Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.
En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.
Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.
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La causa que investiga el desvío de más de 60 millones de dólares de ahorristas estafados por el financista Luis Herrera y dos de sus hijos entró en zona de turbulencia desde que la fiscalía trata de cerrar el caso con un juicio abreviado que deja a las puertas de la libertad a los implicados, como adelantó LPO.
El acuerdo que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja deja en libertad condicional a los dos hijos de Herrera con una condena de tres años y cinco años de prisión efectiva para el padre que está pronto a cumplir 70 y obtendría la domiciliaria. La situación generó tal alboroto que este lunes el Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, convocó a los querellantes a una reunión para ponerse al tanto del tema.
Sucede que los querellantes detectaron que el financista resarcirá la estafa millonaria a más de 400 ahorristas con patrimonio ínfimo disponible que se reduce a dos departamentos de menor valor, un Volkswagen Golf modelo 2016 y un Honda TN Acty de 1980. Una de las querellantes calculó el patrimonio que podría quedar afectado a la distribución y no supera los 700 mil dólares, «no llega al 2 por ciento del monto de la estafa», dijo.
Todo surge del borrador del juicio abreviado al cual accedió en exclusiva LPO donde se enumeran todos los bienes y vehículos de los Herreras «cuyo decomiso se requerirá», dice el fiscal Narvaja. Sin embargo, los bienes más valiosos pertenecen a Luis Herrera que se declaró en quiebra «lo que torna dichos bienes jurídicamente indisponibles y priva a la reparación de idoneidad jurídica real», explicó a LPO una de las querellantes.
Luis Herrera
Esto significa que los bienes afectados a la quiebra «no son de Herrera, son de la quiebra», agregó uno de los letrados que representa a uno de los damnificados. Según el abogado, hay jurisprudencia de sobra donde la quiebra tiene preponderancia sobre los bienes por encima de cualquier otro requerimiento judicial.
Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados
«Del listado de bienes surge que más del 95% del universo patrimonial ofrecido corresponde a Luis Alberto Herrera, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcación, acciones societarias, dividendos, fondos bancarios y armamento. Dichos bienes constituyen el núcleo sustancial de la supuesta capacidad reparadora», señaló una abogada al tanto del expediente que habló con este medio y subrayó que «los bienes pertenecientes a Ignacio Luis Herrera y Diego Francisco Herrera se reducen a un número muy acotado de inmuebles, un 50% indiviso en uno de ellos y dos vehículos, configurando un universo patrimonial marginal dentro del esquema propuesto».
Algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
En definitiva, «son dos mangos», ilustró un abogado querellante sobre el patrimonio que deberá repartirse entre los damnificados. Además, algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
Lo cierto es que el tema amenaza con disparar un conflicto judicial de dimensiones: «hacer un abreviado con el caso Herrera es como haber hecho un abreviado con Alvarado (narco) o con la muerte de Kennedy», consideró un funcionario judicial de la provincia en diálogo con LPO.
Es que el caso es asimilable al de Vicentín por la cantidad de estafados y por los montos sospechados de haber sido desviados a cuentas off shore que siguen controlando los Herreras, dicen los ahorristas. De hecho, el abreviado significa que se declaran culpable de los delitos que se los acusa.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
«Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados», dijo uno de los afectados que pidió preservar su nombre.
A su turno, el abogado Mariano Ramos, que representa a algunos ahorristas insistió en diálogo con LPO que «Herrera y sus hijos siguen mintiendo porque hasta hace pocas semanas repetían a sus clientes que la plata estaba y que no la podían traer al país por culpa de la persecución de los fiscales y ahora resulta que se esfumó», dijo.
Lo cierto es que los damnificados dijeron a LPO que «la familia Herrera sigue viviendo a lo grande. Nadie sabe de qué trabajan los otros hijos pero tienen gastos millonarios en tarjetas de crédito. Aca en Rosario podés estafar a medio mundo y después andar como si nada por Alberdi», dijo a LPO un ahorrista indignado.
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