El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero recorrió los barrios Melipal y Nuevo junto a los presidentes de las juntas vecinales, oportunidad en la que escuchó las demandas de estos sectores a los que brindó respuestas desde el área que conduce.
Durante la recorrida, Lucero estuvo acompañado por la concejal Agustina Fernández.
De acuerdo a lo precisado por el titular de Obras y Servicios, en barrio Melipal se procedió a limpiar un sector de un terreno en el que se proyecta la cancha de fútbol y se colaborará con pintura para el mejoramiento de los juegos y bancos de la plaza.
En barrio Nuevo, en tanto, se recorrió el sector donde se encuentra la cancha de fútbol ubicada en un predio del Consejo de Educación. En el lugar se colocaron los postes para luego realizar el tendido del cableado de manera que cuente con iluminación. La junta vecinal, por su parte, aportará el monolito.
“Las dos reuniones fueron muy positivas, no sólo escuchamos sus inquietudes sino que trabajamos en conjunto para brindarles soluciones”, evaluó Lucero.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
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El Banco Central abrió una licitación para la impresión en el exterior de 400 millones de billetes de 20 mil pesos mientras avanza el vaciamiento de Casa de Moneda, la empresa estatal que históricamente tuvo a su cargo la fabricación del dinero circulante argentino.
La operación equivale a una emisión nominal de 8 billones de pesos y contempla la entrega escalonada de los billetes entre abril y agosto de 2027. Según el pliego, los proveedores deberán entregar el material terminado en Buenos Aires bajo modalidad internacional CIP, con transporte y seguro incluidos, un esquema diseñado para imprentas extranjeras especializadas en moneda de seguridad.
Sin embargo, hace menos de un año el gobierno de Milei ratificó por decreto (ver abajo) que una de las funciones centrales de Casa de Moneda es la fabricación de dinero circulante para el Estado Nacional.
Esteban Paulón, diputado socialista
A pesar de todo, la empresa atraviesa una profunda reestructuración impulsada por Federico Sturzenegger que incluyó despidos, retiros voluntarios y la paralización de distintas áreas productivas. Fuentes gremiales denunciaron que se trata de un vaciamiento.
En ese contexto, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Banco Central expliquen por qué se resolvió avanzar con una contratación internacional en lugar de utilizar la capacidad instalada de la empresa estatal.
Además, el socialista pidió conocer si Casa de Moneda fue consultada o evaluada para participar de la producción de los billetes y reclama que se den a conocer los estudios comparativos de costos, plazos de entrega y capacidad operativa utilizados para justificar la decisión.
El socialista pidió conocer si Casa de Moneda fue consultada o evaluada para participar de la producción de los billetes y reclama que se den a conocer los estudios comparativos de costos, plazos de entrega y capacidad operativa utilizados para justificar la decisión
Es que Milei le exige al Congreso que cada vez que los legisladores presenten un proyecto expliciten cómo se va a financiar. Ahora, Paulón están preguntando si la compra en el exterior significará un ahorro o por lo contrario es más onerosa para el Tesoro.
Entre otros puntos, el socialista pidió detalles sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por retiros voluntarios, despidos o jubilaciones desde la llegada de Javier Milei y si existe un plan para discontinuar la impresión de moneda por parte de la compañía.
El socialista pidió detalles sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por retiros voluntarios, despidos o jubilaciones desde la llegada de Javier Milei y si existe un plan para discontinuar la impresión de moneda por parte de la compañía
La polémica se produce en medio de la crisis que atraviesa Casa de Moneda desde que el Banco Central rescindió los contratos de fabricación de billetes que representaban más del 90 por ciento de sus ingresos.
Esa decisión dejó a la empresa en una situación financiera crítica y aceleró el proceso de reconversión impulsado por la administración libertaria.
Por otro lado, fuentes vinculadas a Casa de Moneda señalaron a LPO que la licitación internacional contempla únicamente los costos de producción y traslado hasta Buenos Aires, pero no incluiría otros gastos asociados a la logística de seguridad necesaria para transportar los billetes desde el puerto o aeropuerto hasta los tesoros donde finalmente quedan almacenados.
«Los distintos gobiernos aseguraron siempre que imprimir afuera era más caro justamente por esos costos adicionales. Ahora se sostiene que resulta más económico traerlos del exterior que fabricarlos en el país», cuestionaron fuentes gremiales que hablaron con LPO.
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