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El 10 de octubre de 1927 comenzaba a funcionar en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, una iniciativa que colocó a la Argentina entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar una industria aeronáutica propia. Durante décadas produjo aviones, motores, automóviles y tecnología nacional, formando generaciones de técnicos e ingenieros. Su historia es también la historia de un proyecto de país que apostaba a que el conocimiento, la industria y el Estado podían convertirse en herramientas de soberanía.
Por Redacción de NLI
En la Argentina del siglo XXI, acostumbrada a escuchar que casi cualquier desarrollo tecnológico debe venir desde afuera, puede resultar extraño imaginar que hubo un tiempo en que el país diseñaba y fabricaba sus propios aviones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, Córdoba fue uno de los centros industriales más importantes de América Latina y la Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue el corazón de un proyecto que buscaba algo más que producir máquinas: buscaba construir capacidades nacionales.
La creación de la FMA en 1927 no fue un hecho aislado. Formó parte de una etapa en la que distintos sectores del Estado argentino entendían que la independencia política también necesitaba una base económica y tecnológica propia. En un mundo donde las potencias industriales utilizaban el desarrollo científico como una herramienta estratégica, contar con una industria aeronáutica significaba reducir la dependencia externa y formar trabajadores especializados.
La elección de Córdoba tampoco fue casual. La provincia ya contaba con una tradición industrial y una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. Alrededor de la fábrica comenzó a crecer un entramado de escuelas técnicas, proveedores, talleres y profesionales que convirtieron a la ciudad en un polo de conocimiento e innovación.
Durante sus primeras décadas, la producción estuvo vinculada principalmente a las necesidades de la defensa nacional. Pero con el tiempo la fábrica amplió sus objetivos y se transformó en un símbolo de una idea más ambiciosa: que la Argentina podía desarrollar tecnología propia y competir en áreas reservadas tradicionalmente a los países centrales.
De los aviones a la industria pesada
La etapa de mayor expansión llegó durante mediados del siglo XX, cuando la fábrica pasó a formar parte de un proyecto industrial más amplio impulsado por el Estado. Durante esos años, la FMA dejó de ser solamente una planta aeronáutica para convertirse en un complejo capaz de desarrollar múltiples ramas productivas.
Allí nacieron proyectos que marcaron la historia industrial argentina, como el avión Pulqui II, uno de los desarrollos aeronáuticos más avanzados de su época, diseñado con participación de ingenieros argentinos y especialistas internacionales. También surgieron experiencias vinculadas a la fabricación de automóviles, motores y maquinaria.
Uno de los capítulos más recordados fue el nacimiento del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, que permitió avanzar en la producción de vehículos nacionales. De sus líneas salió el Rastrojero, un utilitario pensado para el trabajo rural que se convirtió en un símbolo de la industria argentina y de la posibilidad de producir bienes adaptados a las necesidades locales.
Detrás de esos proyectos había una concepción económica determinada: la Argentina no debía limitarse a exportar materias primas e importar productos elaborados. El objetivo era construir una estructura industrial propia, capaz de generar empleo calificado y agregar valor dentro del territorio nacional.
El largo retroceso de una capacidad estratégica
La historia posterior de la Fábrica Militar de Aviones estuvo atravesada por los cambios políticos y económicos del país. Cada etapa modificó la orientación del complejo. Los golpes de Estado, las crisis económicas, los cambios en las políticas industriales y las transformaciones del modelo productivo fueron debilitando una estructura que durante décadas había acumulado conocimiento.
Con la llegada de las políticas de apertura económica de fines del siglo XX, muchas industrias nacionales perdieron protección frente a la competencia internacional. La reducción del papel del Estado como impulsor del desarrollo tecnológico afectó especialmente a sectores donde los tiempos de maduración son largos y las inversiones requieren planificación sostenida.
La fábrica pasó por distintos procesos de transformación hasta convertirse en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), actualmente bajo control estatal. Sin embargo, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar debe ocupar el Estado en áreas estratégicas donde la iniciativa privada muchas veces no tiene incentivos para invertir.
Ciencia, industria y soberanía en el presente
El debate sobre la Fábrica Militar de Aviones vuelve a cobrar actualidad cada vez que Argentina discute su modelo de desarrollo. En los últimos años, las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei reabrieron una discusión histórica sobre el rol del Estado en la producción, la investigación y la defensa de capacidades nacionales.
Desde la mirada libertaria, muchas de estas estructuras son presentadas como gastos innecesarios que deberían quedar sujetos a la lógica del mercado. Sus defensores, en cambio, sostienen que existen áreas donde un país no puede depender exclusivamente de proveedores externos porque perder capacidades tecnológicas implica perder soberanía.
La discusión no es solamente económica. Un ingeniero formado en una empresa estatal, un técnico especializado o un desarrollo tecnológico propio representan conocimientos acumulados durante décadas. Cuando una estructura industrial desaparece, no solamente se pierde una fábrica: se pierde una comunidad de saberes difícilmente recuperable.
La experiencia internacional muestra que incluso los países que defienden economías de mercado sostienen fuertes políticas estatales en sectores estratégicos como aeronáutica, energía, semiconductores o defensa. La diferencia no suele estar en si existe o no intervención estatal, sino en qué objetivos persigue y cómo se administra.
La historia de la Fábrica Militar de Aviones es, en definitiva, la historia de una pregunta que Argentina todavía no resolvió: si quiere ser un país que solamente compra tecnología producida por otros o uno capaz de crearla. Aquella fábrica cordobesa que comenzó a funcionar en 1927 demostró que existían trabajadores, científicos e ingenieros capaces de construir proyectos de enorme complejidad. Su legado no está solamente en los aviones que produjo, sino en la idea de que el desarrollo nacional también se construye fabricando conocimiento.
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Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.
Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.
El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.
Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo
El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.
Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.
El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.
Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.
La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.
La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este
El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.
Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.
Residentes tras la clausura del geriátrico
La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.
El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.
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