Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación.
En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute en ese lugar.
Por ello desde la Dirección de Deportes trabaja en la parte organizativa de la competencia además de las mejoras que se realizan en el predio.
La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
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Luis «Toto» Caputo está furioso con Sandra Pettovello porque lo dejó expuesto tras echar a su jefe de gabinete por tomar un crédito con el Banco Nación de más de 400 millones de pesos.
La ministra de Capital Humano se deshizo de Leandro Massaccesi apenas su nombre comenzó a circular junto al de otros funcionarios del gobierno que recibieron créditos del banco que depende de Caputo.
Al echar a Massaccesi, Pettovelló sentó un precedente moral que acorraló a Caputo porque dos de sus funcionarios de primera línea, Federico Furiase y Felipe Núñez, sacaron créditos con el Nación que también superan los 400 millones de pesos.
Como el escándalo de los créditos a funcionarios ya está siendo investigado en la Justicia, el banco presentó una auditoría interna que había encargado antes de autorizar los créditos a los funcionarios.
En la auditoría se aclara que no hay ninguna normativa que prohíba prestar dinero a funcionarios pese a que sus cargos son de una duración mucho menor a la de la extensión de un crédito hipotecario.
Además de la bronca de Caputo, Karina quedó en llamas porque no soporta las jugadas inconsultas de los ministros
De hecho, se analizó el propio caso de Furiase, que cuando pidió el préstamo era director del Banco Central, que en teoría debe controlar a los otros bancos. Como ya había antecedentes de otros directores del Central que pidieron créditos en el Banco Nación, autorizaron el préstamo para Furiase.
Pero más allá del avance que pueda tener este caso en la Justicia, en el gobierno creen que Pettovello arruinó sus chances de ser la jefa de gabinete, una alternativa que se barajaba para terminar con el escándalo de Manuel Adorni.
Los deudores de lujo Felipe Núñez y Federico Furiase
«¿Qué quiere? ¿Que eche a todos mis funcionarios?», se lo escuchó refunfuñar a Caputo en Semana Santa.
Pettovello se jactó en todos lados que ante la duda de un caso de corrupción, echa al funcionario implicado. Pero no midió que esa vara alta complicaba tanto a los hermanos Milei, que decidieron sostener a Adorni pese a la acumulación de sospechas de corrupción, como al ministro de Economía.
Además de la bronca de Caputo, Karina quedó en llamas porque no soporta las jugadas inconsultas. Milei otra vez culpó al periodismo por vincular la salida de Massaccesi con los créditos del Nación.
Incluso dijo que Pettovello se comunicó con periodistas para negar que hubiera echado a su jefe de gabinete, un contacto que no se vio reflejado en ningún medio. Ya era tarde: minutos después de que Pettovello lo despidiera, el propio Massaccesi había salido a dar explicaciones sobre el crédito.
A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos.
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