Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación.
En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute en ese lugar.
Por ello desde la Dirección de Deportes trabaja en la parte organizativa de la competencia además de las mejoras que se realizan en el predio.
El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan…
Por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, el Ministerio de Salud de Río Negro resolvió hoy prorrogar el cordón sanitario en Choele Choel, a partir de las 8 del día 29 de abril y hasta las 24 horas del 6 de mayo. Se trata de una medida preventiva, excepcional y temporaria, que…
La Municipalidad de Villa Regina informa que se presentó una postulación al concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. La presentación corresponde a la Doctora Fernanda Jazmín Cortes. A partir de ahora están corriendo los plazos previstos en el decreto 126/21. Difunde esta nota
Gustavo Valdés está furioso con el gobierno nacional porque La Libertad Avanza votó en contra del Presupuesto en Corrientes y ahora amaga con complicarle el Senado a la Casa Rosada.
El exgobernador correntino tiene dos senadores propios, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, y también incide sobre Camau Espínola. Además, Vischi es el jefe del bloque de la UCR, un aliado clave para el gobierno.
En la Cámara de Diputados, Valdés ya mandó a su único legislador, Diógenes González, votar en contra del polémico Capítulo XI del Presupuesto, que entre puntos derogaba la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. González votó a favor en general y del resto de los capítulos.
Fuentes correntinas contaron a LPO que Valdés está furioso con el gobierno porque el único diputado que tiene La Libertad Avanza en Corrientes no pagó con la misma moneda y votó en contra del Presupuesto provincial.
Se trata de Ricardo «Caito» Leconte que cuestionó duramente el Presupuesto enviado por el gobernador Juan Pablo Valdés por que contemplaba un endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. El otro diputado filolibertario es Pedro «Perucho» Cassani, que se ausentó a la votación.
Aunque Valdés, que es actual senador provincial, no tuvo problemas en aprobar el Presupuesto correntino ya que controla los dos tercios de ambas cámaras, igualmente puso el grito en cielo por la actitud de LLA. Las fuentes contaron a LPO que Valdés llamó furioso al ministro del Interior, Diego Santilli, para quejarse.
Si bien todo indica que el gobierno de Milei no tendrá problemas para aprobar el viernes el Presupuesto en el Senado, en Corrientes advierten que Valdés tiene poder de daño en esa Cámara. LPO reveló que en el bloque radical que comanda Vischi hay incomodidad por el ajuste en ciencia y educación.
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
El giro en el aire de Toto Caputo que pasó de empujar el veto al Presupuesto a pedir que se lo aprueben ya mismo como vino de Diputados, tiene una explicación. El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.
Todas las bravuconadas sobre los USD 7.000 millones que tenía asegurados de bancos internacionales, más la posibilidad de activar los swap de China y Estados Unidos fueron apenas eso, bravuconadas.
Por eso, ahora trabaja contra reloj con el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. Su idea es subir bastante la tasa que cobran a cambio de alargar el vencimiento.
Esto hoy está prohibido por la ley Guzmán, que para evitar canjes ruinosos para el país impuso una condición: hay que mejorar dos de tres condiciones si se pretende canjear deuda. Si en un bono tenemos monto, tasa y plazo hay que mejorar dos de estos elementos.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya.
Caputo pretende mejorar sólo tasa, pero para los acreedores. O sea, la Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante. Esto es la explicación del recurrente problema de deuda del país, se patea el pago para adelante a costa de aumentar el tamaño de la obligación.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya. Porque ya está negociando el canje con los acreedores y necesita mostrarles que desarmó esa cláusula. Pero nada es fácil en la Argentina, el equipo económico también trabaja con abogados en la emisión de los nuevos bonos, para sortear embargos por el juicio de YPF.
Es curioso como se dan las cosas. Caputo fue el genio que inventó incorporar al Presupuesto el artículo 75 que volteaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, que terminaron detonando todo el Capítulo 11 que incluía varios ajustes más.
Diego Santilli y los Menem sabían que esa provocación les iba a detonar los acuerdos que laboriosamente tejieron con los gobernadores del Norte, pero no se animaron a contradecir al ministro de Economía. Y así les fue. Luego, en la madrugada, para salvar la metida de pata de Caputo, la metieron doble y activaron desesperados el enjuague del reparto de cargos en la AGN, que les terminó detonando la relación con el PRO y los radicales.
Estuvieron a tres votos de salvar el Capítulo 11, pero no llegaron. El problema que se encontró Santilli es que tras dos años de incumplimientos por parte de la Rosada, los gobernadores piden pago en efectivo antes de acompañar al gobierno. Es una metáfora claro.
El Gobierno ahora analiza la posibilidad que Milei saque un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados, una vez que se sancione el Presupuesto.
Cuando le voltearon el Capítulo 11 del Presupuesto, Caputo empezó a presionar muy fuerte a Patricia Bullrich para que reincorporara la baja de las leyes de universidades y discapacitados en el dictamen de Presupuesto del Senado, hasta que hubo que finalmente le explicaron que eso sólo iba a generarle otra derrota parlamentaria al gobierno. Pero presionó hasta este viernes, para meter modificaciones, lo que hubiera obligado a regresar el proyecto a Diputados, hasta que se dio cuenta que necesitaba el Presupuesto ya por el tema de la deuda. «Caputo no entiende de política», se lamentó un diputado libertario.
El problema claro no es Caputo, es la falta de conducción de Milei o el miedo que él y su hermana tienen de marcarle un límite a su ministro de Economía.
Como sea, en ese clima tan especial que se da en el gobierno, ahora en el más alto nivel d ela Casa Rosada están pensando otra jugada genial: Una vez que se apruebe el Presupuesto, Milei podría sacar un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados.
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