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Milei desregula el mercado yerbatero: un golpe directo a pequeños productores y vía libre para la concentración
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, que desmantela las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y libera completamente el mercado. La medida, presentada bajo el argumento de «modernización», abre un escenario crítico: favorece a los grandes molinos, deja a miles de pequeños productores sin protección y anticipa subas en góndola ante la concentración del negocio.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un decreto que cambia todo
El flamante Decreto 812/2025, publicado esta mañana, modifica de raíz el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A partir de ahora, el INYM tiene prohibido intervenir en precios, cupos de plantación, regulaciones de oferta, normas que ordenen la cadena productiva o cualquier decisión que pueda “distorsionar el mercado”.
En criollo, se le quita al INYM su razón de ser desde 2002, que era equilibrar la relación entre productores, cooperativas e industrias, y evitar abusos en un sector históricamente marcado por asimetrías brutales.
La palabra prohibida: precios
El nuevo artículo 8 del Decreto 1240/2002 —reemplazado por esta norma— establece que el INYM no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de oferta y demanda.
Esto implica que:
- el INYM no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada;
- tampoco podrá establecer precios mínimos para evitar que los molinos paguen valores de ruina;
- desaparece el único mecanismo institucional que protegía el ingreso de los productores chicos.
Hasta hoy, la fijación semestral de precios era la herramienta que impedía que los grandes jugadores impusieran la tarifa a su conveniencia. Con el decreto, esa barrera desaparece.
El golpe silencioso: derogación masiva
El artículo 3 del decreto deroga los artículos 9, 11 al 19 del Decreto 1240/02. O sea:
- controles sobre plantaciones,
- facultades de ordenamiento del mercado,
- mecanismos de transparencia,
- atribuciones de control económico,
- y los procedimientos con los que el INYM equilibraba la cadena productiva.
Se desarma toda la estructura pública que sostenía a los productores familiares.
La concentración que viene (o que ya llegó)
En la cadena yerbatera conviven:
- más de 12.000 pequeños productores,
- cooperativas y secaderos medianos,
- y un puñado de grandes molinos que controlan buena parte del mercado.
Sin regulaciones:
- los pequeños productores pierden poder de negociación,
- los molinos podrán imponer precios cada vez más bajos en tranquera,
- y se profundiza una tendencia estructural: concentración y desplazamiento de productores familiares.
El INYM nació precisamente para evitar este escenario después de la crisis del sector en los años 90, cuando la desregulación había generado valores de miseria y abandono de chacras. El decreto de Milei retrocede dos décadas de protección y devuelve al sector a esa lógica.
¿Bajarán los precios al consumidor? Todo lo contrario
Aunque el Gobierno promueve el decreto con la promesa de “libre competencia”, la evidencia histórica del mercado yerbatero muestra lo siguiente:
- Cuando baja el precio que reciben los productores, no baja el precio en góndola.
- Cuando los molinos concentran el negocio, los precios suben, no bajan.
- En los 90 —última gran desregulación— se pagaba una miseria por la hoja verde y el paquete de yerba aumentaba igual.
La yerba es un bien cultural, de consumo masivo y con una estructura oligopólica. En mercados así, la desregulación no genera competencia: genera abuso de posición dominante.
Por eso, el decreto no solo perjudica a quienes producen: también amenaza con nuevas subas en la góndola.
Un organismo reducido a control de calidad
El decreto ordena además que, en 30 días, el INYM revise y derogue toda norma que contradiga el nuevo esquema. Es decir, en un mes el Instituto quedará reducido prácticamente a:
- certificaciones de calidad,
- registros administrativos,
- y funciones técnicas menores.
La institución que equilibraba la cadena yerbatera durante más de 20 años queda convertida en un ente simbólico, sin herramientas para defender a los pequeños productores ni garantizar prácticas leales en un mercado hiperconcentrado.
Un tiro en el corazón de las economías regionales
La yerba mate es el motor económico de Misiones y parte de Corrientes. Miles de familias viven de chacras pequeñas que solo subsisten si existe un precio justo y reglas claras.
Con este decreto:
- se debilita la economía familiar,
- se favorece a los molinos más grandes,
- se facilita la concentración,
- se reduce la transparencia del mercado,
- y se abre la puerta a aumentos en góndola que pagarán los consumidores de todo el país.
La “modernización” proclamada por Milei es, en los hechos, una desregulación feroz que profundiza desigualdades y rompe un equilibrio que llevó décadas construir.
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Tras el descarrilamiento comenzaron las demoras del Sarmiento y hubo incidentes en la estación Once.
«La situación es realmente compleja si analizas los estándares normales de seguridad», explicó a LPO un especialista. «Siempre se hace lo mínimo como para que los trenes sigan andando, pero el deterioro por no hacer los mantenimientos generales sigue a fondo», agregó.
El accidente se produjo cuando formación estaba llegando a Liniers y cinco de los siete coches continuaron por la vía correcta y los dos últimos se desviaron por un trazado alternativo.
El Pollo Sobrero, delegado del Sarmiento, negó que hubiera habido una falla humana y comentó que días atrás se había instalado un nuevo sistema de señales. Y comentó que la situación era «muy rara».
«Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes», dijeron desde Trenes Argentinos, la empresa estatal que tiene a cargo las obras de infraestructura en los ferrocarriles.
«El ajuste ha hecho que la mejor gente y de más experiencia se vaya antes que la echen, eso también pega», subrayó el especialista.
El accidente se produjo horas después de que la Corte Suprema ratificara la condena a cuatro años de prisión contra Julio De Vido por «administración fraudulenta» en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 con un saldo de 51 muertos.
