En un emotivo acto, el Intendente Marcelo Orazi, junto al Director de Deportes, Damián Álvarez, y la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, se celebró la entrega de los certificados del curso de arbitraje municipal de Fútbol.
Más de 135 personas de ciudades de ambas provincias, participaron de la capacitación que dictó la institución deportiva bajo la coordinación de la árbitra neuquina, Laura Escobar.
Recibieron sus títulos:
Angélica Vásquez, Luis Rubén Sepúlveda, Andrea Henríquez y Candela Jazmín D’Cristofaro.
A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.
Por Roque Pérez para NLI
La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.
Delegar para ajustar sin costo político
El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.
Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.
La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa
Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.
El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.
Más poder para sancionar, menos control político
Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.
No se trata solo de eficiencia: se trata de control.
Decisiones legales sin pasar por arriba
La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.
Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.
El ajuste que no se discute
La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.
Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.
El Jefe de Gobierno se mostró intolerante con los vecinos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Una reunión barrial en Liniers terminó en escándalo cuando Jorge Macri perdió los estribos, maltrató a los vecinos y reaccionó con evidente incomodidad ante los reclamos por la inseguridad creciente. Testimonios coinciden: soberbia, destrato y una violencia simbólica que expone a un jefe de Gobierno que no tolera escuchar la verdad.
La imagen quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí: un salón vecinal lleno, preocupación por la ola de robos que no da tregua en la zona y, al frente, un jefe de Gobierno visiblemente alterado, más pendiente de defender su relato que de escuchar a quienes viven cada día con miedo.
Según relataron asistentes, el clima estaba tenso desde el inicio, pero la situación explotó cuando los vecinos insistieron en describir la falta de presencia policial en Liniers. Lejos de asumir la realidad, Jorge Macri eligió desestimar el problema, repitiendo que la inseguridad está “controlada” y que “no es para tanto”.
El comunicador Javier “Profe” Romero fue quien encendió la alarma pública al difundir el episodio. En su publicación describió a un Macri “maltratando a los vecinos”, burlándose de las mujeres presentes y reaccionando con violencia verbal ante cualquier planteo que lo incomodara. Su mensaje —que ya circula masivamente— dejó flotando incluso la posibilidad de que este destrato termine en una denuncia formal.
El jefe de gobierno Jorge Macri maltratando a los vecinos de Liniers en una reunión donde no le gustó que le digan la verdad. Andaba nervioso? Maltrató a todos los vecinos, negó la inseguridad, boludeó a todas las mujeres, solo demostró ser un violento, que no nos sorprenda una… pic.twitter.com/sAytQgbnYQ
Las escenas reconstruidas por vecinos y difundidas en redes sociales coinciden en algo: cada reclamo sobre robos, entraderas y ataques en la zona fue recibido por gestos de fastidio, interrupciones y respuestas altisonantes. Testigos afirman que Macri no solo negó la creciente inseguridad, sino que menospreció los testimonios, llegando a reírse o a minimizar los relatos de mujeres que contaban situaciones de peligro.
La actitud generó un quiebre inmediato. Lo que debía ser un encuentro institucional terminó siendo la demostración palpable de que el Gobierno porteño atraviesa una distancia cada vez mayor con los barrios más castigados por el delito.
Un salto cualitativo en el maltrato
En la Ciudad ya circulaban quejas por el destrato permanente hacia organizaciones y centros barriales. Pero lo ocurrido en Liniers subió la vara del conflicto: la máxima autoridad porteña reaccionó como un dirigente incapaz de recibir críticas, más preocupado por no manchar su propio marketing político que por garantizar respuestas en un distrito que sufre robos todos los días.
La violencia simbólica hacia las vecinas presentes fue especialmente señalada. “Boludeó a todas las mujeres”, dijo Romero en su posteo, sumándose a otros mensajes que describen la escena como “hostil, tensa y desagradable”.
Un mensaje político alarmante
En un contexto donde la inseguridad golpea a miles de familias porteñas, se espera de cualquier funcionario capacidad para escuchar, contener y trabajar. Sin embargo, el comportamiento de Macri dejó otro mensaje: si en una simple reunión barrial se pone agresivo, ¿qué puede ocurrir cuando los reclamos se multiplican?
El episodio de Liniers no es un caso aislado sino un síntoma. Muestra a un jefe de Gobierno encerrado en su narrativa, más reactivo que propositivo y, sobre todo, intolerante a la palabra incómoda.
Para quienes estuvieron en la reunión, la conclusión es evidente: no soporta que le digan la verdad.
Podrán circular las personas exceptuadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. Por razones de salubridad general, el Gobierno Provincial dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes en Río Negro a través de los accesos habilitados con la provincia de Neuquén. La restricción, que tendrá vigencia entre las 00 horas…
Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.
El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.
Una bonificación selectiva, no una política general
El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.
En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.
La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:
Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.
Del otro lado quedan los perjudicados:
El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.
La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros
Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.
No es ausencia de Estado: es intervención selectiva. No es libertad económica: es priorización de intereses.
La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.
Un Estado presente, pero para los de siempre
La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.
Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.
El último sábado se llevó adelante una nueva edición de la caminata recreativa familiar con la participación de unas 30 personas, lo cual pudo concretarse a partir del nuevo cupo permitido en actividades deportivas al aire libre. Los participantes disfrutaron de elongación guiada antes de comenzar, un recorrido explicativo de las características naturales de la…
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A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
