El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos de ubicación.
Este anuncio se suma a otras gestiones realizadas por el Intendente como la relocalización de la Comisaría de la Familia y la instalación de un nuevo destacamento policial.
“Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando en conjunto. En mi viaje a Viedma hace una semana conversamos con Minor sobre la posibilidad de incorporar más cámaras a la ciudad y este lunes me trajo la confirmación de que serán cinco y que seguiremos trabajando para sumar más en el futuro”, manifestó Orazi.
Por su parte, Minor sostuvo que “la idea es seguir sumando y cumplir con los compromisos que ya hemos asumido. Pudimos entregar movilidad y las body cam recientemente. Ahora confirmamos que vamos a incorporar cinco nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad”.
“Luego haremos una visita más operativa para recorrer los lugares donde vamos a ubicar las cámaras y quizás reubicar otras para hacer más eficiente la visualización”, indicó la funcionaria provincial.
Del encuentro participaron también el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la provincia Guillermo Rodríguez Moreno y el Director del Operativo RN Emergencias Sergio Davicino.
El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.
Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.
Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.
El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.
A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.
Carolina Moisés y Flavia Royón.
En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.
Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».
Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.
El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.
En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.
Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.
La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.
En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.
A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.
Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.
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