Se entregaron certificados del curso de arbitraje

Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.

Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.

En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.

El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.

Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.

Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.

El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.

Una causa atravesada por intereses y fondos buitres

El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.

Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.

Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.

Más que un fallo: una disputa política

Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.

En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.

Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.

El entramado de préstamos que rodea al vocero presidencial suma ahora un dato que complejiza aún más el cuadro: una de las mujeres que habría aportado dinero fue ascendida durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Documentación oficial revela vínculos que abren interrogantes sobre relaciones, favores y circuitos de financiamiento poco transparentes.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La trama financiera que involucra a Manuel Adorni continúa sumando capítulos incómodos. A partir dela Declaración Jurada del funcionario, donde se detalla que el actual vocero presidencial habría recibido 100.000 dólares en préstamos de al menos dos mujeres, ,adre e hija, ahora se agrega un elemento que tensiona aún más la situación: una de ellas cuenta con antecedentes dentro de la estructura de seguridad del Estado y fue beneficiada con un ascenso durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.

El dato no es menor. Según surge del Decreto 1308/2016, firmado por Mauricio Macri y por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Graciela Isabel Molina de Cancio —quien revestía como Comisario— fue ascendida al rango de Comisario Inspector dentro del Escalafón Seguridad. Se trata de un ascenso formal dentro de la Policía Federal Argentina, que la ubica en una posición jerárquica relevante dentro de la fuerza.

La coincidencia entre ese nombre y el de una de las personas señaladas como prestamistas en la operatoria que rodea a Adorni abre preguntas inevitables. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre el funcionario y una integrante de las fuerzas de seguridad con ascenso político-administrativo? ¿Se trata de una relación personal, profesional o de otro tipo? Hasta el momento, no hay explicaciones públicas que despejen estas dudas.

Préstamos, hipotecas y relaciones

La investigación periodística que tomó estado público describe un esquema en el cual Adorni habría recurrido a financiamiento privado para afrontar operaciones inmobiliarias, incluyendo la hipoteca de un departamento en Caballito. En ese contexto, aparecen dos mujeres como prestamistas de una suma considerable en dólares, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones en que se otorgaron.

Sin embargo, la incorporación del dato sobre Molina de Cancio modifica el eje de análisis. Ya no se trata únicamente de préstamos entre particulares, sino de la posible participación de una figura con recorrido dentro de la estructura estatal y con un ascenso otorgado en un contexto político específico. La relación entre poder político, fuerzas de seguridad y financiamiento privado comienza a dibujar un mapa más complejo y difícil de justificar como una simple operatoria personal.

El peso de los antecedentes

El Decreto 1308/2016 no deja lugar a interpretaciones: el ascenso de Molina de Cancio fue parte de una serie de promociones dentro de la fuerza durante la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, Patricia Bullrich consolidaba su influencia sobre el aparato de seguridad, promoviendo cuadros de confianza en puestos clave.

En ese marco, la aparición de una de esas figuras en una operatoria financiera vinculada a un funcionario del actual gobierno libertario no puede leerse como un dato aislado. Por el contrario, sugiere la persistencia de vínculos y redes que atraviesan gestiones y espacios políticos, conectando a actores que, en apariencia, pertenecen a universos distintos pero que en los hechos podrían compartir circuitos de confianza.

Silencio oficial y preguntas abiertas

Hasta ahora, desde el entorno de Adorni no hubo aclaraciones sustantivas sobre estos vínculos ni sobre el origen preciso de los fondos recibidos. Tampoco se explicó por qué una funcionaria policial con trayectoria y ascenso formal habría decidido otorgar un préstamo de tal magnitud, ni bajo qué condiciones se habría realizado dicha operación.

El silencio, en este contexto, lejos de despejar dudas, las amplifica. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino la posible existencia de relaciones cruzadas entre política, seguridad y financiamiento privado que podrían comprometer la transparencia institucional.

En un gobierno que llegó con la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, la aparición de este tipo de vínculos vuelve a poner en cuestión el discurso oficial. Y deja flotando una certeza incómoda: detrás de la retórica antiestablishment, los nombres, los contactos y los mecanismos parecen ser, muchas veces, los de siempre.