El Intendente Marcelo Orazi participó del acto encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras en el que se abrieron los sobres de la obra que comprende la ejecución de infraestructura para 107 lotes del barrio Barazzutti que demandará una inversión de $21.615.872 e incluye redes de servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus nexos.
En este sentido, dos fueron las empresas oferentes: Nelly Fenizi SRL con un presupuesto de $25.870.016 e INGOO SRL con un presupuesto de $22.141.002.
Del acto participaron también el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la interventora del IPPV, Inéz Pérez Raventos.
En la oportunidad, Orazi manifestó que “como Intendente me enorgullece que Villa Regina se posicione como la segunda ciudad de la provincia en oficializar la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ y así, en nuestro caso, regularizar la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas”.
“Agradezco nuevamente a la Gobernadora por pensar y tomar la decisión de poner en marcha ‘Suelo Urbano’ en todo el territorio provincial y a quienes trabajan para que sea una realidad, que se palpe, y que redunde en mejoras para nuestros vecinos”, sostuvo.
Por su parte, Carreras comentó que “aquí, nos encontramos con un desafío, vecinos y vecinas que hace años compraron sus lotes, pero sin servicios. Esta es una práctica que tenemos que desterrar, porque es una falsa promesa, entonces esto es lo que empezamos a revertir, pusimos los servicios para que rápidamente puedan empezar a construir y dejar de alquilar”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo reducir el déficit habitacional en la provincia a través de una política pública transversal y sostenida que acompañe a aquellos sectores que quedan afuera del mercado inmobiliario.
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El Gobierno impulsa un proyecto de “modernización” laboral que elimina derechos conquistados durante décadas. Bajo la retórica de la libertad y la competitividad, el Ejecutivo busca flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo, debilitando sindicatos, paritarias y seguridad social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El gobierno de Milei avanza con su plan de reforma laboral, presentado como un salto hacia la “modernización” pero que, en realidad, significa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. La iniciativa propone jornadas de hasta 12 horas, indemnizaciones pagadas en cuotas y salarios fraccionados en tickets canasta, configurando un modelo que traslada todo el peso de la “eficiencia” a las espaldas del trabajador.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “flexibilizar para generar empleo”. Pero detrás de ese eufemismo se esconde una ofensiva estructural contra el sistema de protección social y las conquistas del movimiento obrero argentino. Gabriel Solano, del Partido Obrero, sintetizó la gravedad del texto: la reforma equivale a esclavitud laboral.
Flexibilización total: más horas, menos derechos
El texto difundido por portales como Infobae, La Nación y El Tucumano detalla que la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas diarias, y que se habilitaría un banco anual de horas que elimina el pago de horas extras. Además, las vacaciones podrían fraccionarse a criterio de las empresas, y las indemnizaciones podrían abonarse en cuotas, reduciendo la estabilidad laboral a una mera variable contable.
La iniciativa también reactiva los tickets canasta, figura que reapareció desde los años ’90 y que permite pagar parte del salario sin aportes patronales ni cargas sociales. En la práctica, esto desfinancia la ANSES, el PAMI y las obras sociales, dejando a los trabajadores con menos cobertura y a los jubilados con menos recursos.
El salario como mercancía
El discurso oficial insiste en que el sistema laboral argentino “tiene más de 70 años” y “ya no sirve”. Sin embargo, lo que el gobierno presenta como modernización es una liberalización total del trabajo, donde el asalariado deja de ser sujeto de derechos para transformarse en mercancía.
La eliminación de las paritarias por actividad —reemplazadas por negociaciones dentro de cada empresa— pulveriza la fuerza del sindicalismo y fragmenta la representación colectiva. Cada trabajador deberá negociar su salario solo, frente a patronales cada vez más concentradas.
El espejismo del empleo “formal”
Desde el oficialismo, señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, se sostiene que la reforma permitirá incorporar al sistema a los trabajadores informales. Pero la historia reciente desmiente esa promesa: las reformas flexibilizadoras de los ’90 no generaron más empleo, sino más precariedad. Formalizar en estas condiciones no es integrar, es legalizar la explotación.
Además, la reducción de cargas patronales —presentada como incentivo a la contratación— provocará un nuevo agujero en las finanzas previsionales, debilitando el sistema de jubilaciones y salud pública.
Un ataque a la estructura sindical y social
El proyecto también busca reconfigurar la relación entre capital y trabajo: el empleador gana autonomía y el trabajador pierde respaldo. En palabras simples, la libertad del patrón pasa a ser la falta de libertad del obrero.
Referentes del sindicalismo, del peronismo y de la izquierda anticiparon un frente común de rechazo a la reforma. En varias centrales obreras ya se discute un plan de lucha y la posibilidad de un paro nacional. La CGT analiza convocar a una movilización si el proyecto avanza en el Congreso.
Volver al pasado
El trasfondo del debate no es técnico ni económico, sino político y cultural. Milei pretende borrar el concepto de derecho laboral, reemplazándolo por la idea de contrato individual, como si la libertad de elegir existiera entre partes desiguales. Lo que se discute no es una reforma, sino el sentido mismo del trabajo digno.
La experiencia argentina demuestra que la “flexibilidad” sólo trajo más desigualdad. Bajo el ropaje de la modernidad, el gobierno busca reinstalar un modelo preperonista, donde el trabajador depende de la voluntad patronal y el Estado se limita a certificar la desigualdad.
En definitiva, la reforma laboral que Milei intenta imponer no moderniza: restaura. Y lo hace en nombre de una libertad que sólo beneficia a los poderosos.
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