Más de un millón de salteños podrán ir este domingo a las urnas en la segunda jornada de impacto en el calendario electoral de 2025, ya que además habrá comicios en Chaco, Jujuy y San Luis. El gobernador Gustavo Sáenz busca revalidar su dominio en la Legislatura provincial ante una oposición fragmentada en la que los libertarios aparecen como la principal amenaza para el oficialismo.
Los salteños elegirán a 30 diputados y 12 senadores, la mitad de ambas cámaras que actualmente son ampliamente controladas. Además, se votarán a 121 concejales en 25 municipios y 232 convencionales en 19 localidades que reformarán sus cartas orgánicas o dictarán nuevas normas institucionales.
En un clima de cierta apatía social, la disputa que atrae más atención es la del senador único del departamento Capital, donde Sáenz eligió como su candidato al médico y ex diputado nacional Bernardo Biella. En el resto de las categorías de la Capital y en los otros departamentos el oficialismo irá con dos frentes: para los diputados capitalinos Sáenz apuesta a la ex funcionaria nacional Flavia Royón, por un lado, y al periodista Guillermo Kripper, por otro.
Los principales rivales de Biella para senador por la Capital son Roque Cornejo de la lista oficial de La Libertad Avanza (habrá otra lista libertaria sin aval de la Casa Rosada), Matías Posadas del Frente Juntos (UCR + Frente Plural) y José Gauffin de Cambiemos (PRO y aliados). Muy atrás aparece el peronismo que, detonado tras la intervención de partido y mayormente trabajando en los frentes de Sáenz, solo tiene alguna chance en departamentos del interior.
En el gobierno de Sáenz confían que al final del domingo festejarán un cómodo triunfo y proyectan renovar y hasta ampliar la cantidad de legisladores que ponen en juego. En la Capital dan por hecho un triunfo de Biella. La meta del oficialismo es ganar al menos 8 de los 12 senadores y 20 de los 30 diputados en disputa.
Emilia Orozco con Iñaki, el Gordo Dan y Agustín Romo
En La Libertad Avanza, en tanto, no descartan una sorpresa especialmente en la Capital, empujados por la muy buena imagen que tiene Javier Milei en la provincia. La sorpresa no sería necesariamente ganar si no una elección más apretada que en los pronósticos. Superar los 20 puntos sería un buen inicio para los libertarios, cuya meta principal es superar a los resabios de Juntos por el Cambio y el peronismo para plantarse como la única opción opositora para 2027.
El armado liderado por la diputada Emilia Orozco y el inoxidable Alfredo Olmedo tiene el aval de la Casa Rosada, pero en Salta dicen que no hubo mucho entusiasmo ni fondos nacionales, excepto para alguna campaña en redes y portales. Recién la semana pasada Santiago Caputo mandó al Gordo Dan y a Iñaki Gutiérrez a apoyar a la lista de LLA, en un intento por dejar claro que ese es el armado oficial y no la lista libertaria blue que encabeza la hermana del diputado Manuel Quintar.
Fuentes del entorno de Sáenz dijeron a LPO que, si bien el gobernador mantiene una buena relación con la Rosada, la campaña electoral empiojó la relación. “Acá hacen una oposición muy densa, pegan muy fuerte. Son gente sin códigos”, resumió a este medio un integrante del gabinete salteño.
Si bien Sáenz mantiene una buena relación con la Rosada, la campaña electoral empiojó la relación. ‘Acá hacen una oposición muy densa, pegan muy fuerte. Son gente sin códigos’, resumió a este medio un integrante del gabinete salteño
Cerca de Sáenz afirman que la idea es mantener el vínculo con el gobierno nacional, pero advierten que la Rosada no les cumple casi nada de lo que acuerdan. “Lo de la última semana es duro, con el tema impositivo y los planes de Caputo. Prometieron muchas veces que la obra pública iba a arrancar y no hay nada”, señalan. “Son gente muy especial. Mandan lo mínimo, prometen cosas y nunca cumplen, es una negociación permanente”, cuentan en Salta.
Sáenz busca un triunfo contundente para posicionarse como una referencia en el Norte Grande y plantarse con más fuerza en la negociación con Milei de los próximos meses, que todos reconocen que será diferente mientras se vaya acercando la elección nacional. La idea, dicen en Salta, no es una proyección personal de Sáenz sino una construcción política para ganar peso en la negociación.
El gobernador busca también mostrar como un éxito el uso de la Boleta Única Electrónica, del que Salta es precursora ya que se comenzó a utilizar en 2011. En el Ejecutivo y la Justicia Electoral prometen que alrededor de las 20 horas ya habrá una tendencia muy consolidada y más del 90 por ciento escrutado. En las otras tres provincias donde se vota este domingo, dicen, recién una hora después empezarán a conocerse los primeros datos.
La designación de un León como el nuevo Papa de la Iglesia Católica no le aportó el sosiego suficiente a Javier Milei para evitar que pasara las últimas horas exigiendo odio contra los periodistas.
El presidente puso a todo el gabinete a desmentir una nota de Clarín y otra de La Nación que revelaron una supuesta confesión del jefe misionero Carlos Rovira respecto del pacto de Ficha Limpia.
De acuerdo a lo que contaron los dos matutinos más importantes de la república, Rovira dijo en una reunión con dirigentes locales que la decisión de sus senadores de cambiar el voto para hacer caer la ley de Ficha Limpia se tomó por pedido del Presidente.
“Lo pidió Milei”, dijo el jefe político de la provincia de la terra rosa, ese suelo pesado y rico en arcilla.
La frase hizo enloquecer a Milei, que se había pasado toda la noche del miércoles y parte de las seis horas de Misa con el Gordo Dan tratando de instalar que la caída de Ficha Limpia no fue por una jugarreta propia sino por culpa de los “ñonos republicanos”, es decir, del PRO.
“LPSLPDP, NOLSALP”, fue la respuesta de Milei a las notas de Clarín y La Nación. No fue un arrebato de furia de sus manos sobre el teclado, sino un mensaje en siglas contra los periodistas que sus seguidores se encargaron de desencriptar. “Los periodistas son las prostitutas de la política” y “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, fueron las definiciones que dejó el Jefe de Estado.
Los mismos conceptos había vertido cerca de las 2 de la mañana del viernes cuando, en la conversación a oscuras con el Gordo Dan, arremetió contra los periodistas, a quienes considera la nueva casta, como anticipó LPO. En las horas siguientes pasó a la acción y presentó una denuncia penal por calumnias e injurias contra los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad.
Rovira con Lule Menem y Francos, que dijo que el presidente no tiene contactos con el misionero.
La metralleta de retuits del libertario incluyó posteos de todo el gabinete. Los ministros tuvieron que ponerse al servicio de la rabieta circunstancial del presidente.
“El Gobierno no mandó a voltear Ficha Limpia y Javier Milei no habló con Rovira”, dijo Guillermo Francos, que reveló que sabía que tenían los 37 votos que después se esfumaron pese a que según él no hubo ningún llamado desde la Rosada. “El Presidente no tiene contacto con Rovira, ni siquiera tiene el teléfono”, dijo Francos, que se reunió con Rovira el año pasado y se encargó de difundir la foto.
En medio de su brote de ira contra la prensa, Milei presentó una denuncia penal por calumnias e injurias contra los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad
“Sin ningún textual y sin ninguna fuente”, dijo Manuel Adorni, contador de la UADE, como si se refiriera al parcial de un alumno de periodismo. El textual estaba en el título pero el portavoz no lo pudo detectar.
“100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar. Fin”, dijo Adorni, justo cuando YPF informó una pérdida neta de diez millones de dólares durante el primer trimestre de 2025, a raíz del descontrol del gasto publicitario de Santiago Caputo para la campaña.
“Una nota sin un textual, sin firma y sin fuente, que dice ‘Allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo’, dijo Patricia Bullrich, que empezó a sentirse molesta con el periodismo tras 50 años de carrera. “¿Te comiste la curva Lospennato o es una operación contra el Presidente Milei financiada por la pauta del Gobierno de la Ciudad?”, dijo la ministra de Seguridad.
En tanto que el ministro de Defensa, Luis Petri, no cuestionó a ni a Clarín ni a La Nación, adonde trabaja su pareja.
Pese al embate coordinado del gobierno contra su figura, cerrando el día Rovira no consideró necesario desmentir el textual que lo tenía como protagonista principal.
Este domingo se llevó a cabo en el polideportivo Cumelen una nueva competencia de básquet 3×3, en este caso el último del año organizado por @3x3basquetregina con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. En este último torneo, al igual que en los anteriores, se debió limitar el cupo…
Argentina tiene un sistema sanitario que, aun con desigualdades persistentes, es un ejemplo en la región y reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, su capacidad científica y su orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerados. Este entramado —hecho de políticas públicas, instituciones, equipos profesionales y vínculos comunitarios— no surgió de la nada: fue el resultado de decisiones políticas y ciudadanas, sobre todo ciudadanas, sostenidas en el tiempo y apoyadas en la convicción de que una sociedad que cuida a quienes más lo necesitan se cuida a sí misma. Sin embargo, desde 2024 somos testigos de algo inédito: no ya el deterioro por desinversión o abandono, que es lo que deberíamos modificar, sino un proyecto explícito de desmantelamiento del sistema de salud público.
No se trata solo de un ajuste presupuestario más, sino de la puesta en escena de una voluntad destructiva que se declara sin ambigüedades, deslegitima lo público y desplaza al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Por primera vez, un gobierno no solo deja de cuidar: lo anuncia con orgullo. Esta ofensiva sin precedentes contra el sistema sanitario plantea desafíos inéditos y obliga a documentar, interpretar y responder colectivamente frente a un drama que, hasta hace poco, parecía impensable.
La medida del desastre
A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, y en una marcada caída de la ejecución presupuestaria en organismos fundamentales. La combinación de recortes presupuestarios y reducción de personal dejó múltiples servicios públicos en situación crítica y aumentó las barreras para el acceso a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), diversos organismos e instituciones sanitarias redujeron de manera significativa la ejecución de su presupuesto en 2024:
Además, hacia fines de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación contaba con un 16% menos de personal. Algunos servicios se vieron forzados a suspender sus actividades por falta de recursos humanos.
Entre los programas e instituciones más afectados por el ajuste se encuentra el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue discontinuado en abril de 2024. Este programa, vigente desde 2018 en 12 provincias, había logrado reducir significativamente los nacimientos en adolescentes gracias a la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos.
Otro golpe importante fue la decisión de disolver el Instituto Nacional del Cáncer (INC), luego de que en 2024 se ejecutara apenas el 45% de su presupuesto. El cierre del INC incluyó la interrupción del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dejando sin acceso a analgésicos como morfina y metadona a numerosos pacientes oncológicos. Según organizaciones médicas, más de 60 personas fallecieron ese año esperando medicación que nunca llegó.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, finalizó 2023 con un déficit operativo de $31.000 millones. En 2024, se aplicaron recortes administrativos y se incrementaron los ingresos por facturación. Aunque el Ministerio de Salud anunció que el hospital había alcanzado el equilibrio financiero, los equipos profesionales denunciaron congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, renunciaron más de 200 profesionales, incluyendo al menos 50 médicos de planta y 20 residentes. Este contexto resulta en guardias hiper exigidas e imposibilidad de cubrir adecuadamente los turnos. También se afecta la atención médica, aumenta el riesgo de errores entre quienes cubren los puestos vacantes y disminuye la capacidad de respuesta. Ese mismo año, el hospital atendió más de 600.000 consultas, de las cuales el 40% correspondían a tratamientos oncológicos.
Al hospital Garrahan no van solo las familias más humildes. Si tu hijo/a tiene una enfermedad rara también es tratado en este hospital de referencia. No crean que por tener prepaga no podrían necesitarlo alguna vez.
En materia de enfermedades infecciosas, el proyecto de Presupuesto 2025 incluyó un recorte del 76% en los fondos destinados a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC. A lo largo de 2024, se reportaron faltantes de antirretrovirales, preservativos y reactivos de laboratorio. También se eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra, incumpliendo la Ley de Respuesta Integral al VIH, sancionada en 2022, que establece la responsabilidad estatal en el financiamiento de estas estrategias.
En cuanto a los adultos mayores, el PAMI redujo su vademécum gratuito, pasando de 3.000 a 2.000 medicamentos. Esta reducción se tradujo en una baja de 167 a 109 principios activos cubiertos. Además, se estableció un nuevo tope de 5 medicamentos gratuitos por persona, en lugar de los 6 permitidos anteriormente. Muchos tratamientos pasaron a contar con descuentos parciales que varían entre el 40% y el 80%. Esto implicó un mayor gasto de bolsillo para los afiliados: según relevamientos de la Defensoría de la Tercera Edad, en abril de 2025, los medicamentos representaron aproximadamente el 22% del total de la canasta básica para adultos, con un gasto estimado de 260.000 pesos.
Otras medidas significativas incluyeron el cierre de 15 programas del Ministerio de Salud, entre ellos el Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargado de otorgar medicamentos de alto costo a personas sin cobertura médica. También se registraron interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales como inmunosupresores y fármacos oncológicos, así como faltantes generalizados de anticonceptivos, reactivos de laboratorio e insumos básicos en hospitales públicos. Finalmente, en febrero de 2024, se anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro retroceso importante en materia de cooperación sanitaria internacional.
Cortar por los más débiles
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud. En el caso de las adolescentes, la suspensión del Plan ENIA y los recortes en programas de salud sexual implican menos acceso a información, métodos anticonceptivos y espacios de consejería, con el consecuente aumento del riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. En los adultos mayores, la reducción del vademécum gratuito y el incremento del gasto de bolsillo afectan la continuidad de tratamientos crónicos, especialmente entre quienes perciben jubilaciones mínimas. Las personas con enfermedades crónicas o de alto costo —como VIH, cáncer, hepatitis— se ven expuestas a interrupciones en sus tratamientos y a una disminución del seguimiento clínico. Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales, el cierre de centros de salud y la judicialización del acceso a medicamentos, sumando nuevos obstáculos geográficos y económicos a los que ya se enfrentaban.
Las medidas implementadas por el gobierno de Milei debilitaron gravemente la capacidad del Estado para cumplir con su función de garante del derecho a la salud, y trasladaron los costos del ajuste a quienes menos pueden afrontarlos.
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan:
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos… pic.twitter.com/okNBEnJ2eC
La eterna tensión entre unitarios y federales sigue influyendo en cómo abordamos la distribución de recursos y la construcción de equidad entre las distintas regiones. Ese conflicto, lejos de resolverse, se acentuó. En un contexto histórico atravesado por problemas estructurales no resueltos, la salud y la educación continúan siendo dos áreas clave cuya gestión las provincias nunca delegaron plenamente al Estado nacional. Esta autonomía, sin mecanismos suficientes de articulación y compensación, produjo profundas desigualdades que reflejan con crudeza cómo el lugar de nacimiento —el código postal— puede determinar las posibilidades de enfermar o incluso morir.
Estas inequidades son contundentes: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Esta disparidad, sumada a las condiciones materiales desiguales de vida, tiene consecuencias dramáticas. La mortalidad materna en Santiago del Estero es casi siete veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires (19,1 vs. 2,7 por 10.000 nacidos vivos); la mortalidad infantil en Corrientes casi triplica la de Neuquén (8,7 vs. 3,2 por 1.000 nacidos vivos); la tasa de fecundidad adolescente en Misiones es ocho veces más alta que en CABA (24,5 vs. 3,2 por 1.000 habitantes); y en algunas regiones del Chaco, la prevalencia de tuberculosis alcanza niveles comparables a los de los países más pobres del mundo.
En este contexto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al rol de rectoría del gobierno nacional? ¿Es solo el dictado de normas que, por otra parte, podrían ser fácilmente descargables por internet? ¿O estamos hablando del papel del Ministerio de Salud de la Nación como autoridad final capaz de asumir estas desigualdades y su responsabilidad al respecto?
Desde su creación, el Ministerio de Salud nacional intentó, con mayor o menor éxito, intervenir para reducir las brechas de las provincias en sus resultados de salud. Programas como el Remediar (que permitió que las personas pobres dejaran de pagar por los medicamentos ambulatorios esenciales para su supervivencia), Salud Investiga (que financió investigaciones sobre las patologías más relevantes para nuestra realidad epidemiológica) o el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (que logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en sus primeros dos años a la mitad) son solo algunos de los numerosos ejemplos de intentos por construir equidad asumiendo la rectoría nacional.
La verdadera rectoría no se limita a redactar declaraciones: es una construcción técnico-política que depende de la capacidad de un gobierno para articular acciones entre las jurisdicciones que puedan garantizar respuestas equitativas. Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial. Implica la creación de políticas públicas adecuadas, pero también la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones y de asignar recursos. Esto incluye mecanismos de articulación que permitan implementar programas y distribuir recursos de manera justa, respetando las particularidades de cada región. Numerosas iniciativas demostraron cómo una gobernanza efectiva puede traducirse en equidad y en acciones con impacto real y sostenible en la mejora de las condiciones de vida de toda la población.
Justo y necesario
Sostener un sistema de salud público, universal y gratuito no implica solamente asegurar el acceso a la atención sanitaria. También requiere construir condiciones estructurales que permitan que ese acceso sea equitativo, efectivo y sostenido. Desde una perspectiva de derechos, el sistema público cumple funciones indelegables: garantizar la salud poblacional, establecer estándares de equidad y formar profesionales con una mirada sanitaria integral, que no quede a merced de los caprichos del mercado.
Un sistema público, con fuerte rectoría estatal, es indispensable para alcanzar una cobertura universal efectiva, desde la prevención hasta los cuidados paliativos— cerca del entorno cotidiano de las personas, actuando sobre los determinantes sociales de la salud y promoviendo la equidad. Las funciones esenciales de salud pública incluyen no solo la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades, sino también el desarrollo de recursos humanos con competencias éticas, técnicas y comunitarias. La formación de trabajadores de la salud bajo este enfoque excede los saberes clínicos: implica compromiso con la salud colectiva, el trabajo territorial y el enfoque de derechos. Características que solo pueden ser adquiridas en el paso por el sistema público de salud.
Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial.
Un sistema público sólido es condición necesaria para reducir las brechas en salud. La equidad no puede alcanzarse sin un actor estatal capaz de planificar, regular y proveer servicios. Allí donde los sistemas públicos se debilitan, las desigualdades se profundizan: quienes pueden pagar acceden, quienes no, quedan excluidos.
Además, los sistemas públicos cumplen un rol estructurante en la organización sanitaria de un país: no solo brindan atención, fijan precios de referencia, regulan la formación profesional, garantizan insumos estratégicos, articulan con organismos internacionales y sostienen la respuesta en situaciones de emergencia. Sin su existencia, la atención queda fragmentada y sometida a lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad por sobre la necesidad.
Sostener un sistema público de salud no es, entonces, una cuestión meramente técnica o administrativa. Es una decisión política y ética. Su debilitamiento no afecta solo a las estructuras institucionales: impacta en la vida concreta de las personas, especialmente en aquellas más vulneradas.
Aislados del mundo
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un cambio de rumbo con consecuencias significativas. Más allá de los argumentos centrados en el ahorro presupuestario, esta medida implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales.
La OMS cumple funciones centrales para los Estados miembros: establece protocolos técnicos basados en evidencia, coordina respuestas ante emergencias sanitarias, facilita el acceso a insumos estratégicos como vacunas y medicamentos, y promueve estándares comunes para la formación y el ejercicio profesional en salud. Estas herramientas resultan especialmente valiosas para países con sistemas fragmentados o con dificultades estructurales de acceso y equidad.
En su comunicación oficial, el gobierno argentino sostuvo que la permanencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantizaría parte de la cooperación técnica, incluido el acceso a los fondos rotatorios para vacunas. Sin embargo, esta afirmación omite que la OPS es la oficina regional de la OMS y que muchas de sus acciones están integradas a estrategias y decisiones definidas a nivel global. La salida formal de la OMS debilita esa articulación y puede limitar el acceso a mecanismos de asistencia internacional en situaciones críticas futuras.
Además, la participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
La cuota anual que Argentina paga a la OMS —unos 3,6 millones de dólares— representa una inversión marginal frente a los beneficios de pertenecer a una red de cooperación multilateral en salud. Presentar esta decisión como un recorte presupuestario es subestimar su impacto estructural.
En un escenario global atravesado por una pandemia de salud mental, el resurgimiento de enfermedades infecciosas como M-Pox o la gripe aviar, y el avance de la resistencia antimicrobiana, la cooperación internacional no es opcional: es condición necesaria para la preparación y la respuesta efectiva. La desvinculación de la OMS reduce las posibilidades de anticipación y coordinación frente a amenazas sanitarias compartidas.
El sistema de salud público argentino se ve particularmente afectado por esta medida. Su capacidad para responder a emergencias, adquirir insumos estratégicos o actualizar protocolos depende en gran parte de los marcos normativos y técnicos internacionales. La salida de la OMS introduce un factor de aislamiento que debilita esa capacidad de respuesta y, en última instancia, impacta sobre la calidad y la equidad del cuidado.
La salud es, por definición, un bien colectivo. Su protección exige colaboración entre países, intercambio de información, formación conjunta de profesionales y mecanismos ágiles de asistencia recíproca. La decisión de retirarse de la OMS erosiona esos pilares y contradice la lógica de corresponsabilidad que ha sostenido las políticas sanitarias más eficaces del último siglo.
La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
Argentina se incorporó a la OMS en 1948 mediante la Ley 13.211, que aprobó la Constitución de la OMS. Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y su renuncia requiere la intervención del Congreso. Cualquier intento de salida de la OMS sin la aprobación del Congreso es inconstitucional y carece de validez legal. La decisión no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, ya que implica la renuncia a un tratado internacional aprobado por ley.
Hasta aquí llegamos
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos, se dejaron vacantes sin cubrir y se eliminaron instancias de cuidado. Mientras, hay personas que mueren. No por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado, esperando que su beneplácito traiga un futuro mejor. Incorporando una lógica según la cual algunas vidas se consideran costeables; otras, prescindibles.
¿La salud es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas o un servicio al que solo acceden quienes pueden pagarlo? En cada recorte, en cada programa eliminado, en cada tratamiento que no llega, lo que realmente se discute es la vida misma. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible: a través del Estado, de políticas públicas, de redes solidarias. El mercado, por sí solo, no la va a garantizar.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos.
Como advierte Judith Butler, no todas las vidas serán igualmente lloradas. Algunas serán protegidas; otras, ni siquiera nombradas. Esa jerarquización se está inscribiendo en los cuerpos, en las biografías, en los destinos. Y ya se está traduciendo en muertes evitables, en sufrimientos no acompañados y en vidas que se disuelven sin dejar huella.
La disposición sacrificial no se expresa sólo en la desinversión o en la restricción del acceso. Se manifiesta también en las construcciones de subjetividad que este modelo promueve: el abandono, la fragmentación, la soledad, la idea de que cada quien debe arreglárselas como pueda. En este contexto, los suicidios y las depresiones de jóvenes y adolescentes dejan de ser síntomas individuales para convertirse en expresiones sociales de una época que ha roto sus redes. El suicidio es hoy la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina, con 394 casos registrados en 2023: más de uno por día; y las consultas por cuadros depresivos aumentan hasta un 30 % en un año. Estas cifras no pueden leerse de manera aislada: expresan un modelo de organización social basado en la exclusión, el despojo y la competencia que horada los vínculos que deberían protegernos.
Hoy, el Estado que debería cuidarnos, nos expulsa. Aquel que debería garantizar derechos, los convierte en bienes escasos. La salud —como la vida— no se sostiene en soledad.
Si se continúa con este ritmo en la contaminación diaria, el planeta y su ecosistema está cerca del límite de su equilibrio, el ecosistema planeta-humano está conociendo su punto de inflexión. Somos nosotros los que estamos empujando hacia ese límite. Pero no hay que confundirse, si se va a trabajar seriamente en esta crisis inventada…
El intendente Marcelo Orazi destacó las medidas fiscales anunciadas hoy, en conferencia de prensa, por la Gobernadora Arabela Carreras para los sectores alcanzados por el DNU 334 del gobierno nacional que aquí se detallan: – MONOTRIBUTO: se exime el pago del componente provincial a todas las categorías para los periodos de junio, julio, agosto y…
El Intendente Marcelo Orazi firmó en Buenos Aires el convenio para una obra de gran importancia para más de 600 familias: el proyecto de la colectora cloacal para el sector suroeste de Villa Regina por un monto aproximado de $68 millones. Tras más de 6 años de espera, los vecinos de los barrios Tinti Méndez,…
(@CaroBucco) 
