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Informes secretos del Ministerio de Seguridad y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan una trama de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento político en la Argentina. El empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, acusado en Texas por tráfico internacional de drogas, aparece vinculado con sociedades locales, vuelos sospechosos y el entorno del Grupo Socma.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Los documentos clasificados del Ministerio de Seguridad argentino, elaborados junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y a los que accedió La Nación —según publicó la periodista Camila Dolabjian—, describen una red internacional que combina narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con figuras políticas locales.
El protagonista de esa trama es Federico Andrés “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino acusado en Texas por lavado de activos y tráfico internacional de drogas. El informe norteamericano, fechado en 2021, advertía que el DHS había solicitado información a la Argentina “sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”.
Machado, piloto y dueño de la empresa South Aviation, ya había sido mencionado en el histórico caso del “Narco Jet”: en 2010, uno de sus aviones alquilado a los hermanos Juliá fue interceptado en Barcelona con casi una tonelada de cocaína.
Pero el expediente norteamericano revela mucho más. El fiscal federal de Texas lo acusó formalmente el 24 de febrero de 2021 de “violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de narcotraficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína”. En esa misma causa se detalla que Machado y sus socios habrían montado una estafa piramidal (esquema Ponzi) que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los investigadores del DHS rastrearon al menos cuatro aeronaves vinculadas a Machado con registros adulterados. Entre 2018 y 2020, esas naves fueron interceptadas en Venezuela, México, Guatemala y Belice, transportando entre 1.200 y 2.300 kilos de cocaína cada una.
Uno de los episodios más oscuros se produjo en diciembre de 2019, en Petén, Guatemala, donde fue hallado un avión de Machado con 2.500 kilos de cocaína. Dos de los detenidos en ese operativo se fugaron tras obtener la libertad condicional, y poco después el juez que los había liberado fue asesinado por un sicario.
Según los informes secretos citados por La Nación, Machado mantuvo estrechos lazos con el empresario argentino Sergio Daniel Mastropietro, ligado a la aviación comercial. Ambos fundaron en 2010 la sociedad SO VAIN S.A., dedicada al alquiler de aeronaves. Mastropietro es nada menos que presidente de Avian Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, empresa del Grupo Socma de la familia Macri.
El documento oficial destaca que “los ejecutivos de MacAir continuaron cumpliendo funciones en Avian” y recuerda que durante el gobierno de Mauricio Macri —entre 2015 y 2019— las empresas vinculadas a Socma fueron beneficiadas con la redistribución de los hangares de Aeroparque, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Machado y Mastropietro compartieron domicilio en la calle Juez Tedín 2860 de la Ciudad de Buenos Aires y varios vuelos privados: uno a Estados Unidos en 2016 y otro a Perú en 2019, junto a pasajeros de diversas nacionalidades. Para los investigadores, esa relación le habría permitido a Machado operar dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local y acceso a infraestructura clave.
Los documentos también mencionan un dato político explosivo: “De fuentes abiertas surge que Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones para la campaña de las elecciones 2019”.
Si bien no existen imputaciones judiciales en la Argentina sobre ese financiamiento, la mención fue incorporada en los reportes como un indicio del alcance político y económico del empresario, que habría intentado insertarse en circuitos partidarios aprovechando su estructura aeronáutica y sus recursos financieros.
El Ministerio de Seguridad argentino advirtió en sus propias conclusiones que “independientemente de los delitos por los que Machado es acusado en Estados Unidos, resulta probable que haya cometido delitos en nuestro país”.
Los funcionarios subrayaron que, teniendo en cuenta el incremento de sus vuelos desde 2016 y sus vínculos con empresarios ligados al macrismo, el empresario pudo haber extendido sus operaciones ilegales dentro de la Argentina.
Las recomendaciones de los informes son contundentes: profundizar la investigación sobre Machado, sus vínculos personales y comerciales, coordinar con el DHS para ejecutar su captura internacional y analizar la responsabilidad de los organismos de control argentinos —ANAC, PSA, Aduana, UIF y ORSNA— que “debieron haber actuado”.
El caso Machado, que combina narcotráfico, lavado, política y negocios aeronáuticos, deja al descubierto una zona gris entre el dinero sucio y la política argentina, donde los mismos apellidos aparecen una y otra vez.
Mientras el empresario continúa prófugo y la justicia estadounidense busca su extradición, los documentos secretos filtrados exponen algo más profundo: la facilidad con la que las estructuras del poder económico y político local abren la puerta a operadores del crimen internacional.
