En un emotivo acto, el Intendente Marcelo Orazi, junto al Director de Deportes, Damián Álvarez, y la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, se celebró la entrega de los certificados del curso de arbitraje municipal de Fútbol.
Más de 135 personas de ciudades de ambas provincias, participaron de la capacitación que dictó la institución deportiva bajo la coordinación de la árbitra neuquina, Laura Escobar.
Recibieron sus títulos:
Angélica Vásquez, Luis Rubén Sepúlveda, Andrea Henríquez y Candela Jazmín D’Cristofaro.
A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
Luego que los intendentes de las principales ciudades emitieran un duro comunicado contra Javier Milei, en el que sostienen que «así, Argentina no funciona», la avanzada amaga con escalar en el plano judicial.
Los jefes comunales empezaron a diseñar un planteo judicial ante la Corte Suprema en procura de una nueva distribución del impuesto a los combustibles y una fórmula de reparto de ATN para bloquear el «toma y daca» que aplica el libertario.
La descripción de la situación actual quedó plasmada en un documento que firmaron los intendentes de distintas ciudades -Julio Alak, Daniel Passerini, Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Rossana Chala, entre otros. En él, denunciaron que el Estado nacional «dejó de cumplir sus funciones básicas» y no distribuye fondos para los municipios.
«Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza. Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Así, la Argentina no funciona», dice el documento.
El Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos
Luego, avanzaron sobre el fondo del planteo: el recorte de recursos nacionales y sentar las bases del planteo judicial.
«La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos», señalaron en el documento cuya base fue redactada por Passerini y Javkin.
«Estamos olfateando que las cosas se están poniendo muy mal para nuestro pueblo. Porque se está prendiendo un plan económico que claramente está derrumbando la coparticipación federal», dijo Alak, quien también dio el marco jurídico para la avanzada contra Milei en la Corte.
«Ahí está el artículo 123 de la Constitución Nacional, que es un instrumento formidable para cuando algunos señores que pasan por la Casa Rosada quieren sacarle al municipio las tasas municipales. Tenemos facultades impositivas por la Constitución de la Nación para fijar tasas. No lo dice una ley, lo dice la Constitución», dijo Alak.
Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios
Y agregó respecto de la presión que ejerce el Banco Nación a los municipios para la eliminación de tasas: «Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios. Pero sus fallos rápidamente son revertidos por las Cámaras Federales porque los camaritas leen la Constitución».
Passerini avanzó sobre otros dos focos del eventual planteo judicial: combustibles y ATN. «La carga impositiva del combustible es de un 40% del valor. Los municipios en promedio solo tenemos el 1,7% de esa responsabilidad, el 35% en promedio son impuestos nacionales que deberían volver en el mantenimiento», dijo.
Y agregó: Milei «no nos mandaron los recursos para los baches porque se los está quedando; ni hablar con muchos otros fondos específicos que el Gobierno Nacional está incumpliendo».
Por ahora, los equipos jurídicos de los municipios comenzaron a ordenar el trabajo conjunto para llevar el caso ante la Corte Suprema.
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Alejandro Monteoliva desmintió la primicia de LPO sobre el levantamiento de custodias a las entidades judías, pero desde la comunidad lo confirman y aseguran que hay templos que siguen sin la protección de la Policía Federal.
Este medio reveló que la ministra de Seguridad sacó la custodia de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA. El traslado de los custodios se hizo con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.
«A las noticias falsas y la desinformación, les respondemos con la verdad. La custodia en los establecimientos de la comunidad judía no se redujo: fue reforzada y se mantiene activa», dijo Monteoliva mediante un comunicado de su ministerio.
La desmentida se choca con la realidad. Por caso, desde un templo de Once, que dejó de ser custodiado desde días atrás hasta el cierre de esta nota, se quejaron ante las autoridades nacionales en reiteradas ocasiones y no pudieron tener una respuesta de Monteoliva.
Fuentes de la DAIA dijeron a LPO que esa falla se debe a internas dentro de la propia Policía Federal. De hecho, hay una preocupación creciente en el gobierno porque Monteoliva no ejerce el mando real sobre la fuerza. Tampoco tiene ascendencia en las fuerzas Martín Ferlauto, el joven secretario de Seguridad Nacional.
La ministra enfrenta un incipiente reclamo de parte de los efectivos que exigen una recomposición salarial como la que obtuvo Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich, muy cercana a los gendarmes.
Monteoliva ya había padecido una situación similar en 2013 cuando fue ministra de Seguridad de Córdoba y tuvo que renunciar por el acuartelamiento de la policía. En ese momento fue considerada una de las responsables políticas del motín de la fuerza, que desembocó en muertos, heridos y saqueos.
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A partir de este curso, la ciudad podrá sumar nuevos árbitros y árbitras para todas las ligas municipales, tanto en categorías infantiles como mayores.
