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Se remodelará el CDI de barrio El Sauce

Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.

En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.

Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.

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  • Ex combatientes le exigen a Milei que se retracte de dichos sobre Malvinas y lo acusan de traición a la Patria

     

    Las declaraciones de Javier Milei al periódico británico The Telegraph en donde sostuvo que las Malvinas tienen que ser argentinas «cuando los isleños lo deseen», disparó un fuerte rechazo en los ex combatientes.

    En La Plata, este viernes el Centro de Ex Combatientes (Cecim) le envió al Presidente una carta documento exigiéndole que en 24 horas se retracte de sus dichos, bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

    «Usted falta el respeto a la memoria de los ex combatientes de Malvinas, a los caídos, a quienes yacen en nuestras Malvinas. Tal desprecio merece la tacha de infamia y la coloca en situación de traición a la Patria», acusaron desde Cecim La Plata en la carta documento enviada a Milei.

    En la entrevista a The Telegraph, el libertario dijo estar negociando con los británicos el levantamiento de la restricción de armas que tiene el país por la guerra de Malvinas y volvió a defender la autodeterminación de los kelpers.

    Frente a eso, en el Cecim La Plata denunciaron a Milei por incurrir en un «flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público», en los términos del artículo 248 del Código Penal.

     Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica 

    Los ex Combatientes de Malvinas citaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución que establece que Argentina «ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur».

    Así, señalan que, si bien la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, «nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos».

    Además, le exigieron a Milei que cumpla con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

    Milei dice que las Malvinas tienen que ser argentinas «cuando los isleños lo deseen»

    «Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica», cruzaron en el Cecim.

    Ya en abril de 2025, durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , Milei reivindicó la autodeterminación de los isleños, lo que le valió una denuncia por parte de ex combatientes. 

     

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    Milei pierde en Tribunales y deberá pagar más de 5 millones tras su ofensiva contra periodistas

     

    La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una derrota judicial que desnuda el método Milei

    La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.

    Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.

    La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista

    La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.

    Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.

    La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.

    El ataque sistemático a la prensa crítica

    La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.

    Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.

    El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.

    Un patrón preocupante

    Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.

    La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.

    En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.

     

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