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Los analistas asocian la caída de la imagen de Javier Milei, que en algunas encuestas llegó a su nivel más bajo, a que los datos macroeconómicos que festeja el gobierno son irrelevantes frente al bolsillo golpeado de la gente.
Los encuestadores consultados por LPO aseguran que la microeconomía es la que define las elecciones. La desaceleración de la inflación y la estabilidad del dólar podría no ser suficiente para que Milei gane un ballotage.
En contraste de esos datos macro están el aumento de tarifas celebrado de manera brutal por el nuevo vocero, la suba de transporte al doble de la inflación proyectada por el mismo funcionario y la morosidad récord. A esto se suma la crisis de empleo: el diputado peronista Guillermo Michel, que en LPO explicó el fenómeno de la peruanización de la economía argentina, dijo que entre el inicio del gobierno de Milei y hoy, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal. «¿A dónde fueron? A la informalidad: +160.000 asalariados informales y +420.000 cuentapropistas informales», dijo Michel.
El propio Luis «Toto» Caputo decía, al menos hasta fin de año en privado, que el modelo liberal que implementó, que consiste en ajustar para ordenar la economía, tendría luz al final del túnel para las familias que, gracias a la estabilización, podrían tomar créditos a tasas bajas.
Pero el escenario meses después es el opuesto. Al mismo tiempo que las tasas siguen altas para contener el dólar, la morosidad se disparó en el último mes al 12,7% en bancos y casi 33% en entidades no bancarias como billeteras virtuales y otras alternativas más angustiantes como la de los usureros. Si Caputo decide bajar la tasa, se encontrará con un universo de 7 millones de argentinos que entraron al Veraz porque dejaron de pagar sus préstamos. Es decir, que el motor que tenían en el equipo económico para recuperar la micro se pinchó.
El relato para la campaña de 2027 se centrará en que Milei logró frenar la inflación que heredó de Sergio Massa y Alberto Fernández. Pero los analistas estiman que ese relato puede ser insuficiente si la micro no levanta.
Si uno proyecta estas condiciones económicas hacia adelante, podría haber dificultades para que Milei convenza a la gente de que el rumbo es el correcto, aún con buenos datos macro; la sensación de insatisfacción política que desprenden las encuestas hace difícil pensar que pueda juntar el 50 más uno.
Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, dijo a LPO que «la microeconomía es lo que está explicando las encuestas, porque estas no parecen sintonizar con la macro, sino con la micro -en un contexto no competitivo, vale aclararlo-«.
La pregunta que se hace Romero es cómo va a evolucionar la micro. «Si uno proyecta estas condiciones económicas hacia adelante, podría haber dificultades para que Milei convenza a la gente de que el rumbo es el correcto, aún con buenos datos macro; la sensación de insatisfacción política que desprenden las encuestas hace difícil pensar que pueda juntar el 50 más uno», dice el titular de Synopsis en referencia a un eventual ballotage.
Cristian Buttié, de CB Global Data, dijo a LPO que «desde ya que la estabilidad macroeconómica representa un activo del gobierno comparado a lo que era la inestabilidad que tenía la gestión anterior, pero el voto realmente es cuantitativo y, en ese sentido, lo que le llega al bolsillo de la gente es lo que realmente importa».
«Que hasta el momento Milei esté en 36, 37 o 38 puntos de aprobación -dependiendo de la coyuntura- es porque claramente la macro es irrelevante frente a las urgencias de la microeconomía, que es la economía de bolsillo», dijo el encuestador.
Buttié puso el ojo en el Conurbano, el área más afectada por el cierre de empresas, comercios y por la morosidad que en algunos distritos como Florencio Varela rozó el 40 por ciento según datos que brinda el propio Banco Central.
«El dato, que lo venimos siguiendo de cerca, es la imagen del presidente en el Conurbano bonaerense, que es donde peor le va a nivel nacional (creo yo solamente superado por la provincia de Santiago del Estero)», dijo el titular de CB Global Data. «En el tercer cordón del conurbano la imagen de Milei es muy baja. Está claro que es esa microeconomía la que erosiona el capital político que pudo haber conseguido el presidente, un desgaste que se fue dando paso a paso. Ese es el gran desafío: que la micro se reactive para que el votante no termine teniendo a Milei como su ‘mal mayor'», dijo.
Desde ya que la estabilidad macroeconómica representa un activo del gobierno comparado a lo que era la inestabilidad que tenía la gestión anterior, pero el voto realmente es cuantitativo y, en ese sentido, lo que le llega al bolsillo de la gente es lo que realmente importa.
Romero dijo que a Milei le puede alcanzar para ser competitivo aun no recuperando todo lo que el ingreso disponible tenía en el bolsillo de la gente en el 2023: «la sensación de mejora puede construir otra perspectiva de futuro», dijo.
«Habrá que ver cómo llega esto al año electoral: si los salarios van a seguir recuperándose, aunque recuperen poco, puede cambiar la perspectiva. Me parece que vamos a retomar el concepto de la ‘teoría de las perspectivas’ de Kahneman, que decía que estamos influidos por la experiencia inmediata anterior. Y la experiencia inmediata anterior es que si vos ves que el salario se viene recuperando, eso te puede ayudar a pensar que el rumbo es el correcto, aún con el salario deprimido», estimó el titular de Synopsis.
El politólogo Marcos Novaro, por el contrario, dijo a LPO que «la distinción entre la macro y la micro es un poco abusiva». «En la realidad la economía es una sola: si anda bien, anda bien, y si anda mal, anda mal», dijo.
La otra cuestión que debaten los analistas es si la combinación de microeconomía golpeada con casos de corrupción puede ser un yunque para el gobierno. El relato de la estabilidad es una idea que tuvo que apurar Santiago Caputo tras el caso Adorni. El asesor estrella dice en privado que el ex jefe de gabinete les hizo perder el atributo anticasta y que Milei hoy es un político más.
El caso de Adorni tuvo un rechazo inédito en las encuestas: la última que recibieron en el gobierno dio un 80% de respuestas negativas. Es difícil encontrar fenómenos de la política que hayan tenido semejante nivel de rechazo.
«La imagen de Milei cayó hasta 20 puntos por lo de Adorni», dijo Alejandro Catterberg, de Poliarquía, a Radio Rivadavia. Es una caída similar a la que tuvo Alberto Fernández tras el escándalo de la foto de Olivos. En ese momento, los sondeos de Management & Fit detectaron que un 22,3% de las personas que planeaban votar al oficialismo manifestaron que cambiarían o revisarían su voto debido al festejo del presidente en plena pandemia.
Para Novaro, los planes del oficialismo se vienen fortaleciendo tras la resolución del caso Adorni con la llegada de Diego Santilli y la ampliación de la coalición oficialista. «Ver a todos los gobernadores yendo a la Casa Rosada a la asunción de Santilli y sacándose fotos sonrientes es espectacular. Eso le da al Gobierno un blindaje político que también consolida la confianza económica», apuntó.
Novaro prevé un escenario electoral con menos incertidumbre que los anteriores. Con un electorado que prefiere la normalización económica a pesar de los costos que viene pagando, el politólogo cree que la Rosada y los gobernadores aliados buscarán un esquema de beneficio mutuo: «Vamos a una elección donde todos los actores principales buscan certidumbre y apuestan a una reelección generalizada el año que viene», dijo.
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El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
A partir de hoy, el Parque Industrial de Villa Regina se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La noticia fue confirmada por el Intendente Marcelo Orazi, quien destacó la importancia de la terminación de un trámite que lleva aproximadamente 7 años y que traerá importantes beneficios para las empresas que están…
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