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Mientras el país enfrenta una recesión sin fin y el salario real sigue en caída, el gobierno de Milei acelera la entrega de los bienes públicos más estratégicos de la Argentina. Energía, agua, rutas, trenes, y hasta el control de los ríos están en la mira del mercado. Caputo y compañía lo llaman “eficiencia”; el pueblo, pérdida de soberanía.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El remate de la patria
La administración de Javier Milei avanza sin pausa en su proyecto de privatizar empresas y activos estratégicos, una agenda que busca borrar la presencia del Estado en sectores clave de transporte, energía e infraestructura. En los próximos días, el Gobierno abrirá licitaciones para rutas nacionales y cuatro represas hidroeléctricas, los primeros pasos de un plan que, según el propio oficialismo, “no se detendrá”.
En los despachos del Ministerio de Economía y la llamada Agencia de Transformación de las Empresas Públicas —una estructura creada para coordinar las privatizaciones— ya circula el borrador con la lista de compañías que podrían pasar total o parcialmente a manos privadas durante la segunda etapa de gestión. Entre ellas, figuran nombres que tocan fibras sensibles del patrimonio nacional: Enarsa, AYSA, Transener, Belgrano Cargas, la Hidrovía y Nucleoeléctrica Argentina.
Rutas y represas en subasta
El primer capítulo del remate será la llamada “ruta del Mercosur”, cuya concesión se definirá en noviembre. Siete empresas privadas compiten por quedarse con la operación y el cobro de peajes en un corredor vial clave para el comercio regional. Luis Caputo celebró el avance afirmando que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, el mantra que repite el gobierno para justificar el retiro del Estado.
Pocos días después, el 7 de noviembre, se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas fundamentales para el suministro eléctrico del país. AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul —empresas que ya controlan esos activos— buscan renovar su dominio por décadas. El Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares, monedas al lado de lo que se gastan por semana en sostener el carry trade, y que además no garantizan que se destinen a inversiones productivas y vayan directo al pago de deuda.
Enarsa, AYSA y Transener: el corazón energético bajo amenaza
La ofensiva privatizadora apunta también a Enarsa, la empresa estatal de energía creada tras la destrucción del aparato energético durante el menemismo. Según trascendió, el Ejecutivo planea venderla “por unidades”, empezando por las represas del Comahue. En paralelo, se prepara la venta de las acciones estatales en Transener, la principal transportista de electricidad del país, y la valuación de AYSA, encargada del agua y saneamiento del Área Metropolitana.
El plan es claro: entregar a privados los servicios esenciales que hoy garantizan el acceso a energía y agua a millones de argentinos. Como en los ‘90, el discurso de la “eficiencia” sirve de excusa para el desguace.
Belgrano Cargas, Hidrovía y Nucleoeléctrica: el control del territorio
Antes de fin de año, el Gobierno busca avanzar con la privatización del Belgrano Cargas, el sistema ferroviario que conecta el norte argentino con los puertos exportadores. Le seguirán los nuevos pliegos para la Hidrovía del Paraná, arteria por donde circula el grueso de las exportaciones agroindustriales, y la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que administra las centrales nucleares del país.
De concretarse, la soberanía energética, logística y territorial quedará en manos privadas y extranjeras, consolidando un modelo extractivista donde el Estado es apenas un gestor de negocios para otros.
La próxima estación: Arsat, Aerolíneas y Correo Argentino
Aunque la Ley Bases ya habilitó una primera tanda de privatizaciones, el Gobierno prepara una nueva lista para enviar al Congreso en los próximos meses. Allí figuran Arsat, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, empresas que quedaron fuera de la primera ola pero que Milei y su entorno no piensan dejar afuera de su cruzada “antiespíritu estatal”.
“Quitar al Estado de la economía”, repiten los libertarios, sin reparar en que el Estado somos todos: el que sostiene rutas, subsidia energía, garantiza agua potable o conecta pueblos. El proyecto de Milei, presentado como modernización, es una reedición acelerada del saqueo menemista, ahora con un discurso libertario y el aval del poder económico más concentrado.
El riesgo de entregar el futuro
Detrás del relato de “eficiencia y libre mercado”, lo que avanza es una transferencia masiva de riqueza pública a manos privadas, muchas de ellas extranjeras. La misma historia que dejó al país sin trenes, sin industria y con millones de excluidos.
Milei no sólo quiere un Estado chico: quiere un Estado ausente, uno que deje de ser garante del interés nacional para convertirse en espectador del negocio de unos pocos. La “revolución liberal” que promete no es otra cosa que la vieja privatización de la patria.
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