La 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) abrió su convocatoria con fecha límite el 10 de agosto. El Festival es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El Festival Audiovisual Bariloche, cumple once años y esta nueva edición se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad andina. Cada año, el objetivo es promover y enriquecer la producción audiovisual nacional y regional, fortaleciendo la relación entre realizadores y público, y contribuyendo al progreso de la industria.
En esta edición, serán seis las secciones en competencia: Nacional de Largometrajes, Binacional de Largometrajes Argentino/Chilenas, Nacional de Cortometrajes, Binacional de Cortometrajes Argentino/Chilena, PEC Nac (Proyecto en Construcción) y Competencia Nacional Videoclips.
El FAB tiene como objetivo contribuir al progreso de la producción audiovisual nacional y regional. En su 11ª edición busca dar visibilidad a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales, ampliar el público espectador de la región; y sumar también a la promoción y difusión en medios locales, nacionales y regionales.
Es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de artistas de la región y también para fortalecer la vinculación entre los diferentes actores involucrados en la industria del arte audiovisual y el público local.
Podrán participar del Festival todas aquellas obras realizadas a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, que no hayan participado de las ediciones anteriores del FAB. Las bases y condiciones para presentar las producciones se encuentran disponibles en festivalfab.com.ar donde se podrán realizar las inscripciones hasta el 10 de agosto.
En la última edición del Festival, se presentaron 91 obras en competencia, a las que se sumaron otras 20 películas invitadas, proyectadas en salas de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, además de las proyecciones online que llegaron a una audiencia masiva.
Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
Un decreto para vaciar una ley
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
Salarios licuados y derechos vulnerados
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
El falso argumento del “ahorro fiscal”
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Un límite judicial al ajuste
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
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La captura de Nicolás Maduro abre enormes interrogantes alrededor del futuro de Venezuela y una posible transición dentro del propio régimen. La líder opositora María Corina Machado, pareció intentar abordar esa posibilidad y este mediodía publicó una carta en donde presionó directamente a la Casa Blanca para que ubique a Edmundo González como presidente de Venezuela.
«Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder», lanzó la líder de la oposición en las redes sociales. «Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país», añadió.
Machado insistió con que González Urrutia debe asumir de inmediato el mandato y ser reconocido como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhortando a todos los oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección, algo que es muy difícil de confirmar porque del chavismo sigue contando con el control del país, sus recursos y el poder militar.
Por eso, las miradas se posan sobre a vicepresidenta, Delcy Rodriguez, que fue la primera en confirmar la detención de Maduro en una entrevista telefónica con la televisión estatal venezolana y es la primera apuntada ante los rumores de un cambio interno.
En este contexto, circularon rumores que Delcy estaba en Rusia pero fuentes del entrono de la vicepresidenta lo desmintieron y confirmaron a LPO que se encuentra en Caracas. En la misma línea informó el New York Times.
Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder.
En un reportaje con la cadena Fox News, Donald Trump, confirmó que Delcy fue parte de la negociación con Nicolás Maduro para una transición ordenada pero el líder republicano lo terminó descartando. En esa entrevista, el presidente de EEUU dio los primeros detalles de la operación pero no precisó a quien quiere la Casa Blanca en el poder. «No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija Venezuela y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora», aseguró.
Incluso, sugirió que podría ser Delcy al ser la vice y pareció fijar las condiciones al advertir a los funcionarios del régimen que la iban a psar muy mal sino se alineaban con la Casa Blanca. Esto abre un interrogante sobre el futuro de María Corina Machado y la oposición que, como adelantó en exclusivo LPO, no cuenta con la confianza del líder republicano.
Delcy Rodriguez.
En efecto, lo que está en debate por estas horas en la Casa Blanca es quien conduce Venezuela, como reveló LPO. En paralelo, otro de las figuras importante del régimen es el ministro del Interior y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, apareció en las calles de Caracas luego del bombardeo de Estados Unidos a instalaciones militares en Venezuela, buscando desmentir las versiones que había sido asesinado.
Diosdado controla las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y la relación con el Poder Judicial y la Corte Suprema, además de todo el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, un poder enorme en la estructura del chavismo.
Diosdado controla las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y la relación con el Poder Judicial y la Corte Suprema, además de todo el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, un poder enorme en la estructura del chavismo.
El funcionario, que algunas agencias internacionales lo dijeron por muerto tras los ataques de EEUU, grabó un video con casco y chaleco antibalas en las calles de Caracas para denunciar la intervención militar norteamericana y arengó: «Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer».
Sin embargo, Diosdado y dijo que «el país está en completa calma. Confíen en el liderazgo político. Que nadie caiga en el desespero y facilite las cosas al enemigo» y exigió un pronunciamiento inmediato de los organismos internacionales ante lo que describió como un «ataque cobarde» y una «masacre».
«Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles. Hemos sobrevivido a todas estas circunstancias. Los cobardes quedaron en el pasado», cerró el funcionario.
Cabello no es un hombre más dentro de la estructura que lidera Nicolás Maduro. En tiempos de Hugo Chávez disputó la sucesión con Nicolás Maduro y tras la muerte del líder bolivariano y el desembarco de su competidor interno al poder quedó relegado.
El país está en completa calma. Confíen en el liderazgo político. Que nadie caiga en el desespero y facilite las cosas al enemigo
Pasó de ser presidente de la Asamblea Nacional a jefe del bloque del chavismo y Maduro lo fue relegando del primer círculo de poder en favor de Jorge y Delcy Rodriguez. Sin embargo, en la previa de las elecciones del 28 de julio el vínculo se reconfiguró y el ahora depuesto presidente le devolvió el poder con un súper ministerio.
La tercera figura es la de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa que controla las Fuerzas Armadas Boliviarianas y aparentemente se encuentra refugiado en un búnker militar. La falta de respuesta militar a los ataques de Estados Unidos ha causado sorpresa y alimentan las especulaciones de un acuerdo interno.
Lo cierto es que la línea sucesoria en Venezuela ante la ausencia del presidente no sigue con el vice sino con el presidente de la Asamblea Nacional que en este caso es Jorge Rodríguez, quien tampoco se ha expresado públicamente.
