PorMunicipalidad Villa Regina
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Esta mañana, el Intendente, Marcelo Orazi, se reunió con la Directora de Gestión Deportiva de la Provincia de Río Negro, Susana Fantini. La finalidad del encuentro fue delinear el trabajo y las acciones a nivel deportivo de este año para la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre distintos proyectos que se pueden ejecutar a futuro a través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
Las podés adquirir en: Dirección de Cultura: Brasil 91. Dirección de Turismo: Florencio Sánchez 817. de 8:00 a 13:00 hs. Las personas con discapacidad, para obtener su entrada, deben presentar su certificado en la Oficina de Turismo, dos días antes del evento de 8:00 a 13:00 hs. Difunde esta nota
El Intendente Marcelo Orazi recibió el viernes al equipo ‘La Perla del Valle’ que fue subcampeón del Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball que se disputó el 5 y 6 de noviembre en el polideportivo Cumelen de nuestra ciudad. En la oportunidad el Intendente los felicitó por el puesto logrado y por…
El castigo a los consumidores es la marca en el orillo de una administración anclada en la fechoría y plagada de contradicciones.
Por Nerio Corello para NLI
Fuerte caída del consumo masivo, aumentos “fantasma” en servicios, desconfianza creciente de los consumidores y endeudamiento familiar delinean un combo que amenaza hacerse cada vez más arduo para el bolsillo ciudadano.
En la era Milei, los combustibles, que arrastran otros precios sin solución de continuidad, sufrieron un aumento que, en el acumulado, supera el estratosférico 500%. La gota que rebasó el tanque fue el impuestazo de este año, justificado desde el oficialismo por un atraso impositivo que su líder, que decía aborrecer los impuestos y los consideraba un robo, ahora no puede consentir.
Para más inri de incoherencias y hacer un poco menos inverosímil el maquillaje del IPC-INDEC tras la puesta de pies en polvorosa de Marcos Lavagna, la estatal YPF alzó la bandera del control de precios con un congelamiento que el neo libertariano Marín llama buffer y promete extender por el lapso de mes y medio.
Lo cierto es que para los argentinos el precio promedio de los combustibles ronda el dólar y medio, valor regional que solo superan los sufridos consumidores de Uruguay y Perú. No sorprende, entonces, que a pesar del mamarracho ideológico, ni siquiera se haya evitado una caída nacional en la venta: solo tres provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- mantienen regular la demanda.
Una mirada a los precios que propone YPF en la Ciudad de Buenos Aires arroja las siguientes cifras en pesos: nafta súper, 2000,-; Infinia, 2.100,-; gasoil, entre 2100,- y 2200,-. La suba fue del 19% ciento solamente en el último mes.
Bien conocemos el efecto dominó que el costo de naftas y gasoil genera en el precio de los productos básicos para la subsistencia, desbocados desde diciembre de 2023 y absolutamente incompatibles con los niveles de ingresos promedio de los argentinos.
A pesar de que la inflación, que se resiste a la prometida doma, castiga día a día, el frustrado domador y su adlátere Toto eligieron mantener los ingresos por impuestos que, como se ve, siguen castigando a los consumidores. Argumentan que hay un solo culpable del aumento de los combustibles: Irán.
La empresa emblema de Nicky Caputo tuvo momentos más felices. Su cotización se desplomó de la franja de los 27.000 pesos en diciembre a los actuales 17.000, de manera coincidente con el debilitamiento del régimen de ensamblado de Tierra del Fuego y las feroz crítica del Banco Mundial a ese fallido intento de promoción industrial.
Mirgor anunció una estrategia de «diversificación» para mostrarse más atractiva a los inversores, ante el debilitamiento del régimen de Tierra del Fuego que le permitió crecer al habilitarse la polémica ventaja de cobrar IVA y no pagarlo. Algunos creen que tiene futuro y es la acción más subvalorada del mercado, pero especialistas ponen el ojo no sólo en su dependencia de un régimen distorsivo y cuestionado, si no en la enorme deuda en dólares que arrastra, que la pondrían al borde del colapso en caso de una devaluación.
En su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial, el Banco Mundial afirmó que el régimen fue concebido como una política industrial de largo plazo para fomentar el empleo y la producción en una región estratégica, pero terminó derivando en una mochila fiscal para el Estado sin desarrollo industrial significativo.
Que inversiones en pesos proponen en el mercado para cubrirse en caso de una devaluación
El costo fiscal, estimado en más de USD 1.000 millones anuales, no se tradujo en mejoras significativas de productividad ni en avances tecnológicos. Por el contrario, generó un esquema donde muchas empresas dependen estructuralmente de beneficios impositivos y arancelarios para sostener su rentabilidad, señaló el organismo multilateral.
Este diagnóstico impactó de lleno en la lectura de mercado sobre Mirgor, que pasó de ser conocida por fabricar aires acondicionados a reconvertirse en esmabladora de productos electrónicos, gracias al sueño kirchnerista de hacer una Manaos argentina en la isla del findel mundo.
Ese «domo del Estado» le permitió a la Mirgor competir con costos diferenciales frente a productos importados y consolidar una posición relevante en el consumo local.
La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri.
Sin embargo, el escenario está cambiando. Tal como señaló a LPO un experimentado operador de la City, la discusión ahora es «cuánto se puede sostener Mirgor sin ese respaldo». La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri, que ahora intenta vender una «diversificación».
Mirgor anunció supuestas incursiones en nuevos negocios como el retail y un regreso a la provisión de componentes para sector automotriz, así como un mega proyecto portuario en Río Grande, que por ahora no pasó de los papeles.
Estos movimientos buscan reducir la dependencia del negocio electrónico subsidiado y construir nuevas fuentes de ingresos más alineadas con dinámicas. «El mercado exigirá evidencia concreta de que Mirgor puede competir en entornos menos protegidos, con márgenes sostenibles sin depender de ventajas fiscales», agregó el especialista consultado.
Creo que el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en moneda extranjera. Mucho mas que el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.
Pero el usuario Juancito Nieve, una leyenda del mercado argentino, reveló en X un dato mucho más inquietante: «Creo q el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en Moneda extranjera. Mucho mas q el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.»
«El PN son u$350M oficiales. Una devaluta del 60% le borra el PN. Es verdad que tiene una gran parte contra stock y cuando los precios hagan el catch up al nuevo TC va a recuperar parte de la pérdida pero el golpe inicial es fuerte. Creo q eso es lo q mas condiciona el precio», completó.
La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
Una bicicleteada recorriendo el entorno rural de Villa Regina es la propuesta de la Dirección de Turismo y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina para este sábado 23. La actividad denominada ‘Bicicleteada rural’ tendrá como punto de encuentro la Oficina de Turismo ubicada en Florencio Sánchez 817 a las 19 horas…
