Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación.
En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute en ese lugar.
Por ello desde la Dirección de Deportes trabaja en la parte organizativa de la competencia además de las mejoras que se realizan en el predio.
Hasta el jueves 30 los contribuyentes reginenses podrán pagar la boleta por tasas retributivas correspondientes al mes de diciembre. Quienes lo hagan participarán del sorteo de la tercera bicicleta mountain bike que se realizará el 12 de enero de 2022. Además ese mismo día se llevará a cabo el sorteo final de un monopatín eléctrico…
LAVACA.org es una cooperativa que propone generar herramientas, información, vínculos y saberes que potencien la autonomía de las personas y sus organizaciones sociales. Todos los meses desde el observatorio Lucia Perez, uno de sus espacios digitales donde por ejemplo crearon el primer padrón autogestivo y público de femicidios del país, comparten un resumen mensual del…
La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.
Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.
En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.
El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.
En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.
Oscar Zago.
En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.
De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».
El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.
No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.
Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.
Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.
Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.
Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.
Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».
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Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.
El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores.
Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo».
La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.
En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA.
Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.
En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.
Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones.
A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro.
El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.
Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados.
El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década.
Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país.
En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.
En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial».
Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central.
Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares».
Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.
La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
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