Se remodelará el CDI de barrio El Sauce

 

El fuerte incremento de la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo soberano de la Anses, en las principales empresas argentinas abrió preguntas en el mercado, que se preguntan los motivos de este giro «estatizador» del gobierno libertario. Sobre todo porque ocurre en medio del rally financiero, la remonetización que impulsa Luis Caputo y la necesidad oficial de conseguir más crédito sin volver a emitir pesos. 

Los datos surgieron de las presentaciones que las empresas hicieron ante la SEC en Estados Unidos y fueron revelados por la periodista Florencia Donovan en La Nación. Galicia informó que la participación estatal en el grupo pasó de 16,8% a 22,5%. En Loma Negra de Mindlin saltó de 5,33% a 9,2%. En TGS avanzó de 24% a 25,33%. En Banco Macro pasó de 28,8% a 29,75%. En Byma trepó de 3,34% a 8%. Y en YPF la tenencia de acciones subió de 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado.

Detrás de esos números aparece un dato relevante. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 el FGS realizó compras de acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentraron en YPF. Otro 27% fue a Galicia. El resto se repartió entre once compañías. 

La trampa del dólar estable consolida una economía dual

El cuadro que publicó la consultora 1816 muestra la magnitud de las tenencias. Galicia representa hoy USD 1.507 millones valorizados al CCL dentro del FGS. Banco Macro otros USD 1.415 millones. YPF USD 1.362 millones. TGS USD 1.206 millones y Pampa Energía USD 1.048 millones. El FGS concentra así una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Justamente los sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.

El FGS concentra una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.

En algunas mesas lo leen como una señal alcista para las acciones argentinas. Interpretan que el FGS está aprovechando precios todavía bajos para acumular equity en sectores estratégicos. «Cuando un jugador de este tamaño compra, manda una señal», resumió un operador bursátil. 

La movida se produce en medio de las tensiones entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el manejo de la Anses, que reveló LPO.

Pero al mismo tiempo apareció una inquietud política. Varias empresas buscan recomprar parte de esas tenencias porque temen que, ante una eventual derrota de Milei en el 2027 y el regreso del peronismo, el Estado vuelva a ganar influencia dentro de los directorios.

La explicación que circula afuera tiene otra profundidad. Fuentes financieras de Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares, sobre todo en minería, energía y utilities. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida prácticamente definida de antemano. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.

Caputo quiere mover los fondos de la Anses y crece la tensión con Pettovello

Ahí aparece el concepto de «exit strategy». Financieramente implica una acumulación contracíclica con salida predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En otras palabras, afuera ya hablan de promesas o pactos futuros sobre determinados activos argentinos. Como si el Estado estuviera juntando fichas antes de abrir la puerta de salida.

Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.

En Buenos Aires la versión es distinta. «Es espalda financiera para sostener la remonetización y expandir préstamos», dijo a LPO una fuente con acceso a despachos oficiales. El Gobierno necesita más pesos circulando sin volver a disparar la emisión y el FGS aparece como una caja capaz de empujar crédito y liquidez desde abajo.

El propio informe estadístico del FGS muestra otro movimiento interesante. El fondo pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026. El incremento fue de 6,1% trimestral. Pero quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que rondó 9,4%. 

Aun así, medido en dólares el panorama cambia. Según el informe oficial, si el stock en pesos, que representa el 83% de la cartera, se convirtiera al tipo de cambio oficial, el FGS equivaldría a USD 76.356 millones. Eso implicaría una suba de 9,7% en moneda dura. El fenómeno explica parte del entusiasmo oficial con la valorización financiera de la cartera.

La composición también se movió. Los títulos públicos nacionales siguen representando cerca del 77% del total del fondo, pero en acciones el FGS aumentó peso en energéticas y redujo participación relativa en servicios financieros respecto de 2024. Las principales posiciones incluyen Ternium, Banco Macro, Transener, Pampa, Galicia e YPF.

La consultora Delphos Investment calculó que el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino. Tiene participaciones en más de 40 compañías y posiciones especialmente fuertes en bancos, energía y utilities. También señaló que el 75,6% de los activos sigue invertido en títulos públicos del Tesoro y que la valorización reciente estuvo impulsada por el rally de bonos soberanos.

En paralelo, en las mesas financieras circula otra hipótesis: que el FGS use parte de la valorización de acciones para rotar hacia ON corporativas hard dollar. Ahí aparece otro arbitraje posible. Vender equity caro para comprar deuda privada con rendimientos del 7% al 9% en dólares y riesgo percibido menor al soberano argentino.

Van a usar el FGS para darle bid al mercado.

El comentario que más se escucha ni siquiera es técnico. «Van a usar el FGS para darle bid al mercado», dijo otro de los operadores consultados. Otros hablan de convertirlo en un comprador estructural de obligaciones negociables. La jugada ayudaría a financiar empresas, profundizar el mercado de capitales y evitar emisión monetaria directa.

La lista de compañías donde ese esquema podría apoyarse coincide casi perfectamente con las empresas donde la Anses ya tiene presencia relevante: Galicia, Supervielle, BBVA, Pampa, TGS, Edenor, Transener y otras firmas energéticas. El propio FGS ya tiene antecedentes de inversión en ON, fideicomisos, deuda privada y fondos corporativos.

Lo concreto es que Milei, que se construyó cuestionando la intervención estatal y el uso político de los fondos públicos; busca dólares, crédito y liquidez,  parece utilizar al FGS como una pieza central de ese armado. Un actor que compra, sostiene precios y aumenta su participación en las empresas mientras el mercado mira la pantalla esperando descubrir cuál es, en realidad, el plan de salida.

 

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A pocos meses de asumir la conducción de YPF, la administración libertaria  anunció el Proyecto Andes – Oportunidad de inversión en gas y petróleo convencional. Se trata de uno de los pilares de una estrategia más amplia denominada Plan 4×4, que propone cuadruplicar el valor de la empresa en un periodo de 4 años y alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2031. Así, la nueva gestión anunció lo que sería el inicio de un proceso de profundas transformaciones hacia adentro de la empresa energética de bandera nacional, sin preguntarse a qué costo o  qué implicancias tiene esta gran estrategia para los territorios que viven por y para el petróleo. Esos efectos están empezando a verse ahora. 

La columna vertebral del plan es maximizar los recursos financieros  destinados a exploración y extracción de hidrocarburos, y concentrarlos en los yacimientos más productivos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. El plan de racionalización y optimización de sus activos (Proyecto Andes) representa el primer paso; es decir, el abandono masivo de campos “maduros” de baja productividad ubicados en la región patagónica y Mendoza. El principal argumento de la empresa para llevar calma a los territorios afectados era que operadoras más pequeñas iban a apostar a nuevas tecnologías y ser más eficientes en procesos (con menor intensidad de mano de obra), para alcanzar niveles de productividad y rentabilidad acordes.

Este cambio abrupto dentro del sector petrolero tuvo una baja repercusión mediática. Sin embargo, para la zona de la Cuenca del Golfo San Jorge – que se extiende sobre 70.000 kilómetros cuadrados entre el sur de  Chubut y el norte de Santa Cruz – fue como un baldazo de agua fría, en invierno. Nadie intuía que del día a la noche le estuvieran poniendo la tapa al cajón de la que fuera durante más de cien años la principal cuenca petrolífera del país y la segunda cuenca convencional más importante en la actualidad.

Este territorio semidesértico se caracteriza por un clima árido y ventoso, lo cual históricamente ha representado una barrera para el arraigo de las personas que migraron a estas  zonas, atraídas por las oportunidades laborales en torno a la actividad hidrocarburífera. 

El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF  recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa.

A pesar de ser una de las zonas con menor densidad poblacional del país, en este amplio territorio habitan aproximadamente 375.764 habitantes. Cerca del 90% de la población se concentra en los dos principales aglomerados urbanos: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut (57%) y  Caleta Olivia, Santa Cruz (33%). En estas ciudades, que están a menos de 70 kilómetros de distancia entre sí, se localizan los principales parques industriales y el entramado de empresas del sector hidrocarburífero. Son ciudades que viven por, para y del petróleo.  

El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF  recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa. Aquella vez no sólo se entregaron capacidades estatales estratégicas para regular, gestionar y planificar la explotación del principal recurso energético a manos extranjeras (de los pocos casos en el mundo); también se le quitó cualquier tipo de condicionamiento sobre los planes de acción de los nuevos propietarios o previsión sobre las consecuencias del impacto económico y social. 

La reestructuración interna de la empresa significó en aquellos años la pérdida de miles de puestos de trabajo y un fuerte deterioro de la economía local en Comodoro Rivadavia, al igual que otras ciudades de la cuenca. La transformación del sector en dicho momento también se llevó gran parte de la identidad ypfeana, el conjunto de símbolos y valores que unían a los empleados de la empresa estatal y los distinguía. Tal como sostiene un informe reciente de FUNDAR, esto se explica en buena medida porque YPF además de empleo estable y bien remunerado, ofrecía a las “familias ypfeanas” protección social, servicios y un fuerte sentido de identidad compartida. 

Mosconi, Repsol, y la recuperación

El descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907 en la ciudad Comodoro Rivadavia marcó un quiebre significativo para este territorio, así como también para la historia política y económica del país. Argentina era el segundo país de América del Sur en superficie y dependía casi enteramente del combustible importado.

La futura “capital nacional del petróleo” también sería testigo de la creación de la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), luego de arduas disputas entre legisladores y funcionarios del Estado que propugnaban por una política nacionalista y aquellos (en gran parte de las provincias) que apoyaban el desarrollo de la industria en manos de capitales privados y extranjeros. 

Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se impulsó una política petrolera extremadamente agresiva, restringiendo la operación de las compañías petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, se delegó el mando de la compañía al coronel Enrique Mosconi, consagrado oficial que consideraba que el desarrollo de la industria petrolera estatal era un asunto que merecía la más alta prioridad nacional. El coronel Mosconi implementó un ambicioso plan para incrementar la producción de la empresa estatal, hacerla crecer aguas abajo, a partir de la compra de las estaciones de servicios, la construcción de refinerías, y la mejora en las condiciones de vida de los obreros petroleros en el territorio. Además, Mosconi sentó las bases para convertir YPF en un símbolo, al transmitir tanto a los empleados de la empresa, como al conjunto de la sociedad y diferentes países de la región, la importancia de una empresa petrolera estatal para alcanzar la soberanía energética y el desarrollo nacional. 

La empresa supliría la presencia del Estado, que cubría pocas demandas en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la identidad ypefiana también actuaba como un factor de diferenciación social importante, respecto del resto de los comodorenses (no-ypefeanos) que no gozaban de esa vasta red de instituciones prestadoras de beneficios sociales que sostenía la petrolera estatal. 

Hasta fines de la década de 1980, la explotación petrolera en el país se expandió impulsada principalmente por la empresa nacional, como parte de una política estatal de autoabastecimiento del mercado interno y desarrollo de las economías regionales. En este marco, la estructura productiva de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la Cuenca del Golfo San Jorge (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras) se conformaron con un papel muy específico: proveedor de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo industrial de los grandes centros urbanos del país. En Comodoro Rivadavia se gestó un denso entramado de empresas industriales, principalmente metalmecánicas, vinculadas al sector hidrocarburífero, el ferroviario y portuario. 

Las necesidades de la industria favorecieron el  desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y de origen confesional), que luego se fusionaría con la Universidad Nacional de la Patagonia (de carácter nacional y estatal) en 1980. Esta se orientó a la formación y capacitación de los recursos humanos demandados, como geólogos, biólogos e ingenieros. A su vez, se fue equipando y creando laboratorios para la provisión de servicios específicos para la industria. En este sentido, la historia de YPF, estuvo fuertemente asociada a ideales de autodeterminación e industrialización y sirvió de ejemplo para el modelo que adoptaron otras petroleras estatales en Sudamérica. 

La privatización de los 90 generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Cabe recordar que aquellos territorios petroleros serían la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.

Tras la privatización de YPF en los 90 menemistas, la empresa dejó de ser un actor central en la organización y planificación del desarrollo económico y social del territorio. Redujo sus capacidades técnicas y productivas a la mínima expresión, y su mandato se limitó a la coordinación de la producción petrolífera y las decisiones de inversión, con la premisa de maximizar la rentabilidad de corto plazo (en función de los intereses de los accionistas).  Contrariamente, a través de contratos de explotación y de servicios creció la participación de empresas nacionales e internacionales en la explotación de los yacimientos mayoritariamente descubiertos por la inversión estatal.  Emergieron nuevas empresas operadoras: concesionarias de los yacimientos, siendo su actividad núcleo la extracción de petróleo. Estas empresas, con la capacidad técnica para desarrollar los proyectos y actividades de explotación, eran mayormente empresas petroleras internacionalizadas (con control total o parcial de capitales extranjeros) y pasaron a regular el ritmo de explotación petrolera en la cuenca en función de variables de mercado (principalmente, el precio del barril de petróleo). Al mismo tiempo, aplicaron mecanismos de governance a la relación con los proveedores locales, bajo la lógica de una cadena de valor de tipo cautiva. Es decir, relaciones asimétricas entre pequeños y medianos proveedores con unos pocos compradores que detentaban gran poder para establecer las condiciones contractuales (tarifas, tareas, responsabilidades, etc.) y trasladar los riesgos económicos. 

Esta transformación estructural dentro de la cadena de valor generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Es bueno recordar también, que los territorios petroleros (destacándose la Cuenca Neuquina) serán la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.

Históricamente la cuenca se ha concentrado en las actividades de exploración y explotación (extracción y primer tratamiento) de petróleo y gas, que representan el primer anillo dentro de la cadena de valor del petróleo y gas, denominado Upstream. El siguiente anillo, Midstream, es el almacenamiento y transporte del petróleo como el gas extraído (por buques o gasoductos, respectivamente) hacia Buenos Aires o mercados de exportación. El último anillo es el Downstream, que corresponde a la refinación, comercialización y distribución de distintos productos finales, como naftas, gasoil, entre otros. 

La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. . Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador, es decir, los eslabones de mayor valor agregado se completan por fuera de la región, lo que la configura como un enclave energético y limita su articulación productiva interna.  

En este sentido, a pesar de haber sido la principal cuenca productora de petróleo del país por más de 100 años, YPF no asentó allí destilerías como en otras localidades (Neuquén, Salta y Mendoza ), aún con niveles de producción significativamente menores. 

La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador.

Ante la sostenida inacción de Repsol-YPF en términos de inversión y producción, en mayo de 2012 el Gobierno Nacional tomó la decisión, retomando el espíritu de Mosconi, de impulsar la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, y expropiar el 51% del paquete accionario de la empresa Repsol. A partir de ese momento, el desarrollo masivo de los recursos no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de energía pasó a ser prácticamente una política de Estado para las sucesivas administraciones nacionales. Luego de la sanción de la Ley Nº 27.007, de fines de 2014, que regula las formas de operar los hidrocarburos no convencionales, YPF comenzó a buscar asociaciones con grandes firmas nacionales e internacionales (Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Dow Chemical, Petronas, entre otras) para adquirir más rápidamente las tecnologías necesarias, disminuir los plazos de aprendizaje y conseguir el capital del que no disponía el país. 

En una primera etapa, YPF se enfocó en los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta y Los Molles) y los del Golfo San Jorge (D-129 y Aguada Bandera), en donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura instalada permitirían acelerar la puesta de la producción en el mercado. Sin embargo, con menores niveles de reservas potenciales y luego de algunas pruebas piloto fallidas, la Cuenca del GSJ perdería centralidad a medida que Vaca Muerta se transformaba en la promesa de la salvación nacional.   

Crónica de una crisis anunciada

Las nuevas operadoras, aquellas que suceden a YPF en la cuenca del Golfo San Jorge, mantienen cierto hermetismo sobre sus planes de inversión y producción, y hasta el momento sólo han avanzado en un proceso de restructuración de contratos con los distintos anillos de proveedores, integrados por prestadoras de servicios internacionales, grandes empresas nacionales y un gran número de PYMES locales. 

Entre las empresas locales resuena la consigna de que hay que tratar de reducir costos como sea, porque la capacidad financiera de las operadoras es significativamente menor que la de YPF. Sin embargo, todos son conscientes de que el boom productivo que atraviesa la Cuenca Neuquina, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, es el espejo invertido de lo que sucede en la Cuenca del Golfo San Jorge. 

Según el estudio de FUNDAR, el auge productivo y de inversión sin precedentes que experimenta la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y la crisis estructural de desinversión y pérdida de empleo que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) “son las dos caras de una misma moneda: un proceso de reasignación de capital y reconversión productiva que está redibujando el mapa socioeconómico de la Patagonia, con ganadores y perdedores claramente definidos”. 

La magnitud de la transformación sectorial se verifica a través del aumento en la participación de los recursos no convencionales que se extraen en Vaca Muerta. En 2017, los recursos no convencionales representaban el 9% de la producción de petróleo y el 24% de la de gas natural; para los primeros nueve meses de 2025, su participación se había elevado al 61% y 64%, respectivamente. Tal como sostienen los autores del reciente estudio, “si bien la caída porcentual más pronunciada corresponde a la cuenca Noroeste, es la reducción del Golfo San Jorge la que representa el mayor impacto en términos absolutos, dado su rol como segunda cuenca más importante del país”. 

Las reservas de Vaca Muerta posicionan al país como un player global y, sin dudas, tiene el potencial para contribuir al autoabastecimiento energético y la generación de un flujo de miles de millones de divisas genuinas que contribuyan a relajar la tan mentada restricción externa (aunque el gobierno liberal no comulgue con este concepto). Sin embargo, la forma de aprovechar esta ventana de oportunidad en el marco de la transición energética no es trivial, más aún sí queremos impulsar un bloque de desarrollo, con capacidad para generar una transformación estructural de la economía nacional. En términos del desarrollo económico, el riesgo pasa por quedar estancados en la producción de un bien commodity de tipo enclave, mientras contribuimos al desarrollo económico de otros países, que dispondrán de un insumo estratégico a bajo costo para ser competitivos en actividades de mayor agregado de valor.

La decisión de reorganizar de forma drástica el Upstream petrolero siguiendo exclusivamente metas financieras y señales de precios (o “de mercado”), puede ser contraproducente. En este sentido, la necesidad de generar recursos líquidos para maximizar las inversiones en Vaca Muerta condujo a YPF a desprenderse de yacimientos convencionales históricamente productivos, e incluso de otras unidades de negocios muy redituables como, por ejemplo, la venta de su participación accionaria en Profertil en diciembre de 2025. Esta empresa es de los productores de urea y amoníaco más eficientes del mundo, y cubre cerca del 60% del consumo de urea de Argentina. Un activo estratégico para un país productor de alimentos y, más aún, en un contexto global en el que la guerra disparó el precio de los fertilizantes a la par que generó restricciones de suministro. 

La retirada de YPF de la Cuenca del GSJ fue acompañada por otras operadoras, como Tecpetrol (de Techint), que también habían empezado a redireccionar sus inversiones hacia Vaca Muerta unos años atrás. El panorama de una fuerte contracción del mercado local a corto plazo, desencadenó un efecto dominó sobre el resto de la cadena de valor local. 

Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales.

Las  empresas  que  componen  el  primer  anillo  de  proveedores,  mayoritariamente  de  capital extranjero, fueron de las primeras que impulsaron retiros voluntarios masivos, achicando drásticamente su nómina de empleados o, directamente, levantaron campamento (para concentrarse en Vaca Muerta). Estas empresas brindan servicios específicos fundamentalmente de perforación y puesta en producción de  pozos a  las  empresas  operadoras, como: perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, terminación, work over (intervención de pozos para repararlos o aumentar su producción), pulling (operaciones en el fondo del pozo) y mantenimiento. La retirada de estas compañías no sólo implica la pérdida de empleos, sino también de tecnología y conocimiento especializado, lo cual encarece las operaciones y obstruye las posibilidad de recuperar la producción. 

La contracción del primer anillo de proveedores naturalmente impactó sobre el segundo anillo de proveedores, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (y algunas grandes) de capitales locales, que debieron reducir personal y ajustar estructuras de gastos, a costa de sobreendeudarse, para adaptarse a nuevas tarifas. Muchas de estas empresas son familiares, conducidas por las segundas o terceras generaciones, que durante décadas han hundido capital en tecnología y capacidades productivas locales. Contribuyendo a la formación de trabajadores calificados, con saberes específicos, y a la generación de nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas exportables.

Hasta el momento el saldo de la salida de YPF de la Cuenca del GSJ se tradujo en una drástica destrucción de miles de puestos de trabajo, que incluso superan el boom de empleo en Vaca Muerta. Según estimaciones del municipio comodorense, sólo en la provincia de Chubut, entre diciembre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, se destruyeron más de 6.700 empleos privados registrados, sin incluir otros sectores de la economía. Esta  tendencia se profundizó en los últimos meses, aunque todavía no se dispone de estadísticas oficiales que cierren los números precisos.

Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales. Por otra parte, la contracción del nivel de actividad en la industria del petróleo y gas tiene un impacto relevante en los ingresos provinciales y de los municipios de la Cuenca del GSJ, provenientes de las regalías petroleras que tributan las operadoras. Este cuadro de situación se ve agravado en un contexto de fuerte contracción del gasto público nacional, que está reduciendo la masa de ingresos reales disponibles de los empleados públicos nacionales y, efecto multiplicador mediante, el nivel de actividad de la ciudad. Así, este encadenamiento de golpes pone en jaque la viabilidad económica de una provincia entera.

Visiones de futuro

El proceso de transición y traspaso de las áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge deja al descubierto problemáticas institucionales estructurales, propias de un territorio periférico que históricamente se desarrolló a partir de una integración subordinada al sistema capitalista nacional. Esto ha generado sentimientos encontrados en la población comodorense. Algunos responsabilizan a las instituciones y actores locales (sindicatos, funcionarios y otros) por las ineficiencias y falta de competitividad sistémica del territorio. Otros, más optimistas, tienen esperanzas de que las nuevas operadoras puedan recuperar la producción (tras años de desinversión de YPF en la Cuenca), logrando reducir costos y mejorando la productividad media. Sin embargo, para una gran mayoría representa la estocada final desde las heridas abiertas por la privatización de YPF en la década de los noventa. 

La transformación estructural dentro del sector de petróleo y gas (azuzada por la transición energética global) y la absoluta desconexión y retirada del gobierno nacional, desataron una crisis sin precedentes para la estructura socioeconómica de este territorio  extractivista. Al mismo tiempo, cristalizó las debilidades y limitaciones institucionales y productivas de un territorio periférico que, tras años de bonanza, deberá aprender a navegar contra el viento. Esto implica un desafío enorme para Comodoro Rivadavia y cuenca del GSJ en general. 

En la región existen otras actividades extractivas (minería) y/o energéticas (energía eólica, hidrógeno de bajas emisiones y derivados) que hace tiempo están en la agenda pública, por su potencialidad para movilizar capital e inversiones millonarias que logren compensar la caída de la inversión en el sector hidrocarburífero. Estos proyectos pueden tener un rol estructurante para el desarrollo local a mediano/largo plazo, en la medida que se desarrollen estrategias y hojas de ruta que realmente discutan dos aspectos centrales: 1) marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan la agregación de valor local, dentro de las cadenas energéticos y/o otras industriales asociadas, y 2) férreos mecanismos de control y saneamiento socio-ambiental, consensuados políticamente y con licencia social. Un primer paso necesario, es migrar de la mirada de los recursos naturales como meros commodities (mercancías), a la de recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes, es decir recursos compartidos por una comunidad. Tal como sostiene el documento de FUNDAR, los reclamos por exigencias de “reparación” social, infraestructura y abordaje de pasivos ambientales tras la privatización de YPF y retirada del estado del territorio, “son antecedentes que muestran que la ausencia de planificación en contextos de declive extractivo suele traducirse en crisis multidimensionales difíciles de revertir”.

Sin embargo, el territorio tiene otras ventajas naturales y geográficas y capacidades creadas (productivas, científicas y tecnológicas), para recuperarse y comenzar a transitar nuevas trayectorias tecno-productivas que contribuyan a un proceso de diversificación productiva en base a la innovación y la agregación de valor. A corto plazo, existen oportunidades concretas en productos de alto valor agregado y con potencial exportador (olivos, vid, cerezas, productos biotecnológicos, acuicultura y economía circular en torno a los desechos de la pesca) así como servicios turísticos. La mayoría de estos productos y servicios, conforman líneas de investigación prolíficas en instituciones científicas locales, como el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) y son impulsadas desde la agencia municipal Comodoro Conocimiento, a partir de la articulación público-privada. Transformar estas experiencias “piloto” en proyectos de escala comercial y crear nuevos polos, clusters o distritos industriales, es un camino largo y sinuoso que no puede transitar el municipio sólo, sin una política industrial y científico-tecnológica coherente y federal detrás. 

Como respuesta al abandono por parte de YPF,  el municipio y, en particular, la Agencia Comodoro Conocimiento, están conduciendo un estudio de base para fortalecer el sistema regional de innovación (SRI), que incluye talleres participativos y espacios de intercambio con las fuerzas vivas locales. El objetivo de acercar los subsistemas responsables de la generación de conocimiento (universidades e instituciones de ciencia y técnica), de explotar ese conocimiento (fundamentalmente, las empresas), de apoyo a la innovación (centros tecnológicos y empresas de bienes de equipo y servicios avanzados) y de financiamiento de las actividades de innovación, es fundamental en un territorio aislado geográficamente y periférico en términos económicos y políticos. La planificación articulada y coordinada entre los actores institucionales que participan del SRI ya no es opcional. El conocimiento tácito acumulado localmente, las redes de conocimiento y aprendizaje colectivo y las capacidades específicas son bienes comunes indivisibles del territorio, claves para la transición y el desarrollo local.

La entrada La retirada de YPF se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel. 

Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.

El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas. 

Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.

Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.

“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”, dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.

Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia. 

***

El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula: 

“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.

En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.

En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa. 

Cumplir y volver.

A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?

Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.

“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con  su propia vida”.

En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.

Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.

La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.

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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.

Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.

“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.

Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.

Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.

Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.

“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.

Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.

“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.

“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.

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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre,  cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.  

El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.

“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, dice Nazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.

Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”. 

La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.

Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.

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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.

Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.

El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita. 

Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.

Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.

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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.

El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.

A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.

Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.

Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.

La entrada Otro caso aislado de odio se publicó primero en Revista Anfibia.