La 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) abrió su convocatoria con fecha límite el 10 de agosto. El Festival es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El Festival Audiovisual Bariloche, cumple once años y esta nueva edición se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad andina. Cada año, el objetivo es promover y enriquecer la producción audiovisual nacional y regional, fortaleciendo la relación entre realizadores y público, y contribuyendo al progreso de la industria.
En esta edición, serán seis las secciones en competencia: Nacional de Largometrajes, Binacional de Largometrajes Argentino/Chilenas, Nacional de Cortometrajes, Binacional de Cortometrajes Argentino/Chilena, PEC Nac (Proyecto en Construcción) y Competencia Nacional Videoclips.
El FAB tiene como objetivo contribuir al progreso de la producción audiovisual nacional y regional. En su 11ª edición busca dar visibilidad a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales, ampliar el público espectador de la región; y sumar también a la promoción y difusión en medios locales, nacionales y regionales.
Es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de artistas de la región y también para fortalecer la vinculación entre los diferentes actores involucrados en la industria del arte audiovisual y el público local.
Podrán participar del Festival todas aquellas obras realizadas a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, que no hayan participado de las ediciones anteriores del FAB. Las bases y condiciones para presentar las producciones se encuentran disponibles en festivalfab.com.ar donde se podrán realizar las inscripciones hasta el 10 de agosto.
En la última edición del Festival, se presentaron 91 obras en competencia, a las que se sumaron otras 20 películas invitadas, proyectadas en salas de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, además de las proyecciones online que llegaron a una audiencia masiva.
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El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.
El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.
El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.
Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.
¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.
En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.
«Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.
El empresario Fernando Whpei.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».
Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».
Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.
El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.
A dos años de la asunción de Milei, lo que prometió en campaña y lo que hizo en la práctica muestran un contraste cada vez más nítido: estabilización macro con fuertes costos sociales, contradicciones entre discurso y gestión, y un clima político crecientemente hostil hacia la prensa, el sindicalismo y organizaciones sociales.
Promesas vs. realidad
En la campaña de 2023, Milei prometió dolarizar, cerrar el Banco Central, eliminar impuestos, y reducir el Estado a su mínima expresión. Dos años después, ninguna de esas promesas estructurales se concretó del modo en que él las había presentado.
La dolarización quedó postergada, el Banco Central sigue operando (con cambios en su funcionamiento, pero lejos de su eliminación) y el sistema tributario continúa prácticamente intacto salvo ajustes orientados al reordenamiento fiscal. La brecha entre lo que Milei aseguraba durante la campaña y lo que su propio gobierno admite hoy es una de las marcas más visibles de sus primeros dos años.
En paralelo, el gobierno destaca la desaceleración inflacionaria respecto de 2024 y principios de 2025. Sin embargo, esa baja (si la hay realmente) se sostiene sobre ajustes muy agresivos: caída del salario real, recortes en programas sociales, eliminación de subsidios en áreas sensibles y un deterioro del consumo difícil de revertir en el corto plazo.
Autoritarismo y prensa
Otro eje central del balance es el avance de una lógica persecutoria contra periodistas, medios y voces críticas.
Gremios de prensa, organismos locales de derechos humanos y asociaciones profesionales han documentado hostigamientos, controles discrecionales, campañas de desprestigio desde cuentas oficiales y trabas al acceso a la información pública. A esto se suman insultos presidenciales en redes, habilitación simbólica para ataques digitales y el uso del aparato comunicacional estatal para estigmatizar a comunicadores críticos.
El resultado es un clima hostil hacia la prensa, en el que el propio gobierno parece entender la crítica como un ataque político y no como parte del funcionamiento democrático. Para amplios sectores del periodismo y la academia, esta dinámica configura un intento de disciplinamiento.
Contradicciones entre discurso y gestión
Milei llegó con un programa anarcocapitalista de manual: privatizaciones masivas, eliminación de organismos públicos y desregulación absoluta. En la práctica, gran parte de esas reformas chocaron con límites legales, técnicos, judiciales y políticos.
Mientras el discurso oficial insiste en un desmantelamiento del Estado, el gobierno debió negociar con organismos internacionales, administrar deuda, sostener estructuras básicas y —en algunos casos— retroceder en medidas que generaron resistencia institucional.
Lo mismo ocurrió en el plano laboral: los intentos de flexibilización y recorte de derechos generaron fortísima oposición, con movilizaciones y advertencias sobre un retroceso histórico. La confrontación fue parte del método de gestión, lo que tensionó aún más la gobernabilidad cotidiana.
Economía y política fiscal
El gobierno exhibe como logro la reducción del déficit, el reordenamiento fiscal y una baja de la inflación respecto de sus picos anteriores. También destaca un proceso de retorno parcial a mercados financieros.
Pero estos avances conviven con un panorama social deteriorado: pobreza en crecimiento, empleo formal estancado, caída del poder adquisitivo y pérdida de cobertura en áreas como salud, educación y políticas de cuidados.
La sostenibilidad del esquema fiscal depende, además, de variables externas —precios internacionales, clima político regional, la disponibilidad de financiamiento— y de la capacidad del propio gobierno para avanzar en reformas que hoy encuentran resistencias en el Congreso y en la calle.
Qué significa este segundo aniversario
A dos años de su llegada, Milei gobierna con mayor presencia legislativa que en su inicio, pero también con más polarización, más resistencia social y una institucionalidad más tensionada.
El oficialismo celebra avances económicos y el reordenamiento macro; la oposición, en cambio, advierte sobre un modelo regresivo que sacrifica cohesión social, derechos laborales, libertad de prensa y acceso a servicios esenciales.
Lo que queda claro es que el proyecto libertario original se transformó en un híbrido: radical en el discurso, pragmático y limitado en su ejecución, y fuertemente conflictivo en su vínculo con actores sociales y con la prensa.
