La Municipalidad de Villa Regina, a través del Decreto 22/2021, adhirió a la Resolución Nº 811 del Ministerio de Salud de Río Negro y, de esta manera, extiende hasta el 28 de febrero las restricciones de circulación nocturna, quedando prohibida la circulación de personas por cualquier medio habilitado entre la 1 y las 6 horas, con excepción del personal considerado esencial.
Los días viernes, sábados, vísperas de feriados o feriados, la circulación se extenderá hasta las 2 horas.
Los restoranes, bares y confiterías del rubro gastronómico podrán funcionar en los mismos horarios en que se habilita la circulación.
De forma excepcional, se habilita la circulación de clientes y personal dependiente de dichos establecimientos hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar la constancia de consumición y certificación de trabajo, respectivamente, ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
De igual modo, se autoriza de forma excepcional la circulación de los clientes de dichos establecimientos, con un límite de hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar tal extremo con la exhibición de constancia de consumición, ticket, factura o constancia emitida por el establecimiento en cuestión ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
Por otro lado, se mantienen vigentes los horarios de los comercios de los distintos rubros. Además se autoriza el funcionamiento del cine en el horario comprendido entre las 9 y la 1 horas, con protocolo específico para la actividad y teniendo en cuenta un aforo del 35% de su capacidad original y el distanciamiento social de los espectadores, salvo grupo conviviente.
El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación de la tercera edición del South American Rally Race que se pondrá en marcha el 15 de febrero en La Rioja, recorrerá más de 4.000 kilómetros uniendo las provincias de San Juan, Mendoza y Río Negro. Dentro de Río Negro Villa Regina será una de…
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 07/2021 para la contratación de cuatro camiones regadores con chofer para el servicio de riego en zona urbana y rural para la temporada 2021/2022. El presupuesto oficial es de $6.720.000. La apertura de las propuestas será el 9 de diciembre a las 11…
La Municipalidad de Villa Regina informa que se presentó una postulación al concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. La presentación corresponde a la Doctora Fernanda Jazmín Cortes. A partir de ahora están corriendo los plazos previstos en el decreto 126/21. Difunde esta nota
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
Manuel Adorni no consiguió a ningún kamikaze que le dibujara un préstamo y ahora dijo que ganó más de medio millón de dólares en bitcoin.
El jefe de gabinete presentó en la noche de este miércoles su declaración jurada, más de un mes después de que el propio presidente Javier Milei dijera que su presentación era inminente.
Durante todo ese mes buscó a alguien que se tirara sobre la granada para presentar un «mutuo» pero no pudo. Por eso, como anticipó LPO en exlcusiva, se aferró a la nebulosa fortuna de las criptomonedas.
«Pensé en renunciar», dijo el funcionario. «Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros», dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.
«Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error», prometió Adorni, que negó ser un «chorro».
«Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año», dijo. «Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error», agregó.
«El objetivo no soy yo, es el presidente Milei», dijo Adorni, que volvió a ponerlo al presidente en la línea de fuego.
La revisión que hizo Adorni a su declaración jurada también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas ante ARCA. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Adorni se presentará ante el organismo para abonar los impuestos que resulten exigibles como consecuencia de las rectificaciones efectuadas sobre los últimos cinco años.
Tour por la Nueva Delhi Reginense Para los que han tenido la posibilidad de viajar a la India, seguramente en algún tour por la ciudad de Nueva Delhi algo les habrá hecho recordar que no estaban tan lejos de nuestra querida ciudad Villa Regina. Si no viajaron (que es lo más probable, ya que estamos…
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