Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.
En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.
Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.
Luis Caputo presentó el programa financiero con un objetivo claro: convencer a los mercados de que la Argentina podrá atravesar 2026 y 2027 sin sobresaltos y pagar todos sus vencimientos en dólares sin volver a emitir deuda en Wall Street.
Caputo buscó despejar las dudas del mercado. Aseguró que los pagos en moneda extranjera están garantizados y que podrán afrontarse sin necesidad de volver a los mercados internacionales. El esquema descansa sobre desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, deuda local, compras al BCRA y privatizaciones.
Ahí aparece una advertencia que varios economistas consideran decisiva. El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, afirmó que el verdadero interrogante no son los desembolsos brutos que anuncian el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF, sino los flujos netos. Es decir, cuánto dinero nuevo ingresa después de descontar los pagos de capital e intereses que la Argentina debe devolver. Para que el programa financiero cierre, esos organismos deberían aportar más recursos de los que reciben.
Carrera recordó en un posteo en sus redes que la experiencia de los últimos treinta años muestra que en los años electorales, los organismos multilaterales suelen reducir el financiamiento neto. Aun cuando existan programas vigentes, ralentizan los desembolsos para preservar capacidad de negociación con el próximo gobierno y evitar quedar excesivamente expuestos ante un eventual cambio político. Es una conducta burocrática, pero también una forma de administrar riesgos.
Si Trump pierde poder en las elecciones legislativas de noviembre y el Departamento del Tesoro queda sujeto a un mayor escrutinio del Congreso, tanto la ampliación del swap como la presión sobre los organismos multilaterales serán mucho más difíciles de sostener.
El economista sumó otro elemento clave al análisis. Buena parte de la elevada exposición actual de esos organismos con la Argentina fue producto de la presión ejercida por la administración Trump. Si el presidente estadounidense pierde las elecciones legislativas de noviembre, al Departamento del Tesoro le resultará mucho más difícil impulsar una nueva ampliación del apoyo financiero o presionar para que los organismos vuelvan a incrementar su exposición con la Argentina en pleno año electoral.
El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera.
«Si un organismo considera que su exposición máxima con un país es 100 y ya se encuentra cerca de ese límite, durante el último año del gobierno necesita que las cancelaciones superen a los nuevos desembolsos. De ese modo genera un margen para negociar con la administración entrante» advirtió Carrera.
«Por lo tanto, más allá de las promesas incluidas en los programas activos, el gobierno de Trump deberá redoblar los esfuerzos para que los organismos multilaterales aumenten nuevamente su exposición neta hacia la Argentina en un año electoral, rompiendo un comportamiento que ha sido la regla durante décadas. Si, además, Trump pierde poder en las elecciones legislativas de noviembre y el Departamento del Tesoro queda sujeto a un mayor escrutinio del Congreso, tanto la ampliación del swap como la presión sobre los organismos multilaterales serán mucho más difíciles de sostener», concluyó.
Mientras buena parte del país se encuentre abducido por la semifinal del Mundial entre Francia y España, el Indec dará a conocer este martes el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a Junio.
La expectativa compartida es que el índice consiga perforar el 2%, tal como adelantó el vocero Adrian Ravier, en una declaración que quedó al límite de exponer una violación del secreto estadístico.
Sin embargo, el festejo podría durar poco. Las primeras mediciones de julio muestran que la desaceleración perdió fuerza y que los alimentos volvieron a traccionar los precios hacia arriba.
Las consultoras privadas detectaron una aceleración en la primera semana del mes y coinciden en que el segundo semestre será más desafiante que el primero. A la presión de los alimentos se suma un dólar que volvió a moverse, mayores costos energéticos y la incertidumbre sobre la evolución de los combustibles.
La señal más fuerte la dio LCG. La consultora registró una suba semanal del 2,4% en la canasta de alimentos y bebidas. Fue el mayor aumento en más de un año y cortó una racha de seis semanas consecutivas de estabilidad o variaciones marginales. De todos modos, el promedio móvil de las últimas cuatro semanas continuó descendiendo y quedó en 0,8%, gracias al arrastre estadístico de las semanas previas.
La consultora LCG registró una suba semanal del 2,4% en la canasta de alimentos y bebidas. Fue el mayor aumento en más de un año y cortó una racha de seis semanas consecutivas de estabilidad o variaciones marginales.
El salto tuvo dos protagonistas claros. Las verduras encabezaron los aumentos con un incremento del 5,7%, mientras que las carnes avanzaron 4,3% en apenas siete días. Entre ambos rubros explicaron cerca del 75% de la aceleración semanal. También subieron los productos de panificación, cereales y pastas, con un 2,3%, mientras que los lácteos y huevos aumentaron 1,2%.
La carne aparece como uno de los focos de mayor preocupación hacia adelante. Salvador di Stefano, uno de los analistas económicos más cercanos al presidente Javier Milei y un habitual defensor de la política económica oficial, advirtió que el mercado ganadero atraviesa un proceso de retención de vientres que podría derivar en una fuerte suba de los precios durante el segundo semestre, especialmente a partir de septiembre.
Según explicó, el valor del ternero alcanzó los 4 dólares por kilo, un nivel sin antecedentes, y todavía tendría margen para seguir subiendo. A eso se suma un escenario internacional de menor oferta de carne, que refuerza la presión sobre los precios locales. Di Stefano incluso alertó que el encarecimiento de la carne vacuna terminaría trasladándose también al pollo y al cerdo, los cortes que habitualmente funcionan como alternativa cuando el asado se vuelve inaccesible.
EcoGo mostró un panorama más moderado, aunque también detectó un cambio de tendencia. La consultora observó una suba semanal del 0,5% en los alimentos consumidos dentro del hogar y, con esos primeros datos, proyecta que la inflación del rubro alimentos, incluyendo el consumo dentro y fuera del hogar, cerrará julio alrededor del 2,1%.
Para EcoGo, además, el problema excede a los alimentos. Sebastián Menescaldi, director de la consultora, sostuvo que durante el segundo semestre habrá una oferta más reducida de divisas y una mayor demanda asociada al Mundial, las vacaciones de invierno y los pagos de importaciones energéticas. «El tipo de cambio va a ir al alza y probablemente eso haga que la inflación no baje tanto. Estamos previendo en torno al 2% en julio y los siguientes meses y probablemente por debajo del 2% recién en el último trimestre», afirmó.
El tipo de cambio va a ir al alza y probablemente eso haga que la inflación no baje tanto. Estamos previendo en torno al 2% en julio y los siguientes meses y probablemente por debajo del 2% recién en el último trimestre.
El diagnóstico encuentra un dato concreto. Durante junio el dólar avanzó cerca del 5% y volvió a superar los $1.500. Aunque el traslado a precios no es inmediato, las consultoras esperan que parte de ese movimiento cambiario se refleje en los bienes durante las próximas semanas.
Otro frente de presión proviene de la energía. El último informe de la Organización Latinoamericana de Energía y Combustibles (OLACDE) mostró que la inflación energética interanual pasó del 2,12% en marzo al 4,52% en abril y alcanzó el 6,41% en mayo. El organismo vinculó esa aceleración con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la incertidumbre que todavía persiste sobre los mercados internacionales de hidrocarburos.
Argentina fue el país exportador de energía de América Latina donde más aumentaron los combustibles desde marzo, con un alza promedio del 27%. Para la especialista Cledis Candelaresi, esa dinámica difícilmente se revierta en el corto plazo. «La no intervención estatal y la concentración del mercado hacen difícil que esos precios retrocedan tanto como subieron, aunque el petróleo volvió casi a valores de preguerra», afirmó.
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Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.
La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.
El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.
Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.
La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.
Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.
No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas.
La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.
Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.
En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.
El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.
En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico.
Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.
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