Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación.
En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute en ese lugar.
Por ello desde la Dirección de Deportes trabaja en la parte organizativa de la competencia además de las mejoras que se realizan en el predio.
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro, Balances Municipales del ejercicio 2020 e Informe Anual por el servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales correspondiente al año 2020, cumpliendo así con los requerimientos establecidos en la Ley Provincial…
En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo…
Los senadores aliados de la Casa Rosada observan con atención la perspectiva de los gobernadores de la UCR, el PRO y las provincias que colaboran con Javier Milei para entender cómo puede terminar la discusión sobre la eliminación de las PASO. «A los gobernadores no les importan las PASO, están esperando una compensación política y después las entregan a doscientas manos», dijo a LPO un legislador de buen diálogo con el oficialismo.
Aún cuando el jefe de la bancada macrista, Martín Göerling, aseguró que su bloque no votará la derogación de las primarias, el ministro del Interior, Diego Santilli, busca la forma de sacar adelante la reforma política que pretenden el Presidente y su hermana, Karina Milei. «Van a buscar la forma de que se la votemos, pero hay dudas y el mejor argumento lo dijo Patricia», comentó el mismo senador.
En efecto, Bullrich declaró el miércoles pasado que las colectoras «deforman el sistema político», tal como informó LPO. La ex ministra, que necesita la vigencia de las primarias para competir pero sabe que un presidente que va por su reelección no le daría PASO a nadie, entiende que «la colectora traslada la primaria a la elección general».
Lo que señala la líder de los senadores libertarios es que, de aprobarse la reforma con la incorporación del mecanismo de las colectoras, el día de la elección general habrá dos listas distintas colgadas del binomio que dispute la presidencia. «El sistema genera dudas, no está claro el planteo. ¿Cuál va a ser la lista de uno y otro?», plantea un radical.
Para colmo, ese sistema habilitaría solo dos listas por cada candidato en el vértice. Un esquema así abriría una pelea peligrosa de los aliados de Milei entre sí por quedarse con los lugares de la colectora, en caso que LLA se quede con la nómina violeta completa.
Por eso, un senador que debería renovar su banca desliza que la clave es detectar «cómo compensan» a los aliados. «Van a trabajar sobre el poder. ¿Cuál es el poder? El de los que tienen los votos para sacar la reforma y, a su vez, no tienen candidato a presidente», explica.
En ese grupo, ubica a los radicales Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés y Maximiliano Pullaro, pero también a Rogelio Frigerio e Ignacio Torres por el PRO.
María Victoria Huala, Mauricio Macri y Alfredo De Angeli.
Los macristas, por ahora, dejan que se lleve la marca Göerling, junto con la chubutense Andrea Cristina y la pampeana María Victoria Huala, el trío del bloque amarillo en el Senado. «Hay que ver que sale de ahí pero el tema de las colectoras es complicado porque dependés del que te la da», sostiene uno de los 12 diputados de Cristian Ritondo.
Su temor es que Milei se niegue a darles la colectora en provincia de Buenos Aires, por caso, y tengan que salir a buscar un postulante a la presidencia y otro a la gobernación, porque una tira sin binomios para el Ejecutivo, a priori, cosecha menos votos. «Quedás muy desprotegido. Es como si te invitaran a negociar las listas pero en la puerta te dicen: ‘Entregame las armas y pasá’. Adentro están todos calzados y dependés de que no te caguen a tiros», resume.
Van a trabajar sobre el poder. ¿Cuál es el poder? El de los que tienen los votos para sacar la reforma y, a su vez, no tienen candidato a presidente.
Por lo demás, los macristas son memoriosos y reclaman «garantías ejecutables». «No nos dieron el lugar en la AGN porque los libertarios pactaron con el peronismo, no le dieron a Cristian la Bicameral de Inteligencia y ahora tenemos que confiar en que no nos van a dejar sin colectora», comentan.
Al cierre de esta nota, otra de las incógnitas pasaba por determinar la postura de gobernadores como Osvaldo Jaldo, que rechaza la eliminación de las PASO, y Raúl Jalil, que está a favor de quitarlas. Acaso la diferencia entre ambos se deba a que el tucumano quizá deba afrontar tensiones con el sector de Juan Manzur, mientras que el catamarqueño parece tener más controlado el PJ local.
Quedás muy desprotegido. Es como si te invitaran a negociar las listas pero en la puerta te dicen: ‘Entregame las armas y pasá’. Adentro están todos calzados y dependés de que no te caguen a tiros.
Lo paradójico es que Jaldo cuenta con el voto de la monobloquista Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, integrada a la bancada de Carolina Moisés y Guillermo Andrada, quien responde precisamente a Jalil. Como cada voto puede ser fundamental para alcanzar los 37 de la mayoría absoluta, lo que definan es determinante.
De hecho, ese bloque espera «conclusiones de Jalil, Jaldo y Gustavo Sáenz antes de emitir opinión». «Una vez que ellos avancen sus discusiones con el Gobierno Nacional respecto a este tema, seguramente consensuaremos una posición que contenga las expectativas de todas las partes», responde Moisés.
Hay otros mandatarios con los que el gobierno tal vez tenga el camino más allanado para conseguir el respaldo político, como es caso del salteño Sáenz, con quien la Rosada venía conversando para no habilitar la candidatura de la libertaria María Emilia Orozco, o Rolando Figueroa, donde el oficialismo resignaría la postulación de Nadia Márquez para no estorbar la performance del neuquino.
Los más firmes en el rechazo a la reforma son los 25 peronistas. «Van a hacer una galleta y puede ser un desastre porque, encima, pretenden mezclar la boleta única nacional con colectoras en elecciones concurrentes», dijo el senador Fernando Salino.
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