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Se colocan divisores en calle Cipolletti

La Secretaría de Obras y Servicios informa que a partir del día de la fecha se estarán colocando los divisores en calle Cipolletti y Chacabuco por lo que el carril en dirección oeste – este permanecerá cortado aproximadamente dos semanas.

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    Las presentaciones contra el Grupo Albanesi se multiplican en la Justicia tras el default que perjudicó a cientos de ahorristas que habían invertido en sus Obligaciones Negociables (ON).

    Entre fines de 2025 y las primeras semanas de este año las demandas contra una de las principales empresas de energía del país se acrecentaron en diferentes juzgados comerciales.

    El Grupo Albanesi entró en fase de incumplimiento de pagos a principios de mayo de 2025 tras no poder afrontar los pagos de una ON en dólares de sus subsidiarias Generación Mediterránea y Central Térmica Roca.

    Entre 2019 y 2024, el Grupo Albanesi creció a toda velocidad. Amplió su parque de generación eléctrica y ganó peso en el sistema. Lo hizo apalancado en deuda local e internacional.

    El default de Albanesi afectó a cientos de ahorristas y golpea la credibilidad del mercado de deuda

    Pero en 2024 empezaron los problemas: hubo canjes parciales y refinanciaciones apresuradas. En definitiva, parches que no alcanzaron para estabilizar la estructura financiera.

    Sin embargo, la calesita seguía girando hasta que el esquema terminó de romperse el 29 de abril de 2025. Albanesi dejó de pagar intereses y en pocas horas entró formalmente en default.

    El dato más incómodo aparece cuando se mira el calendario. El 26 de febrero de 2025, apenas dos meses antes del default, Albanesi emitió la Obligación Negociable Clase XLII por más de 6.000 millones de pesos. Vencía a un año. Pagaba TAMAR más 5 por ciento. Fue presentada como deuda corporativa estándar. Sin alertas. Sin banderas rojas. Menos de sesenta días después, la empresa dejó de pagar todo.

    Durante todo 2025, Albanesi avanzó en una reescritura de contratos. Estiró plazos. Redujo derechos. Cambió eventos de incumplimiento. Muchas veces con la deuda ya caída. Para varios acreedores, aceptar esos cambios no fue una elección, sino una rendición. La alternativa era no cobrar nada.

    Una de las principales empresas de energía del país entra en default y golpea a la Anses

    En la segunda mitad del año, el proceso se volvió más opaco. Las negociaciones pasaron a mesas privadas, bajo acuerdos de confidencialidad. Un puñado de grandes acreedores accedió a información sensible. Los minoristas quedaron afuera.

    El bono en default fue emitido bajo ley internacional por USD 350 millones, en el marco de una deuda total de más de USD 1.000 millones, con vencimiento a 2027. Este mismo bono fue reestructurado en noviembre del 2024. Pese a esta delicada situación financiera, la compañía emitió deuda en octubre pasado por USD 350 millones, en enero por USD 59 millones y en marzo por otros USD 10 millones.

    La situación de Albanesi alimenta la lectura de los que advierten por el riesgo sistémico que implica la creciente toma de deuda en dólares que alienta el Gobierno. El ex presidente del Banco Central Martín Redrado y la agencia Moody’s calificaron de muy riesgosa esa estrategia y recordaron que así explotó la Convertibilidad.

    Albanesi es una empresa de la familia Loson, su fundador Armando Loson es un arrepentido de la causa cuadernos, hoy retirado del día a día de la empresa que maneja su hijo Armando.

    La compañía opera centrales térmicas en Río Cuarto (Córdoba), Ezeiza y Bahía Blanca (Buenos Aires), San Miguel de Tucumán, Frías (Santiago del Estero), La Rioja, General Roca (Río Negro), Timbúes y Arroyo Seco (Santa Fe).

     

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  • Baradel no sabe cómo contener a los docentes furiosos porque Kicillof les ofreció un aumento en línea con la inflación dibujada de Caputo

     

    Axel Kicillof se enfrenta a un paro para el primer día de clases si Roberto Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.

    Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.

    El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación de Caputo había dado 2,9%. Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%. 

    La oferta de la provincia fue rechazada de inmediato por los docentes, incluso por los de Suteba de Baradel, alineado a Kicillof desde que asumió como gobernador en 2019. Por el gobierno bonaerense subió la oferta al 3%, pero recibió la misma negativa.

    Suteba debió anunciar entonces un paro general para el 2 de marzo, el día que empiezan las clases. «Todo bien con Axel, pero necesitamos guita», dijeron a LPO desde uno de los gremios docentes que están alineados con el gobernador.

    Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

    El gremio que encabeza Baradel publicó una lista de siete reclamos para anunciar el paro. Los primeros cinco son pedidos para el gobierno de Javier Milei, pero el sexto, por el que paran los docentes, es el del aumento salarial que depende de la provincia.

    Baradel está en la encrucijada de mantener la alianza con el gobernador pero al mismo tiempo contener a las bases que ya no quieren aguantar más pérdidas contra la inflación, menos aún con un gobierno en teoría peronista.

    La situación se extendió a otros sectores como el de los estatales, que están en pie de guerra porque también les ofrecieron el 2% de aumento y el de los judiciales. Esta semana la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), a través de su seccional bonaerense, le envió una durísima nota al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, en la que expone la «extrema preocupación y profundo malestar» que atraviesan los trabajadores judiciales por la pérdida salarial acumulada y la falta de respuestas oficiales.

     

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