PorMunicipalidad Villa Regina
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Esta mañana, el Intendente, Marcelo Orazi, se reunió con la Directora de Gestión Deportiva de la Provincia de Río Negro, Susana Fantini. La finalidad del encuentro fue delinear el trabajo y las acciones a nivel deportivo de este año para la ciudad. Asimismo, se dialogó sobre distintos proyectos que se pueden ejecutar a futuro a través de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina.
El gobierno de Axel Kicillof perdió una oportunidad importante para empezar a modernizar el puerto de Mar del Plata, que arrastra una decadencia de años. El fracaso para la concesión de la terminal de contenedores generó un poco habitual reclamo público de la actual operadora de TC2, que difundió una dura carta abierta en la que alerta sobre el futuro del puerto y acusa al gobierno provincial de buscar que la licitación quede desierta.
«Las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero», apuntaron Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2 que observaron que los requisitos que puso la Provincia en los pliegos «parecían diseñados para que no se haga nada».
La administración del puerto de Mar del Plata depende del subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, que a su vez depende del ministro de Producción, Augusto Costa. En el sector creen que el gobierno provincial prioriza la idea de un puerto pesquero por sobre la posibilidad de una potente terminal de contenedores. «La actividad pesquera está en un declive, no van a reactivar la terminal con esa idea», explicó a LPO un empresario.
Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos: Murchison (que ya había operado en Mar del Plata), la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna ofertó. En el sector coinciden en hablar de una licitación «muy mal armada».
Scioli cuestionó al puerto de Mar del Plata por falta de un dragado que ya se hizo
Fuentes del puerto marplatense agregaron a LPO que el pliego no establecía terminales con uso de muelle exclusivo pero sí exigía que instalen grúas. «No podés instalar grúas en un muelle donde no tenés el pleno usufructo», señalaron.
Y graficaron los problemas de no contar con la administración del muelle: «Un día llega un barco Panamax lleno de contenedores y el muelle puede llegar a estar ocupado por dos barcos poteros». También advirtieron que el pliego no daba el tiempo para recuperar las inversiones que se exigían hacer en diez años.
Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios por lo que advierten que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.
En TC2 los cuestionamientos se enfocan en la centralidad que le da la Provincia al perfil pesquero del puerto en detrimento de un esquema multipropósito de cargas. Así, plantearon que, ante el llamado de la empresa a la la búsqueda de soluciones, «las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos».
En la extensa carta abierta, los directores de TC2 hicieron un repaso de la historia del puerto y de los intentos fallidos por diversificar su perfil más allá del pesquero. Para la empresa, conservar esa centralidad es un riesgo para el futuro del puerto y además señalaron que las grandes empresas pesqueras migraron al sur.
Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios y advirtieron que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.
Hasta el año pasado también operaba la naviera de capitales franceses CMA-CGM, pero el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, la fábrica de papas fritas que inauguró Milei, precipitó su salida sin cumplir con el objetivo de cuatro salidas al mes.
«Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística y de distribución. Los contratos a mediano y largo plazo mandan, donde la previsibilidad y la predicción son columnas vertebrales. Sin seguridad jurídica son imposibles de concretar. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo», alertaron en TC2.
Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo.
También salieron al cruce de la entrega al sector inmobiliario de las últimas tierras disponibles: «Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro», acusaron.
Fuentes con llegada a la empresa señalaron que el factor interno en el peronismo también juega. Desde la llegada de Kicillof al gobierno provincial, el consorcio estuvo manejado por La Cámpora, hoy a través de Marcos Gutiérrez. Voces portuarias sostienen que «el puerto queda paralizado» en medio de las constantes versiones de cambios de mando debido a la interna entre el axelismo y el kirchnerismo.
En efecto Mar del Plata es uno de los municipios de la provincia donde no se logró alcanzar una lista de unidad en el PJ local. «Hay una mezcla de incompetencia y de internas políticas que hacen que hoy el puerto se desangre con oportunidades que pierden», afirmaron en el puerto.
En TC2 agregaron que el caso marplatense en un modelo de gestión de consorcios portuarios que «está agotado». Por eso, ahora esperan que actúen las autoridades nacionales y ven «con esperanza» la decisión de la Administración Nacional de Puertos (APN) de intervenir el puerto de Tierra del Fuego, que manejaba la provincia. «Estamos esperand que se abra un camino al sector privado», afirmaron a LPO desde la empresa.
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El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.
La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.
El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.
Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.
Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.
Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.
La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.
El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.
Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.
No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.
Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:
Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.
Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.
Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.
