En un emotivo acto, el Intendente Marcelo Orazi, junto al Director de Deportes, Damián Álvarez, y la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, se celebró la entrega de los certificados del curso de arbitraje municipal de Fútbol.
Más de 135 personas de ciudades de ambas provincias, participaron de la capacitación que dictó la institución deportiva bajo la coordinación de la árbitra neuquina, Laura Escobar.
Recibieron sus títulos:
Angélica Vásquez, Luis Rubén Sepúlveda, Andrea Henríquez y Candela Jazmín D’Cristofaro.
A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
Hija de un funcionario clave del Cabildo, viuda de un comerciante y luego esposa de un militar ligado al poder virreinal, María Mercedes Sarasa no sólo administró negocios en la Buenos Aires colonial sino que también se movió con precisión dentro de las redes políticas y económicas de su tiempo. Su historia, reconstruida a partir de documentos y estudios académicos, revela cómo las mujeres podían intervenir activamente en un sistema que no estaba pensado para ellas.
Por Alcides Blanco para NLI
Una mujer dentro del circuito comercial colonial
María Mercedes Sarasa nació en el seno de una familia estrechamente vinculada al poder político de Buenos Aires. Su padre, Javier Saturnino de Saraza y Mador, ocupó cargos reiterados en el Cabildo —regidor, alcalde en distintos niveles y defensor de pobres—, lo que situaba a la familia en el núcleo de la administración colonial. En 1784 se casó con Casimiro Francisco Necochea Boronte, comerciante y también regidor, integrándose de lleno en el circuito mercantil del puerto, con quien tuvo varios hijos.
Ese entorno no era meramente social. Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII, funcionaba como un nodo clave del comercio atlántico, articulando exportaciones de cueros y productos ganaderos con importaciones europeas y circuitos internos hacia el Alto Perú. Las familias que ocupaban el Cabildo no sólo gobernaban: también comerciaban.
La viudez y la continuidad del negocio
La muerte de Necochea en 1802 no implicó la disolución de la actividad económica. Por el contrario, la documentación muestra que Sarasa continuó operando dentro de ese circuito. Investigaciones académicas basadas en fuentes comerciales y notariales indican que integró la sociedad “Vda. de Necochea y Larravide”, lo que demuestra una continuidad empresarial concreta y no meramente formal.
Durante al menos ocho años, según reconstrucciones basadas en registros comerciales, participó en operaciones de importación y exportación, utilizando mecanismos habituales del comercio colonial como la consignación de mercancías a cuenta y riesgo propio. Esto implicaba asumir costos, riesgos y decisiones sobre la circulación de bienes en una red que conectaba Buenos Aires con Montevideo y la península ibérica.
El documento que lo prueba todo
El dato más contundente aparece en un acuerdo fechado en 1805, conservado en el Archivo Histórico. Allí, María Mercedes Sarasa figura explícitamente como parte en la venta de una porción de la fragata “La Primera”.
El documento detalla que la operación se realiza en su condición de viuda de Necochea y en acuerdo con el comerciante Manuel de Larravide, con intervención de autoridades del Cabildo encabezadas por Martín de Álzaga. La otra parte de la embarcación pertenecía a una casa comercial radicada en Cádiz, lo que evidencia la inserción directa en redes atlánticas.
Una fragata como La Primera no era un bien accesorio. Era el instrumento central del comercio de larga distancia. A través de embarcaciones de este tipo circulaban: cueros y derivados ganaderos desde el Río de la Plata hacia Europa, manufacturas europeas hacia el puerto de Buenos Aires, y mercancías que luego se redistribuían hacia el interior del virreinato.
Ser propietaria —aunque fuera parcialmente— de una embarcación implicaba invertir capital, asumir riesgos marítimos, participar en redes comerciales internacionales y negociar con actores de alto nivel económico. La operación documentada en 1805 muestra a Sarasa actuando dentro de ese esquema con plena capacidad jurídica y económica.
Como detalla la historiadora Marcela Aguirrezabala, «Entre los años 1778 y 1810 se ve claramente que el número de mujeres vinculadas a la exportación fue mucho mayor que las que optaron por la importación (…) Esa tendencia fue así incluso en el caso de una comerciante de la talla de María Mercedes Sarasa, la viuda de Necochea, quien desde que empezó a operar en 1802 hasta 1810 exportó en 13 oportunidades según nuestros datos e importó efectos sólo en cinco ocasiones, entre 1803 y 1805«.
Redes comerciales y poder político
La presencia de figuras como Martín de Álzaga en la operación no es un detalle menor. Álzaga era uno de los principales comerciantes de Buenos Aires y una figura clave del poder económico local. Su intervención como autoridad en el acuerdo indica que Sarasa operaba en un nivel donde comercio y política estaban profundamente entrelazados.
Ese entramado se refuerza con otro dato documental: el 9 de diciembre de 1805, Sarasa contrajo matrimonio con José María del Pino (con quien también tendrá descendencia), capitán del Cuerpo de Artillería e hijo de Joaquín del Pino. Este vínculo la conectó directamente con la élite virreinal, consolidando su inserción en redes de poder que excedían lo estrictamente económico.
Una comerciante, no una excepción
La documentación disponible permite afirmar sin ambigüedades que María Mercedes Sarasa no fue una figura pasiva ni un caso aislado de administración doméstica. Fue una comerciante activa que participó en una sociedad mercantil, operó en circuitos de importación y exportación, consignó mercancías a cuenta propia y fue copropietaria de al menos una embarcación utilizada en el comercio atlántico.
Estos datos, respaldados por fuentes documentales y estudios académicos, obligan a revisar la imagen tradicional de las mujeres en la colonia. No se trata de afirmar que el sistema era igualitario, sino de reconocer que existían márgenes de acción que algunas mujeres ocuparon de manera efectiva y documentable.
Del archivo a la historia
La reconstrucción de esta trayectoria se apoya en documentos conservados en repositorios históricos y en investigaciones desarrolladas en ámbitos como el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Estos trabajos, inscriptos en la historia social, permiten recuperar experiencias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato dominante.
Fuentes y referencias
Archivo Histórico de la Nación, acuerdo de 1805 sobre la fragata La Primera.
Investigaciones de Marcela Aguirrezabala sobre comercio y género en el Río de la Plata.
Estudios del Instituto de Historia Argentina sobre redes mercantiles coloniales.
Documentación comercial y notarial del período conservada en repositorios públicos.
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La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
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