PorMunicipalidad Villa Regina
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Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva bajo la órbita de ARCA, pagó con cheques personales los impuestos de tres condominios de lujo en Miami valuados en más de dos millones de dólares. Las propiedades nunca fueron declaradas en Argentina. Mientras tanto, el gobierno de Milei opta por el silencio.
Un escándalo que toca el corazón del sistema impositivo libertario
El gobierno de Milei vuelve a quedar bajo la lupa. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI) —dependiente del flamante organismo recaudador ARCA (Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina)—, habría pagado con cheques personales los impuestos inmobiliarios de tres departamentos de lujo en Miami, valuados en más de dos millones de dólares, que jamás fueron declarados ante el fisco argentino.
La denuncia no es menor: Vázquez es el hombre encargado de controlar a los evasores, pero todo indica que él mismo habría evadido. La investigación, replicada por medios como EnOrsai, apunta a un caso de doble moral fiscal que desnuda las contradicciones del gobierno libertario.
El arquitecto del nuevo ente recaudador, bajo sospecha
ARCA fue creada por Milei en 2024 con el objetivo de “modernizar” la recaudación y reemplazar a la AFIP. En los hechos, significó una concentración inédita de poder político y menor control interno. Desde entonces, Vázquez se convirtió en el hombre fuerte del esquema tributario nacional, con acceso directo al Presidente y al equipo económico.
Por eso el golpe político es doble: el funcionario que debía garantizar la transparencia es hoy acusado de haberla vulnerado. Documentos del condado de Miami-Dade confirman que entre 2014 y 2018 Vázquez pagó con su firma los tributos correspondientes a propiedades ubicadas en Icon Brickell, The Avenue Brickell y Château Beach Residences, a nombre de sociedades offshore registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Una defensa que no cierra
Consultado por los medios, Vázquez sostuvo que las propiedades “pertenecen a su suegro”, un empresario uruguayo. Sin embargo, los registros oficiales desmienten su versión: los pagos se realizaron con sus cheques personales durante años, y sus propias hijas figuran como directoras en las firmas offshore utilizadas para ocultar los inmuebles.
Desde el entorno de Milei, ninguna autoridad de ARCA ni el vocero presidencial Manuel Adorni ofrecieron explicaciones. El libreto oficial se limita a frases hechas: “tema del pasado”, “causa cerrada”, “no hay nada que aclarar”. Pero el expediente al que aluden —según verificó EnOrsai— corresponde a otra causa, vinculada a cuentas en el exterior, y no a las propiedades de Miami.
Del discurso anticasta al silencio cómplice
La contradicción es brutal: Milei llegó al poder prometiendo terminar con la “casta corrupta”, pero hoy su propio recaudador estrella aparece señalado por el mismo delito que debía combatir. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que encubre al evasor que dirige el sistema tributario?
En las redes sociales, el escándalo no tardó en escalar. “El cazador de evasores es evasor”, resumió un usuario en X, y la frase se volvió tendencia. Otros recordaron que Milei hablaba de una “revolución moral” en el Estado. Hoy, esa consigna parece un eco lejano.
Cuando la equidad se convierte en ficción
Más allá del costado penal, el caso golpea la base misma del sistema impositivo. Si quien debe controlar a millones de contribuyentes opera con sociedades opacas y bienes ocultos, el principio de equidad se desvanece. El ciudadano común, que paga IVA, Ganancias o Monotributo con esfuerzo, percibe que la justicia fiscal es solo para los de abajo.
ARCA, presentada como símbolo de eficiencia y transparencia, enfrenta así su primera gran crisis ética. En lugar de abrir una auditoría o apartar al funcionario, el gobierno eligió el silencio y la complicidad, lo que para muchos analistas constituye una forma de encubrimiento institucional.
El poder se protege a sí mismo
El caso Vázquez es una radiografía de cómo los vínculos entre poder económico y político se blindan mutuamente. No importa el eslogan libertario: cuando el Estado se usa para proteger a los propios, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema.
Hoy, la pregunta sigue abierta: ¿quién fiscaliza al fiscalizador?
Porque si el máximo responsable de la recaudación puede ocultar bienes por millones de dólares sin consecuencias, la libertad de unos pocos sigue pagándose con el sacrificio de todos los demás.
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En un intento desesperado por frenar el avance judicial en Estados Unidos y despegar a Milei del cada vez más explosivo escándalo cripto, el “empresario” norteamericano Hayden Mark Davis activó a último minuto un fideicomiso llamado The Libra Trust, presentado como un programa de ayuda para Pymes argentinas, pero rodeado de vacíos, inconsistencias y silencios sospechosos. La información surge de la investigación publicada por el periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon, en el marco de la causa $LIBRA que se tramita en Nueva York.
Por Nina Köller para Noticias La Insuperable
El portal The Libra Trust apareció online minutos antes de que comenzara una audiencia clave en Manhattan, donde la jueza Jennifer L. Rochon evaluaba si aceptaba el pedido de los inversores damnificados para congelar las billeteras vinculadas a Davis y a otros acusados.
La coincidencia temporal no fue casualidad: el propio Davis buscaba mostrar “buena voluntad” justo cuando se discutía si podía seguir moviendo millones en criptomonedas vinculadas al desplome del token $LIBRA, lanzado el 14 de febrero con el apoyo directo de Milei en X, aquel gesto presidencial que alimentó la burbuja y atrajo miles de incautos.
El portal —disponible en inglés y español— asegura que el fideicomiso “opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”, aunque no explica quién lo creó, quién es el síndico, en qué jurisdicción fue constituido ni bajo qué controles operará.
No informa siquiera si las Pymes que apliquen quedarían sometidas a leyes de Nueva York, lo que para las empresas locales podría ser una trampa mortal.
Según la investigación de Alconada Mon, el fideicomiso prometió que las solicitudes de financiamiento serán revisadas por “un abogado independiente” cuyo nombre directamente no figura. Un nivel de opacidad digna de manual básico del criptofraude.
Tras escuchar a las partes, la jueza Rochon no habilitó el pedido de los demandantes para frenar los movimientos de fondos.
Argumentó que no lograron demostrar un “daño irreparable”, aunque dejó claro que Davis debe preservar todos los registros de sus billeteras y del nuevo fideicomiso, que ahora queda atado al expediente judicial.
De fondo late la acusación del estudio Burwick Law, que considera que $LIBRA —junto con otros proyectos como el fallido $M3M3— formó parte de una “auténtica fábrica de fraude”, constitutiva de un patrón delictivo propio de la ley RICO, la misma que se usa para perseguir a organizaciones criminales complejas.
La jugada de Davis no es improvisada.
Ya meses atrás, según reveló LA NACION, había tanteado tribunales de Comodoro Py para evaluar si podía cerrar la causa local devolviendo alrededor de US$ 100 millones como “reparación integral”.
Pero ahora la situación se complicó con lo que una fuente judicial calificó como “choque de jurisdicciones”, ya que la causa avanza en simultáneo en Argentina y Estados Unidos.
La pregunta que inquieta a los investigadores —y que NLI ha planteado en otras coberturas de la causa— es la que recogió Alconada Mon de boca de un operador judicial:
“¿Dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”
El contexto no ayuda a Davis.
En los días previos a la audiencia se detectaron movimientos de millones de dólares desde billeteras que no operaban desde el derrumbe de febrero.
Los demandantes sostienen que esto refuerza la sospecha de que Davis busca ocultar fondos, mientras su defensa insiste en que se trata de operaciones “legítimas”.
La aparición del fideicomiso, en ese marco, luce más como un salvavidas judicial que como un verdadero gesto de reparación.
El portal del fideicomiso dedica un apartado entero a aclarar que ni Davis ni Milei tendrían influencia sobre el manejo del dinero.
Ese detalle parece redactado más para la prensa que para las Pymes argentinas.
A esta altura, en la causa $LIBRA, el objetivo del estadounidense es evidente:
bajar la tensión judicial, mostrarse “colaborador” y sacar del centro del escándalo al mandatario argentino, cuya promoción del token fue usada como gancho publicitario y figura clave en la demanda colectiva.
Lejos de cerrar el escándalo, la maniobra de Davis abre más interrogantes que respuestas.
Y vuelve a dejar expuesto que mientras Milei sigue defendiendo la “libertad financiera”, sus socios cripto enfrentan acusaciones bajo la ley RICO en Nueva York.
Si este fideicomiso sirve para reparar algo o si es apenas un nuevo capítulo de maquillaje jurídico, lo dirán los tribunales.
Pero para quienes perdieron sus ahorros en $LIBRA, el timing y el secretismo hablan por sí solos.
