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Respuestas desde Obras y Servicios a demandas barriales

El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero recorrió los barrios Melipal y Nuevo junto a los presidentes de las juntas vecinales, oportunidad en la que escuchó las demandas de estos sectores a los que brindó respuestas desde el área que conduce.

Durante la recorrida, Lucero estuvo acompañado por la concejal Agustina Fernández.

De acuerdo a lo precisado por el titular de Obras y Servicios, en barrio Melipal se procedió a limpiar un sector de un terreno en el que se proyecta la cancha de fútbol y se colaborará con pintura para el mejoramiento de los juegos y bancos de la plaza.

En barrio Nuevo, en tanto, se recorrió el sector donde se encuentra la cancha de fútbol ubicada en un predio del Consejo de Educación. En el lugar se colocaron los postes para luego realizar el tendido del cableado de manera que cuente con iluminación. La junta vecinal, por su parte, aportará el monolito.

“Las dos reuniones fueron muy positivas, no sólo escuchamos sus inquietudes sino que trabajamos en conjunto para brindarles soluciones”, evaluó Lucero.

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    La “nueva” SIDE de Milei: vuelve el espionaje centralizado bajo la excusa de la seguridad nacional

     

    Se publicó hoy en el Boletín Oficial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.


    La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente

    Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.

    El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.

    El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.


    Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente

    El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.

    Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.

    En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.


    Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades

    El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.

    En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.

    El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.

    Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles

    El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.

    El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

    En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.


    Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos

    El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.

    Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.

     

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  • Llaryora cierra un acuerdo con la UCR por la Procuración y enfurece Juez

     

     Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.

    Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.

    Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.

    Llaryora ganó simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y aprobó su reforma previsional en Córdoba

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.

    Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.

    Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.

    Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».

    Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».

    Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.

    Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.

    En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.

    Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas. 

     

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  • La mujer de Schiaretti advirtió a Milei: «los números del Presupuesto no cierran»

     

    En el final de una semana dura para el Gobierno nacional, la influyente senadora Alejandra Vigo le advirtió a Patricia Bullrich que la sanción del Presupuesto no se®ea el paseo que imaginan en la Casa Rosada.  Luego de la manera en la que Provincias Unidas marcó la cancha en Diputados a La Libertad Avanza, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti advirtió este viernes que «los números del Presupuesto no cierran».

    «Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este Presupuesto está lejos de la realidad. En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales», dijo Vigo, marcando el punto neural del conflicto de Córdoba con Milei, la crisis de la Caja de Jubilaciones, que obligó a Llaryora a sancionar una durísima reforma previsional para sortear el déficit que le genera Milei.

    «Para dimensionar: a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias», agregó Vigo.

    Llaryora ganó en simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y logró aprobar su reforma previsional en Córdoba

    La senadora por Córdoba hizo un repaso de sus críticas a la ley de leyes y objetó, no sólo la situación de las cajas previsionales de las provincias, sino que además ratificó el pedido de reactivación de la obra pública y cuestionó el desfinanciamiento universitario, como así también en discapacidad.

    Con la sola voluntad de los funcionarios no alcanza. Los números no cierran y este Presupuesto está lejos de la realidad. En primer lugar, el monto previsto es claramente insuficiente para compensar la deuda que el Estado nacional mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

    Así, Vigo se subió a la ola de críticas que en el llaryorismo le hicieron al gobierno de Milei, en la semana le probaron el mentón a los libertarios en el Congreso. 

    Vigo integra un pequeño bloque con el correntino Camau Espínola, pero coordinan con la salteña Royón, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Avila y la chubutense Edith Terrazi. Por eso su advertencia retumbó en la Casa Rosada, potencialmente son seis senadores que podrían objetar el presupuesto de Milei.

    La dureza de Vigo con Patricia Bullrich, que decidió asumir el rol de autito chocador de Karina Milei en el Senado, sugiere acaso también un mensaje al interior del gobierno de Llaryora.

    No es un secreto la sintonía entre la exministra de Seguridad y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros -uno de los integrantes del gabinete que no digiere el schiarettismo-. Quinteror tejió una buena relación con Bullrich que ahora muy difícil de trasladar al Senado.

    Se les soltó el patín

    Mucho más si Bullrich necesita de Luis Juez en un rol de aliado desde el interbloque y si el senador cordobés no morigera su munición contra Llaryora.

    «Acá se verá qué tiene más peso para Milei en el Congreso: si la lengua karateka, pero solitaria de Juez o el puñado de diputados y la senadora que tiene Llaryora», dijo un ministro cordobés.

    Acá se verá qué tiene más peso para Milei en el Congreso: si la lengua karateka, pero solitaria de Juez o el puñado de diputados y la senadora que tiene Llaryora.

    De hecho, como reveló LPO, en el entorno del gobernador había cierta euforia contenida por como lograron terminar la semana con un doble triunfo: marcarle un límire a Milei en el plano nacional y sacar en Córdoba la difícil reforma previsional.

    «Creían que la tenían más larga y nos tuvieron que venir a rogar el quórum. Sin nosotros, no había sesión. Por eso acá se ve la importancia de tener un grupo de diputados, que nos es de 30 como aspirábamos, pero es de 22 y alcanza para que tengan que venir a hablar», afirmó a LPO un colaborador del gobernador de Córdoba.

    La endurecimiento de Llaryora ante la falta de definiciones del gobierno nacional, tuvo una previa a la sesión del jueves, como reveló LPO, cuando el martes por la noche, buscando evitar las detonaciones que luego se produjeron, el ministro Diego Santilli llamó al gobernador.

     

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