El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero recorrió los barrios Melipal y Nuevo junto a los presidentes de las juntas vecinales, oportunidad en la que escuchó las demandas de estos sectores a los que brindó respuestas desde el área que conduce.
Durante la recorrida, Lucero estuvo acompañado por la concejal Agustina Fernández.
De acuerdo a lo precisado por el titular de Obras y Servicios, en barrio Melipal se procedió a limpiar un sector de un terreno en el que se proyecta la cancha de fútbol y se colaborará con pintura para el mejoramiento de los juegos y bancos de la plaza.
En barrio Nuevo, en tanto, se recorrió el sector donde se encuentra la cancha de fútbol ubicada en un predio del Consejo de Educación. En el lugar se colocaron los postes para luego realizar el tendido del cableado de manera que cuente con iluminación. La junta vecinal, por su parte, aportará el monolito.
“Las dos reuniones fueron muy positivas, no sólo escuchamos sus inquietudes sino que trabajamos en conjunto para brindarles soluciones”, evaluó Lucero.
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El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
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La crisis que envuelve al Pami llegó a un punto límite. Por eso, las cámaras que nuclean a los distintos prestadores de la obra social de los jubilados salieron con un mensaje en bloque denunciando un atraso del 102% en los valores por prestación.
Eso, luego del paro de odontólogos y las sistemáticas denuncias de colegios de farmacéuticos por retrasos en los pagos.
Aunque el Gobierno anunció una emisión de deuda por 580 mil millones para que el Pami pague sus deudas, lo concreto es que, al momento, ningún anuncio de las autoridades morigeró la fuerte preocupación de las cámaras de prestadores, que alertan que, de seguir este escenario crítico, los servicios están en riesgo.
Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre
Entidades como la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y federaciones de clínicas como Fecliba y Confeclisa, entre otras, acusaron un deterioro de las condiciones de financiamiento.
«Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre», denunciaron en un comunicado.
Ahí, las cámaras también advirtieron que, en los encuentros mantenidos con las autoridades de la obra social comandada por Esteban Leguizamo «se ha reconocido la existencia de esta problemática». «Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes», cruzaron.
Frente a la ausencia de una actualización adecuada de los valores , sumado al fuerte atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados, las cámaras señalaron que todo eso «compromete la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad».
Y agregaron: «De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país».
Al mismo tiempo, las cámaras de prestadores privados dieron cuenta de la gravitación que tienen en el sistema sanitario: «Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional», señalaron.
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