La Directora de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Regina Adriana Torres participó el lunes en Viedma del encuentro de trabajo de los Centros de Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones (CRAIA), dependiente de la Agencia de Prevención y Asistencia en Adicciones (APASA).
Recordemos que Torres es la coordinadora de ‘Puerta a la Vida’, espacio integral de abordaje de las adicciones, integrante de la red CRAIA.
La apertura del encuentro fue encabezada por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el diputado nacional Luis Di Giácomo, la secretaria de la Agencia de Prevención y Asistencia en Adicciones (APASA), Mabel Dell Orfano y la intendenta de Catriel, Viviana Germanier.
En la oportunidad se destacó que en el 2016 el gobierno provincial tomó la decisión de crear la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones, con el objetivo de generar una política de prevención y asistencia con presencia territorial en distintas localidades de Río Negro.
En el 2020, la Gobernadora Carreras, a través de un Decreto, creó el programa CRAIA, con la finalidad de dar a conocer la red de acompañamiento de las problemáticas de los consumos y las adicciones.
Actualmente existen 25 Centros de Abordaje en 16 localidades, de los cuales varios funcionan en CRAIA municipales y otros en ONG’S. Villa Regina es parte a través de ‘Puerta a la Vida’ que cuenta con un equipo interdisciplinario: dos operadores con amplia experiencia en el trabajo de adicciones trabajando en distintos sectores de la ciudad con los referentes barriales; además de un trabajador social, una psicóloga y un psiquiatra, si es necesario.
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
En un clima de paranoia total, el gobierno decidió sacarle la acreditación a todos los periodistas que cubren en Casa Rosada y cerrar la sala de periodistas. No hay otro antecedente similar en los últimos 50 años, ni siquiera en la Dictadura.
Los periodistas ingresan a la casa de gobierno con su huella dactilar, pero el jueves se les prohibió el acceso a horas de la reunión de Javier Milei con Peter Thiel, el creador de la empresa de ciberespionaje Palantir, ícono de la derecha libertaria global, que supuestamente está interesado en ver de cerca el fenómeno mileista.
La explicación formal brindada desde el gobierno fue que dejaron sin efecto la prórroga que extendía durante abril las acreditaciones vencidas el 31 de marzo.
Tres semanas atrás, el oficialismo utilizó un controvertido informe que daba cuenta de acciones de propaganda rusas que buscaban desestabilizar a Milei para quitarle la acreditación a algunos medios durante más de 15 días.
Ahora, según trascendió, el gobierno decidió suspender las acreditaciones luego de que un equipo de TN filmara algunos pasillos de la casa de Gobierno sin autorización, con lentes Ray-ban con cámara incorporada. Un chiche que no termina de instalarse en el consumo masivo, pese a los esfuerzos de las grandes empresas tecnológicas.
El gobierno, siempre dispuesto para atacar a los periodistas, denunció penalmente a Ignacio Salerno y Luciana Geuna y Milei los llamó «basuras repugnantes».
LPO reveló días atrás que el gobierno también planea enviar un proyecto al Congreso para que los periodistas presenten declaraciones juradas como si fueran funcionarios.
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