Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación.
En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute en ese lugar.
Por ello desde la Dirección de Deportes trabaja en la parte organizativa de la competencia además de las mejoras que se realizan en el predio.
La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.
La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.
El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.
La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.
Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.
Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.
Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.
Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.
La secretaria de Energía, María Tettamanti.
«Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.
«El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.
El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.
Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas, no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.
La senadora oficialista reconoció que puso su cargo a disposición del Presidente tras chocar con una decisión clave de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto una tensión que el Gobierno intenta minimizar, pero que expone diferencias cada vez más visibles dentro de La Libertad Avanza.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La imagen de disciplina absoluta que el oficialismo intenta proyectar volvió a mostrar grietas. La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó públicamente que le presentó su renuncia a Milei como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Según relató la propia legisladora, el mandatario simplemente ignoró el ofrecimiento y continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido.
La revelación resulta significativa porque proviene de una de las figuras más importantes del oficialismo. Bullrich explicó que decidió poner su cargo a disposición luego de comunicarle a Milei que ejercerá una «objeción de conciencia» frente al retiro de la candidatura de Michelli, una medida que generó fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del Gobierno.
Una decisión que abrió una crisis interna
El conflicto comenzó cuando la Casa Rosada resolvió retirar la postulación de Michelli para un cargo judicial federal después de conocerse que mantiene un vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó diversas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. La medida provocó críticas de sectores judiciales, de la oposición y también dentro de las propias filas libertarias.
Fue en ese contexto que Bullrich decidió marcar diferencias. La senadora sostuvo que se trata de una cuestión vinculada a sus principios personales y no a una discusión sobre la estrategia parlamentaria del bloque. Sin embargo, la sola necesidad de ofrecer una renuncia dejó en evidencia que el desacuerdo excede una simple diferencia técnica.
La propia legisladora relató que mantuvo una conversación «madura y seria» con Milei y que, como consideraba que estaba tomando una posición distinta a la del Presidente, creyó correcto poner su cargo a disposición. La respuesta presidencial fue llamativamente fría: según Bullrich, Milei «no le dio importancia» al tema y siguió hablando de otros asuntos.
El oficialismo intenta negar las diferencias
Aunque Bullrich se esforzó por negar la existencia de una interna abierta y ratificó su apoyo al rumbo general del Gobierno, los hechos muestran un escenario más complejo. No es la primera vez que la senadora se distancia públicamente de decisiones impulsadas desde la Casa Rosada y, en los últimos meses, comenzó a construir un perfil propio dentro del universo libertario.
Para una administración que construyó gran parte de su identidad política alrededor de la idea de cohesión absoluta y obediencia al liderazgo presidencial, el episodio representa un problema político. La noticia no pasa únicamente por una renuncia que finalmente no se concretó, sino por el hecho de que una dirigente central del oficialismo sintiera la necesidad de ofrecerla.
Mientras Milei busca sostener la narrativa de un Gobierno sin fisuras, la controversia por la jueza Michelli terminó exhibiendo algo diferente: las tensiones internas existen, las diferencias aparecen cada vez con más frecuencia y ya comenzaron a hacerse públicas. Que el Presidente haya rechazado la renuncia puede haber evitado una crisis inmediata, pero difícilmente alcance para cerrar una discusión que sigue creciendo dentro del propio oficialismo.
Las ciudades hoy en su diseños urbanísticos también se caracterizan por considerar en circulación interna a todos los actores que se mueven dentro de su ejido. Establece así, prioridades equilibradas y diseños estructurales, haciendo hincapié en considerar hasta el potencial visitante a las localidades y su forma de recorrerla. En esta apreciación, nuestra ciudad tiene…
El Gobierno avanzó con una nueva tanda de concesiones viales bajo el esquema de iniciativa privada, pero en el sector de la construcción ya hablan de un modelo montado sobre promesas de financiamiento que aparecen muy voluntaristas. En las empresas creen que el plan de Luis Caputo para reactivar 9.000 kilómetros de rutas parece más una maqueta financiera que un programa de obra pública con chances reales de ejecutarse.
La nueva etapa de privatización incluye corredores nacionales que pasarán a manos privadas a cambio de explotación de peajes y compromisos de inversión. La administración de Javier Milei insiste en que el modelo permitirá reemplazar la obra pública tradicional por capital privado. El problema es que las grandes constructoras aseguran que ese capital no aparece.
«Todo está hiperverde», resumió a LPO el dueño de una importante constructora. Según explicó, varias compañías se anotan en las licitaciones más para obtener un activo político-financiero que porque crean viable el negocio. La lógica sería ganar la adjudicación y luego salir a buscar financiamiento usando como respaldo los futuros ingresos de peajes. Una apuesta a diez años montada sobre flujos que todavía no existen.
En las constructoras dicen que muchas firmas buscan adjudicaciones para mostrar movimiento, reactivar balances y salir del estado vegetativo en el que quedaron tras el derrumbe de la obra pública.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo. «Afuera no hay fondeo», explicó la fuente consultada. Por eso ahora intentan conseguir financiamiento local. Pero tampoco resulta sencillo.
Según describen en el sector, apenas dos compañías logran acceder a préstamos bancarios y más por relaciones históricas con entidades financieras que por confianza genuina en el negocio vial. Los bancos miran el esquema con desconfianza. La ecuación tiene demasiadas variables abiertas.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo.
En las constructoras recuerdan que desde el macrismo hasta la actualidad se acumularon conflictos contractuales, renegociaciones y obras paralizadas. El recuerdo de las fallidas PPP todavía funciona como una alarma encendida dentro del sector. Aquellas autopistas prometidas nunca lograron superar la estructuración del financiamiento.
Ahora apareció otro obstáculo que las empresas consideran todavía más delicado: las aseguradoras. Según explicó la fuente consultada, prácticamente no hay compañías dispuestas a emitir las garantías necesarias para respaldar contratos de esta magnitud. El motivo es simple. Si las obras no se terminan, las pólizas se ejecutan y las aseguradoras quedan expuestas a pérdidas millonarias.
«No hay seguros», sintetizó el empresario. La frase resume el principal cuello de botella del modelo. Sin aseguradoras que respalden los contratos, los bancos tampoco tienen incentivos para prestar. Y sin financiamiento, las concesiones quedan reducidas a anuncios administrativos.
La desconfianza también atraviesa las proyecciones oficiales. Caputo había asegurado que para julio habría miles de kilómetros de rutas en ejecución. En el sector privado creen que eso difícilmente ocurra. Las empresas observan un esquema donde el Estado se corre del financiamiento, pero el mercado no acepta ocupar ese lugar.
La discusión de fondo excede las rutas. Lo que está en juego es si existe en la Argentina puede acceder a un mercado financiero dispuesto a reemplazar al Estado en proyectos de infraestructura pesada. Por ahora, en el propio sector empresario responden con escepticismo.
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, disertará en La Plata sobre inteligencia artificial (IA) junto al jefe comunal local, Julio Alak, en el marco de una nueva jornada del ciclo Gobierno y Territorios del Instituto de Capacitación Política (ICP).
La actividad tendrá lugar de forma gratuita y sin inscripción previa el martes 9 de junio en la sede del ICP, ubicada en calle 54 entre 10 y 11 N° 777 de la capital bonaerense. Además, podrá seguirse en vivo en el canal de YouTube @capacitacionicp.
Durante el encuentro, Sujarchuk compartirá su recorrido en la gestión pública y abordará especialmente la aplicación de la IA en el ámbito local. Además, presentará su libro Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanIA inteligente (Planeta), que analiza los nuevos desafíos que plantea esta fase de la revolución digital.
Cabe destacar que el ciclo Gobierno y Territorios del ICP, moderado por Alak, propone generar un espacio de reflexión en torno a los desafíos de la gestión pública, los programas de gobierno y las experiencias y políticas de desarrollo del país. El primer encuentro contó con la intervención del intendente de Morón, Lucas Ghi.
Para más información, se encuentra disponible el sitio web https://www.icpweb.ar/.
Mientras en buena parte de la city financiera persiste la idea de que Axel Kicillof representa un riesgo para los mercados, los inversores parecieron tener otra opinión cuando llegó el momento de prestar dinero. Banco Provincia colocó deuda por el equivalente a casi 100 millones de dólares y consiguió financiamiento en moneda estadounidense al 4,25 por ciento anual, una tasa inferior a la obtenida recientemente por el Galicia y el BBVA.
La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación. El objetivo era captar alrededor de 70 millones de dólares, pero la demanda permitió adjudicar el equivalente a casi 100 millones.
En la Clase V, denominada en dólares, se colocaron 31,7 millones de dólares a una tasa fija del 4,25 por ciento anual. En la Clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron 93.650 millones de pesos a una tasa equivalente a TAMAR más 4 por ciento. Ambos instrumentos tienen un plazo de 12 meses.
La comparación con otras emisiones recientes resulta llamativa. BBVA consiguió financiamiento al 5 por ciento anual, Banco Galicia colocó 53 millones de dólares al 4,75 por ciento y Banco Nación debió convalidar una tasa del 5,50 por ciento. En otras palabras, el banco controlado por la provincia de Buenos Aires logró endeudarse más barato que entidades privadas y que el principal banco público nacional.
Consultado por LPO, Cuattromo destacó que se trata de la tercera emisión realizada por la entidad y vinculó el resultado a un proceso de fortalecimiento financiero que comenzó años atrás. «Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez», afirmó.
El titular de la entidad agregó que el fortalecimiento del banco estuvo acompañado por una estrategia más amplia de la administración bonaerense. «La Provincia de Buenos Aires hizo un importante trabajo en la estructuración del mercado de capitales. Todo esto permitió que el Banco alcanzara niveles de solidez que evidentemente fueron premiados por el mercado», señaló.
Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez.
El dato adquiere relevancia porque contradice uno de los argumentos más repetidos en algunos informes políticos y financieros de los últimos meses. Si el mercado realmente estuviera castigando cualquier activo asociado al gobernador bonaerense, sería difícil explicar por qué aceptó prestarle a Banco Provincia a una tasa menor que a varios de sus competidores.
«Es el resultado de una gestión exitosa del Banco Provincia en un contexto bastante adverso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay mucho ruido en los mercados debido a la política internacional de Donald Trump», afirmó Martín Burgos, director de la consultora Lado B.
Para el economista, la colocación también tiene una lectura política. «Es una señal muy importante porque se disipa la idea del riesgo Kuka. El gobierno provincial demuestra solvencia tanto técnica como política», sostuvo.
En la misma línea, Cuattromo rechazó las lecturas que buscan asociar la gestión bonaerense con un mayor riesgo para los inversores. «Tanto el Banco como la Provincia, durante la gestión de Axel Kicillof, siempre han cumplido sus compromisos. Por eso es lógico que el mercado convalide ambas gestiones», afirmó.
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