio que integra, especialmente porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad pública alrededor de la denuncia de la corrupción, la inseguridad y la necesidad de aplicar con mayor dureza la ley. En este caso, la consigna política deberá enfrentarse con una realidad concreta: uno de sus representantes territoriales quedó involucrado en una investigación penal de extrema gravedad.

Esto no significa que la pertenencia partidaria determine culpabilidades ni que una acusación contra un dirigente permita atribuir responsabilidad automática a todo un espacio político. Sería tan arbitrario como sostener que cualquier delito cometido por un funcionario convierte al partido entero en una organización criminal. Pero tampoco resulta razonable pretender que la dimensión política desaparezca simplemente porque existe una causa judicial. Cuando un representante electo queda detenido, la política tiene necesariamente una responsabilidad institucional que no puede ser reemplazada por un comunicado de ocasión.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa, además, una discusión que atraviesa a todos los partidos y no solamente a La Libertad Avanza: qué controles existen sobre quienes ocupan cargos públicos y cómo reaccionan las estructuras políticas cuando uno de sus representantes queda involucrado en una investigación penal. La respuesta no debería depender del color partidario del acusado. Las garantías judiciales deben ser iguales para todos, pero también debe ser igual la exigencia de explicaciones políticas cuando un funcionario público queda comprometido en un expediente de semejante gravedad.

Por ahora, el dato central es concreto: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido e imputado por presunta comercialización de estupefacientes luego de un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde se secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió y cuál es la responsabilidad penal del dirigente. Mientras tanto, el Concejo Deliberante deberá afrontar una situación institucional incómoda y el espacio libertario tendrá que explicar, más allá de cualquier estrategia comunicacional, cómo piensa administrar políticamente la crisis provocada por uno de sus propios representantes.