PorMunicipalidad Villa Regina
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Esta mañana, el Intendente, Marcelo Orazi, se reunió con la Directora de Gestión Deportiva de la Provincia de Río Negro, Susana Fantini. La finalidad del encuentro fue delinear el trabajo y las acciones a nivel deportivo de este año para la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre distintos proyectos que se pueden ejecutar a futuro a través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
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LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
Medio Oriente quedó al borde una guerra total luego del lanzamiento de misiles a Irán en un operativo militar conjunto realizado entre Estados Unidos e Israel. La operación busca impedir el desarrollo nuclear del régimen de los ayatolá y, al mismo tiempo, forzar un cambio de gobierno.
La respuesta de Irán fue inmediata y atacó bases militares estadounidenses en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait en un escenario de tensión que amenaza con un enfrentamiento a gran escala y pone en vilo a toda la región.
El Gobierno de Irán aseguró a través de un comunicado que está «más preparado que nunca» para responder al ataque y destacó que «las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores».
A su vez, medios iraníes reportaron que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una escuela primaria en la ciudad de Minab que dejo como saldo más de 60 niñas muertas.
En efecto, el hecho se produce en medio de negociaciones que se venían llevando a cabo en Omán con el canciller de ese país del Golfo Pérsico como mediador para alcanzar un acuerdo entre EEUU y el régimen iraní por el desarrollo nuclear.
«Estoy consternado. Una vez más, las negociaciones activas y serias se han visto socavadas. Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra», escribió en X el canciller de Omán, Badr Albusaidi.
Sin embargo, horas después de conocerse los ataques, Donald Trump publicó un video en sus redes sociales en el que justificó el ataque y anunció una campaña sin final con el objetivo de un cambio de régimen.
Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear… Al gran y orgulloso pueblo de Irán , les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche
Trump afirmó que comenzaron «operaciones de combate de gran envergadura en Irán». «Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear… Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche», continuó.
El líder republicano sostuvo que Irán continuó «desarrollando su programa nuclear y que planea desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense, por lo que llamó al pueblo iraní a «tomar el control de su gobierno».
En su discurso planteó que su objetivo «es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní».
Se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato
En este contexto, Israel informó que fue un «ataque preventivo» y declaró el estado de emergencia en todo su territorio. El Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz dijo que «la operación buscó eliminar amenazas directas contra el país».
Asimismo, Katz ordenó medidas excepcionales de seguridad y advirtió que «se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato».
Por su parte, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también dio un mensaje grabado en el que planteó que «durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha exigido Muerte a Israel y Muerte a Estados Unidos». Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo. No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad».
«Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní -los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis- se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y pacífico», agregó.
«Les pido, ciudadanos de Israel, que cumplan con las directivas del Comando del Frente Interno. Los próximos días de la Operación Rugido de León exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros. Nos mantendremos unidos, lucharemos juntos y juntos garantizaremos la eternidad de Israel», concluyó.
La continuidad de las operaciones militares en Irán podrían generar un escenario de inestabilidad en Irán en el estrecho de Ormuz que es estratégico para el comercio energético mundial dado que concentra aproximadamente el 20% del gas natural licuado global y entre el 20% y el 25% del petróleo y sus derivados. Un cierre, aunque sea parcial, puede complicar las exportaciones de Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.
Este jueves 23 se dará inicio a la capacitación de la guardia ambiental ‘El cuidado de nuestra casa común; Desarrollo, ambiente y producción’ que se desarrollará todos los jueves hasta el 30 de octubre. La apertura será a las 18,30 horas en la Cámara de Productores de Villa Regina. Constará de seis módulos de aprendizaje…
FELICITACIONES Pablo Galletta! Ganador de la primera edición de los premios deportivos E-TAPAS 2019 #PABLOGALLETTA se convirtió en el primer ganador de un e-TAPA y queremos felicitarlo por convertirse en el deportista destacado del año siendo elegido por la gente, el motociclista reginense recibió 1244 votos en la final y el multicampeón de Trickline Emma…
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
La inflación volvió a ponerse picante justo cuando el Gobierno necesita mostrar una desaceleración, luego del escándalo de la intervención en el Indec, para evitar que se conociera el índice actualizado que ubicaba la inflación de enero por arriba del 3 por ciento.
Las estimaciones privadas muestran un consenso llamativo: aún el IPC desactualizado no logra perforar el piso del 2%. Equilibra proyectó una inflación de 2,3% para febrero. LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo se ubicó en la punta del mercado con proyecciones cercanas al 3% mensual. El mercado empieza a asumir que el nuevo piso inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que buscaba Economía para el primer trimestre.
Detrás del número aparece el factor que más preocupa a economistas y empresas: las tarifas. A la persistencia de la suba de alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Con un agravante, en el índice actual, que Milei y Caputo no quisieron actualizar, tienen un peso relativo bajo. Es decir, en la realidad del bolsillo la inflación pega más fuerta.
La carne empuja la inflación de febrero y complica la baja que espera Caputo
En términos de la estadística desactualizada del Indec, electricidad y gas explican una porción menor del IPC, pero en la economía cotidiana funcionan como gastos rígidos imposibles de postergar.
Esa tensión entre medición técnica y percepción social no es nueva: justamente la discusión por el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue determinante de la salida forzada de Marco Lavagna del Indec, cuando Milei y Caputo lo obligaron a esconder el nuevo índice a días de publicarlo. Un escándalo.
El nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras.
Ahora el nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras. El cambio no responde tanto a un aumento del costo de la energía sino a una redefinición del consumo subsidiado: el tope baja a 150 kwh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano, tal como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial tuvo un giro inesperado. Desde Energía aseguraron que el impacto «no se va a sentir» porque en marzo el consumo cae por razones estacionales. La frase circuló rápido entre analistas y empresarios: el ajuste existe, pero se apuesta a que el clima lo disimule. La lógica es simple: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría bajar pese al aumento tarifario.
El argumento oficial combina economía y meteorología: marzo sería un mes templado que permitiría avanzar con la recomposición tarifaria sin provocar un salto visible en el gasto familiar.
