El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero recorrió los barrios Melipal y Nuevo junto a los presidentes de las juntas vecinales, oportunidad en la que escuchó las demandas de estos sectores a los que brindó respuestas desde el área que conduce.
Durante la recorrida, Lucero estuvo acompañado por la concejal Agustina Fernández.
De acuerdo a lo precisado por el titular de Obras y Servicios, en barrio Melipal se procedió a limpiar un sector de un terreno en el que se proyecta la cancha de fútbol y se colaborará con pintura para el mejoramiento de los juegos y bancos de la plaza.
En barrio Nuevo, en tanto, se recorrió el sector donde se encuentra la cancha de fútbol ubicada en un predio del Consejo de Educación. En el lugar se colocaron los postes para luego realizar el tendido del cableado de manera que cuente con iluminación. La junta vecinal, por su parte, aportará el monolito.
“Las dos reuniones fueron muy positivas, no sólo escuchamos sus inquietudes sino que trabajamos en conjunto para brindarles soluciones”, evaluó Lucero.
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Son un total de 900 mil dosis que llegan al país y forman parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado, y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos, se informó oficialmente. El Plan de Vacunación diseñado por el…
Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no habló a través de un fallo, sino de un like. La destacada penalista le puso un corazón a una publicación que advertía sobre la eventual salida de la Fiscalía General de Carlos Lezcano, impulsado por Martín Llaryora hace pocos meses.
La cuenta en Instagram de Búnker advirtió en un posteo: «Las razones que dejarían a Lezcano afuera de la Fiscalía General antes de fin de año». Y describió la situación así: «Lezcano, ¿out de la Fiscalía General? Las razones políticas de una salida récord». A los pocos minutos de su publicación, apareció el corazón de Tarditti. Y le siguieron otros varios funcionarios judiciales, entre ellos, Martín Bertone, un fiscal de Cámara con peso propio en el esquema del Ministerio Público Fiscal.
El trasfondo es la colonización del Ministerio Público Fiscal dispuesta por Llaryora en los últimos meses. Lezcano fue la pieza clave que movió el gobernador para ese armado afín al Gobierno: Lezcano tuvo una larga militancia en el peronismo de la ciudad de Córdoba hasta que en 2003 fue designado juez de Control, cargo que ejerció hasta que asumió como fiscal General. También fue socio de Luis Juez y mantiene vasos comunicantes con él. De hecho, el juecismo en la Legislatura no rechazó el pliego.
En paralelo, Lezcano viene tropezando en sus declaraciones públicas. Primero dijo qu e
«la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Luego empeoró todo durante la crisis por el femicidio de Agostina Vega: ese fin de semana estaba en el caribe; y cuando regresó dijo que no conocía detalles de la causa.
La jueza Aída Tarditti
En Tribunales, el like de Tarditti tuvo una sola lectura: el descontento con con Llaryora por el esquema de abogados amigos que sembró en la Justicia. A esta situación política se agrega que desde hace varias semanas la Justicia provincial funciona a media máquina por protestas salariales y quejas de los magistrados por el desacople (en los hechos) de los salarios provinciales con los que fija la Corte Suprema para jueces federales.
Ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado y notificado formalmente en la causa que lleva el fiscal Juan Menucci en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a loteos ilegales para barrios privados.
La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.
El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.
La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.
La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.
También fueron notificados de las imputaciones los ex funcionarios Oscar Negrelli -ex secretario de Coordinación-, María José Botta -ex titular de Planeamiento- y Marcela Rogg -ex directora general de Planeamiento-, y se espera que en los próximos días sigan otros, como el ex secretario de Obras Públicas Luis Barbier.
Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.
La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.
Quien investigaba la denuncia era el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero fue recusado ante la jueza Marcela Garmendia por «demoras e inacción» en la instrucción, por lo que durante la feria judicial el Ministerio Público Fiscal designó a Menucci.
De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.
En la última parte de la entrevista 5×3 de #LaTapa le realizamos a los candidatos dos preguntas en una encuadradas en un marco más personal que refiere a un pensamiento propio. ¿Qué opinión les genera la posibilidad de ejercer cargos públicos de manera indefinida? Y de ser electo como intendente ¿Cómo les gustaría que sea…
La centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones de endeudados realizaron este jueves una multitudinaria marcha al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento familiar para cubrir el pago de servicios y alimentos.
Los manifestantes acusaron con una preocupación central la precarización del endeudamiento, que registra un acelerado traspaso de los bancos a las billeteras virtuales como Mercado Pago, que impone tasas de interés siderales y que son acusadas de «usureras» por algunas entidades de defensa del consumidor.
La CGT y las dos CTA alertaron una morosidad récord y le exigieron al gobierno de Javier Milei un plan para refinanciar deudas, regulación de las tasas de interés y un programa enfocado en aliviar el peso del endeudamiento en las pymes.
«No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática», alertó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que reclamó que el Gobierno ponga «límites a la usura».
Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas están endeudadas. En el caso de la morosidad con billeteras virtuales, un informe del CEPA reveló que saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.
El préstamo fue una forma de parar la situación social. Ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia.
«La marcha al Gobierno no le interesa porque son perversos, creo que hasta disfrutan de ver al pueblo sufrir», dijo a LPO Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), que alertó que sobre un estallido social de no haber respuestas al reclamo de los endeudados.
«Tenés al Ejecutivo que dice que no hay ningún problema, al Legislativo que tiene un montón de proyectos bloqueados y al Poder Judicial que no resuelve a favor de los consumidores. ¿Cómo terminan resolviendo los pueblos cuando no tienen canalizada la solución? Esto termina en la calle, con violencia y con un desquicio social. Este es el problema serio que tenemos hoy», sostuvo Bassano.
Y agregó: «El préstamo fue una forma de parar la situación social, ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia».
El dirigente de Adduc advirtió que las altas tasas de Mercado Pago no están siendo reguladas por el Banco Central, por lo que el Estado está siendo cómplice de intereses «usurarios». «No hay que descartar que en un futuro algún funcionario termine siendo solidariamente responsable por los daños que hubiese causado», dijo.
Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), Gerónimo Rossi, también puso de relieve el peso del endeudamiento con billeteras virtuales que en la entidad denominan como «prestamistas virtuales».
«Le asignan nombres comerciales como ‘billeteras virtuales’ o ‘proveedores de pago’ y en realidad son los canales que usan para llegar a la gente para darles préstamos a un solo click, prestamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo que termina pagando en tasas de interés respecto de los préstamos», dijo Rossi a LPO.
Para el dirigente de Acuba ese mecanismo, a diferencia del tradicional préstamo que se toma en una sede física, «está viciando la voluntad, porque un consumidor que está urgido, encuentra un salvavidas de plomo en su celular, con un scoring dudoso».
Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor
Ahí, Rossi hizo foco en la responsabilidad de quien presta: «¿Quién fue el que valorizó o tuvo en cuenta las capacidades crediticias de esas personas? No sabemos si es algún algoritmo, si tiene una base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos de fácil acceso sin ningún control».
Al advertir que «la gente está endeudándose para consumos de gastos corrientes», el titular de Usuarios Bancarios dijo que la principal causa del sobreendeudamiento es «el atraso de los ingresos familiares frente a la enorme cantidad de aumentos de precios que hubo sin control».
Frente a eso, detalló que hay bancos que ya empezaron a dar refinanciaciones a sus clientes «con tasas considerablemente más bajas que las de una tarjeta de crédito o un préstamo personal».
«Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor. Si los bancos están ofreciendo refinanciaciones a tasas más bajas, quiere decir que se puede», agregó.
En tanto, el ex diputado y actual titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Ricardo Vago habló de «la problemática de la instantaneidad del teléfono». «Hay poco trabajo, endeudamiento, apuestas online. El teléfono es mágico en el sentido es que es un instante», dijo a LPO.
En la entidad presidida por Vago vienen trabajando en proyectos que, además de regular las tasas y las fintech, buscan dotar de mayor peso a las asociaciones de consumidores a la hora de «intimar a la empresa cobradora a trasparentar sus números de interés para que el deudor conozca cómo inflan los números y permita una discusión en igualdad».
Por esta situación, varias organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se reunirán este viernes en el Congreso con el diputado Esteban Paulón.
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