SE ACERCA EL FAB2023, YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

La 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) abrió su convocatoria con fecha límite el 10 de agosto. El Festival es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El Festival Audiovisual Bariloche, cumple once años y esta nueva edición se llevará a cabo desde el 25 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad andina. Cada año, el objetivo es promover y enriquecer la producción audiovisual nacional y regional, fortaleciendo la relación entre realizadores y público, y contribuyendo al progreso de la industria.

En esta edición, serán seis las secciones en competencia: Nacional de Largometrajes, Binacional de Largometrajes Argentino/Chilenas, Nacional de Cortometrajes, Binacional de Cortometrajes Argentino/Chilena, PEC Nac (Proyecto en Construcción) y Competencia Nacional Videoclips.

El FAB tiene como objetivo contribuir al progreso de la producción audiovisual nacional y regional. En su 11ª  edición busca dar visibilidad a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales, ampliar el público espectador de la región; y sumar también a la promoción y difusión en medios locales, nacionales y regionales. 

Es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de artistas de la región y también para fortalecer la vinculación entre los diferentes actores involucrados en la industria del arte audiovisual y el público local. 

Podrán participar del Festival todas aquellas obras realizadas a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, que no hayan participado de las ediciones anteriores del FAB. Las bases y condiciones para presentar las producciones se encuentran disponibles en  festivalfab.com.ar donde se podrán realizar las inscripciones hasta el 10 de agosto.

En la última edición del Festival, se presentaron 91 obras en competencia, a las que se sumaron otras 20 películas invitadas, proyectadas en salas de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, además de las proyecciones online que llegaron a una audiencia masiva. 

Mirá el resumen de estos 10 años del FAB

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    EXCLUSIVO: Quién es el nuevo Nº2 de la Seguridad Nacional

     

    El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.

    Por Roque Pérez para NLI

    Del boletín oficial a la seguridad privada

    A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.

    Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.

    Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.

    Una familia que ya aparece en causas sensibles

    La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.

    Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.

    En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.

    La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.

    Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.

     

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  • Bronca en la UIA por que Milei les quiere cobrar USD 3.000 millones de impuestos

     

     La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país. 

    Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.

    En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial. 

    Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica

    Pazo tiene preparada su renuncia a ARCA y le buscan un nuevo lugar en el gobierno

    Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación. 

    Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas. 

    Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal. 

    Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.

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    El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

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