En un emotivo acto, el Intendente Marcelo Orazi, junto al Director de Deportes, Damián Álvarez, y la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, se celebró la entrega de los certificados del curso de arbitraje municipal de Fútbol.
Más de 135 personas de ciudades de ambas provincias, participaron de la capacitación que dictó la institución deportiva bajo la coordinación de la árbitra neuquina, Laura Escobar.
Recibieron sus títulos:
Angélica Vásquez, Luis Rubén Sepúlveda, Andrea Henríquez y Candela Jazmín D’Cristofaro.
A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
La Dirección de Cooperativas de La Plata informó que este viernes comenzó la apertura de ofertas para participar del nuevo proceso de licitación pública destinado a la contratación de distintos servicios urbanos, en cumplimiento de la normativa vigente y de la solicitud formuladas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada se realizaron las aperturas correspondientes a las licitaciones vinculadas a las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y Cultura, al Teatro Municipal Coliseo Podestá y al servicio de remoción, traslado y disposición de vehículos abandonados y/o siniestrados en la vía pública. En total, se recibieron 15 ofertas.
El próximo lunes 6 de julio continuará el proceso con la apertura de ofertas para las licitaciones correspondientes a los principales servicios urbanos, entre ellos el corte de césped y poda del arbolado, el Programa Ciudad Limpia, el mantenimiento urbano de las delegaciones y el servicio de asistencia operativa para la recolección de residuos.
La implementación de este esquema responde al Fallo N° 101/2026 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad de La Plata, mediante el cual el organismo de control solicito al Municipio a cesar las contrataciones directas de cooperativas de trabajo como lo venía haciendo en los últimos 15 años.
A partir de esta resolución, la Comuna dejará de utilizar una modalidad que se aplicaba desde 2011 y avanza con procedimientos de licitación pública, tanto para cooperativas como para empresas, en línea con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6.769/58).
El seguimiento técnico del cumplimiento de los trabajos estará a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
La normativa establece que la contratación de obras y servicios públicos debe realizarse mediante licitación pública, con el objetivo de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades entre los oferentes y el adecuado control de los recursos públicos.
En ese marco, se abordó un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, institución que participó en el diseño de la nueva organización territorial del servicio, que dividió el partido en 32 zonas, incluyendo el casco urbano. La zonificación definió la distribución geográfica de las tareas que se ejecutarán en cada localidad, entre ellas el barrido, el corte de pasto y la limpieza de zanjas.
Asimismo, el seguimiento técnico del cumplimiento de los trabajos estará a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el marco de un convenio específico establecido entre la Comuna y la casa de altos estudios.
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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
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A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
