Durante el fin de semana, se disputó en el polideportivo Cumelen la tercera fecha del campeonato de Futsal organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina trabaja para conformar un Centro Integral de contención para adultas mayores, mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Funcionará como espacio de contención pero también brindará talleres que otorgarán herramientas para una salida laboral. “Con este objetivo se firmarán convenios de asistencia y capacitación…
En medio de la polémica por la habilitación de una torre de 36 metros en su misma manzana, desde el Convento Santa Catalina de Siena denuncian que la peatonalización de Viamonte causó daños al edificio que tiene casi 300 años. El cura de la Iglesia decidió cerrarla y dar misa en la calle.
Construídos con adobe y sin cimientos que los sustenten, la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena son dos de los edificios más antiguos de la Ciudad junto con el Cabildo, la Iglesia del Pilar y la Iglesia de San Ignacio.
«Hemos decidido cerrar momentáneamente el tempo debido a los daños ocasionados por la peatonalización de la calle Viamonte que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad», dice la nota que envió el padre Gustavo Antico. Un cartel en la puerta de la iglesia no dejó dudas: «Riesgo estructural».
El cura notó que tras el comienzo de las obras de peatonalización de Viamonte que ejecuta el Ministerio de Espacio Público aparecieron rajaduras en las paredes de la iglesia, algunas que llegaban hasta el techo y habían causado desprendimiento de materiales.
En el gobierno porteño aseguraron a La Nación que antes de comenzar las obras, habían visitado el predio de Santa Catalina con un escribano y consignaron las grietas existentes.
Tras culpar al «martillo neumático», Antico volvió a pedir que el área contigua a la iglesia y el convento se convierta en un área de preservación. Ese reclamo parece difícil de cumplimentar: la justicia habilitó la construcción de un gigantesco templo mormón a pocos metros.
Casi media manzana delimitada por Reconquista, Córdoba, San Martín y Viamonte está ocupada por el monasterio y la iglesia de Santa Catalina. En la otra mitad hubo hasta hace meses un estacionamiento. El terreno fue comprado hasta 2023 por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hubo varios proyectos para esa manzana, pero ninguno logró pasar el filtro de la Legislatura. La orden mormona realizó un gran negocio: compró el terreno por 20 millones de dólares con baja capacidad constructiva y tiempo después, solo con la firma de un funcionario porteño lograron que el gobierno les habilite una obra de 29 mil metros cuadrados.
El gestor de la obra fue Bodas-Miani-Anger, el estudio que consiguió las más lucrativas excepciones al código durante el larretismo y continúa con excelentes contactos con el gobierno de Jorge Macri. El templo diseñado por BMA parece un tardío y poco inspirado homenaje a Francisco Salamone, cien años después del auge Art déco.
Tras el visto bueno de la Dirección de Interpretación Urbanística de la díscola Cristina Giraud, Karina Burijson habilitó el cambio de zonificación necesario para que en el terreno pudiera instalarse un culto religioso. No hubo cuestionamientos gubernamentales a la superficie ni el tipo de edificación. Poco después de dar luz verde al proyecto, Burijson fue removida de su cargo y nombrada en la Corporación Puerto Madero.
El visto bueno del gobierno impulsó a la Asociación Civil Basta de Demoler a presentar un amparo para frenar la obra. Cuestionaron la intervención de Interpretación Urbanística para esa superficie y también la altura del permitida. En primera instancia la Justicia les dio la razón, pero en la Cámara la medida se dio vuelta.
«En una reunión que tuvimos con los arquitectos de BMA, Rodolfo Miani nos aseguró que ningún edificio iba a ser más alto que la cúpula de la iglesia, que tiene 19 metros, pero hay uno que mide casi el doble. El estudio ni siquiera mostró los planos en la Justicia y el render que entregaron en los medios está mal hecho. Presentan Reconquista como una extensión de la plaza llena de árboles. La iluminación de los edificios tampoco coincide con la trayectorial del sol», rechazó Ana Bas, de Basta de Demoler.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
En la mañana de este viernes 23, se llevó a cabo la apertura de la licitación pública Nº 04/2021 correspondiente al mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED, provisión de materiales, equipos y mano de obra para el sector centro, calle Juan XXIII, calle Las Heras, Avenida Belgrano, Avenida Mitre, Avenida Cipolletti, calle Brown…
Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
Desde el lunes, la Municipalidad de Villa Regina cuenta con una motoniveladora adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión de $13 millones. A esta máquina se sumará los próximos días un camión regador comprado a través del mismo mecanismo por un monto superior a los $8 millones. “Se trata de…
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