Con el objetivo de brindar un espacio de atención integral, contención y estimulación acorde a las necesidades de los niños que asisten al lugar, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de barrio El Sauce se remodelará prácticamente en su totalidad. Esto será posible a partir de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Villa Regina que permitió hace un tiempo la firma del convenio en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
El miércoles, el Intendente Marcelo Orazi, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres, participó de una reunión virtual con el Subsecretario de Primera Infancia del gobierno nacional Nicolás Falcone, la titular de la Secretaría la Niñez, Adolescencia y Familia provincial Roxana Méndez y parte del equipo técnico.
En la oportunidad, se le transmitió al Intendente la confirmación de la aprobación de Nación del expediente para la remodelación del CDI de barrio El Sauce, cuyo edificio presenta un importante deterioro. Además, el Plan mencionado incluye la refacción de los otros dos CDI ubicados en los barrios 25 de Mayo y Matadero, y la construcción de uno nuevo.
Orazi expresó a las autoridades nacionales su agradecimiento por “la mirada federal del gobierno” y a las referentes provinciales por el acompañamiento en las gestiones.
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Una fuerte tensión se desató entre dos municipios vecinos de la provincia. El intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, acusó a su par de Azul, el camporista Nelson Sombra por el «traslado compulsivo e irregular» de personas en grado de extrema vulnerabilidad social y económica.
Concretamente, el tandilense denunció que 11 personas de un mismo grupo familiar fueron transportadas en un vehículo municipal de Azul «y abandonadas en una estación de trenes en desuso» de Tandil «con el evidente propósito de transferir de manera fáctica y desarticulada la asistencia integral de los mismos a este municipio».
En una dura carta, Lunghi intimó a Sombra a reparar la situación denunciada en el plazo de 48 horas, con el regreso a Azul de la familia en cuestión y resarciendo económicamente al municipio de Tandil por los gastos destinados a atender a estas personas.
«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra
«Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.
Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.
«Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.
Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.
«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.
Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad
Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.
También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».
En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».
Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».
Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.
Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».
Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.
El mercado empezó a marcar una diferencia cada vez más pronunciada entre la capacidad de pago del gobierno de Javier Milei y la situación que podría enfrentar la próxima administración. Mientras el riesgo de default permanece contenido en el corto plazo, las probabilidades implícitas en los seguros contra incumplimiento aumentaron con fuerza para los vencimientos posteriores a 2027.
La señal aparece en la curva de Credit Default Swaps (CDS), los contratos que funcionan como seguros frente a un incumplimiento de la deuda soberana. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante agosto prácticamente no cambió la percepción sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos inmediatos, pero sí empeoró sensiblemente la evaluación de los plazos más largos.
La probabilidad acumulada de default a un año aumentó apenas 30 puntos básicos desde comienzos de mes y se ubica en torno al 2,8%. El movimiento es reducido y muestra que los inversores todavía asignan una elevada probabilidad de pago a las obligaciones más próximas.
El panorama cambia por completo cuando la curva se extiende más allá del mandato de Milei. De acuerdo con PPI, las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos desde comienzos de agosto, respectivamente.
Así, el mercado asigna actualmente una probabilidad de default del 30,3% en el horizonte de cuatro años y del 61,5% cuando se extiende el análisis hasta diez años. La brecha con el riesgo a un año es enorme y revela que el principal interrogante de los inversores dejó de estar concentrado en la disponibilidad inmediata de dólares.
«El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento», explicó un operador consultado por LPO.
La lectura coincide con el diagnóstico de PPI. Para la sociedad de Bolsa, el deterioro de las últimas semanas «se concentró principalmente en horizontes más largos», donde aparece una incertidumbre creciente respecto de la posibilidad de sostener la historia crediticia argentina en el tiempo.
El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento
El movimiento resulta particularmente relevante porque se produce mientras buena parte de la curva soberana volvió a operar con rendimientos de dos dígitos. La corrección de los bonos argentinos durante las últimas semanas volvió a dejar precios que, según PPI, empiezan a mostrar una relación algo más equilibrada entre riesgo y retorno.
La firma considera que los bonos podrían estar cerca de una pausa en la caída e incluso ensayar algún rebote. Sin embargo, todavía no aparece un catalizador suficientemente fuerte para sostener una recuperación más contundente.
En el mercado siguen con atención los indicadores políticos y económicos que puedan modificar ese escenario. Uno de ellos será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, después del deterioro que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. En sentido contrario, una continuidad de buenos datos de actividad y comercio exterior podría aliviar parcialmente la presión vendedora.
Otro factor detrás de la debilidad reciente de los bonos fue el comportamiento de los inversores argentinos. Al cierre del primer trimestre, los residentes concentraban el 23,7% de la deuda soberana bajo legislación de Nueva York, una participación significativa dentro del mercado de Globales.
PPI estima que ese porcentaje podría haberse reducido durante el segundo trimestre, producto del desarme de posiciones locales. Esa salida ayuda a explicar parte de la presión que enfrentaron los títulos en las últimas semanas y agrega otro elemento de cautela sobre la dinámica de corto plazo.
Para el operador consultado por LPO, la pendiente de la curva de CDS también refleja un problema que excede a Milei. «Para bajar de manera permanente el riesgo país no alcanza con demostrar que hay dólares para pagar durante uno o dos años. El mercado necesita creer que el programa es sostenible políticamente y que puede sobrevivir a un cambio de gobierno. Hoy esa confianza todavía no está», afirmó.
El resultado es una paradoja para el Gobierno: el mercado parece reconocer una capacidad de pago relativamente sólida durante el horizonte inmediato, pero todavía no convalida que esa estabilidad pueda extenderse mucho más allá del actual mandato. El propio informe de PPI resume esa cautela al advertir que el camino hacia 2027 todavía será «largo» y probablemente «sinuoso».
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