La 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) abrió su convocatoria con fecha límite el 10 de agosto. El Festival es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El Festival Audiovisual Bariloche, cumple once años y esta nueva edición se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad andina. Cada año, el objetivo es promover y enriquecer la producción audiovisual nacional y regional, fortaleciendo la relación entre realizadores y público, y contribuyendo al progreso de la industria.
En esta edición, serán seis las secciones en competencia: Nacional de Largometrajes, Binacional de Largometrajes Argentino/Chilenas, Nacional de Cortometrajes, Binacional de Cortometrajes Argentino/Chilena, PEC Nac (Proyecto en Construcción) y Competencia Nacional Videoclips.
El FAB tiene como objetivo contribuir al progreso de la producción audiovisual nacional y regional. En su 11ª edición busca dar visibilidad a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales, ampliar el público espectador de la región; y sumar también a la promoción y difusión en medios locales, nacionales y regionales.
Es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de artistas de la región y también para fortalecer la vinculación entre los diferentes actores involucrados en la industria del arte audiovisual y el público local.
Podrán participar del Festival todas aquellas obras realizadas a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, que no hayan participado de las ediciones anteriores del FAB. Las bases y condiciones para presentar las producciones se encuentran disponibles en festivalfab.com.ar donde se podrán realizar las inscripciones hasta el 10 de agosto.
En la última edición del Festival, se presentaron 91 obras en competencia, a las que se sumaron otras 20 películas invitadas, proyectadas en salas de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, además de las proyecciones online que llegaron a una audiencia masiva.
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El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
La frase cayó como un baldazo de agua fría en un mercado que venía esperando exactamente lo contrario. Luis «Toto» Caputo dijo que Argentina no puede depender más de Wall Street y dejó expuesto, sin demasiado rodeos, el núcleo del problema que el Gobierno viene esquivando hace meses: el financiamiento externo no aparece y la puerta del crédito internacional sigue cerrada.
El tono fue calmo, casi pedagógico. El contenido, explosivo. «El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street», afirmó el ministro en X.
«Si el ministro habla de «eliminar dependencia» no es por convicción ideológica, sino porque el mercado internacional no está dispuesto a prestarle a la Argentina en las condiciones que necesita el programa», afirmó a LPO un analista financiero.
Y no sólo el mercado internacional. Tampoco el local parece muy entusiasmado en seguir comprándole bonos a un gobierno que ya acumula un rojo de USD 18 mil millones en el Banco Central y no responde cuestiones básicas de su patrimonio, como el destino del oro de las reservas. En su fallido «regreso al mercado», Caputo apenas consiguió USD 900 millones y tuvo que pagar una tasa por arriba del 9%.
A esto se suma la dificultad que enfrenta Caputo para emitir deuda nueva sin que le embarguen los fondos, por los juicios pendientes que tiene Argentina en el exterior, son muchos no sólo el de YPF. Por eso, como reveló LPO en exclusiva, el ministro explora en canje de deuda que le permita completar los dólares que le faltan para cubrir los próximos vencimientos.
La sequía de dólares frescos no es una hipótesis: es un dato. Federico Machado, de EconomiaOpen, lo explicó sin eufemismos: «La impresión que deja Caputo es que hubo un cambio en su relación con Wall Street. Los fondos de inversión internacionales vienen mostrando poco apetito por Argentina y creo que finalmente Economía se resignó a que los dólares que necesitan tengan que venir del propio ahorro de Argentina y no de afuera».
Si el ministro habla de «eliminar dependencia» no es por convicción ideológica, sino porque el mercado internacional no está dispuesto a prestarle a la Argentina en las condiciones que necesita el programa.
En efecto ahora Caputo dice que se va a financiar con el futuro fondo de despedidos que crea la reforma laboral, que estimó, sumará unos USD 4.000. El diputado peronista Guillermo Michel, en una columna exclusiva para LPO calculó la semana pasada que en rigor serán USD 3.000 los recursos que esta reforma le quita a la Anses, agravando la crisis del sistema previsional argentino, en una remake a escala reducida de la experiencia de las AFJP.
El problema es que la estructuración de ese fondo no será inmediata y menos aún su fondeo. Y Caputo tiene una urgencia inminente, el 9 de enero debe pagar un vencimiento de deuda de USD 4.100 millones y todavía no aseguró los dólares para saldarlo. Es más, en los últimos días está haciendo lo contrario: quema dólares del Tesoro para frenar la divisa.
La frase de Caputo marca un giro total en la visión libertaria del gobierno de Milei. Hasta hace semanas nomas Caputo argumentaba, y repetían sus wannabe del deprimido mercado local, que la ruta era bajar el riesgo país y buscar en el mercado los fondos para refinanciar la deuda. El propio Milei lo dijo en la misma conferencia en la que explicó que por eso no había que comprar reservas. Luego el FMI impuso el giro del programa y ahora un mercado cerrado impone a Caputo su nueva retórica de «vivir con lo nuestro» a lo Aldo Ferrer.
La idea de vivir con lo nuestro, es decir lograr que los argentinos saquen los dólares del colchón, no es nueva. Lo dijo la directora del FMI, Kristalina Georgieva, meses atrás: «Me dijeron que los argentinos tienen más de 200 mil millones de dólares guardados. Imaginen lo que sería para la Argentina si ese dinero se invirtiera en el país».
Lo que Georgieva pareció desconocer es que la fuga de divisas no es un número random, sino que parte de informes oficiales. Según los últimos datos del Indec, la formación de activos externos alcanzó los USD 271.247 millones a fin de 2024. Pero la cifra es mucho mayor, al contabilizar los fondos no declarados. La fuga de capitales al exterior más que triplicó el valor del déficit fiscal en los últimos veinte años, según afirma un informe de Centro de Investigación y formación de la República Argentina publicado en abril de 2024.
Pero la contradicción en el caso de Caputo es evidente. Mientras el ministro les pide a los argentinos que confíen y saquen los dólares del colchón, su propio patrimonio está mayoritariamente afuera. Caputo declaró cuentas en el exterior, incluso en jurisdicciones consideradas guaridas fiscales
Según consta en la declaración jurada que el propio Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción, reconoce que su patrimonio aumentó un 2.042% y en apenas un año su fortuna pasó de 744 millones de pesos, a casi 16 mil millones, superando con creces a la inflación. El Ministro reconoce que su fortuna que se explica por su participación accionaria en empresas e inversiones y sus 7 cuentas en dólares ubicadas en la Isla de Man, un paraíso fiscal ubicado entre Irlanda y Gran Bretaña.
La contradicción en el caso de Caputo es evidente. Mientras el ministro les pide a los argentinos que confíen y saquen los dólares del colchón, su propio patrimonio está mayoritariamente afuera. Caputo declaró cuentas en el exterior, incluso en jurisdicciones consideradas guaridas fiscales
Además, según los documentos filtrados en la causa conocida como Panamá Papers, Caputo administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión radicada en Miami pero vinculada a Delaware y las Islas Caimán, dos paraísos fiscales. También fue manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión de alto riesgo relacionado a Noctua.
Los economistas más cercanos a los intereses del capital local ya advierten que esa plata no va a aparecer. No porque falte patriotismo, sino porque sobran razones para no hacerlo. Sin un esquema cambiario claro, con inflación todavía alta y con reglas que cambian todo el tiempo, nadie está dispuesto a arriesgar sus dólares.
