Se remodelará el CDI de barrio El Sauce

 

Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?

Por Alcides Blanco para NLI

La velocidad de un prejuicio

Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.

El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.

Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.

Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían

Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.

Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.

Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.

En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.

Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras

Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.

No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.

Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.

Europa y el espejo que prefiere no mirar

Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.

Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.

No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.

Estados Unidos y una memoria demasiado corta

Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.

La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.

Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.

Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación

Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.

Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.

Mucho más que un algoritmo

Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.

La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.

Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.

Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.

 

 

El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.