Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.
En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.
Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.
El ministro Toto Caputo salió a mostrar que el Gobierno tiene cubiertos los próximos vencimientos de deuda, pero dejó una frase que abrió otra discusión. El ministro reconoció que el swap con Estados Unidos de USD 20 mil millones está supuestamente disponible, aunque no puede usarse de manera automática, ni ingresa en las reservas. Si la Argentina necesitara activarlo otra vez, habría que volver a negociar con Washington.
La definición apareció durante la conferencia de prensa en la que Caputo presentó el programa financiero del Gobierno. La puesta en escena buscó transmitir calma. Pero la explicación sobre el swap dejó una zona gris.
«El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente», dijo Caputo. La frase fue el dato político de la conferencia. Confirmó que la línea existe, pero también reconoció que su uso depende de una nueva conversación con el Tesoro norteamericano.
Después completó: «hay como una especie de creencia que porque el año que viene es un año electoral, algo va a pasar. Nosotros, si bien nos preparamos para eso, no es el escenario base. De vuelta, nuestro trabajo es prepararnos para el peor escenario, y así lo hacemos».
Lo concreto es que para el mercado, el respaldo del Tesoro de Estados Unidos funcionaba como un prestamista de última instancia, comprometido a volcar la cantidad de dólares que sean necesarios para contener una corrida cambiaria, figura que se diluyó con las declaraciones del ministro.
El swap con Estados Unidos está disponible. Si se requiriera, por supuesto tendríamos que ir a, tendríamos que charlarlo nuevamente.
Caputo intentó desactivar la idea de que el año electoral pueda derivar en una crisis cambiaria o financiera. Pero al mismo tiempo reconoció que el Gobierno trabaja con un plan de emergencia. «Si uno mira las herramientas que vamos a tener el año que viene, son muchísimo más grandes y más amplias de las que tuvimos en el 2025», aseguró.
El ministro también ató la calma financiera a los fundamentos de la economía. «Pero la realidad es que creemos que estas reacciones obedecen también a los fundamentos económicos, o sea, no son casuales», afirmó. Luego agregó: «Y la economía va a seguir mejorando, la inflación va a seguir bajando, la economía va a seguir recuperando, y el escenario político se va a ir clarificando».
«Entonces, en ese escenario, la verdad, no creería que algo de eso va a pasar. Pero como dije, nos preparamos para que si eventualmente pase, no sea un, pues pasara, no sea un problema para los argentinos», cerró Caputo. La frase dejó expuesta la tensión del mensaje oficial. No espera una crisis, pero prepara un dique.
Lo cierto es que el swap con Estados Unidos nunca funcionó como una transferencia directa de dólares a las reservas. Al momento de la firma, no sumó un solo dólar a las brutas ni a las netas del Banco Central. Quedó asentado apenas como una «línea de liquidez vigente contractualmente» dentro de las notas marginales de los estados contables del BCRA.
El Tesoro de Estados Unidos también aclaró desde el inicio que no estaba transfiriendo dinero a la Argentina. Lo que habilitaba era un cupo disponible. Es decir, una línea que podía ser usada bajo determinadas condiciones. El Gobierno la presentó como un respaldo de gran volumen, pero en los papeles no engrosó la caja del Banco Central.
La operación también tuvo otra cara. Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, la calificó públicamente como un negocio sumamente rentable para Estados Unidos. La describió como un «home run deal», un éxito total. No habló como un funcionario que había hecho asistencia financiera clásica. Habló como alguien que había cerrado una operación ganadora.
La estrategia que ejecutó el Tesoro de Estados Unidos mezcló auxilio geopolítico a Javier Milei con una jugada de mercado muy conocida en el mundo de los fondos de cobertura. Bessent viene de ese universo. Y la mecánica tuvo el ritmo de una apuesta financiera: entrar cuando el activo está castigado, cobrar tasa y salir cuando el precio mejora.
El primer movimiento fue comprar pesos baratos. Durante la corrida cambiaria previa a las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Tesoro norteamericano volcó dólares del tramo activado, unos 2.500 millones, para comprar pesos argentinos en plena devaluación. Esa intervención ayudó a frenar la escalada del dólar libre y le dio aire político al Gobierno en un momento crítico.
El segundo movimiento fue hacer tasa. Los pesos adquiridos por Estados Unidos no quedaron quietos. Fueron colocados de inmediato en instrumentos financieros remunerados del propio Banco Central, con tasas muy elevadas, cercanas al 4 por ciento mensual en ese momento. Según balances oficiales posteriores del BCRA, la Argentina terminó pagándole al Tesoro norteamericano más de 17 millones de dólares netos sólo en concepto de intereses por el trimestre que duró la operación.
El tercer movimiento fue la salida con ganancia. En enero de 2026, ya con el mercado cambiario estabilizado después de las elecciones, el Gobierno argentino recompró la totalidad de esos pesos y le devolvió los dólares a Washington. Estados Unidos se desprendió de los pesos a un valor conveniente y cerró su posición con decenas de millones de dólares en ganancias líquidas.
El resultado fue nítido. Washington no se quedó con un solo peso argentino en su cartera. Cobró intereses. Recuperó los dólares. Y además obtuvo una ganancia financiera sobre la operación. Para Estados Unidos fue una jugada redonda. Para la Argentina, fue una asistencia con un costo significativo.
Entidades de magistrados y foros de jueces se manifestaron críticamente contra el rechazo del gobierno de Maximiliano Pullaro de cuestionar a una jueza de Menores de Rosario que, hace una semana, anuló un allanamiento porque la policía lo hizo sin solicitar una orden judicial. El gobierno por su parte defendió el procedimiento y cuestiona la decisión de la magistrada como una acción institucional poco sensible a las expectativas de la población frente al delito. «Ponemos el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones», dice uno de los principales colaboradores del gobernador.
Las críticas llegaron en avalancha luego de que la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. La portavoz del Poder Ejecutivo fue con todo contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena que invalidó un procedimiento en el que se capturó a un menor de edad acusado de balear un domicilio al que apresaron a doce horas del hecho alegando flagrancia. La jueza dijo que era inaceptable transcurrido tanto tiempo y sin urgencia que no se hubiera solicitado una orden de allanamiento a un juez para eso.
«Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Esto motivó una declaración formal del Colegio de Magistrados de Rosario. Pero lo más fuerte fue lo que magistrados de todo el país señalaron en sus redes al comentar el tema.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Fe manifestó, en un comunicado, «su desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial». En el texto indican desde la institución que las discrepancias deben canalizarse «por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes». Y remarca que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones que afectan a fibras sensibles de nuestra sociedad».
El contenido del comunicado enojó a distintos jueces de Rosario que hablaron con LPO por encontrarlo excesivamente moderado frente a una afrenta que consideran reiterada desde el gobierno santafesino. «Lo del Colegio de Jueces es patético y pusilánime», dijo uno de los magistrados que habló con este medio.
Lo que indica un grupo de jueces molestos con este contenido es que la posibilidad de ejercer la independencia no se hace desde los fallos, sino sosteniendo las resoluciones en la acción política, con manifestaciones que deben ser más contundentes y con funcionarios judiciales que defiendan su autonomía y su criterio en el campo público del mismo modo en que lo hacen desde funcionarios del Ejecutivo.
Desde esta vereda, los jueces manifiestan que efectivamente hay una sumisión de magistrados que se nota en resoluciones judiciales afines a las expectativas del gobierno, aún cuando se piden medidas que no cuentan con los estándares necesarias para avalarlas, sobre todo en procedimientos que implican detenciones, ejecuciones de condenas previstas por la ley y allanamientos. Aducen que hacer algo en contra de lo esperado por el gobierno implica escraches públicos. Como le pasó, dicen, a Aguirre Guarrochena.
Mientras el gobernador @maxipullaro invierte en tecnología, fortalece a la Policía y da más herramientas para combatir el crimen, siguen existiendo miradas garantistas que parecen más preocupadas por proteger a los delincuentes que por acompañar a las víctimas. pic.twitter.com/remuRaQkMY
El gobierno provincial se juega fuerte por estos temas convencido de que tiene en este punto, el control del delito, por un lado el reaseguro de su plan contra la violencia que durante once años tuvo en Rosario, la mayor ciudad santafesina, la tasa más alta de delitos de alta lesividad como homicidios y balaceras. Durante la gestión de Pullaro los delitos de sangre bajaron el primer año un 65% y se mantuvo durante el segundo año de su mandato con las cifras más bajas desde 2010.
«Como gobierno desde el inicio de la gestión impulsamos reformas que creemos que ponen en el centro al ciudadano, sus necesidades y sus intereses», le dijo a LPO un funcionario del círculo más próximo a Pullaro. «En esas reformas se han generado algunas incomodidades de sectores que preferían y se sentían a gusto con las viejas formas. Pero ya vimos a dónde nos dejaron, en una sociedad indefensa ante el avance del delito y las organizaciones criminales. Ponemos el interés general de los santafesinos por encima de las corporaciones», resumió.
Lo que entiende el gobierno es que los fallos judiciales no deben darles a los delincuentes la idea de que tienen en la Justicia una trinchera donde encuentren amparo. Y promueve una política de persecución que replica el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) de manera alineada donde el actor fundamental contra la criminalidad sea la policía que el Ministerio de Seguridad desde el Ejecutivo maneja de manera directa.
También recuerdan que la ola de delitos que azotó a Rosario y recrudeció a partir de 2013 se dio frente a una pasividad de la Justicia Penal de Rosario, tanto la ordinaria como la federal, que tenía a los mayores referentes de la criminalidad en sus expedientes pero sin realizar conexión de causas. El Poder Judicial se justifica atribuyendo en gran medida a la vigencia por entonces del viejo sistema escrito de juicio y a la falta de fiscalías especializadas que, desde que rige el acusatorio en 2014 en Santa Fe, trabajan ahora con pautas para vincular grupos delictivos tanto por sus hechos como por sus áreas geográficas de influencia. Un argumento poco convincente para absolver al sistema judicial y a sus funcionarios de entonces.
Lo que hizo la jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue marcarle un control a esa policía que allanó cuando a su criterio no existía urgencia, ya que habían pasado 12 horas, sin pedir orden a un juez. Por eso la reacción cuando en el caso habían detenido a un menor de edad acusado de disparar contra una vivienda que recibió ocho balazos.
Los jueces replican -de manera masiva pero solo en off- que Pullaro demuestra un afán de imponer favoritos en la Justicia con la finalidad de que produzcan resoluciones afines a su política criminal y de otro tipo. Enumeran que eliminó los puntajes en los concursos de magistrados para acabar con el orden de mérito que pemita discrecionalidad en las selecciones. Que criticaron con dureza a jueces provinciales que mandaron a la Justicia Federal casos de droga con criterios distintos. Y que el gobierno, con aval legislativo, nombró ministros de la Corte Suprema afines sin disponer de las vacantes de quienes aún están en funciones y procura reemplazar.
El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, «encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial».
«Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos», dice Morabito.
Magistrados de distintos distritos estuvieron activos sobre este asunto en los chats en la idea de que la defensa de la independencia del Poder Judicial abarca intereses de juezas y jueces de todo el país. «Tratan a la Justicia como oposición, hasta con ínfulas propias de los torpes», dice uno de ellos en un chat nacional de jueces y académicos de Derecho. Asimismo el caso fue abordado por la red de Profesores de Derecho Penal, después de que se viralizó el audio donde Coudannes cuestiona a la jueza de Rosario e invita que se lleva a la casa al chico beneficiado con la anulación del allanamiento.
Un magistrado de Tucumán dijo por ejemplo: «Como decía Chiappini en uno de sus libros: la ignorancia suele ser insolente», en alusión a un doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Penal de Rosario.
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana viernes 31 de diciembre y hasta el domingo 2 de enero no funcionará la balsa en la Isla 58. El servicio se restablecerá el lunes 3 de enero en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20. Difunde esta nota
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