Reunión con la Directora de Gestión Deportiva de Río Negro

Martín Llaryora ordenó a los diputados cordobeses que voten contra todo el capítulo XI de la ley de Presupuesto, si el gobierno no acepta el tratamiento por separado del artículo 75, cuya letra plantea la derogación de la ley de aumento del presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad. «Hicimos los números y a esa planilla no le damos bola», habría dicho Llaryora a uno de sus legisladores.

La bronca del gobernador cordobés, anticipada por LPO, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.

Al mismo tiempo, ese conato se extiende al bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. El tucumano mandó a sus tres legisladores a garantizar el financiamiento a las universidades y la Andis, aunque al cierre de esta nota cerca suyo comentaban que ignoraban cómo harían sus diputados para sortear la trampa de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que habían impuesto la votación capítulo por capítulo para que nadie pudiera votar contra el 75 sin rechazar otros artículos, como los de subsidios para zonas frías, emergencia sanitaria por el Garrahan y aumento para las prestaciones por discapacidad.

Si los legisladores de Jaldo se plegaran a Unidos, ya serían 25 para subirse a la oposición de los 90 de Fuerza Patria, que tenía varios ausentes este miércoles, y los cuatro del Frente de Izquierda.

Escándalo en el Congreso porque el gobierno ató la baja del presupuesto universitario a los recursos del Garrahan

A esos 119 podrían agregarse los siete de Innovación Federal, integrado por cuatro misioneros y tres salteños que habrían decidido defender las universidades nacionales de sus provincias. Esa aritmética los situaría alrededor de los 126 votos contra el capítulo entero.

La bronca del gobernador cordobés, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.

La UCR, por su parte, emitió un comunicado exigiendo a sus diputados que voten «un presupuesto con financiamiento universitario y fondos para discapacidad». En el bloque del partido centenario quedaron seis legisladores, liderados por la mendocina Pamela Verasay. Ella y Lisandro Nieri, que también se desempeña como docente universitario, no sabían qué hacer al momento de la votación o mantenían su definición oculta con cuidadoso hermetismo.

La suerte del artículo 75 y, por ende, la del capítulo XI dependía en consecuencia de ese grupo de radicales, animado también por los chaqueños Gerardo Cipolini y Martín Agüero, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider.

Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone en la sesión de este miércoles.

Para colmo, Oscar Zago y Eduardo Falcone estaban dispuestos a abstenerse, al igual que el larretista Álvaro González. Esos tres diputados habían apoyado la moción de Bornoroni para que se vote la ley capítulo por capítulo, dándole una victoria al oficialismo por 131 votos contra 112 negativos y la abstención de Karina Banfi.

Sin aquellos tres para respaldar el capítulo XI, los libertarios caerían a 128 voluntades y la oposición orillaría las 126. Menem se asomaría entonces a una pelea cabeza a cabeza, que por ahora figura tan solo como una posibilidad pero tal vez amenace incluso la media sanción en general, si se contagia la rebelión de Unidos.

El envío de la reforma laboral al Congreso desató una feroz disputa en el gabinete de Milei, donde el ala política cuestiona a Federico Sturzenegger por haber detonado la relación con la cúpula de la CGT que convocó a una marcha contra el proyecto, algo que hasta un día antes estaba en duda.

El ministro de Desregulación fue el impulsor de incluir en la reforma un ataque frontal contra las cajas que manejan los gremios, pese a que se supone que la CGT era parte de la redacción de las propuestas a través de la participación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el Consejo de Mayo.

Martínez no fue a la última reunión del Consejo, supuestamente enojado porque se había incluido un artículo para eliminar la cuota solidaria y otro para flexibilizar la cuota de afiliación, dos temas claves para los gremios. Finalmente, en la versión final se eliminó el primer artículo y se moderó el segundo, como un «gesto» de Milei a la CGT.

La CGT al final hará una marcha contra la reforma, pese al gesto de Milei 

Ese gesto fue resultado de una negociación del ala política del gobierno con la cúpula de la CGT para evitar que la relación se desbande. Es que Martín Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli venían negociando para que la reforma laboral no sea tan dura con los gremios como pretendía Sturzenegger, respaldado por Patricia Bullrich.

Lo impactante de esta discusión es que por primera todos los actores políticos del gobierno se mostraron tan abiertamente en contra de Sturzenegger, al punto que se unieron todas las tribus. Incluso Manuel Adorni un día antes de la presentación del proyecto dijo que la cuestión sindical quedaría para un proyecto posterior. La posición de los Menem y Adorni contra Sturzenegger sugiere que hasta Karina Milei estaba en contra del embate a la CGT.

Pero Sturzenegger igualmente cree que ganó la batalla contra la CGT al incluir pequeños cambios que golpearán las cajas sindicales. El ministro festejó la inclusión de restricciones para el cobro de las cuotas solidarias a los trabajadores no afiliados y, pese a que no se prohibió taxativamente, cree que en la práctica se terminarán cayendo.

Según esta posición, con el fin de la ultraactividad se caerán las cláusulas obligaciones de los convenios, como es la cuota solidaria. Además, otro artículo establece que los empleadores no podrán realizar retenciones de salario «sin el consentimiento expreso del trabajador». El proyecto apunta explícitamente a que esos aportes se hagan en negociaciones por empresa y no de toda la actividad. La cuota solidaria la cobran sindicatos, pero también cámaras empresariales, lo que explica que uno de los arquitectos de la reforma haya salido a despegarse.

El asesor laboral de Milei admitió que la reforma que redactó no va a generar empleo

Sturzenegger también festejó que impuso que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, salvo autorización del trabajador que además tendrá facilidades para dejar de aportar.

Finalmente, el ministro coló una rebaja de un punto de la contribución que hacen las empresas a las obras sociales, que baja de 6% a 5%. Esa baja golpea a las obras sociales sindicales, pero todo indica que será absorbida por los trabajadores.