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Se remodelará el CDI de barrio El Sauce

Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.

En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.

Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.

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  • Milei analiza congelar los proyectos de ley de Sturzenegger harto de pagar costos políticos

     

    Javier Milei acusó recibo de la derrota que implicó la media sanción del proyecto de ley de propiedad privada, podado por la oposición y los aliados del gobierno en los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego.

    La primera medida que habría resuelto sería la de retirar o congelar los demás proyectos que sean de autoría de Federico Sturzenegger, que se volvió un yunque para la Casa Rosada. Como reveló LPO, Karina Milei corrió al ministro de Desregulación en medio del conflicto con los prácticos por el decreto que desató un paro de 48 horas del gremio y la furia de las grandes empresas argentinas que operan en los puertos y necesitan de las funciones de esos trabajadores para su negocio.

    Por esa pelea, hubo 180 buques demorados y las pérdidas económicas rondaron los 300 millones de dólares. En ese contexto, el ministro de Desregulación fue desplazado de la negociación por decisión de la Casa Rosada y ni siquiera figuró en el acta firmada entre las partes.

    Una fuente de seguridad portuaria comentó a LPO que Karina lo llamó personalmente para comunicarle que no participaría de las conversaciones ni de la negociación que continuará en las próximas semanas. El encargado de destrabar el conflicto fue Diego Santilli.

    Karina corrió a Sturzenegger de la negociación por el practicaje y le suspendió el decreto para levantar el paro

    En el Congreso, el camino sería similar solo que no solo la emprenderían contra Sturzenegger sino también contra Patricia Bullrich, a quien ya le habían intervenido el bloque con la incorporación de Karina y Lule Menem al grupo de WhatsApp por el que chatean los miembros de la bancada. «Los pusieron a Sturzenegger y Bullrich en el mismo pelotón, hicieron un combo de dos por uno con ellos», graficó un libertario.

    Ante la consulta de LPO, fuentes al tanto de las conversaciones respondieron que «no se pueden retirar proyectos que ya tienen media sanción, como el de la ley Hojarasca, pero se pueden dejar morir». Esa iniciativa ya fue aprobada en junio en Diputados y todavía no empezó a debatirse en el Senado.

    Los pusieron a Sturzenegger y Bullrich en el mismo pelotón, hicieron un combo de dos por uno con ellos.

    Por otro lado, dos diputados libertarios deslizaron que, tras la derrota que sufrió este jueves Bullrich, el gobierno piensa en retirar el proyecto de ley de Lobby, una iniciativa para blanquear el cabildeo sectorial que también lleva el sello del ministro de Desregulación. Sturzenegger se convirtió en un problema político para Milei, quien escucha embelesado los dogmas de su ministro, mientras el resto del gabinete tiene que lidiar con el desorden que genera la aplicación de sus ideas en decretos o proyectos de ley.

    Otro proyecto que el oficialismo abortaría es el de Desregulación, otra iniciativa ampulosa que por el momento es nada más que un borrador sujeto a revisión de Milei y que tiene unas 144 páginas. Entre sus propuestas, se impulsan modificaciones a normativas como el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera, se promueve la comercialización de medicamentos fuera en kioscos o por canales digitales y flexibiliza el mercado de Gas Licuado de Petróleo, entre otros aspectos.

     

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    A 130 años del Hospital Pirovano: el hospital que nació para combatir las epidemias y homenajeó a un pionero de la cirugía argentina

     

    Cada 24 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, uno de los establecimientos públicos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en 1896 para responder a las epidemias que golpeaban a la zona norte de la Capital, el hospital lleva el nombre de un médico que revolucionó la cirugía argentina y dejó una huella imborrable en la medicina nacional.

    Por Lola Santacreta para NLI

    Un hospital nacido de las epidemias

    El 24 de julio de 1896 abrió oficialmente sus puertas el Hospital Pirovano. La institución había sido concebida para atender las necesidades sanitarias de una ciudad en plena expansión, luego de que Buenos Aires sufriera sucesivos brotes de cólera, fiebre amarilla y fiebre tifoidea, que evidenciaron la falta de infraestructura hospitalaria en la zona norte.

    Originalmente iba a llamarse Hospital de Belgrano, ya que su construcción fue impulsada por vecinos y por la Sociedad de Damas de Caridad de Belgrano, que gestionó la adquisición de los terrenos y reunió fondos para concretar una obra considerada indispensable para una población que ya superaba los 11.000 habitantes.

    Sin embargo, durante la etapa final de la construcción ocurrió un hecho que cambiaría para siempre su identidad.

    ¿Quién fue Ignacio Pirovano?

    El hospital fue bautizado en honor al doctor Ignacio Pirovano (1844-1895), considerado uno de los padres de la cirugía argentina moderna.

    Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y perfeccionado en Europa, Pirovano introdujo en el país técnicas quirúrgicas innovadoras para la época y promovió la incorporación del conocimiento científico más avanzado a la práctica médica. Su prestigio fue tal que llegó a ser reconocido como el cirujano más importante de la Argentina de fines del siglo XIX, con pacientes provenientes tanto de Buenos Aires como del interior del país.

    Además de su actividad asistencial, fue un destacado docente universitario y un impulsor de la profesionalización de la cirugía en momentos en que la medicina argentina comenzaba a consolidarse como disciplina científica.

    El homenaje que inmortalizó su nombre

    Cuando el edificio del nuevo hospital estaba prácticamente terminado, Ignacio Pirovano falleció el 2 de julio de 1895, víctima de un cáncer en la base de la lengua que él mismo logró diagnosticar. Su muerte conmocionó al ambiente médico y político de la época.

    Ante esa pérdida, el entonces secretario de la Asistencia Pública, Juan B. Señorans, propuso que el futuro Hospital de Belgrano llevara el nombre del prestigioso cirujano como reconocimiento a toda su trayectoria.

    Así, apenas un año después de su fallecimiento, el establecimiento fue inaugurado oficialmente como Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, denominación que conserva hasta la actualidad.

    130 años al servicio de la salud pública

    Lo que comenzó con apenas unas decenas de camas terminó convirtiéndose en uno de los hospitales públicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se atienden cientos de miles de vecinos de barrios como Belgrano, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, Colegiales y Villa Ortúzar, además de pacientes provenientes del conurbano bonaerense.

    A lo largo de más de un siglo, el Hospital Pirovano atravesó epidemias, crisis sanitarias y profundas transformaciones del sistema de salud argentino, manteniéndose como un referente de la atención pública y de la formación de profesionales.

    Su aniversario no solo recuerda la inauguración de un edificio histórico, sino también el legado de un médico que ayudó a transformar la cirugía argentina y cuyo nombre quedó para siempre asociado a uno de los hospitales más importantes del país.

     

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    Con modificaciones por decreto a la Ley de Migraciones, el gobierno de Milei profundiza su política de persecución contra los migrantes

     

    El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

    Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

    El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

    Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

    El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

    Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

    Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

    El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

    Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

    La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

    Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

    El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

    La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

    A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

    Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

    La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

    Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

     

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