Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.
En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.
Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.
Las PASO2021 en Regina también dejan espacios para las apreciaciones, los pseudo análisis externos (el verdadero análisis lo harán puertas adentro los partidos) y las conjeturas de cafetín, en mi caso de mate y teclado. Partamos de un punto inicial: MUNICIPALES 2019. La intendencia queda a cargo de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) con Marcelo…
La industria registró una suba de 5% interanual en marzo y mostró su primera mejora luego de nueve meses consecutivos de caída. Implicó, además, una recuperación respecto de febrero. La serie desestacionalizada avanzó 3,2% mensual y consolidó una secuencia de rebote en varios sectores clave.
El dato fue celebrado por el Gobierno.
El informe del INDEC mostró un escenario más favorable para ramas vinculadas a alimentos, energía, químicos y automotrices. Alimentos y bebidas crecieron 7,9%, refinación de petróleo subió 13,5%, sustancias y productos químicos avanzaron 15,9% y automotores registró una mejora de 7,6%. También hubo subas importantes en madera, papel e impresión, que treparon 12,8%.
Dentro de los sectores con mejor desempeño aparecieron además algunos números que el oficialismo mira con atención. Los productos químicos básicos crecieron 49,1%, las materias primas plásticas y caucho sintético saltaron 69,1% y el gasoil refinado avanzó 16,8%. En paralelo, el cemento mostró una mejora de 13,6%, un indicador que en Economía asocian a cierta recuperación de actividad vinculada a obra y construcción.
El dato fue rápidamente difundido por funcionarios y economistas cercanos al Gobierno. La lectura oficial sostiene que la industria dejó atrás el peor tramo de la recesión y que algunos sectores empiezan a mostrar un comportamiento más estable.
Pero el dato abrió una discusión en redes sociales. Varias cuentas libertarias difundieron gráficos comparando la evolución de la actividad industrial durante la gestión de Sergio Massa y la actual conducción económica de Luis Caputo. Uno de los posteos más compartidos mostró una serie desestacionalizada del IPI y sostuvo que el desempeño actual es mejor que el registrado durante el último tramo del gobierno anterior.
La publicación generó respuestas inmediatas. Algunos usuarios remarcaron que, aun con la mejora reciente, el nivel de actividad industrial todavía se mantiene por debajo de los peores momentos de 2023. El debate expuso la pelea política alrededor de cómo leer los datos: si el foco debe ponerse en el rebote reciente o en el nivel absoluto de actividad que todavía sigue deprimido en varias ramas fabriles.
La lectura oficial sostiene que la industria dejó atrás el peor tramo de la recesión y que algunos sectores empiezan a mostrar un comportamiento más estable
De hecho, el propio informe del INDEC muestra que la recuperación no es homogénea. Textiles cayó 23,3%. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 8,9%. Maquinaria y equipo bajó 11,3%. La siderurgia perdió 14,7% y los equipos electrónicos y componentes cayeron 16,6%.
Ahí aparece una de las principales diferencias dentro del esquema actual. Las ramas ligadas a energía, refinación, alimentos y química pesada muestran recuperación más rápida. En cambio, los sectores más vinculados al consumo masivo y al mercado interno siguen golpeados.
En sectores industriales reconocen que marzo dejó señales mejores que las observadas durante buena parte de 2025. Pero también admiten que todavía no aparece un rebote generalizado. «Hay actividades que reaccionaron rápido y otras donde la demanda sigue muy planchada», explicó a LPO un empresario metalúrgico. En la UIA siguen de cerca especialmente el comportamiento de textiles, metalurgia y maquinaria, tres sectores que funcionan como termómetro del empleo industrial.
Por otro lado, el Indec informó que la construcción subió
en marzo
12,7% interanual y 4,7% respecto de febrero. En el acumulado del primer trimestre, el sector tuvo una mejora del 3,9% respecto al año pasado.
Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.
En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.
En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.
El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.
El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño
El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.
«El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.
La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
Este fin de semana, entre el sábado 2 y domingo 3 de noviembre, la Liga Municipal de Fútbol Salón en Villa Regina, llevó a cabo la 9º fecha del Torneo Clausura 2019 en el Polideportivo Cumelen, ubicado en Colón 107 de nuestra localidad. Organizado por la Dirección de Deportes, los 20 equipos que conforman el…
El crimen de la adolescente Agostina Vega en Córdoba derivó en cortes de calle, reclamos y pedidos de justicia que tensionó el clima social con fuertes cuestionamientos al sistema institucional provincial que complican desde el ministro de Seguridad de Llaryora, al fiscal que atendió la causa y el jefe de la procuración provincial.
Pero todo se fue a la banquina cuando Raúl Garzón, el fiscal a cargo de la investigación, comenzó a elogiar el trabajo de un perro de policía que fue le que terminó descubriendo el cuerpo de la joven. En ese momento, fue interrumpido por Laura Vilches, ex concejala del FIT que lo increpó: «puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes», dijo.
Para peor, fuentes al tanto de Tribunales confiaron a LPO que el jefe de los fiscales de Córdoba, Carlos Lezcano, está de viaje en República Dominicana. El dato termina de enrollar los vericuetos institucionales que derivan del horroroso crimen.
Es que después de una semana desaparecida, en los rastrillajes que se realizaron este sábado se dio con restos óseos en el extremo sur de la ciudad de Córdoba y ello derivó en el llamado de urgencia a una conferencia de prensa encabezada por el fiscal del caso, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad del gobierno de Llaryora, Juan Pablo Quinteros.
Si hay que entregarle una medalla a alguien es a ese perro de gran capacidad que bajo la superficie llegó con su olfato.
Con varios idas y vueltas, entre la sede del contacto con los medios y el horario en el arrancó la conferencia, después de las 19 el fiscal confirmó el hallazgo y monopolizó la rueda de prensa con un tono imperativo que rápidamente lo convirtió en tendencias en redes sociales atado a una palabra: soberbia.
A su lado, un extrañamente hermético Quinteros acompañó el contacto con los medios y no emitió palabra alguna. Dejando ese rol al fiscal Garzón que descartó cualquier tipo de autocrítica. «No hacemos ningún tipo de autocrítica», dijo Garzón con un visiblemente incómodo Quinteros a su lado y descartó errores en la investigación cuando le preguntaron sobre alguna demora en el allanamiento al domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora. Y sobre quien puede haber un cambio de carátula en la acusación en las próximas horas.
Recordando además que Barrelier era empleado municipal del área de Tránsito en la gestión de Daniel Passerini y había sido pasado de becario a planta hace poco más de diez días.
Puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes.
El tema le pega de lleno al cordobesismo y en el microclima que define esa relación entre el Ejecutivo provincial y el Ministerio Público Fiscal. Desatando, además, preocupaciones por la tensión social que se vive en la zona norte de la capital cordobesa, en inmediaciones de la avenida Circunvalación de donde era oriunda la joven.
Todo este escenario absolutamente complejo para el gobierno provinicial abre una preocupación por el clima social en general; y sobre todo por el futuro político de Quinteros, quien era uno de los anotados en la carrera por la sucesión de Passerini en el Municipio.
Dardos que cayeron sobre el ministro no por la investigación, que corre por cuenta de Garzón, quien quedó en la mira de los legisladores opositores que quieren empujar un jury en la Unicameral; sino porque en el arranque de la desaparición de Agostina el integrante del gabinete llaryorista estuvo pendiente del operativo de Belgrano. Tanto en el partido en el Kempes, como así también con los festejos durante el feriado del 25 de mayo.
A partir de allí, y cuando empezó a crecer en la conversación pública el caso de la adolescente de 14 años hubo hermetismo y silencio en el ministro, que reapareció ya en la jornada del viernes.
El malestar creció en las últimas horas, hay máxima seguridad en las comisarías de zona norte por la presencia de allegados a la familia de Agostina con piedras y quemando cubiertas; también hay máxima custodia en el domicilio de Barrelier en barrio Cofico por temor a un escrache y no se descartan otras movilizaciones como la que hizo la familia de la joven en la tarde del viernes.
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