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El ministro de Defensa vuelve a quedar bajo la lupa: un proyecto para vender 13.000 hectáreas en La Calera —una de las zonas más codiciadas del Gran Córdoba— genera sospechas sobre posibles negociados inmobiliarios con tierras del Estado.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta una nueva polémica que podría comprometer aún más su ya cuestionada gestión. En esta ocasión, se trata de un proyecto que contempla la venta de unas 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en la localidad de La Calera, a apenas diez kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Según trascendió, el área militar en cuestión se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del país, rodeada de barrios privados, emprendimientos de lujo y desarrollos urbanísticos millonarios. El eventual traspaso de esas tierras al sector privado podría representar una ganancia extraordinaria para empresas desarrolladoras, pero un nuevo vaciamiento patrimonial para el Estado nacional.
Pedido de explicaciones en el Congreso
La situación llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Oscar Agost Carreño, del PRO, presentó un pedido de informes solicitando que el Ministerio de Defensa explique en qué condiciones se pretende avanzar con la venta y si hubo tasaciones, estudios de impacto o licitaciones previas.
Aunque el proyecto nunca fue formalizado oficialmente, fuentes legislativas confirmaron que existen borradores internos y evaluaciones de mercado en los despachos del ministerio, lo que sugiere que la operación está más avanzada de lo que el propio Petri admite públicamente.
Tierra pública, negocios privados
El predio de La Calera forma parte de una extensa franja de terrenos del Ejército, históricamente utilizados para entrenamiento militar y custodia logística. Sin embargo, durante los últimos años se transformó en un imán para el capital privado, con empresas interesadas en convertir el área en nuevas urbanizaciones premium.
En ese contexto, la participación del Ministerio de Defensa en cualquier tipo de negociación inmobiliaria genera sospechas sobre posibles transferencias de recursos públicos a manos privadas, en un esquema que recuerda otras operaciones opacas de la gestión Milei, donde las Fuerzas Armadas y el patrimonio nacional son puestos al servicio de intereses corporativos.
Petri bajo la lupa
El ministro ya arrastra acusaciones por la crisis de la obra social militar, que dejó a miles de afiliados sin cobertura plena, además de contrataciones con empresas bajo investigación judicial. A eso se suma su doble rol como funcionario nacional y candidato a diputado por Mendoza, lo que desató críticas por incompatibilidad ética y conflicto de intereses.
Con este nuevo episodio, Petri vuelve a quedar en el centro del escándalo, mientras crece la percepción de que la política de Defensa del gobierno libertario se orienta más a los negocios que a la soberanía.
Desde los sectores opositores ya se habla de una posible denuncia por administración fraudulenta si el proyecto de venta avanza, mientras que en Córdoba se multiplican las alertas por el impacto ambiental y urbano que podría generar la privatización de semejante extensión de tierra.
El Ministerio de Defensa, hasta el momento, no emitió ninguna respuesta oficial, reforzando las sospechas de opacidad y falta de transparencia.
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