El Intendente Marcelo Orazi participó del acto encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras en el que se abrieron los sobres de la obra que comprende la ejecución de infraestructura para 107 lotes del barrio Barazzutti que demandará una inversión de $21.615.872 e incluye redes de servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus nexos.
En este sentido, dos fueron las empresas oferentes: Nelly Fenizi SRL con un presupuesto de $25.870.016 e INGOO SRL con un presupuesto de $22.141.002.
Del acto participaron también el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la interventora del IPPV, Inéz Pérez Raventos.
En la oportunidad, Orazi manifestó que “como Intendente me enorgullece que Villa Regina se posicione como la segunda ciudad de la provincia en oficializar la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ y así, en nuestro caso, regularizar la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas”.
“Agradezco nuevamente a la Gobernadora por pensar y tomar la decisión de poner en marcha ‘Suelo Urbano’ en todo el territorio provincial y a quienes trabajan para que sea una realidad, que se palpe, y que redunde en mejoras para nuestros vecinos”, sostuvo.
Por su parte, Carreras comentó que “aquí, nos encontramos con un desafío, vecinos y vecinas que hace años compraron sus lotes, pero sin servicios. Esta es una práctica que tenemos que desterrar, porque es una falsa promesa, entonces esto es lo que empezamos a revertir, pusimos los servicios para que rápidamente puedan empezar a construir y dejar de alquilar”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo reducir el déficit habitacional en la provincia a través de una política pública transversal y sostenida que acompañe a aquellos sectores que quedan afuera del mercado inmobiliario.
Por cuarto mes consecutivo, la inflación en La Plata se registra por encima del 2%, pero noviembre sumó el dato de una escalada fuerte de precios en el rubro clave de Alimentos y Bebidas, con una variación cercana a los 3 puntos.
Según el informe mensual de la Cámara de Comercio local y de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, noviembre registró una inflación del 2,2%, siendo los alimentos el principal impulsor del índice, explicando más del 60% de la variación mensual, con un incremento del 2,8%.
Se trata de un número que marca una evidente aceleración de precios respecto de octubre. Ahí, el aumento de la carne tuvo un rol preponderante, con subas que, en algunos casos perforaron el techo de los dos dígitos.
Por caso, se destacaron los aumentos de carne picada (+13,4%), nalga (+10,4%), asado (+9,4%) y pollo (+5,6%). Otro componente inflacionario fue el aumento de la tarifa de transporte, que llevó a ese rubro a tener una escalada de 4,2%.
En La Plata, el acumulado enero-noviembre expone una suba que alcanza el 26,8%, mientras que la variación interanual se ubica en 29,5%.
En La Plata, los alimentos fueron el principal motor de la inflación de noviembre (Fuente: Cámara de Comercio La Plata y FCE).
En Bahía Blanca, en tanto, el informe mensual del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba) expone también una inflación del 2,2% en noviembre, número similar al de octubre, cuando se alcanzaron cuatro meses consecutivos de aceleración de precios.
El mayor aumento a nivel capítulos se dio en Esparcimiento, el cual registró un crecimiento del 3,3%.
Alimentos y bebidas mostró una variación del 2,3%, medio punto más abajo que en La Plata, pero con subas de magnitud en algunos subgrupos como frutas frescas (21,2%), carne vacuna fresca (8,5%) y embutidos (7,5%).
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Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
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