El Intendente Marcelo Orazi participó del acto encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras en el que se abrieron los sobres de la obra que comprende la ejecución de infraestructura para 107 lotes del barrio Barazzutti que demandará una inversión de $21.615.872 e incluye redes de servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus nexos.
En este sentido, dos fueron las empresas oferentes: Nelly Fenizi SRL con un presupuesto de $25.870.016 e INGOO SRL con un presupuesto de $22.141.002.
Del acto participaron también el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y la interventora del IPPV, Inéz Pérez Raventos.
En la oportunidad, Orazi manifestó que “como Intendente me enorgullece que Villa Regina se posicione como la segunda ciudad de la provincia en oficializar la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ y así, en nuestro caso, regularizar la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas”.
“Agradezco nuevamente a la Gobernadora por pensar y tomar la decisión de poner en marcha ‘Suelo Urbano’ en todo el territorio provincial y a quienes trabajan para que sea una realidad, que se palpe, y que redunde en mejoras para nuestros vecinos”, sostuvo.
Por su parte, Carreras comentó que “aquí, nos encontramos con un desafío, vecinos y vecinas que hace años compraron sus lotes, pero sin servicios. Esta es una práctica que tenemos que desterrar, porque es una falsa promesa, entonces esto es lo que empezamos a revertir, pusimos los servicios para que rápidamente puedan empezar a construir y dejar de alquilar”.
Cabe destacar que el programa provincial Río Negro Suelo Urbano tiene como principal objetivo reducir el déficit habitacional en la provincia a través de una política pública transversal y sostenida que acompañe a aquellos sectores que quedan afuera del mercado inmobiliario.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.
Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.
Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.
En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.
Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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