PorMunicipalidad Villa Regina
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Esta mañana, el Intendente, Marcelo Orazi, se reunió con la Directora de Gestión Deportiva de la Provincia de Río Negro, Susana Fantini. La finalidad del encuentro fue delinear el trabajo y las acciones a nivel deportivo de este año para la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre distintos proyectos que se pueden ejecutar a futuro a través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
La industria esta pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre. Es el peor nivel desde 2002. Sectores sensibles, como el textil, operan por debajo del 33% de su potencial.
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.
La motosierra contra el empleo de calidad
La tendencia reciente confirma el rumbo. En los últimos cuatro meses contabilizados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado del sector privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre se perdieron 10.700 empleos formales. Eso refuerza el patrón: los despidos y cierres no son episodios aislados, son un proceso.
Los sectores más golpeados son previsibles: construcción, industria manufacturera y comercio. En construcción, la parálisis total de la obra pública y el encarecimiento de costos hacen estragos. En la manufactura, la apertura de importaciones.
La destrucción es cotidiana. Las 19.114 empresas cerradas desde que asumió Milei equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora.
Un síntoma agudo se detecta en la cadena de pagos. La Unión Industrial Argentina (UIA) compartió una encuesta en la que reveló que casi la mitad del sector no puede cubrir salarios, impuestos o proveedores. Por otro lado, señalaron que un 8,2% falla en todos los rubros.
De acuerdo a ese trabajo, el 47,5% de los industriales que participaron de la encuesta reconocieron que tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales.
El titular de la UIA, Martín Rappallini.
Impuestos encabeza la lista con el 29,3%. Lo sigue proveedores, con el 26,7%. Durante el último trimestre se registró un incremento entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados. Bodega Norton, por ejemplo, acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones.
Bronca en la UIA por que Milei les quiere cobrar USD 3.000 millones de impuestos
El informe señala que las Pymes son las más golpeadas, con cobros al Estado que se estiran entre 30 y 90 días. También hay casos extremos como el de Bodega Norton, que además de los 40 cheques rechazados tiene una deuda bancaria de más de 42 mil millones.
La crisis se coló en la mesa chica de la UIA. No como un tema más de agenda, sino como una presencia incómoda que nadie pudo ignorar. Los principales dirigentes industriales se reunieron en la sede de Av de Mayo y el clima fue de preocupación abierta.
Los informes que circularon mostraron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo. La retracción del consumo interno, la apertura de importaciones y el encarecimiento del crédito dejaron sin aire a buena parte del entramado fabril. Los propios empresarios admiten que ya no se trata de una desaceleración: es una crisis instalada.
La reunión fue larga y tensa. En tono reservado, algunos representantes de cámaras sectoriales advirtieron que el parate se siente «en todos los niveles», desde las pymes hasta los grupos de mayor peso. El presidente de la entidad, Martin Rappallini evitó las frases altisonantes pero reconoció que «la situación es compleja».
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Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
Martín Otero Monsegur es un empresario tucumano de apellido distinguido, que milita a Milei con la misma pasión que utiliza para atacar al peronismo. Hasta acá nada nuevo. Excepto, que la semana pasada su empresa insignia, Citrícola San Miguel, está en las puertas del default de su deuda en dólares.
Como muchos empresarios grandes de la Argentina, Otero Monsegur aprovechó el dólar barato de Milei para salir a tomar deuda en moneda dura. Y en una historia ya conocida para la Argentina, ahora su empresa tuvo que reconocer que no puede pagarla.
San Miguel es la citrícola más grande del país y apenas en mayo de este año, Otero Monsegur celebraba que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva».
Apenas un mes después de esa entrevista, Otero Monsegur tuvo que explicarle al resto de los accionistas que iban a tener que aportar USD 15 millones para enfrentar un vencimiento, que la empresa no podía pagar. El salvataje, fue apenas un parche: Citrícola San Miguel tomó bajo la gestión de Otero Monsegur deuda por USD 250 millones.
Argentina tiene que pagar USD 57.000 millones de deuda en el próximo año y medio
Y el momento llegó. La semana pasada, Otero Monsegur tuvo que reconocer a sus acreedores que no iba a poder pagar la deuda. Ahora está enterrado en negociaciones poco elegantes con los acreedores a los que ofreció patear vencimientos por cuatro años y, al mismo tiempo, les pidió una baja de la tasa que acordó cuando les pidió la plata.
En mayo de este año, Otero Monsegur afirmó que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». Este mes, Cirtícola San Miguel tuvo que reconocer a sus acreedores que no va a poder pagar los USD 250 millones de deuda que tomó bajo el actual gobierno.
La reestructuración de la deuda alcanza a las obligaciones negociables series X, XI y XII, por hasta 120 millones de dólares en total, que serán reemplazadas por la emisión de las ON series XIII, de clase A (en pesos) o B (en dólares). Ambas con una menor tasa de interés, del 8% contra el 9,5% anual, y con un vencimiento de 42 meses desde su fecha de emisión.
El caso de Otero Monsegur es un paradigma de una parte importante del empresariado nacional, donde prevalece la mirada ideológica por sobre la salud real de sus negocios, al revés de lo que suele ocurrir en buena parte del mundo. Basta mirar el silencio atronador de la UIA, mientras cierran miles de industrias por año.
Pero encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica, que se insinúa en la dificultad de Caputo para conseguir los dólares del próximo vencimiento.
Es que la deuda privada pasó a ser una de las anclas silenciosas del esquema macro, dólares frescos que Caputo utiliza para pisar el valor de la divisa. El caso San Miguel no es una rareza aislada. Se inscribe en un fenómeno más amplio: el festival de deuda corporativa que se aceleró en los últimos meses.
Los números explican por qué el mercado mira a San Miguel como posible punta de un iceberg. La compañía controla cerca del 14% del procesamiento global de limón.
El caso de Citrícola San Miguel encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica.
Mientras ajusta cuentas en Argentina, San Miguel siguió expandiéndose fuera del país. En Paysandu, la companía inauguró una planta de procesamiento con una inversión estimada en USD 33 millones. La misma lógica se repitió en el puerto de Coega, uno de los nodos logísticos mas modernos del hemisferio sur, donde San Miguel montó una planta con tecnología de última generación. Tras expandirse en Sudáfrica y Uruguay, elevó su capacidad de molienda en un 60%, superando las 470.000 toneladas anuales.
«Se endeuda acá pero invierte afuera», comentó a LPO un empresario tucumano proveedor de San Miguel.
A las claras, el problema no está en el negocio. De hecho, el resultado operativo muestra margen bruto positivo de mas de USD 18 millones. La grieta aparece en el frente financiero: para el ejercicio acumulado a 2025, la empresa registró un déficit financiero de USD 15,6 millones.
