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Se agrega una nueva función del ensamble “Perla Del Valle”

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa a pedido del público se agrega una nueva función del ensamble “Perla del Valle” para el próximo domingo a las 20,00 hs. en El Galpón de las Artes.

Además recuerda que se agotaron las entradas para la presentación del día sábado a las 21,00 hs.

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    Milei pierde en Tribunales y deberá pagar más de 5 millones tras su ofensiva contra periodistas

     

    La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una derrota judicial que desnuda el método Milei

    La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.

    Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.

    La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista

    La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.

    Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.

    La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.

    El ataque sistemático a la prensa crítica

    La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.

    Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.

    El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.

    Un patrón preocupante

    Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.

    La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.

    En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.

     

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    La venta de Manantiales Behr, la joya del petróleo convencional que YPF, se dilata en medio de fuertes tensiones en el directorio de la petrolera estatal que conduce Horacio Marín. 

    La operación fue tratada en una reunión de directorio hace dos semanas. En la empresa aseguran que la aprobación fue por unanimidad. Sin embargo, casi veinte días después, YPF no informó la decisión como Hecho Relevante ni ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde cotiza vía ADR. 

    El dato no es menor. La normativa es clara: la comunicación debe ser inmediata, simultánea y con información suficiente. Precio, contraparte, impacto patrimonial y operativo. No se puede postergar para un balance trimestral. 

    Shell abandonó el mega proyecto de GNL de YPF y expone la «venta de humo» de Marin

    Fuentes cercanas a miembros del directorio que hablaron con LPO relativizan la versión de Marin. «Unanimidad no hubo», dicen. Y agregan la clave de la demora: hay directores que no quieren dejar los dedos marcados en una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador. 

    Manantiales Behr no es un área más. Está en la Cuenca del Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, y produce alrededor de 8.000 barriles diarios. Es uno de los yacimientos donde YPF desplegó recuperación secundaria y terciaria, con inyección de polímeros, tecnología propia y know-how acumulado durante años. No es sólo petróleo: es innovación aplicada en un campo maduro. 

    Hay directores de YPF que buscan mostrar distancia con la venta de Manantiales Behr, preocupados por una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador. 

    Pero lo que incomoda a una parte del directorio no es la geología. Es la empresa adjudicataria. Rovella Carranza, de origen puntana vinculada a los Rodríguez Saá, es una constructora que despegó al calor del macrismo porteño y cuya experiencia en el sector energético se limita, básicamente, al tendido eléctrico. No tiene antecedentes como operadora de yacimientos petroleros de esta complejidad.  

    A eso se suma un dato político explosivo. Su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la causa Cuadernos. Para una compañía que cotiza en Nueva York como YPF y responde a estándares de compliance internacionales, no es un detalle decorativo. Es una bandera roja. 

    Mario Rovella y Alerto Rodrígez Saá.

    En paralelo, el proceso de desinversión de YPF en la producción de petróleo convencional expone los límites de un modelo con un pleno a las exportaciones de recursos naturales. El boom exportador petrolero que explica el 90% del superávit comercial del país, convive con ajuste, tercerización y pérdida de puestos de trabajo en el sector. 

    Mario Lavia, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados indicó «Hoy YPF va rápido en la búsqueda de divisas a un sector: Vaca Muerta. Pero se encuentra con que se necesita financiamiento y los elementos para producir», detalló Lavia y consideró que la política hidrocarburífera planteada «es errónea» porque «se trabaja para poder procesar» el petróleo y se «ha retirado de todos los yacimientos convencionales».

    Ademas, Lavia remarcó que esta política de desinversión de YPF «deja un pasivo ambiental en las provincias» y al mismo tiempo genera «sectores que quedarán postergados porque muchos trabajadores pierden el empleo».

     

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