El Intendente Marcelo Orazi participó del acto encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras en el que se abrieron los sobres de la obra que comprende la ejecución de infraestructura para 107 lotes del barrio Barazzutti que demandará una inversión de $21.615.872 e incluye redes de servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus nexos.
En este sentido, dos fueron las empresas oferentes: Nelly Fenizi SRL con un presupuesto de $25.870.016 e INGOO SRL con un presupuesto de $22.141.002.
Del acto participaron también el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la interventora del IPPV, Inéz Pérez Raventos.
En la oportunidad, Orazi manifestó que “como Intendente me enorgullece que Villa Regina se posicione como la segunda ciudad de la provincia en oficializar la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ y así, en nuestro caso, regularizar la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas”.
“Agradezco nuevamente a la Gobernadora por pensar y tomar la decisión de poner en marcha ‘Suelo Urbano’ en todo el territorio provincial y a quienes trabajan para que sea una realidad, que se palpe, y que redunde en mejoras para nuestros vecinos”, sostuvo.
Por su parte, Carreras comentó que “aquí, nos encontramos con un desafío, vecinos y vecinas que hace años compraron sus lotes, pero sin servicios. Esta es una práctica que tenemos que desterrar, porque es una falsa promesa, entonces esto es lo que empezamos a revertir, pusimos los servicios para que rápidamente puedan empezar a construir y dejar de alquilar”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo reducir el déficit habitacional en la provincia a través de una política pública transversal y sostenida que acompañe a aquellos sectores que quedan afuera del mercado inmobiliario.
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, que desmantela las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y libera completamente el mercado. La medida, presentada bajo el argumento de «modernización», abre un escenario crítico: favorece a los grandes molinos, deja a miles de pequeños productores sin protección y anticipa subas en góndola ante la concentración del negocio.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un decreto que cambia todo
El flamante Decreto 812/2025, publicado esta mañana, modifica de raíz el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A partir de ahora, el INYM tiene prohibido intervenir en precios, cupos de plantación, regulaciones de oferta, normas que ordenen la cadena productiva o cualquier decisión que pueda “distorsionar el mercado”.
En criollo, se le quita al INYM su razón de ser desde 2002, que era equilibrar la relación entre productores, cooperativas e industrias, y evitar abusos en un sector históricamente marcado por asimetrías brutales.
La palabra prohibida: precios
El nuevo artículo 8 del Decreto 1240/2002 —reemplazado por esta norma— establece que el INYM no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de oferta y demanda.
Esto implica que:
el INYM no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada;
tampoco podrá establecer precios mínimos para evitar que los molinos paguen valores de ruina;
desaparece el único mecanismo institucional que protegía el ingreso de los productores chicos.
Hasta hoy, la fijación semestral de precios era la herramienta que impedía que los grandes jugadores impusieran la tarifa a su conveniencia. Con el decreto, esa barrera desaparece.
El golpe silencioso: derogación masiva
El artículo 3 del decreto deroga los artículos 9, 11 al 19 del Decreto 1240/02. O sea:
controles sobre plantaciones,
facultades de ordenamiento del mercado,
mecanismos de transparencia,
atribuciones de control económico,
y los procedimientos con los que el INYM equilibraba la cadena productiva.
Se desarma toda la estructura pública que sostenía a los productores familiares.
La concentración que viene (o que ya llegó)
En la cadena yerbatera conviven:
más de 12.000 pequeños productores,
cooperativas y secaderos medianos,
y un puñado de grandes molinos que controlan buena parte del mercado.
Sin regulaciones:
los pequeños productores pierden poder de negociación,
los molinos podrán imponer precios cada vez más bajos en tranquera,
y se profundiza una tendencia estructural: concentración y desplazamiento de productores familiares.
El INYM nació precisamente para evitar este escenario después de la crisis del sector en los años 90, cuando la desregulación había generado valores de miseria y abandono de chacras. El decreto de Milei retrocede dos décadas de protección y devuelve al sector a esa lógica.
¿Bajarán los precios al consumidor? Todo lo contrario
Aunque el Gobierno promueve el decreto con la promesa de “libre competencia”, la evidencia histórica del mercado yerbatero muestra lo siguiente:
Cuando baja el precio que reciben los productores, no baja el precio en góndola.
Cuando los molinos concentran el negocio, los precios suben, no bajan.
En los 90 —última gran desregulación— se pagaba una miseria por la hoja verde y el paquete de yerba aumentaba igual.
La yerba es un bien cultural, de consumo masivo y con una estructura oligopólica. En mercados así, la desregulación no genera competencia: genera abuso de posición dominante.
Por eso, el decreto no solo perjudica a quienes producen: también amenaza con nuevas subas en la góndola.
Un organismo reducido a control de calidad
El decreto ordena además que, en 30 días, el INYM revise y derogue toda norma que contradiga el nuevo esquema. Es decir, en un mes el Instituto quedará reducido prácticamente a:
certificaciones de calidad,
registros administrativos,
y funciones técnicas menores.
La institución que equilibraba la cadena yerbatera durante más de 20 años queda convertida en un ente simbólico, sin herramientas para defender a los pequeños productores ni garantizar prácticas leales en un mercado hiperconcentrado.
Un tiro en el corazón de las economías regionales
La yerba mate es el motor económico de Misiones y parte de Corrientes. Miles de familias viven de chacras pequeñas que solo subsisten si existe un precio justo y reglas claras.
Con este decreto:
se debilita la economía familiar,
se favorece a los molinos más grandes,
se facilita la concentración,
se reduce la transparencia del mercado,
y se abre la puerta a aumentos en góndola que pagarán los consumidores de todo el país.
La “modernización” proclamada por Milei es, en los hechos, una desregulación feroz que profundiza desigualdades y rompe un equilibrio que llevó décadas construir.
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