La Municipalidad de Villa Regina, a través del Decreto 22/2021, adhirió a la Resolución Nº 811 del Ministerio de Salud de Río Negro y, de esta manera, extiende hasta el 28 de febrero las restricciones de circulación nocturna, quedando prohibida la circulación de personas por cualquier medio habilitado entre la 1 y las 6 horas, con excepción del personal considerado esencial.
Los días viernes, sábados, vísperas de feriados o feriados, la circulación se extenderá hasta las 2 horas.
Los restoranes, bares y confiterías del rubro gastronómico podrán funcionar en los mismos horarios en que se habilita la circulación.
De forma excepcional, se habilita la circulación de clientes y personal dependiente de dichos establecimientos hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar la constancia de consumición y certificación de trabajo, respectivamente, ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
De igual modo, se autoriza de forma excepcional la circulación de los clientes de dichos establecimientos, con un límite de hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar tal extremo con la exhibición de constancia de consumición, ticket, factura o constancia emitida por el establecimiento en cuestión ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
Por otro lado, se mantienen vigentes los horarios de los comercios de los distintos rubros. Además se autoriza el funcionamiento del cine en el horario comprendido entre las 9 y la 1 horas, con protocolo específico para la actividad y teniendo en cuenta un aforo del 35% de su capacidad original y el distanciamiento social de los espectadores, salvo grupo conviviente.
“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado” Giuseppe Chiovenda En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones…
En el marco del Día de los Museos, se llevó a cabo una actividad junto al Consejo Local de las Personas con Discapacidad organizada por Magalí Catriquir a cargo del Museo local Felipe Bonoli. En la oportunidad, la museóloga ofreció a los visitantes una charla informativa sobre la historia de la casa que hoy alberga…
🔶 Hasta el 29 de junio se encuentra abierta la inscripción a Música + Tutoriales, una convocatoria destinada a músicos, maestros, profesores y/o referentes del ámbito musical que deseen encabezar materiales de carácter formativo 🗒
El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas, éste mes es denominado el “mes rosa” y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) invita a pintarse de rosa a todas las instituciones, comercios, edificios y monumentos públicos de todo el país para unirse a ésta causa. Y…
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
Este es un resumen de los proyectos tratados en la sesión del jueves 06 de mayo, que fueron remitidos para ser analizados a las diferentes comisiones. Uno de ellos es el Proyecto de ordenanza (exp. 311) mediante el cual se propone crear en el ámbito del concejo deliberante de Villa Regina el CONSEJO LOCAL DE…
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