Santilli en Neuquén: reuniones clave con Figueroa y Cervi

 

El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

---

“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

 

 

El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

---

La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

El operativo de proscripción fracasó en lo inmediato, pero continúa en su desarrollo porque “están embarcados en una apuesta de largo plazo: buscan crear un clima de resignación”, consideró el economista e investigador Claudio Katz. “No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar”. Por Indymedia Argentina.

---

¿Cuál es tu impresión de la movilización contra el fallo de la Corte?

El acto en la Plaza de Mayo fue multitudinario y coronó varios días de intensa movilización, que empezaron con cortes de calles, siguieron con vigilas y desembocaron en la marcha. El número de concurrentes siempre está en debate, pero no cabe duda que fue muy elevado y la misma masividad se verificó en varias ciudades. El operativo policial intimidatorio quedó desbordado y ni siquiera intentaron aplicar el protocolo antipiquete.

Lo más impactante del acto fue el audio grabado y la comunicación en vivo de Cristina con la plaza. Constituyó un hecho inédito, que ilustró la derrota inicial del operativo de proscripción. Los jueces quedaron en ridículo con sus restricciones y la esperada humillación de una convicta, se transformó en una burla contra los perseguidores. Primero le notificaron a distancia la condena, para evitar su presentación rodeada de una multitud y luego le impidieron salir al balcón. Pero terminaron soportando un impactante mitin con mensajes de la recluida. No esperaban esa reacción y ese resultado.

¿Por eso la derecha esta nerviosa y molesta con su propio operativo?

Si. Fallaron en lo inmediato, pero hay que ser cautelosos porque están embarcados en una apuesta de largo plazo. Buscan crear un clima de resignación. No les interesa la credibilidad del fallo, sino la extensión de la apatía, pero hasta ahora precipitaron un resultado opuesto. Reapareció la centralidad de la calle que el gobierno pretende erradicar.

La derecha intenta menoscabar esa respuesta, afirmando que la movilización no repitió las gestas históricas del país. Pero no tiene sentido discutir si tuvo o no la escala del 17 de octubre, porque esa foto no nos diría nada de la película. Recién estamos viendo las primeras escaramuzas de una gran pulseada que comenzó mal para la derecha. Con la proscripción forzaron un boomerang, que potenció la centralidad de Cristina y renovó la mística de sus seguidores.

¿Por qué se embarcaron en la proscripción?

Fue una decisión del poder real. La Corte Suprema cumplió las órdenes del poder económico, que pretende asegurar la continuidad del ajuste. También intervino Estados Unidos que anticipó el fallo negándole a Cristina el ingreso a ese país y la gran prensa jugó fuerte. No olvida la ley de Medios y exigió el fallo, mediante descarados chantajes a los jueces.

Intentan sacarla de juego, porque piensan que Cristina es un obstáculo para la aplicación del modelo regresivo en curso. La derecha se ha ensañado con ella y su familia y por eso indujo el atentado contra su vida. El establishment no quiere repetir la experiencia del 2017, cuando el fracaso de Macri le permitió a Cristina definir quién sería el nuevo presidente. Buscan terminar definitivamente con esa centralidad.

¿Es por temor a un estallido del plan económico después de octubre?

Esa es la preocupación inmediata de los poderosos. El plan inicial de llegar a octubre con el tipo de cambio planchado (para forzar la caída de la inflación), estuvo a punto de naufragar. Afrontaban una sangría de reservas que anticipaba la cesación de pagos. En plena crisis fueron rescatados por el FMI que les entregó un crédito inédito, violando nuevamente el estatuto del organismo. Trump repitió el rescate de Macri con mayor velocidad y Milei disfrazó el salvataje con una presentación festiva de su fracaso.

A partir de ese auxilio, armaron otra versión de la bicicleta financiera para llegar a las elecciones con posibilidades de éxito, atrasando la cotización del dólar. Pero la salida de capitales no se detiene, las reservas siguen bajando e improvisan nuevos blanqueos para juntar divisas a cualquier costo. La enorme fragilidad de la economía en un marco de agónica recuperación, derrumbe del consumo y carencia de inversión, renueva el temor al mismo colapso que ya vivimos tantas veces.

¿Pero la proscripción se anticipa a ese crítico escenario o constituye una jugada de largo plazo?

Es una apuesta estratégica que el establishment le impuso a su títere Milei. El gobierno prefería disputar electoralmente con Cristina, pero los poderosos no quieren arriesgarse. Consideran que este es el momento propicio para comenzar a establecer un régimen autoritario.

La proscripción es el punto de partida de una criminalización de los movimientos sociales, asentada en mayores restricciones a las libertades democráticas. Es el mismo modelo, que en Ecuador mantiene a Correa en el exilio y en Perú a Castillo preso. Es el mismo esquema que intentaron con el encarcelamiento de Lula. Nuestros tres cortesanos han emulado el bochorno del juez Moro y por eso será impactante la anunciada visita de Lula al departamento de Cristina, el mes que viene.

En el régimen autocrático que quieren imponer, los magistrados del poder económico decidirían quién puede presentarse o no a las elecciones. Con la proscripción de la principal dirigente de la oposición -que ya había anunciado su candidatura- cruzaron un umbral. Estamos viendo en forma descarnada, hasta qué punto el poder real maneja los hilos del sistema político.

¿Pero más allá de estos datos, Cristina no está involucrada en casos de corrupción?

Nunca se investigó con imparcialidad sus responsabilidades. No se probaron las acusaciones y tampoco fueron condenados los funcionarios por debajo de la autoridad de Cristina, que habrían cometido algún delito. Se dictaminaron anormalidades en la obra de Santa Cruz, que son moneda corriente en todos los distritos del país. Para colmo, las obras objetadas se hicieron con fondos votados por el Congreso y la auditoría no encontró irregularidades. Hasta el propio ministro de Justicia reconoció que toda la causa es un mamarracho.

La discrecionalidad de los jueces contra Cristina es escandalosa. La Corte reabrió adrede la causa y dictaminó en dos meses y medio, cuándo suele tardar tres o cuatro años para cualquier caso relevante, y lleva décadas cajoneando las sentencias de los jubilados. El contraste con la protección que le brindan a los Macri es vergonzoso. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó a esa familia de 32 causas multimillonarias. Macri comparte impúdicamente fiestas con los mismos jueces, que Clarín pasea por los centros turísticos.

Tenemos tres cortesanos con cargos vitalicios, dotados de inmunidad, para disciplinar con amenazas, purgas y acomodos a todas las instancias inferiores. Este sistema judicial que condenó a Cristina, absolvió a los corruptos empresarios de la Obra Pública y a los ministros que se enriquecieron con la refinanciación de la deuda externa. Ahora, protege a Milei de su estafa con las criptomonedas.

Me parece que, a esta altura, el lawfare es incluso evidente para los analistas que objetaban la existencia de ese operativo. Salta a la vista la necesidad de democratizar el sistema judicial, siguiendo el camino iniciado en México con la elección de los magistrados.

¿En este contexto reaparece la vieja antinomia de peronismo-antiperonismo como epicentro de la política argentina?

En lo inmediato reapareció efectivamente esa confrontación con inesperadas ventajas para el peronismo. Hasta ahora se verifica una irrupción a favor de Cristina, sin la contrapartida de los clásicos cacerolazos derechistas en su contra. El contexto gorila que resucitó durante la gestión de Macri está más apagado y la derecha está furiosa con el clima de alegría y baile que rodea a Cristina. Los descolocó, además, emitiendo un mensaje grabado en la tradición de los cassettes que enviaba Perón.

Algunos reaccionarios como Espert están sacados y escupen insultos que rechaza su propio auditorio. La campaña de los grandes medios despunta como un calco del enceguecido antiperonismo liberal del pasado. Utilizan el mismo lenguaje denigratorio que descargaban contra Evita, en los mismos días que se conmemoran los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Esa masacre inauguró el terrorismo de Estado en gran escala.

Pero hay que tener cuidado con las comparaciones. No olvidemos que la figura de Cristina quedó muy afectada por el desastroso gobierno de Alberto. Se despidió con una plaza espontáneamente llena, cuando asumió Macri y volvió a reunir multitudes, cuando concluyó ese gobierno. Pero la campaña neoliberal en su contra y la generalizada frustración con su último mandato como vicepresidenta han corroído su influencia. La aprobación y el rechazo a su figura cortan al país en dos mitades, y las primeras encuestas sobre el impacto de su proscripción corroboran esa polarización.

Habrá que ver cómo afronta el peronismo este escenario. El fallo de la Corte disipó momentáneamente las pujas internas, pero nadie conoce la forma en qué lidiarán con la proscripción. La propia Cristina confirmó luego del atentado contra su vida, cuán reacia es a motorizar la lucha callejera. El evidente debut de un régimen autoritario no mella sus creencias institucionalistas.

¿La proscripción suscitó también un giro de posturas de la izquierda?

Si y no. Por un lado, el FIT emitió un contundente y acertado repudio, que incluyó un llamado a la movilización. Se consumó también la importante reunión de Myriam Bregman y otros dirigentes con Cristina. Además, convocaron y organizaron una columna independiente en la marcha a la Plaza de Mayo. La mayoría de las agrupaciones de izquierda se pronunciaron correctamente contra la proscripción, y destacaron acertadamente la conexión de ese operativo con la ofensiva capitalista en curso.

Pero las disidencias que rápidamente brotaron amenazan con dejar nuevamente a la izquierda pérdida y sin brújula. Algunos critican la entrevista con Cristina, como si fuera un pecado efectivizar ese acto de elemental solidaridad con un perseguido. Es la misma presencia que esperarían los líderes de la izquierda de los dirigentes de otros sectores, si padecieran ese escarnio.

Mucho más grave es la decisión de otro sector de no participar en la marcha, argumentando que no era lo suficientemente grande, radical y combativa, o que fue amoldada a las intenciones del peronismo.

Tenemos una larga experiencia con situaciones de este tipo y sabemos que la única forma de contrarrestar los eventuales defectos de una movilización es potenciando su masividad. Nunca se corrigen las falencias de una lucha declarando el enojo y la prescindencia, o proclamando que no reúne las condiciones esperadas. Esa abstención implica en los hechos una conducta desmovilizadora, que contradice los llamados a la lucha que caracterizan a la izquierda

Algunos argumentos que circulan para justificar las distintas escalas de inacción frente a la proscripción, sugieren incluso la validez de la condena por corrupción. Destacan que, si se invalida el fallo actual, también habría que objetar las sanciones por manejo deshonesto, que afectaron a personajes tan nefastos como Menem o Isabel Perón.

Pero esa comparación es incorrecta, porque la sentencia contra Cristina es un atropello manejado por el poder real, con la misma desfachatez que agredió a Lula, Correa o Castillo. Por el contrario, las puniciones a Menem o Isabelita fueron casos acotados y excepcionales de justicia, derivados de choques por arriba o demandas por abajo. La única forma de diferenciar ambos tipos de situaciones es evaluando la realidad con caracterizaciones políticas. Esas interpretaciones son indispensables, para no quedar entrampados en el mito de imparcialidad que rodea al actual sistema judicial.

En la izquierda debemos evitar los razonamientos abstractos del liberalismo jurídico. Esa actitud es indispensable para reconocer la existencia del lawfare, que el grueso del progresismo ha registrado, y que algunos integrantes de la izquierda siguen ignorando.

¿Las próximas elecciones de octubre definirán como queda el escenario?

Ahora hay más incógnitas que la semana pasada. Habrá que ver si la proscripción modifica el principal dato de los comicios en curso que es la altísima abstención. Se está verificando la menor concurrencia de las últimas décadas, porque prevalece un desengaño que induce a la retracción de la población.

El gobierno y sus aliados provinciales se han beneficiado con esa apatía, porque consiguen victorias electorales con muy poca concurrencia. En ese marco de indiferencia, la ultraderecha se come a la derecha en campañas signadas por la violencia verbal.

¿La proscripción de Cristina modificará este clima electoral? ¿Cómo serán replanteadas las disputas por las candidaturas dentro del peronismo? ¿Qué propuestas prevalecerán en ese sector, las predispuestas a negociar con el poder real o las que pugnan por confrontar construyendo otro proyecto? En las próximas semanas lo sabremos.

¿Pero el principal dato a seguir no es la dinámica de la movilización popular?

Si. Allí se juegan las respuestas efectivas, que han seguido patrones muy variables bajo el gobierno de Milei. Los atropellos del anarcocapitalista afrontaron al comienzo una gran reacción desde abajo, con dos huelgas generales y varias marchas multitudinarias por la educación universitaria.

Luego con la Ley de Bases, el desempleo y la represión sobrevino el reflujo, pero a principio de año reapareció la resistencia. Primero despuntó el movimiento de la diversidad sexual, posteriormente actuaron los jubilados y recientemente los médicos, las personas con discapacidad y los científicos. Hay banderas como la defensa del Garrahan y el Conicet, que son emblemas del país y suscitan un gran acompañamiento social.

La nueva lucha contra la proscripción de Cristina empalma con esta última secuencia y con la respuesta a la embestida represiva. Bullrich y Milei pretenden institucionalizar una nueva escala de violencia estatal y en los primeros cinco meses del año ya provocaron más heridos que durante todo el 2024.

El maltrato de los jueces hacia Cristina forma de las incursiones derechistas para naturalizar la crueldad. Denigran a la oposición política con la misma saña que maltratan a los sectores vulnerables y a los extranjeros, a fin de instalar el autoritarismo como un dato cotidiano.

Es una ingeniería del odio muy programada y con gran sostén capitalista, que ahora añade un ingrediente de proscripción. Ellos esperan consolidar una base social reaccionaria que aplauda el horror, junto a una masa pasiva de sectores medio-altos, que cierre los ojos frente a la destrucción del país. Quieren que ese segmento se distraiga dilapidando dólares en el exterior como en los años de la Convertibilidad.

Pero hay una contraparte de gran resistencia, que se verificó en la importante marcha unitaria del 24 de marzo y que ahora apuntala la batalla contra la proscripción. Lo vimos en estos días, con el resurgimiento de la militancia juvenil, las caravanas y las vigilias. En síntesis, el escenario está abierto, porque hasta ahora falló el debut de una estrategia de proscripción.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/19/entrevista-a-claudio-katz-fallo-el-debut-de-una-estrategia-de-proscripcion/

 

 

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos el domingo último, con lo que el oficialismo tendrá, junto a sus aliados, la primera minoría.

Los bloques opositores aprobaron el 8 de octubre un emplazamiento donde se estableció el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trate en el recinto para que pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

El peronismo quiere mantener la fecha del dictamen pero reconoce que hay bloques dialoguistas que están dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, indicaron fuentes parlamentarias.

El Gobierno tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.

Voceros parlamentarios de bloques provinciales señalaron que estas negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

En este escenario será crucial la posición que adopte el bloque de Encuentro Federal, ya que uno de sus diputados, Nicolas Massot, había adelantado que presentará un dictamen de minoría donde mantiene un superávit inferior al proyectado por el Gobierno para incluir las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan.

También habrá que esperar la posición que asumirá Democracia para Siempre, que también había votado el emplazamiento en la sesión del 8 de octubre. En cambio, el oficialismo tendría el aval de los bloques del PRO, la UCR y bancadas provinciales para postergar el tratamiento.

Por lo tanto, resultarán claves las conversaciones que puedan existir en los próximos días entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para establecer un nuevo cronograma de dictamen y avanzar así con las negociaciones para consensuar la ley de gastos y recursos para 2026.

Por lo pronto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, continuará esta semana con la ronda de consultas y para mañana está previsto que terminen de responder las preguntas de los legisladores el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, además funcionarios del Ministerio de Defensa y Hacienda. Para mañana a las 14.30 también está prevista la visita del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2 billones de pesos.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos pero las universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en ese punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

The post El Gobierno busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias first appeared on Alerta Digital.

 

 

Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos, el USS Gravely, arribó este domingo a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares con el ejército local. La llegada del destructor se produce en medio de un aumento de la presión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

El arribo del buque fue visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España, y permanecerá atracado allí hasta el jueves. La operación había sido anunciada días antes por el gobierno de Trinidad y Tobago, que confirmó la participación de una unidad de marines estadounidenses.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “provocación militar coordinada con la CIA” y aseguró que busca generar un conflicto en el Caribe. En paralelo, Washington mantiene desde agosto una ofensiva naval y aérea en la región, con más de cuarenta muertos en ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

Caracas denunció una “provocación militar” en el Caribe

El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó como una “provocación militar” la llegada del buque lanzamisiles estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago.

En un comunicado oficial, Caracas acusó al gobierno trinitense de actuar “en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe” y anunció la captura de “un grupo de mercenarios” presuntamente vinculados con la agencia de inteligencia norteamericana.

Según la declaración, las maniobras militares impulsadas por Washington “no son ejercicios defensivos, sino una operación colonial de agresión que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves. Venezuela y Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en su punto más cercano, lo que permite la visibilidad de las costas vecinas desde ambos países.

Escalada militar en la región

Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe y realiza ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, decisión que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Washington sostiene que Maduro encabeza redes de narcotráfico vinculadas al denominado Cartel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano rechaza tajantemente. Caracas afirma que estas acciones responden a una estrategia para justificar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es considerada una aliada política de Trump y ha adoptado un discurso crítico hacia la inmigración venezolana y el aumento de la criminalidad. El gobierno de Maduro acusa a su administración de alinearse con los intereses de Washington.

Muertes y cuestionamientos legales

La campaña militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

Familias trinitenses denunciaron además la muerte de dos ciudadanos de ese país en esos ataques, aunque las autoridades locales no lo confirmaron ni lo desmintieron.

Expertos en derecho internacional advirtieron sobre la posible ilegalidad de estas operaciones, al realizarse contra sospechosos que no fueron interceptados ni sometidos a procesos judiciales.

The post Venezuela acusó a EE.UU. de “provocación militar” tras el envío de un buque al Caribe first appeared on Alerta Digital.

 

 

Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.

---

El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

Por Manuela Tobia

En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

“El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

El robo blindado

El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

“Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

“Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

“Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

“Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

“Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahí. Eso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminar, como tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrear, al que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediarios, bajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

La justicia frena el cierre del FISU

El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/